La corrupción oficial
En todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, en nuestro país y en el extranjero, se han cometido irregularidades, dilapidaciones y negociados. Ningún sistema político puede evitarlos, como no es posible impedir la delincuencia, la corrupción y el vicio. Pero bajo los regímenes dictatoriales, aquellos no sólo son más frecuentes, sino también necesarios para el sostenimiento del sistema imperante.
“En una democracia libre –ha escrito el ilustre publicista y político italiano Francisco Nitti- todos los errores, todos los actos de corrupción son revelados, denunciados, casi siempre exagerados, y por ello es fácil, o por lo menos posible, su remedio. En los regímenes autoritarios se callan los actos de corrupción y a menudo se exalta a quienes los cometen. Solo después de su caída se conocen sus culpas, cuando las pruebas han desaparecido casi por entero”.
La irregularidad y la dilapidación son productos del desorden y del discrecionalismo, el negociado lo es de la tolerancia, complicidad o favor de los gobernantes. Un gobierno débil o incapaz puede ser víctima de la ejecución de aquellos; no así el gobierno fuerte, porque dispone de los medios, legales o no, que le permiten sancionar rigurosamente a los malos funcionarios y a los audaces que prosperan al amparo del poder. Si así no procede, es porque está interesado en tolerar esos vicios.
Muchas veces se ha dicho –y el dictador Perón solía repetirlo- que los gobiernos como los pescados comienzan a podrirse por la cabeza. Cuando tal hecho acontece, el país entero entra en putrefacción, como a la inversa, el pueblo se dignifica si el ejemplo de dignidad es dado por los dirigentes.
En una de las primeras páginas de este libro hemos recordado las palabras del dictador Perón con la afirmación de que cuanto se hacía durante su gobierno, estuviera bien o mal, era él quien lo hacía, y en otro lugar mencionamos lo que también dijo acerca de las “porquerías y deshonestidades” que a diario le proponían quienes a él se acercaban. Si eso era así, como sin duda lo era, debíase al ambiente de corrupción creado en su beneficio.
No se refirió en sus clases de conducción política a tan eficaz medio de hacerla efectiva, pero lo practicó durante todo su gobierno. Daba para recibir –do ut des-, sin excluir a nadie. A legisladores, magistrados, funcionarios de cierto rango, agentes políticos, dirigentes obreros, estudiantes, les llegaron sus donativos más o menos valiosos, como él y su mujer recibieron de los poderosos inmuebles, automóviles, joyas, etcétera. Solo que él, además, obtuvo la sumisión de sus beneficiados y benefactores.
Cuando tal ejemplo se daba en la primera magistratura del país, no es de extrañar que casi no hubiera grupo social que no se corrompiera. Sobornos, peculados, cohechos, prevaricatos, malversaciones de caudales públicos, exacciones ilegales, usurpaciones, daños, fueron delitos corrientes –y admitidos como una fatalidad- en esa época nefasta. Y también otros más graves: la intimidación pública, la instigación al crimen, los incendios y estragos, el abuso de autoridad, cometidos por los mas altos gobernantes ante el estupor de la ciudadanía.
“El pueblo es lo mejor que tenemos”, decía el dictador Juan Domingo Perón, y así es en efecto. El Pueblo todo, sin distinción de sectores. Pero ese pueblo ha sufrido durante algo más de una década la más insipiente y organizada campaña de envilecimiento de que se tenga memoria entre nosotros. Lo malo que podía haber en él, como en todo grupo humano, fue de tal modo estimulado que hubo momentos en que se pensó con honda desesperanza. “Naides es más que naides”: ni el honestos, ni el sabio, ni el abnegado, ni el patriota, ni el trabajados, ni el estudioso, ni el prudente; nadie era más que quienes carecían de toda virtud, y muchas veces a éstos se los tenía en más que a los otros. ¿Para qué conducirse con honestidad durante una vida entera –se preguntaban los mejores-, si el honesto podía ser llevado a la cárcel por el deshonesto? ¿Para qué trabajar con orden y capacidad en bien de la propia existencia y del país si el audaz se enriquecía en pocos años y alcanzaba honores y privilegios? ¿Para qué estudiar, si el ignorante se encumbraba más fácilmente? ¿Para qué empeñarse en transmitir a hijos e hijas las virtudes domésticas, si aquellos y aquellas que no las tenían alcanzaban riquezas y dignidades? ¿Para qué enseñar en las escuelas lo mucho y admirable que se hizo en nuestro país durante su vida de casi siglo y medio, si desde las altas esferas del gobierno se quería convencer a los menos informados que la opresión y la traición habían inspirado a todos los gobernantes anteriores, inclusive a los más ilustres?
