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miércoles, 24 de febrero de 2010

Corrupción y desorden: Negociado de televisores

Negociado de televisores
Como consecuencia de un estudio encomendado a principios de 1951 por el ministro de Finanzas, Alfredo Gómez Moralez, acerca del límite máximo de aparatos de televisión que se podían importar al país sin uno de divisas, se llegó a la conclusión de que tal límite podría fijarse en cincuenta mil. (1)
Apenas realizado ese estudio, Jorge Antonio propuso a la firma D’Alkaine S.R.L. la realización del negocio mediante la radicación de capital por la firma Evans International Corporation, de Washington, limitando la intervención de D’Alkaine S.R.L. a la simple comisionería con un diez por ciento de beneficio. La actuación de esta firma en el negociado se justifica solamente por estar inscripta como importadora y merecer la confianza de aquél.
Aceptadas las condiciones impuestas por Jorge Antonio a D’Alkaine S.R.L., éste se presenta al Banco Central e inicia la obtención del permiso que se tramita con intervención de dicho Jorge Antonio, sin que en ningún momento apareciera la firma Evans (2). Obviadas las dificultades del comienzo –la principal de las cuales fue la de la garantía por $ 11.890.000 exigida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la firma importadora, por el cumplimiento de las obligaciones contraídas, aval que dio Jorge Antonio- se obtuvo el permiso en noviembre de 1951 por resolución escrita de puño y letra del ministro Gómez Morales.
Llegada la mercadería era trasladada directamente de la Aduana al depósito de Leopoldo Gold S.A., empresa previamente adquirida en $ 80.000 por Jorge Antonio y señalada por él para la comercialización y venta de los aparatos. De allí se distribuía a distintos mayoristas. Los aparatos eran adquiridos por Gold a D’Alkaine a precios que oscilaban entre $ 3.000 y $ 5.000 y revendidos a esos mayoristas de $ 7.000 a $ 11.000 cada uno.
Desde principios de 1952 hasta septiembre de 1955 se vendieron más de 36.000 aparatos que produjeron una utilidad superior a $ 180.000.000 que fue retirada por uno de los personeros de Jorge Antonio, sin pagar impuestos a los réditos, ni a los beneficios extraordinarios, ni a las actividades lucrativas, los cuales sumados a las multas correspondientes deberían reportar al fisco un mínimo de $ 1.060.937.300 moneda nacional.
A esto había que agregar las utilidades producidas en la importación de $ 13.660.798,11 de componentes, que naturalmente deberían pagar los impuestos y multas respectivas.
En este negociado de televisión se evadieron más de $ 102.500.000 para pagar en los Estados Unidos el precio de los aparatos y componentes importados con el permiso obtenido por D’Akaine, considerado el precio de 70 dólares por unidad, pero como el precio real fue de más de 200 dólares cada uno los negociadores tuvieron que convertir más de $ 160.000.000 en dólares para pagar en su origen la mercadería importada.
El desenvolvimiento del negocio desde su origen hasta la distribución y comercialización de los aparatos prueba que todos los hechos, sin excepción, han respondido a las directivas de una sola persona, de una sola voluntad: la de Jorge Antonio, y así cuando los mandatarios de Evans debían hacer las inversiones, las realizaban en acciones de sociedades del “grupo Jorge Antonio”, como APT, Talleres Güemes, Fahr, COAR y Suranor. Una sola inversión se hizo cumpliendo requisitos legales: la compra de acciones de la constitución de CONSIGNA S.A. por $ 4.800.000. Con respecto a las otras inversiones que se realizaban por CONSIGNA S.A:, sociedad constituida para absorber la radicación, consistentes en $ 28.595.000 también invertidos en CONSIGNA S.A., y reinvertidos en APT $ 11.940.000; Fahr S.A. $ 3.000.000; COAR S.A: $ 9.000.000; Talleres Güemes S.A. $ 6.955.000, y Suranor S.A: $ 1.900.000, que suman en total $ 33 395.000, de los que debemos deducir los primeros $ 800.000 mencionados, fueron invertidos sin autorización previa del Banco Central. Esta irregularidad es tanto más grave cuanto que las inversiones se hacían, sin excepción, en acciones de compañías del “grupo Jorge Antonio” que eran de su exclusiva propiedad y manejo. Por ejemplo COAR S.A. es la distribuidora de unidades de la Mercedes Benz Argentina S.A: con un directorio completo de prestanombres de Jorge Antonio; Talleres Güemes S.A: es el taller que presta el “service” Mercedes Benz, cuyo directorio estuvo compuesto también por personeros del mismo Jorge Antonio; Fahr S.A., compañía importadora de tractores y finalmente, APT, sucesora de Radio Belgrano en televisión, que constituye uno de los eslabones de este negociado, y Suranor Maderera.
