Avasallamiento de las provincias
La unidad del régimen implicaba el aniquilamiento del federalismo.
Mucho se ha escrito en nuestro país sobre los antecedentes y prácticas de éste. Aunque se enraiza en la tradición histórica, nunca se lo ejerció de verdad.
El poder central, incomparablemente más fuerte y más rico que cualquiera de los provinciales, contribuyó a desvirtuar sus instituciones y a alterar su normal desarrollo. A pesar de ello existe en el país un profundo sentimiento regional y en virtud de él apenas se concibe la posibilidad de una reforma constitucional que introdujera el sistema unitario de gobierno. La sangre corrida durante largas décadas en casi todo el territorio argentino, impediría el cambio de régimen. Lo que por cierto no evita su anómalo funcionamiento.
Ningún interés tenía la dictadura (peronista) en cambiar las prácticas viciosas del pasado. Todo lo contrario. Reemplazo la oligarquía –gobierno de grupo- por el poder omnímodo de un hombre, y a la imperfecta democracia por la excluyente voluntad personal. Las provincias, como los poderes e instituciones del Estado, sufrieron el menoscabo inevitable.
Claro está que los propósitos de dominación centralista se doraban con palabras melifluas (1), en las cuales casi nadie creía pero con las que todos, en el partido oficial, simulaban conformidad. Entre esas palabras estaban las que el dictador decía a los gobernadores y altos funcionarios de las provincias en las periódicas conferencias que se celebraban en Buenos Aires.
Como a Roma van los altos dignatarios de la Iglesia a postrarse ante el Sumo Pontífice (2), venían a la Capital los gobernadores del interior a hacer lo mismo, aunque en sentido figurado, ante el pontífice máximo del “justicialismo”.
Particular importancia tuvieron entre esas conferencias las que sirvieron para perorar acerca de los planes quinquenales, pero más aún las que a la vez trataron sobre los planes anuales, políticos y económicos. Por ejemplo, la 3º conferencia, realizada a principios de 1952.
Concurrieron a ella los gobernadores en ejercicio y los electos, como así también los ministros, personal de compañía y comandantes de fuerzas, todo el equipo en fin del gobierno del país.
El presidente fijo en la reunión inaugural el carácter de la misma: “más que nada, una reunión de amigos para coordinar las funciones que a cada uno de nosotros compete dentro del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales y territoriales”. Su objetivo era, “fundamentalmente, asegurar una coordinación lo más perfecta entre los distintos gobiernos”.
Entrado ya en materia, el dictador expresó: “Difícilmente puede haberse presentado al país, en el orden de la coordinación, una situación más ventajosa que la que disfrutamos nosotros: un gobierno nacional, compuesto en su totalidad por peronistas; dieciséis gobiernos provinciales compuestos también por peronistas; y el resto de los territorios nacionales compuestos totalmente por peronistas. Si en este momento no se realiza en la República Argentina una absoluta coordinación, habremos cometido un grave error y habríamos dejado pasar una maravillosa oportunidad para realizarla.”
En seguida vinieron las palabras tiernas. Quería “un federalismo fraterno, no un federalismo político, porque el federalismo fraterno es el que nos va a llevar a la ayuda mutua para que todos marchemos en un mismo pie de felicidad y grandeza en el futuro. En el federalismo político el egoísmo y las ambiciones de los hombres destruyen toda unión y toda ayuda”.
Luego de manifestar sus buenas intenciones con respecto a las provincias que “durante cien años hemos desposeído” a favor del litoral, se refirió a lo que más le interesaba: el plan político interno de 1952. No dijo sino lo que podía publicarse, porque lo principal lo reservó para una reunión que “por su carácter confidencial –expresó- conviene no divulgar”.
Lo que podía hacerse público –aunque a medias, puesto que el libro en que está impreso también es “confidencial personal”- expresaba que la orientación básica del gobierno era consolidar el peronismo, transformar “el movimiento gregario en una institución política”.
¿Cómo hacer esa transformación? Ya se supone; mediante la organización. Una organización centralizada o una semejante “a la forma representativa y federal que estatuye nuestra Constitución para la organización del Estado”. Aunque veía conveniencias e inconveniencias en ambas, se decidía por la última. “Soy un convencido –decía para halagar a sus oyentes del interior- de que es necesario que nuestra organización corresponda a la necesidad federal, sobre el cual se ha erguido todo el organismo de la propia nacionalidad”.