Diez o doce (1) años de criminal demagógica, ocultación de la verdad, seducción de las masas y embrutecimiento colectivo, sirvieron a la dictadura para intentar el desarraigo de la moral, base de toda sociedad organizada. Aunque sólo parcialmente logró sus fines, pasará mucho tiempo antes que se recupere de tanto daño y perversión. Los deshonestos aún viven; también los audaces y envilecidos. Corromperán donde estén o vayan. El país superará más o menos pronto su crisis económica; no así su crisis moral y política. Un gran flagelo asoló a los argentinos. No se inmuniza fácilmente.
En la Cámara de diputados, en algunos diarios independientes, en los círculos vinculados a la economía y a las finanzas, se denunciaron muchos de los negociados e irregularidades que se cometían. Recordará el lector algunos de ellos: El negociado de la Compañía Argentina de Pesca, que operaba en la Bolsa con el apoyo y oportunas informaciones de altos dirigentes del Banco Central, los negociados de la hojalata, de la carne, el aluminio y la bauxita, el de la lana, el acaparamiento de azúcar, el contrabando da caucho y neumáticos, los robos y negociados en la Empresa Mixta Telefónica Argentina, el negociado con el subsidio del aceite, el asunto del cemento portland, el de los tanques de guerra, el de los permisos de importación, los incendios en los depósitos del IAPI (2), el otorgamiento verbal de permisos de radicación de extranjeros, la entrega de papel de diario a las empresas peronistas, la ocultación del informe del teniente coronel Rodríguez Conde acerca de las compañías de electricidad, y tantos otros cuyo esclarecimiento fue negado sistemáticamente por los legisladores y funcionarios del gobierno.
Es imposible detallar en este capítulo todos esos casos. De algunos apenas quedaron pruebas. A punto de caer la dictadura peronista, los más avispados se pusieron a cubierto de lo que veían venir. Liquidaron sus negocios en nuestro país y partieron al exterior. Quienes aquí quedaron hicieron lo posible por huir a tiempo o por hacer desaparecer cuanto papel podía comprometerlos. Nunca, desde los incendios de abril de 1953 y junio de 1955 (3), tuvo el fuego tan abundante misión destructora. En reparticiones públicas, en algunos bancos oficiales, en las casas de los jerarcas del régimen peronista, se incendiaron documentos de gran importancia. Pero han quedado otros, no menos reveladores de la corrupción dominante.
Observados en conjunto, los negociados han obedecido a dos propósitos principales: ante todo, el de enriquecer fabulosamente a algunos jerarcas de la dictadura peronista, y en segundo término, el de afianzar el régimen mediante el soborno y la complicidad de un reducido grupo de sus elementos.
Las dilapidaciones, mezcladas muchas veces con los negociados, derivaron de la necesidad de asombrar al pueblo –como es propio de los gobiernos absolutos- con obras espectaculares, desproporcionadas con los recursos de la Nación.
Las irregularidades fueron consecuencia del sistema de corrupción y favoritismo generalizado en casi toda la administración pública, y de la violación de las normas dicadas para impedirlas.
Unos y otras han empobrecido al país en poco más de una década y han creado la escasez de medios para poder recuperarse.
Los cuantiosos recursos acumulados al finalizar la segunda guerra mundial, época coincidente con la de preparación e instauración de la dictadura peronista, han desaparecido para la Argentina, sin posibilidad de recuperarlos por mucho tiempo. Malgastados o llevados al exterior para provecho de unos cuantos aventureros de la política y los negocios, señalan la responsabilidad del gobierno más pernicioso sufrido por la Argentina en la época contemporánea.
Varios volúmenes como éste serían necesarios para detallar todos los casos estudiados por las diversas comisiones investigadoras. En este capítulo sólo resumimos algunos de distinto carácter, demostrativos por igual del régimen desorden arbitrariedad, dilapidación y corrupción que durante una década debió soportar nuestro pueblo.
En todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, en nuestro país y en el extranjero, se han cometido irregularidades, dilapidaciones y negociados. Ningún sistema político puede evitarlos, como no es posible impedir la delincuencia, la corrupción y el vicio. Pero bajo los regímenes dictatoriales, aquellos no sólo son más frecuentes, sino también necesarios para el sostenimiento del sistema imperante.
“En una democracia libre –ha escrito el ilustre publicista y político italiano Francisco Nitti- todos los errores, todos los actos de corrupción son revelados, denunciados, casi siempre exagerados, y por ello es fácil, o por lo menos posible, su remedio. En los regímenes autoritarios se callan los actos de corrupción y a menudo se exalta a quienes los cometen. Solo después de su caída se conocen sus culpas, cuando las pruebas han desaparecido casi por entero”.
