Cómo actuaron los legisladores de la dictadura
Hemos visto ya cómo el peronismo eligió sus candidatos a legisladores. Salvo escasas excepciones, los que triunfaron en las elecciones del 24 de febrero de 1946 carecían en absoluto de condiciones para el ejercicio discreto de sus mandatos. Los pocos que las poseían –tal vez no llegaban a veinte- habían militado en los viejos partidos políticos; los demás habían sido tomados de los grupos amorfos con los que el jefe quería congraciarse. Lo mismo aconteció, aunque notoriamente empeorado, en los comicios del 11 de noviembre de 1951, en los que el dictador fue reelecto, y en los del 25 de abril de 1954, que eligieron nuevo vicepresidente y, con excesiva antelación, los legisladores que entrarían en funciones un año después.
No estaba mal -¿Cómo habría de estarlo?- qué muchos de ellos pertenecieran a las fuerzas del trabajo y a los sectores más populares, porque unos y otros tenían igual derecho que los demás a ejercer funciones de gobierno y podían contribuir a realizar, dentro de causes constitucionales, una verdadera renovación o, si se quiere, revolución social.
Pero el partido oficial no era un partido democrático sino un órgano de la dictadura. De esa particularidad derivaron los males que hemos conocido. Desde luego, el dominio absoluto de un hombre, el llamado “conductor”, que pensaba por todos y decía de qué manera debían todos ejercer sus pensamientos; que casi siempre elegía tales ejecutores entre los menos capacitados de sus partidarios; que vigilaba su actuación, no para valorar su digna eficacia sino para comprobar su servil obsecuencia; que los corrompía para asociarlos a la general corrupción que su régimen necesitaba para sostenerse y perdurar; que los ridiculizaba, en fin, acaso con la secreta intención de desprestigiar al parlamento democrático y reemplazarlo oportunamente por un organismo corporativo que destruyera definitivamente todos los grupos políticos y afirmara al partido único del régimen totalitario.
Los legisladores de la dictadura eran semejantes a los más dóciles que tuvo Rosas. Votaron los diputados el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, y el Senado, totalmente oficialista, los condenó. Después de eso todo era posible. Votaron las leyes que implicaban los fundamentales derechos y garantías establecidos por la Constitución, como la que declaró el 28 de septiembre de 1951 el estado de guerra interno, con cuya sanción podía aplicarse lo establecido por la ley 13.234 de organización general de la Nación para tiempo de guerra y posibilitaba la condena a muerte de militares y civiles. En virtud de ella se persiguió a los opositores y se llenaron las cárceles de la República. “Todo, hasta la justicia misma, quedaba supeditada por esa ley a la autoridad militar”, ha dicho la Comisión Investigadora de los ex legisladores.
“La ley 14.400 que reglamenta los actos y reuniones públicas –agregó la misma Comisión- suprime en la realidad el derecho de reunión y la libre difusión de las ideas, no obstante lo expresado enfáticamente en su letra, pues todo queda librado a la voluntad de una llamada autoridad de aplicación que siempre encontró razones para la negativa.
“La ley 12.996 aprueba las inversiones y realizaciones del primer Plan Quinquenal. Por el artículo 4º se declaran de utilidad pública todos los inmuebles “necesarios a los fines de llevar a ejecución el plan de gobierno”, facultad extraordinaria que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional vigente en ese entonces y que originó los abusos que son de pública notoriedad.
“La ley 14.184 aprueba el segundo Plan Quinquenal, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo al invertir discrecionalmente la suma de 33.500 millones de pesos, escondiendo en sus entrañas confusas e inconexas la imposición de una doctrina única para la Nación, a la manera de los Estados totalitarios. Una mayoría accidental suprimía la libre discusión de las ideas.
“La ley 14.185 crea el fuero policial, substrae al personal de policía de la jurisdicción común y facilita la impunidad de los abusos, crueldades y vejaciones impuestas a hombres y mujeres y ancianos sospechados de oposición al gobierno.
“La ley 13.569 prácticamente impide la crítica de la conducta de los funcionarios públicos por la severidad de sus sanciones.
