Los viejos parlamentarios
Ninguno de los poderes del Estado representa como el legislativo a la opinión pública. A diferencia del ejecutivo, expresión en casi todos los casos de una mayoría circunstancial, el legislativo reúne en su seno a diversas y contrapuestas corrientes del país, se hace eco de sus intereses y debate públicamente sus asuntos. Si de cualquier modo el ejecutivo cercena, menoscaba o desconoce las facultades constitucionales del Parlamento, si interviene en la elección de sus miembros o si le dicta sus decisiones, el régimen democrático sufre tanto como cuando otorga a un gobernante facultades de excepción.
Alguna vez se ha dicho que al salir nuestro país del dominio español y al organizarse en 1853, estaba más preparado para el régimen federal que para el sistema representativo. Como consecuencia de ello, algunos grupos dirigentes se creyeron en la necesidad de ejercer una especie de tutela sobre el supuesto estado de incapacidad del pueblo para elegir sus gobernantes. Las candidaturas y el fraude electoral sirvieron al ejercicio de esa tutela hasta que aquellos mismos grupos, sensibles al progreso general de la Nación, consideraron que debía asegurarse la libertad electoral y acatarse la decisión de las urnas.
Es digno de señalar, sin embargo, que durante el referido período llegaron al Parlamento los más eminentes hombres públicos de nuestro país, sin distinción de partidos o de ideas.
Esos legisladores del viejo Parlamento –ha dicho con razón José Nicolás Matienzo- eran “personas competentes y dignas, capaces de defender los verdaderos intereses del país y de representar la opinión pública llegado el caso. Sería un error de política y de sociología juzgar los legisladores y demás funcionarios por el origen de su nombramiento y no por el mérito de sus actos. No está en las manos de los candidatos reformar las costumbres electorales y políticas de su país; pero sí lo está la dirección de su propia conducta en los cargos que desempeñan” (1)
Con esas figuras pudo asistirse a la enconada lucha trabada en memorables debates legislativos, no inferiores por cierto a los siempre recordados de los más ilustres parlamentarios del mundo. Tales, los producidos en la Legislatura porteña, en 1852, sobre el Acuerdo de San Nicolás, que sirvió de base a la organización nacional, y en 1880 acerca de la cesión de la ciudad de Buenos Aires para capital de la República. También los debates del Congreso sobre algunas intervenciones a las provincias, sobre los recursos de fuerza, la enseñanza común, el matrimonio civil, el divorcio, la ley electoral, los frigoríficos, además de los realizados a raíz de ciertas interpelaciones. Cuestiones todas que apasionaron y divirtieron a la opinión pública, manifestada no solo en el parlamento por la palabra elocuentísima de los legisladores, sino en la prensa y en la calle, que de tal modo dieron el ejemplo de un pueblos que rápidamente se adiestraba para el ejercicio pleno de su soberanía.
Legisladores han sido Vélez Sárfield, Mitre, Alberdi, Sarmiento, Rawson, Félix Frías, Manuel Quintana, Bernardo de Irigoyen, José Hernández, Aristóbulo del Valle, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Eduardo Wilde, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Manuel Dídimo Pizarro, Lucio V. Mancilla, Luis María Drago, Estanislao S. Zeballos, Belisario Roldán, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, Enrique del Valle Iberlucea, Mario Bravo, Vicente C. Gallo, Juan Balestra, António de Tomaso, entre otros muchos ya desaparecidos; hombres cuyas vidas y obras darán siempre ejemplo a las sucesivas generaciones de argentinos.
Es posible que posteriormente los partidos políticos no siempre hayan acertado en la elección de sus representantes en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, y que esos errores hayan producido un marcado descenso de nivel de la función parlamentaria. Acaso se deba a ello la extremada docilidad de algunos legisladores con respecto al Poder Ejecutivo, no ya en la época de la dictadura reciente (2), sino antes, cuando la briosa oposición los califico con acertada dureza. De esa docilidad, que se asemejó bastante a la obsecuencia, se derivaron muchos contratiempos, no sólo para el país, que es lo principal, sino para los mismos partidos mal representados.
Cuando, luego de otros errores, pudo alentarse la esperanza de una renovación profunda y un más alto nivel parlamentario, se rebajó éste a extremos insospechados, semejantes a los padecidos durante los peores períodos de nuestra historia.