La irregularidad y la dilapidación son productos del desorden y del discrecionalismo, el negociado lo es de la tolerancia, complicidad o favor de los gobernantes. Un gobierno débil o incapaz puede ser víctima de la ejecución de aquellos; no así el gobierno fuerte, porque dispone de los medios, legales o no, que le permiten sancionar rigurosamente a los malos funcionarios y a los audaces que prosperan al amparo del poder. Si así no procede, es porque está interesado en tolerar esos vicios.
Muchas veces se ha dicho –y el dictador Perón solía repetirlo- que los gobiernos como los pescados comienzan a podrirse por la cabeza. Cuando tal hecho acontece, el país entero entra en putrefacción, como a la inversa, el pueblo se dignifica si el ejemplo de dignidad es dado por los dirigentes.
En una de las primeras páginas de este libro hemos recordado las palabras del dictador Perón con la afirmación de que cuanto se hacía durante su gobierno, estuviera bien o mal, era él quien lo hacía, y en otro lugar mencionamos lo que también dijo acerca de las “porquerías y deshonestidades” que a diario le proponían quienes a él se acercaban. Si eso era así, como sin duda lo era, debíase al ambiente de corrupción creado en su beneficio.
No se refirió en sus clases de conducción política a tan eficaz medio de hacerla efectiva, pero lo practicó durante todo su gobierno. Daba para recibir –do ut des-, sin excluir a nadie. A legisladores, magistrados, funcionarios de cierto rango, agentes políticos, dirigentes obreros, estudiantes, les llegaron sus donativos más o menos valiosos, como él y su mujer recibieron de los poderosos inmuebles, automóviles, joyas, etcétera. Solo que él, además, obtuvo la sumisión de sus beneficiados y benefactores.
Cuando tal ejemplo se daba en la primera magistratura del país, no es de extrañar que casi no hubiera grupo social que no se corrompiera. Sobornos, peculados, cohechos, prevaricatos, malversaciones de caudales públicos, exacciones ilegales, usurpaciones, daños, fueron delitos corrientes –y admitidos como una fatalidad- en esa época nefasta. Y también otros más graves: la intimidación pública, la instigación al crimen, los incendios y estragos, el abuso de autoridad, cometidos por los mas altos gobernantes ante el estupor de la ciudadanía.
“El pueblo es lo mejor que tenemos”, decía el dictador Juan Domingo Perón, y así es en efecto. El Pueblo todo, sin distinción de sectores. Pero ese pueblo ha sufrido durante algo más de una década la más insipiente y organizada campaña de envilecimiento de que se tenga memoria entre nosotros. Lo malo que podía haber en él, como en todo grupo humano, fue de tal modo estimulado que hubo momentos en que se pensó con honda desesperanza. “Naides es más que naides”: ni el honestos, ni el sabio, ni el abnegado, ni el patriota, ni el trabajados, ni el estudioso, ni el prudente; nadie era más que quienes carecían de toda virtud, y muchas veces a éstos se los tenía en más que a los otros. ¿Para qué conducirse con honestidad durante una vida entera –se preguntaban los mejores-, si el honesto podía ser llevado a la cárcel por el deshonesto? ¿Para qué trabajar con orden y capacidad en bien de la propia existencia y del país si el audaz se enriquecía en pocos años y alcanzaba honores y privilegios? ¿Para qué estudiar, si el ignorante se encumbraba más fácilmente? ¿Para qué empeñarse en transmitir a hijos e hijas las virtudes domésticas, si aquellos y aquellas que no las tenían alcanzaban riquezas y dignidades? ¿Para qué enseñar en las escuelas lo mucho y admirable que se hizo en nuestro país durante su vida de casi siglo y medio, si desde las altas esferas del gobierno se quería convencer a los menos informados que la opresión y la traición habían inspirado a todos los gobernantes anteriores, inclusive a los más ilustres?
Diez o doce (1) años de criminal demagógica, ocultación de la verdad, seducción de las masas y embrutecimiento colectivo, sirvieron a la dictadura para intentar el desarraigo de la moral, base de toda sociedad organizada. Aunque sólo parcialmente logró sus fines, pasará mucho tiempo antes que se recupere de tanto daño y perversión. Los deshonestos aún viven; también los audaces y envilecidos. Corromperán donde estén o vayan. El país superará más o menos pronto su crisis económica; no así su crisis moral y política. Un gran flagelo asoló a los argentinos. No se inmuniza fácilmente.