“La ley 14.126 impone como texto en las escuelas argentinas el libro titulado “La razón de mi vida”, con el que se acentuaba la propaganda política, creando un mito en la mente de nuestros niños.”
No es de extrañarse, por consiguiente, que los dóciles legisladores de la dictadura fueran capaces de manifestar al “libertador de la República” (1), el 18 de abril de 1953, que apoyaban “todas las medidas que creyera necesario adoptar para afirmar la obra de ls revolución peronista, eliminando los obstáculos que se opongan al cumplimiento de tan patriótica finalidad, procediendo de acuerdo a su altísimo criterio y serena voluntad, y obedeciendo únicamente a los dictados de su pensamiento y de su convicción”, y juraran, además. “ser guardianes y ejecutores celosos de todas las directivas que impartía, vigías alertas a sus órdenes en la marcha de la revolución peronista, custodios insobornables de su doctrina, poniendo al servicio de estos fines supremos nuestra acción y nuestras vidas”.
Esta declaración, que implicaba el compromiso de conceder al jefe del gobierno facultades extraordinarias y la suma del poder público, delito castigado por la Constitución Nacional con la “pena de los infames traidores a la patria”, no había sido formulada en situación de peligro exterior, sino a los tres de aquel en que el dictador lanzó sus fuerzas de choque a quemar las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club y a cometer desmanes en los frentes de las embajadas, monumentos públicos y algunos comercios. Toda la ciudadanía, inclusive el sector bien intencionado que apoyaba al gobierno, había quedado horrorizada ante esos hechos crueles e injustificados.
De nada valía el ejemplo de lo acontecido durante la primera tiranía (2), cuando otra Legislatura había otorgado, contra el voto de los federales doctrinarios, las facultades extraordinarias a Rosas. El “odioso poder” según éste calificaba al que se le había conferido, no fue rechazado por el segundo tirano. Su tiempo no se parecía al otro, pero quienes se asemejaban eran los legisladores al servicio de ambos gobernantes.
“Los pocos y estrechos intersticios por los que se pudo filtrar alguna noticia periodística sobre la actividad del Parlamento durante la dictadura –dice también la Comisión Investigadora Nº 43-, escasamente permitieron a la ciudadanía enterarse de lo que allí ocurría. Los medios de difusión, plagados solamente de las noticias y artículos de escribas oficiales, dieron al Congreso la publicidad mínima. El desarrollo de la mayor parte de las sesiones se ocultó cuidadosamente a la opinión pública, con el propósito parcialmente conseguido de mantenerla en la ignorancia sobre el denigrante espectáculo que teatralizaron las representaciones peronistas.
“Hechos tan trascendentales como monstruosos, cuales fueron la expulsión de legisladores de la oposición y la negativa a incorporar electos; la apropiación de diarios o instituciones particulares; la sanción de leyes vejatorias de los derechos y dignidad humana, tuvieron como eco periodístico unas pocas líneas o fueron directamente soslayados. El nombre y la palabra de los diputados opositores, por mandato oficial no aparecía nunca en el periodismo de la dictadura.
“Esa confabulación en la publicación de noticias, fue indispensable para ocultar también el bochorno institucional que significó el modo en que se tramitaron y sancionaron las leyes en el Congreso disuelto. Las comisiones, que deben ser gabinetes de meditado estudio y discusión previa de los proyectos, tuvieron sólo por objeto reunir a los diputados o senadores para la firma de los despachos ya confeccionados que les traían los figurones, de acuerdo con “la orden de arriba”, expresión de tanto uso en la época. Numerosos legisladores, sincerados ante la Comisión, estuvieron contestes en declarar lo que antecede.