De inmediato siguió una confesión: “Hasta ahora no lo hemos hecho así porque no lo hemos podido, porque para hacer eso hay que estar preparados y nosotros no estamos preparados” Si así se hiciera prematuramente “nos van a surgir caudillos en todas partes y cada uno se va a sentir un Chacho, un Urquiza, un Ramírez, un López”. Ninguna división quería el dictador. El único caudillo debía ser él.
Si alguna duda hubieran tenido los gobernadores, pronto les fue disipada por el ministro Subiza, cuando les hizo notar que sólo se les había confiado “el gobierno administrativo, pero no el gobierno espiritual de los partidarios” dentro de sus respectivas provincias. “Cumplid, con vuestro deber –terminó diciéndoles- y dejad el gobierno espiritual al movimiento, que es a quien corresponde” (3).
Aún en lo administrativo, los gobernadores eran vigilados de cerca por los representantes del partido y de la CGT en cada provincia.
El “federalismo fraterno” era por consiguiente, un federalismo servil, vale decir, la absoluta negación del federalismo.
Notas:
(1) (Nota del transcriptor) Melifluo, -flua adj. 1 Que contiene miel o tiene alguna característica que se considera propia de la miel. meloso. 2 Se aplica a la persona o comportamiento que es muy dulce o amable, especialmente si es falso o poco natural: su meliflua amabilidad no está exenta de hipocresía. meloso. 3 Se aplica a la forma de hablar o al comportamiento que es dulce, suave o amable. meloso.
(2) (Nota del transcriptor) La visita Ad Limina Apostolorum (expresión latina que significa "los umbrales (de las basílicas) de los apóstoles") (Pedro y Pablo), es decir, la visita a Roma. Esta visita a la Santa Sede la realiza cada obispo del mundo cada cinco años para dar cuenta del estado de su diócesis. El Código de Derecho Canónico habla de esta visita en los cánones 399 y 400. Se conoce por visita ad limina Apostolorum la visita que tienen que hacer los obispos del mundo a Roma para dar cumplida cuenta de sus diócesis. El nombre viene del latín y significa “los umbrales de los Apóstoles”, refiriéndose a los apóstoles san Pedro y san Pablo. El objeto de esta visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino, por encima de todo, mostrar una adecuada reverencia hacia el sucesor de san Pedro, para reconocer de una manera palpable su jurisdicción universal, dando también cuenta de la disposición de las iglesias particulares de recibir consejos y advertencias y de esta manera estar estrechamente unidas a los miembros de la Iglesia Universal con su cabeza visible.En los tiempos más antiguos era costumbre que los obispos visitaran al papa, e incluso lo visitaban personalmente en circunstancias concretas, aún asi, no hemos podido encontrar ningún dato antiguo de cualquier obligación en la que tuviesen que viajar a Roma en tiempos concretos. Las primeras referencias de esta visita se encuentran en la antigua práctica de celebrar dos veces al año los concilios provinciales de los obispos de Italia, que pertenecían a la provincia del romano pontífice. En el siglo V, el Papa León I insistió en la custodia de Sicilia enviando cada año a tres obispos a Roma para participar en su concilio. En el siglo VI, Gregorio I declaró que aunque en aquel tiempo los obispos sicilianos estaban obligados a visitar Roma sólo una vez cada tres años, él alargó el periodo a cinco en lugar de tres. Un concilio romano bajo el mandato del Papa Zacarías (año 743) decretó que los obispos que estuviesen consagrados por el papa, y que viviesen junto a Roma, deberían hacer la visita ad limina cada año y en persona, y los que se encontrasen fuera de Roma deberían de realizar la misma obligación por carta . Una costumbre que gradualmente surgió, al menos a partir del siglo XI, obligó a los metropolitanos que pidiesen la visita, y poco después, a que todos los obispos visiten “los umbrales de los apóstoles” en las veces indicadas, personalmente o mediante un sustituto. El carácter obligatorio de esta visita se puede apreciar en las expresiones de Pascual II , y sobre todo en los decretos de Inocencio III. En los decretos de Gregorio IX, aparece una forma de juramento, en la que los obispos están obligados a que antes de su consagración prometan que visitarán Roma cada año, personalmente o por un representante, a no ser que el papa determinara otra cosa. En 1585 Sixto V publicó la Constitución " Romanus Pontifex ", que durante más de trescientos años dictó las principales normas y reglas para las visitas ad limina. Este documento, expone detalladamente en qué periodo de tiempo cada obispo, de cualquier parte del mundo, debía de visitar Roma, y qué mandatarios debía de considerar para la elaboracion de su informe al papa. Benedicto XIV (el 23 de noviembre de 1740) en la Constitución "Quod Sancta”, amplió la obligacion a los prelados nullius que dominen un territorio separado. Del mismo modo, este papa estableció una comisión