Luis Gabriel Scheiner, socio de la firma D’Alkaine S.R.L. dijo en su declaración que toda la correspondencia intercambiada con la firma Evans de Estados Unidos relacionada con este negocio era indicada en su detalle al declarante y a su socio, al principio por el señor Jorge Antonio en forma directa, y, posteriormente, por el doctor Roberto Roig o por Víctor Madanes, según las épocas, pues Roig manejó este asunto más o menos de marzo de 1952 hasta principios de 1954 en que fue sustituido por el señor Madanes.
El doctor Roig ha declarado que los negocios de Leopoldo Gold S.A. durante el tiempo que él los manejó debieron producir una utilidad de $ 100.000.000 moneda nacional en dos años, sin pagar el impuesto a los réditos ni a los beneficios extraordinarios ni a las actividades lucrativas que suman como mínimo el 53,50 %. Es decir, que durante este período se producen defraudaciones al fisco por valor de $ 56.070.000 moneda nacional, pasibles de una multa del décuplo que sumada al impuesto llegaría a pesos 616.770.000 moneda nacional.
Otro testigo, Juan Marcos Sellares, tesorero de Leopoldo Gold S.A., declaró que en tal carácter todo el dinero que entraba en caja, proveniente de las ventas de aparatos televisores, repuestos, lámparas, en una palabra, todo lo que importaba D’Alkaine S.R.L. y era vendido a terceros por Leopoldo Gold S.A., era llevado por él personalmente en sumas de 500 y 600.000 pesos a los escritorios de Jorge Antonio en Charcas 684, donde lo entregaba sin recibo a varios secretarios de éste, y, posteriormente, a Madanes por indicación del mismo Jorge Antonio.
Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿Es acaso posible que en cuatro o cinco años un desconocido sujeto, sin otro medio de vida que su modesto sueldo de seiscientos pesos mensuales como empleado de Obras Sanitarias de la Nación, dejado cesante en 1947, amase la enorme fortuna de cientos de millones de pesos sin el apoyo directo de la dictadura? ¿Cuál era su parte en ella, y cuál la de su sospechado protector?
Desgraciadamente no lo sabemos. Pero la opinión pública ha formado su juicio (3).
Notas:
(1) La población estimativa de la Argentina en 1051 era de aproximadamente 15 millones de habitantes. (Nota del Transcriptor).
(2) De las informaciones solicitadas por el Banco Central al Chemical Bank and Trust Cº de Nueva York, al City Bank y al doctor César Bunge, agregado comercial a la embajada argentina en Washington, y del Banco Industrial Argentino a la Manufactured Trust Company de Nueva York, surge en forma coincidente que la Evans International Corporation fundada en 1946 era una empresa don un capital de 100.000 dólares, integrado en mil acciones de cien dólares cada una siendo componentes o accionistas los señores Hans Vap Dreyhansen, Paul Schynder y el doctor Carlos García Mata, este último conocido gestor de los negocios de Jorge Antonio en los Estados Unidos. De tales informes resulta también que esta compañía no tiene créditos bancarios y que a partir de 1950 ha sufrido una gran declinación en los negocios.
(3) Ya en prensa estas páginas, se ha publicado el fallo de la junta Nacional de Recuperación Patrimonial en el expediente de Jorge Antonio. Luego de analizar los antecedentes actividades, favor oficial y enriquecimiento exorbitante del mismo, dispone la transferencia al patrimonio nacional de la totalidad de sus bienes existentes en el país y en el exterior. (Verlo en el apéndice).

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