“Pero aún más numerosos fueron los proyectos que se aprobaron sin despacho de comisión y esto ocurrió precisamente con los de mayor importancia. La anormalidad apuntada se repitió hasta el cansancio con el desleal propósito de substraer a los diputados de la oposición al conocimiento y examen de los asuntos, que aparecen sorpresivamente en el recinto, como ladrón nocturno. Leyes de la más grande trascendencia se trataron por este medio innoble e ilegal y fue en estos casos cuando las instituciones de la Casa de Gobierno trajeron las consignas en la forma típica de régimen policial; en un plazo perentorio, que tanto podía ser de un día como de una hora, el o los proyectos remitidos debían ser sancionados. Se indicaba a los oradores y en muchos casos se remitían los discursos que debían leer (declaraciones de Delia Degliuomini de Parodi y otros legisladores).
“La actitud de extrema sumisión que los representantes peronistas observaron frente a los mandones oficiales se invierte en su trato con los diputados de la oposición, para convertirse en violencia exasperada. Fieles a un plan invariado, sus gritos destemplados ahogaron la palabra de sus adversarios todas cuantas veces intentaron hablar y hasta hubo esbirros catalogados por su matonismo (Gramajo, Alonso, Otero, De Prisco, Peralta) con misión expresa de amenazar e incomodar permanentemente a sus colegas de la oposición. Esta posición de los legisladores peronistas, inventada a través de nueve años, pasa a ser incalificable vileza por la agravante de que descargaron su iracundia en función de desproporcionada mayoría contra el puñado de hombres a que quedó reducida la oposición en virtud de las leyes electorales de fraude y engaño que ellos mismos votaron.
“Los sistematizados cierres del debate, las continuas violaciones del reglamento, son mínima parte del plan de intimidación que debieron cumplir las representaciones peronistas, el que tiene su expresión culminante con la expulsión de tres diputados por supuestos desacatos, que no fueron sino comunes expresiones políticas, sometidas como todo al control de la policía, y dichas por hombres poco gratos al ex presidente o a su esposa (casos Sammartino, Rodríguez Araya y Balbín), en lo que los diputados peronistas no tuvieron la menos vacilación en violar la Constitución Nacional, en los fueros y normas indispensables que consagra para la convivencia política.
“Pero donde el Congreso dejo de ser la triste parodia descripta para convertirse en tragicómico aquelarre, cuyo paralelo debe buscarse en la época de los cesarinos más degenerados por no haber ejemplo en la historia moderna, fue en materia de homenajes. Todas las barreras que la decencia y el sentido común demarcan para esta clase de manifestaciones, cayeron abatidas por los legisladores peronistas en su desenfrenada carrera de adulación.
“Quien tenga oportunidad de recorrer el Diario de Sesiones de esos nueve años, quedará apabullado ante la cantidad y características de los homenajes y honores tributados al ex presidente y a su esposa: las cámaras de la dictadura fueron escenario de increíbles certámenes de servilismo. La capacidad de postrarse y rendir pleitesía fue el único mérito que se reconoció a los hombres y mujeres del régimen; no hubo otra vía para escalar posiciones y tener acceso a las intimidades del círculo de privilegio.
“La breve expresión numérica que sigue, bastaría para confirmar el aserto; Cámpora, que no pudo ser superado en estos menesteres, encabeza la nómina de los que subscriben más iniciativas, con 21 proyectos; Vica, con 19; Miel Asquía, con 18; Teisaire, con 10; Durand y Balbi, con 9; Larrauri, Parodi, Castañeira de Baccaro, Roche y Acuña, con 7; Decker, Calviño de Gómez, Carreras, con 6; Giavarini, Luco, Pineda de Molina, Colom, De la Torre y Trebino, con 5; José Alonso, Benitez, Gramajo, Preste, Celina E. Rodríguez de Martínez Paiva y Tesorieri, con 4; y así siguen otros nombres don un total de 383 firmas patrocinando leyes para el otorgamiento de honores y sumisiones que implican un olvido y apartamiento tan completo de las normas y deberes fijados por la Constitución Nacional, que hoy es necesario juzgarlos en el plano de las jurisdicciones comunes.