En la Cámara de diputados, en algunos diarios independientes, en los círculos vinculados a la economía y a las finanzas, se denunciaron muchos de los negociados e irregularidades que se cometían. Recordará el lector algunos de ellos: El negociado de la Compañía Argentina de Pesca, que operaba en la Bolsa con el apoyo y oportunas informaciones de altos dirigentes del Banco Central, los negociados de la hojalata, de la carne, el aluminio y la bauxita, el de la lana, el acaparamiento de azúcar, el contrabando da caucho y neumáticos, los robos y negociados en la Empresa Mixta Telefónica Argentina, el negociado con el subsidio del aceite, el asunto del cemento portland, el de los tanques de guerra, el de los permisos de importación, los incendios en los depósitos del IAPI (2), el otorgamiento verbal de permisos de radicación de extranjeros, la entrega de papel de diario a las empresas peronistas, la ocultación del informe del teniente coronel Rodríguez Conde acerca de las compañías de electricidad, y tantos otros cuyo esclarecimiento fue negado sistemáticamente por los legisladores y funcionarios del gobierno.
Es imposible detallar en este capítulo todos esos casos. De algunos apenas quedaron pruebas. A punto de caer la dictadura peronista, los más avispados se pusieron a cubierto de lo que veían venir. Liquidaron sus negocios en nuestro país y partieron al exterior. Quienes aquí quedaron hicieron lo posible por huir a tiempo o por hacer desaparecer cuanto papel podía comprometerlos. Nunca, desde los incendios de abril de 1953 y junio de 1955 (3), tuvo el fuego tan abundante misión destructora. En reparticiones públicas, en algunos bancos oficiales, en las casas de los jerarcas del régimen peronista, se incendiaron documentos de gran importancia. Pero han quedado otros, no menos reveladores de la corrupción dominante.
Observados en conjunto, los negociados han obedecido a dos propósitos principales: ante todo, el de enriquecer fabulosamente a algunos jerarcas de la dictadura peronista, y en segundo término, el de afianzar el régimen mediante el soborno y la complicidad de un reducido grupo de sus elementos.
Las dilapidaciones, mezcladas muchas veces con los negociados, derivaron de la necesidad de asombrar al pueblo –como es propio de los gobiernos absolutos- con obras espectaculares, desproporcionadas con los recursos de la Nación.
Las irregularidades fueron consecuencia del sistema de corrupción y favoritismo generalizado en casi toda la administración pública, y de la violación de las normas dicadas para impedirlas.
Unos y otras han empobrecido al país en poco más de una década y han creado la escasez de medios para poder recuperarse.
Los cuantiosos recursos acumulados al finalizar la segunda guerra mundial, época coincidente con la de preparación e instauración de la dictadura peronista, han desaparecido para la Argentina, sin posibilidad de recuperarlos por mucho tiempo. Malgastados o llevados al exterior para provecho de unos cuantos aventureros de la política y los negocios, señalan la responsabilidad del gobierno más pernicioso sufrido por la Argentina en la época contemporánea.
Varios volúmenes como éste serían necesarios para detallar todos los casos estudiados por las diversas comisiones investigadoras. En este capítulo sólo resumimos algunos de distinto carácter, demostrativos por igual del régimen desorden arbitrariedad, dilapidación y corrupción que durante una década debió soportar nuestro pueblo.
Notas:
(1) Para algunos la tiranía comienza con el golpe de estado de 1943 en el que Juan Domingo Perón entre varios cargos simultáneos que ocupó está el de vicepresidente de la Nación. Empezar a contar desde ese año, es acertado teniendo en cuenta que desde la secretaria de trabajo y previsión es desde donde comienza su escalada política. Para otros la tiranía empieza en 1946 cuando el coronel Perón asume la presidencia de la República. (Nota del Transcriptor).
(2) IAPI: Instituto Argentino de Producción del Intercambio. (Nota del Transcriptor).
(3) Se trata de los incendios ordenados por Perón a las casas partidarias de la oposición y del Jockey Club (1953) y de los Templos de la Iglesia Católica y la Curia con todo su archivo y biblioteca, la quema de la bandera argentina y el incendio a la Catedral de Buenos Aires producidos en 1955. (Nota del Transcriptor).
(2) IAPI: Instituto Argentino de Producción del Intercambio. (Nota del Transcriptor).
(3) Se trata de los incendios ordenados por Perón a las casas partidarias de la oposición y del Jockey Club (1953) y de los Templos de la Iglesia Católica y la Curia con todo su archivo y biblioteca, la quema de la bandera argentina y el incendio a la Catedral de Buenos Aires producidos en 1955. (Nota del Transcriptor).
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