especial “statu super ecclesiarum” para estudiar y valorar los informes de los obispos cuando éstos hubiesen terminado la visita. La actual normativa de las visitas ad limina se encuentra en el Decreto de la Sagrada Congregación, publicada según la orden de Pío X (el 31 de diciembre de 1909) para todos los obispos. Este decreto declara que cada obispo debe dar al papa una relación completa del estado de su diócesis una vez cada cinco años. Este periodo de tiempo comenzó en 1911. En el primer año del quinquenio el informe debe ser enviado por los obispos de Italia y de los obispos de las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, y Malta; en el segundo año, los obispos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escocia, y Irlanda; en el tercer año, por los obispos de los Imperios Austrohúngaros y alemanes y el resto de Europa; en el cuarto año, por los obispos de toda América; en el quinto año, por los obispos de África, Asia, Australia, y las islas adyacentes. En su primer informe, los obispos están llamados a contestar cada pregunta adjuntando un elenchus, pero en las siguientes relaciones deberán aportar los nuevos datos desde la visita anterior e informar de las realizaciones y conclusiones de los consejos y advertencias dadas por la Sagrada Congregación en su respuesta a la última visita. Los obispos cuando van a Roma a cumplir su obligación de la visita ad limina deben primeramente visitar las tumbas de los apóstoles y presentarse en persona ante el papa. También las órdenes religiosas que residan fuera de Europa están obligadas a visitar la Ciudad Eterna una vez cada cinco años o cada diez. El obispo puede realizar esta obligación, personalmente, por su coadjutor, por el obispo auxiliar o incluso con el permiso de la Santa Sede, por un sacerdote. Finalmente, el decreto declara que esta visita junto al informe diocesano al papa, no tiene que ser como la visita canónica de la diócesis, que debe ser realizada anualmente, o, en diócesis grandes, cada dos años. A este decreto de la Congregación se le añade un elenchus el cual contiene los puntos de la información que debe ser suministrada mediante una relación a la Santa Sede. Brevemente puede ser resumido así: El nombre, edad, y patria del ordinario; el nombre de su orden religiosa, si es que pertenece a una; cuándo es que comenzó a gobernar su diócesis; y si es que se trata de un obispo, cuando fue consagrado. Una declaración general acerca de la condición religiosa y moral de su diócesis y un informe sobre el progreso de la fe desde la última visita ad limina. Otros datos que se solicitan son: origen de la diócesis, su grado jerárquico y los principales privilegios, sínodos diocesanos celebrados; el grado y extensión de la diócesis, su gobierno civil, su clima, su lengua; la residencia de los los ordinarios, con todas las direcciones necesarias para una segura correspondencia epistolar; el número de habitantes y sus principales ciudades; cuantos católicos hay, y si existen diferentes ritos y si es que estos aún prevalecen, cuántos católicos pertenecen a cada uno y si es que no hay otros católicos de rito distinto, a que religiones pertenecen si es que pertenecen a una; La curia diocesana; el vicario general, los jueces y examinadores sinodales, el tribunal eclesiástico y sus funcionarios, los archivos, cancillería; el número de sacerdotes seculares y clérigos , su vestido, su modo de vida y como es que atienden a sus obligaciones si es que existen, y detallar cuáles son estas obligaciones. Ver si se aplican los cánones del derecho canónico. Cuántas parroquias hay y cuál es el número de creyentes distribuidos por edades; vicarios extranjeros y parroquias rurales. Cuantas iglesias no parroquiales y oratorios públicos hay; si es que existe algún lugar sagrado y santo famoso y, si es así, dónde se encuentra y sus características; acerca de la administración de los sacramentos, catequesis, etc. exhortaciones para frecuentar comunión, devociones especiales, misiones, fraternidades, y trabajos sociales; el seminario diocesano, sus edificios, gobierno, enseñanza de la teología, filosofía, y liturgia; la admisión y despido de seminaristas; el seminario inter diocesano, si lo hay . Cuántos institutos y ordenaciones de religiosos existen en la diócesis, número de casas y de integrantes religiosos, tanto sacerdotes como hermanos; que trabajo realizan estos religiosos y a qué se dedican junto a sus relaciones con el ordinario del lugar; cuales son los institutos de mujeres religiosas en la diócesis junto con el número de casas y personas si es que existen; acerca del claustro de mujeres religiosas, su trabajo y la observancia de prescripciones canónicas; la instrucción y educación de la juventud; y la edición y publicación de libros y revistas.
(3) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 260.
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