“Todo el léxico de la alabanza y el ditirambo quedó agotado en boca de los diputados y senadores del peronismo durante las sesiones en que fundaron proyectos de ley, de declaraciones o resolución de homenajes al matrimonio Perón, entre los que se destacan manifiestamente el que autorizó a la señora Eva Perón, el uso del Collar de la Orden del Libertador General San Marín (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, julio 18 de 1952, artículo 3º, ley 14.128, agregado al artículo 4º de la ley 13.202); la sesión extraordinaria con motivo de la renuncia de la misma a la candidatura a vicepresidente de la Nación (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del 6 de septiembre de 1951); la declaración como día de duelo nacional en homenaje a la señora Eva Perón (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del julio 28 de 1952, ley 14.131); designando “Período Legislativo Eva Perón” al año parlamentario de 1952 (proyecto del diputado Cámpora); la designación del ex presidente y su esposa con los títulos de “Libertador de la República” y “Jefa Espiritual de la Nación” (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores de, mayo 7 de 1952, ley 14.131).
“La discusión de la ley que dispuso la erección de un monumento en la Capital Federal a la señora Eva Perón, merece un comentario particular por constituir una muestra de adulación sin precedentes. Con los Diario de Sesiones a la vista, se verifica que para fundar este homenaje la Cámara de Diputados dedicó íntegramente sus sesiones de los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 1952 y el Senado dos días 2, 3 y 4 de julio del mismo año, habiéndose pronunciado ochenta y cuatro discursos para exaltar las virtudes de la mujer del ex presidente de la República y demostrar la justicia de tal monumento. Solamente la lectura de las doscientas páginas de ese Diario de sesiones permite imaginar el grado de relajamiento moral e intelectual a que descendieron los legisladores de la dictadura en esas sesiones.
“Inmediatamente después de votarse el proyecto y como broche final de dos semanas de una adulación llevada al grado de lo demencial, el presidente Cámpora (3), por propia iniciativa, en una actitud tan inconsulta que habrá sorprendido a sus propios colegas tomó juramento a todos los diputados y delegados presentes de lealtad al ex dictador y a su esposa (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 26 de junio de 1952, tomo I, página 297).
“Los nueve años de Parlamento peronista han pasado bajo el ambiente descrito; a más de estos homenajes hubo una infinidad de otras adhesiones al gobierno, con motivo de als fechas de nacimiento o muerte de la señora del ex presidente, minutos de silencio, rememoraciones del renunciamiento antes aludido y de cuantos gestos creyeron conveniente; descubrimiento de placas, misas, invocaciones, etcétera. Entre los más disparatados proyectos que no llegaron a sancionarse está el que propugnaba el parpadeo de las luces de todo el país, diariamente, a las 20 y 25 (proyecto de ley del ex diputado Alberto Fontana, de agosto 20 de 1952 y otro ordenando una pintura que representa la “glorificación de Eva Perón” en la bóveda de la cúpula del Congreso, para cuyo estudio se designó una comisión (Proyecto de ley de Juana Alicia Espejo y otros, de septiembre 11 de 1952).”
La transcripción ha sido extensa, pero era necesario hacerla. No hubiéramos podido decir en forma más concreta y precisa cómo actuaron los legisladores de la dictadura.
Hemos visto ya cómo el peronismo eligió sus candidatos a legisladores. Salvo escasas excepciones, los que triunfaron en las elecciones del 24 de febrero de 1946 carecían en absoluto de condiciones para el ejercicio discreto de sus mandatos. Los pocos que las poseían –tal vez no llegaban a veinte- habían militado en los viejos partidos políticos; los demás habían sido tomados de los grupos amorfos con los que el jefe quería congraciarse. Lo mismo aconteció, aunque notoriamente empeorado, en los comicios del 11 de noviembre de 1951, en los que el dictador fue reelecto, y en los del 25 de abril de 1954, que eligieron nuevo vicepresidente y, con excesiva antelación, los legisladores que entrarían en funciones un año después.
No estaba mal -¿Cómo habría de estarlo?- qué muchos de ellos pertenecieran a las fuerzas del trabajo y a los sectores más populares, porque unos y otros tenían igual derecho que los demás a ejercer funciones de gobierno y podían contribuir a realizar, dentro de causes constitucionales, una verdadera renovación o, si se quiere, revolución social.