Ninguno de los poderes del Estado representa como el legislativo a la opinión pública. A diferencia del ejecutivo, expresión en casi todos los casos de una mayoría circunstancial, el legislativo reúne en su seno a diversas y contrapuestas corrientes del país, se hace eco de sus intereses y debate públicamente sus asuntos. Si de cualquier modo el ejecutivo cercena, menoscaba o desconoce las facultades constitucionales del Parlamento, si interviene en la elección de sus miembros o si le dicta sus decisiones, el régimen democrático sufre tanto como cuando otorga a un gobernante facultades de excepción.
Alguna vez se ha dicho que al salir nuestro país del dominio español y al organizarse en 1853, estaba más preparado para el régimen federal que para el sistema representativo. Como consecuencia de ello, algunos grupos dirigentes se creyeron en la necesidad de ejercer una especie de tutela sobre el supuesto estado de incapacidad del pueblo para elegir sus gobernantes. Las candidaturas y el fraude electoral sirvieron al ejercicio de esa tutela hasta que aquellos mismos grupos, sensibles al progreso general de la Nación, consideraron que debía asegurarse la libertad electoral y acatarse la decisión de las urnas.
Es digno de señalar, sin embargo, que durante el referido período llegaron al Parlamento los más eminentes hombres públicos de nuestro país, sin distinción de partidos o de ideas.
Esos legisladores del viejo Parlamento –ha dicho con razón José Nicolás Matienzo- eran “personas competentes y dignas, capaces de defender los verdaderos intereses del país y de representar la opinión pública llegado el caso. Sería un error de política y de sociología juzgar los legisladores y demás funcionarios por el origen de su nombramiento y no por el mérito de sus actos. No está en las manos de los candidatos reformar las costumbres electorales y políticas de su país; pero sí lo está la dirección de su propia conducta en los cargos que desempeñan” (1)
Con esas figuras pudo asistirse a la enconada lucha trabada en memorables debates legislativos, no inferiores por cierto a los siempre recordados de los más ilustres parlamentarios del mundo. Tales, los producidos en la Legislatura porteña, en 1852, sobre el Acuerdo de San Nicolás, que sirvió de base a la organización nacional, y en 1880 acerca de la cesión de la ciudad de Buenos Aires para capital de la República. También los debates del Congreso sobre algunas intervenciones a las provincias, sobre los recursos de fuerza, la enseñanza común, el matrimonio civil, el divorcio, la ley electoral, los frigoríficos, además de los realizados a raíz de ciertas interpelaciones. Cuestiones todas que apasionaron y divirtieron a la opinión pública, manifestada no solo en el parlamento por la palabra elocuentísima de los legisladores, sino en la prensa y en la calle, que de tal modo dieron el ejemplo de un pueblos que rápidamente se adiestraba para el ejercicio pleno de su soberanía.
Legisladores han sido Vélez Sárfield, Mitre, Alberdi, Sarmiento, Rawson, Félix Frías, Manuel Quintana, Bernardo de Irigoyen, José Hernández, Aristóbulo del Valle, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Eduardo Wilde, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Manuel Dídimo Pizarro, Lucio V. Mancilla, Luis María Drago, Estanislao S. Zeballos, Belisario Roldán, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, Enrique del Valle Iberlucea, Mario Bravo, Vicente C. Gallo, Juan Balestra, António de Tomaso, entre otros muchos ya desaparecidos; hombres cuyas vidas y obras darán siempre ejemplo a las sucesivas generaciones de argentinos.
Es posible que posteriormente los partidos políticos no siempre hayan acertado en la elección de sus representantes en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, y que esos errores hayan producido un marcado descenso de nivel de la función parlamentaria. Acaso se deba a ello la extremada docilidad de algunos legisladores con respecto al Poder Ejecutivo, no ya en la época de la dictadura reciente (2), sino antes, cuando la briosa oposición los califico con acertada dureza. De esa docilidad, que se asemejó bastante a la obsecuencia, se derivaron muchos contratiempos, no sólo para el país, que es lo principal, sino para los mismos partidos mal representados.
Cuando, luego de otros errores, pudo alentarse la esperanza de una renovación profunda y un más alto nivel parlamentario, se rebajó éste a extremos insospechados, semejantes a los padecidos durante los peores períodos de nuestra historia.
NOTAS:
(1) J. N. Matienzo: El gobierno representativo federal en la República Argentina 2ª edición, página 179.
(2) (nota del transcriptor) se refiere a la de Perón.
(1) J. N. Matienzo: El gobierno representativo federal en la República Argentina 2ª edición, página 179.
(2) (nota del transcriptor) se refiere a la de Perón.
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