Pero el partido oficial no era un partido democrático sino un órgano de la dictadura. De esa particularidad derivaron los males que hemos conocido. Desde luego, el dominio absoluto de un hombre, el llamado “conductor”, que pensaba por todos y decía de qué manera debían todos ejercer sus pensamientos; que casi siempre elegía tales ejecutores entre los menos capacitados de sus partidarios; que vigilaba su actuación, no para valorar su digna eficacia sino para comprobar su servil obsecuencia; que los corrompía para asociarlos a la general corrupción que su régimen necesitaba para sostenerse y perdurar; que los ridiculizaba, en fin, acaso con la secreta intención de desprestigiar al parlamento democrático y reemplazarlo oportunamente por un organismo corporativo que destruyera definitivamente todos los grupos políticos y afirmara al partido único del régimen totalitario.
Los legisladores de la dictadura eran semejantes a los más dóciles que tuvo Rosas. Votaron los diputados el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, y el Senado, totalmente oficialista, los condenó. Después de eso todo era posible. Votaron las leyes que implicaban los fundamentales derechos y garantías establecidos por la Constitución, como la que declaró el 28 de septiembre de 1951 el estado de guerra interno, con cuya sanción podía aplicarse lo establecido por la ley 13.234 de organización general de la Nación para tiempo de guerra y posibilitaba la condena a muerte de militares y civiles. En virtud de ella se persiguió a los opositores y se llenaron las cárceles de la República. “Todo, hasta la justicia misma, quedaba supeditada por esa ley a la autoridad militar”, ha dicho la Comisión Investigadora de los ex legisladores.
“La ley 14.400 que reglamenta los actos y reuniones públicas –agregó la misma Comisión- suprime en la realidad el derecho de reunión y la libre difusión de las ideas, no obstante lo expresado enfáticamente en su letra, pues todo queda librado a la voluntad de una llamada autoridad de aplicación que siempre encontró razones para la negativa.
“La ley 12.996 aprueba las inversiones y realizaciones del primer Plan Quinquenal. Por el artículo 4º se declaran de utilidad pública todos los inmuebles “necesarios a los fines de llevar a ejecución el plan de gobierno”, facultad extraordinaria que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional vigente en ese entonces y que originó los abusos que son de pública notoriedad.
“La ley 14.184 aprueba el segundo Plan Quinquenal, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo al invertir discrecionalmente la suma de 33.500 millones de pesos, escondiendo en sus entrañas confusas e inconexas la imposición de una doctrina única para la Nación, a la manera de los Estados totalitarios. Una mayoría accidental suprimía la libre discusión de las ideas.
“La ley 14.185 crea el fuero policial, substrae al personal de policía de la jurisdicción común y facilita la impunidad de los abusos, crueldades y vejaciones impuestas a hombres y mujeres y ancianos sospechados de oposición al gobierno.
“La ley 13.569 prácticamente impide la crítica de la conducta de los funcionarios públicos por la severidad de sus sanciones.
“La ley 14.126 impone como texto en las escuelas argentinas el libro titulado “La razón de mi vida”, con el que se acentuaba la propaganda política, creando un mito en la mente de nuestros niños.”
No es de extrañarse, por consiguiente, que los dóciles legisladores de la dictadura fueran capaces de manifestar al “libertador de la República” (1), el 18 de abril de 1953, que apoyaban “todas las medidas que creyera necesario adoptar para afirmar la obra de ls revolución peronista, eliminando los obstáculos que se opongan al cumplimiento de tan patriótica finalidad, procediendo de acuerdo a su altísimo criterio y serena voluntad, y obedeciendo únicamente a los dictados de su pensamiento y de su convicción”, y juraran, además. “ser guardianes y ejecutores celosos de todas las directivas que impartía, vigías alertas a sus órdenes en la marcha de la revolución peronista, custodios insobornables de su doctrina, poniendo al servicio de estos fines supremos nuestra acción y nuestras vidas”.
Esta declaración, que implicaba el compromiso de conceder al jefe del gobierno facultades extraordinarias y la suma del poder público, delito castigado por la Constitución Nacional con la “pena de los infames traidores a la patria”, no había sido formulada en situación de peligro exterior, sino a los tres de aquel en que el dictador lanzó sus fuerzas de choque a quemar las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club y a cometer desmanes en los frentes de las embajadas, monumentos públicos y algunos comercios. Toda la ciudadanía, inclusive el sector bien intencionado que apoyaba al gobierno, había quedado horrorizada ante esos hechos crueles e injustificados.
De nada valía el ejemplo de lo acontecido durante la primera tiranía (2), cuando otra Legislatura había otorgado, contra el voto de los federales doctrinarios, las facultades extraordinarias a Rosas. El “odioso poder” según éste calificaba al que se le había conferido, no fue rechazado por el segundo tirano. Su tiempo no se parecía al otro, pero quienes se asemejaban eran los legisladores al servicio de ambos gobernantes.
“Los pocos y estrechos intersticios por los que se pudo filtrar alguna noticia periodística sobre la actividad del Parlamento durante la dictadura –dice también la Comisión Investigadora Nº 43-, escasamente permitieron a la ciudadanía enterarse de lo que allí ocurría. Los medios de difusión, plagados solamente de las noticias y artículos de escribas oficiales, dieron al Congreso la publicidad mínima. El desarrollo de la mayor parte de las sesiones se ocultó cuidadosamente a la opinión pública, con el propósito parcialmente conseguido de mantenerla en la ignorancia sobre el denigrante espectáculo que teatralizaron las representaciones peronistas.
“Hechos tan trascendentales como monstruosos, cuales fueron la expulsión de legisladores de la oposición y la negativa a incorporar electos; la apropiación de diarios o instituciones particulares; la sanción de leyes vejatorias de los derechos y dignidad humana, tuvieron como eco periodístico unas pocas líneas o fueron directamente soslayados. El nombre y la palabra de los diputados opositores, por mandato oficial no aparecía nunca en el periodismo de la dictadura.
“Esa confabulación en la publicación de noticias, fue indispensable para ocultar también el bochorno institucional que significó el modo en que se tramitaron y sancionaron las leyes en el Congreso disuelto. Las comisiones, que deben ser gabinetes de meditado estudio y discusión previa de los proyectos, tuvieron sólo por objeto reunir a los diputados o senadores para la firma de los despachos ya confeccionados que les traían los figurones, de acuerdo con “la orden de arriba”, expresión de tanto uso en la época. Numerosos legisladores, sincerados ante la Comisión, estuvieron contestes en declarar lo que antecede.
“Pero aún más numerosos fueron los proyectos que se aprobaron sin despacho de comisión y esto ocurrió precisamente con los de mayor importancia. La anormalidad apuntada se repitió hasta el cansancio con el desleal propósito de substraer a los diputados de la oposición al conocimiento y examen de los asuntos, que aparecen sorpresivamente en el recinto, como ladrón nocturno. Leyes de la más grande trascendencia se trataron por este medio innoble e ilegal y fue en estos casos cuando las instituciones de la Casa de Gobierno trajeron las consignas en la forma típica de régimen policial; en un plazo perentorio, que tanto podía ser de un día como de una hora, el o los proyectos remitidos debían ser sancionados. Se indicaba a los oradores y en muchos casos se remitían los discursos que debían leer (declaraciones de Delia Degliuomini de Parodi y otros legisladores).
“La actitud de extrema sumisión que los representantes peronistas observaron frente a los mandones oficiales se invierte en su trato con los diputados de la oposición, para convertirse en violencia exasperada. Fieles a un plan invariado, sus gritos destemplados ahogaron la palabra de sus adversarios todas cuantas veces intentaron hablar y hasta hubo esbirros catalogados por su matonismo (Gramajo, Alonso, Otero, De Prisco, Peralta) con misión expresa de amenazar e incomodar permanentemente a sus colegas de la oposición. Esta posición de los legisladores peronistas, inventada a través de nueve años, pasa a ser incalificable vileza por la agravante de que descargaron su iracundia en función de desproporcionada mayoría contra el puñado de hombres a que quedó reducida la oposición en virtud de las leyes electorales de fraude y engaño que ellos mismos votaron.
“Los sistematizados cierres del debate, las continuas violaciones del reglamento, son mínima parte del plan de intimidación que debieron cumplir las representaciones peronistas, el que tiene su expresión culminante con la expulsión de tres diputados por supuestos desacatos, que no fueron sino comunes expresiones políticas, sometidas como todo al control de la policía, y dichas por hombres poco gratos al ex presidente o a su esposa (casos Sammartino, Rodríguez Araya y Balbín), en lo que los diputados peronistas no tuvieron la menos vacilación en violar la Constitución Nacional, en los fueros y normas indispensables que consagra para la convivencia política.
“Pero donde el Congreso dejo de ser la triste parodia descripta para convertirse en tragicómico aquelarre, cuyo paralelo debe buscarse en la época de los cesarinos más degenerados por no haber ejemplo en la historia moderna, fue en materia de homenajes. Todas las barreras que la decencia y el sentido común demarcan para esta clase de manifestaciones, cayeron abatidas por los legisladores peronistas en su desenfrenada carrera de adulación.
“Quien tenga oportunidad de recorrer el Diario de Sesiones de esos nueve años, quedará apabullado ante la cantidad y características de los homenajes y honores tributados al ex presidente y a su esposa: las cámaras de la dictadura fueron escenario de increíbles certámenes de servilismo. La capacidad de postrarse y rendir pleitesía fue el único mérito que se reconoció a los hombres y mujeres del régimen; no hubo otra vía para escalar posiciones y tener acceso a las intimidades del círculo de privilegio.
“La breve expresión numérica que sigue, bastaría para confirmar el aserto; Cámpora, que no pudo ser superado en estos menesteres, encabeza la nómina de los que subscriben más iniciativas, con 21 proyectos; Vica, con 19; Miel Asquía, con 18; Teisaire, con 10; Durand y Balbi, con 9; Larrauri, Parodi, Castañeira de Baccaro, Roche y Acuña, con 7; Decker, Calviño de Gómez, Carreras, con 6; Giavarini, Luco, Pineda de Molina, Colom, De la Torre y Trebino, con 5; José Alonso, Benitez, Gramajo, Preste, Celina E. Rodríguez de Martínez Paiva y Tesorieri, con 4; y así siguen otros nombres don un total de 383 firmas patrocinando leyes para el otorgamiento de honores y sumisiones que implican un olvido y apartamiento tan completo de las normas y deberes fijados por la Constitución Nacional, que hoy es necesario juzgarlos en el plano de las jurisdicciones comunes.
“Todo el léxico de la alabanza y el ditirambo quedó agotado en boca de los diputados y senadores del peronismo durante las sesiones en que fundaron proyectos de ley, de declaraciones o resolución de homenajes al matrimonio Perón, entre los que se destacan manifiestamente el que autorizó a la señora Eva Perón, el uso del Collar de la Orden del Libertador General San Marín (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, julio 18 de 1952, artículo 3º, ley 14.128, agregado al artículo 4º de la ley 13.202); la sesión extraordinaria con motivo de la renuncia de la misma a la candidatura a vicepresidente de la Nación (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del 6 de septiembre de 1951); la declaración como día de duelo nacional en homenaje a la señora Eva Perón (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del julio 28 de 1952, ley 14.131); designando “Período Legislativo Eva Perón” al año parlamentario de 1952 (proyecto del diputado Cámpora); la designación del ex presidente y su esposa con los títulos de “Libertador de la República” y “Jefa Espiritual de la Nación” (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores de, mayo 7 de 1952, ley 14.131).
“La discusión de la ley que dispuso la erección de un monumento en la Capital Federal a la señora Eva Perón, merece un comentario particular por constituir una muestra de adulación sin precedentes. Con los Diario de Sesiones a la vista, se verifica que para fundar este homenaje la Cámara de Diputados dedicó íntegramente sus sesiones de los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 1952 y el Senado dos días 2, 3 y 4 de julio del mismo año, habiéndose pronunciado ochenta y cuatro discursos para exaltar las virtudes de la mujer del ex presidente de la República y demostrar la justicia de tal monumento. Solamente la lectura de las doscientas páginas de ese Diario de sesiones permite imaginar el grado de relajamiento moral e intelectual a que descendieron los legisladores de la dictadura en esas sesiones.
“Inmediatamente después de votarse el proyecto y como broche final de dos semanas de una adulación llevada al grado de lo demencial, el presidente Cámpora (3), por propia iniciativa, en una actitud tan inconsulta que habrá sorprendido a sus propios colegas tomó juramento a todos los diputados y delegados presentes de lealtad al ex dictador y a su esposa (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 26 de junio de 1952, tomo I, página 297).
“Los nueve años de Parlamento peronista han pasado bajo el ambiente descrito; a más de estos homenajes hubo una infinidad de otras adhesiones al gobierno, con motivo de als fechas de nacimiento o muerte de la señora del ex presidente, minutos de silencio, rememoraciones del renunciamiento antes aludido y de cuantos gestos creyeron conveniente; descubrimiento de placas, misas, invocaciones, etcétera. Entre los más disparatados proyectos que no llegaron a sancionarse está el que propugnaba el parpadeo de las luces de todo el país, diariamente, a las 20 y 25 (proyecto de ley del ex diputado Alberto Fontana, de agosto 20 de 1952 y otro ordenando una pintura que representa la “glorificación de Eva Perón” en la bóveda de la cúpula del Congreso, para cuyo estudio se designó una comisión (Proyecto de ley de Juana Alicia Espejo y otros, de septiembre 11 de 1952).”
La transcripción ha sido extensa, pero era necesario hacerla. No hubiéramos podido decir en forma más concreta y precisa cómo actuaron los legisladores de la dictadura.
NOTAS:
(1) (nota del transcriptor) En el Libro del tirano Perón “Conducción Política” - Presidencia de la Nación – Subsecretaría de informaciones – Buenos Ares año 1958, hay un retrato del autor (como en todo libro del dictador) que tiene ese título que le dio el congreso de “libertador de la República” al tiempo que a “la Señora” el de “Jefa espiritual de la Nación” como una forma más de la obsecuencia de los legisladores peronistas.
(2) (nota del transcriptor) Juan Manuel de Rosas.
(3) (nota del transcriptor) Presidente de la Cámara de Diputados, se aclara porque después lo será de la Nación en lo que fue una de las presidencias mas desastrosas de la República con la liberación de todos los terroristas que habiendo sido juzgados y condenados en democracia liberó –incluso antes de firmar el indulto- al solo efecto de que ajusticiaran a los jueces que los condenaron y a seguir cometiendo actos de terrorismo durante la década del ’70. Luego, no se encontraron jueces dispuestos a juzgar a estos terroristas por temor a sufrir represarías por –llegado el caso- condenarlos, eso hará que, el gobierno de esos años, tomara las medidas que son conocidas por todos.
(1) (nota del transcriptor) En el Libro del tirano Perón “Conducción Política” - Presidencia de la Nación – Subsecretaría de informaciones – Buenos Ares año 1958, hay un retrato del autor (como en todo libro del dictador) que tiene ese título que le dio el congreso de “libertador de la República” al tiempo que a “la Señora” el de “Jefa espiritual de la Nación” como una forma más de la obsecuencia de los legisladores peronistas.
(2) (nota del transcriptor) Juan Manuel de Rosas.
(3) (nota del transcriptor) Presidente de la Cámara de Diputados, se aclara porque después lo será de la Nación en lo que fue una de las presidencias mas desastrosas de la República con la liberación de todos los terroristas que habiendo sido juzgados y condenados en democracia liberó –incluso antes de firmar el indulto- al solo efecto de que ajusticiaran a los jueces que los condenaron y a seguir cometiendo actos de terrorismo durante la década del ’70. Luego, no se encontraron jueces dispuestos a juzgar a estos terroristas por temor a sufrir represarías por –llegado el caso- condenarlos, eso hará que, el gobierno de esos años, tomara las medidas que son conocidas por todos.
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