Corrupción y desorden: La Comercialización de la producción agrícola

La Comercialización de la producción agrícola.

La comercialización de los granos y subproductos con destino a la exportación, es la fuente principal que tiene nuestro país para el ingreso de divisas.
Con el mentido propósito de defender sus intereses, el Estado dispuso realizar y fiscalizar las adquisiciones y ventas en el mercado, tanto externo como interno, en función de la comercialización exterior.
Estas tareas fueron de competencia del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) y de la Dirección General de Granos y Elevadores hasta diciembre de 1954. A partir del 1º de enero de 1955 quedaron a cargo del Instituto Nacional de Granos y Elevadores (INGE), de acuerdo con la ley 14.378.
Tanto el IAPI como el INGE operaban en forma directa, es decir, comprando a los productores y vendiendo con destino al consumo interno, o a la exportación cuando existían excedentes.
Operaba, además, con el sistema de diferenciales, consiguiente en que el organismo percibía o tomaba a su cargo las diferencias de los precios entre la comercialización interna y externa, realizando directamente por empresas privadas.
Otro sistema de operaciones era el de compraventa calzado, que consistía en comprar y vender a la misma firma interviniente, quedando con ello a cargo o favor del Instituto las diferencias entre los precios internos y los de operaciones de los productos comercializados. Este sistema se aplicó preferentemente al tanino, fibra de algodón, harinas, etcétera.
Las de mayor significación eran, indiscutiblemente, las operaciones directas, es decir, aquellas en las que el Instituto adquiría la producción a un precio fijo determinado por el Estado y vendía a los exportadores a los precios de mercado internacional (1).
Un cúmulo de errores, improvisaciones y maniobras en abierta violación de las disposiciones, normas y costumbres mercantiles, impuesto por la dictadura peronista a la colocación y movimiento de los productos destinados a la exportación, produjo grandes pérdidas para el Estado y a la economía del país. (2)
Las investigaciones realizadas por la Comisión Nº 14 han llegado a determinar que al amparo de la complicidad oficial se han creado ingentes fortunas particulares, substraídas a la economía pública y depositadas en el exterior para seguridad de los jerarcas de la dictadura peronista y sus más próximos allegados.
Diversas fueron las maniobras para posibilitar la radicación de esos capitales fuera de nuestro país, desde la creación de grandes compañías en los países tradicionalmente compradores de nuestra producción, previa conformidad de las autoridades en el otorgamiento de concesiones especiales, y principalmente en los precios bajos de los productos, hasta las facilidades tácitamente concedidas para modificar las condiciones de compra en los casos en que las especulaciones internacionales con nuestra producción agrícola no resultaran plenamente satisfactorias.
Las utilidades de la comercialización de la producción agrícola provenían de la diferencia entre los precios de compra y los de venta, pero principalmente de la radicación de tales utilidades en el exterior, ya que, de ingresarlas en el país, debían negociarlas por el mercado oficial de cambios, que por cada dólar entregaba cinco pesos moneda nacional, en momentos en que el dólar valía treinta pesos, aproximadamente, en los mercados mundiales.
Una de las muchas irregularidades cometidas en la comercialización de los cereales, con el consiguiente perjuicio para el Estado, es la constituida por el pago de bonificaciones a causas de incumplimiento de entrega de mercaderías por el Instituto. Se convenían con él operaciones que de antemano se sabía imposibles de ejecutar por el mismo, para luego reclamar aquellas.
Los perjuicios emergentes de esa práctica alcanzaron aproximadamente a 11.000.000 de dólares, o su equivalente de m$n. 300.000.000, suma que en un 70% benefició a las empresas Tricerri y Fabar.
Debemos señalar aquí el enriquecimiento de prodigiosa rapidez, producido en virtud del favor oficial, de Silvio C. R. Tricerri.
En 1947 Tricerri era un joven de veinticinco años, y según resulta de sus propias declaraciones, su patrimonio alcanzaba a unos ciento cincuenta mil pesos. En la actualidad sería difícil estimar su fortuna, radicada totalmente en el extranjero; pero en 1952 él mismo la estimaba en más de cien millones de pesos.
¿Cómo se ha producido tal incremento?
En 1947 se vinculó con Miguel Miranda, presidente por ese entonces del Banco Central, y luego del Consejo Económico, con cuyo favor obtuvo permisos de importación que le dejaron cuantiosos beneficios, inmediatamente extraídos del país en divisas fuertes.
Paralelamente emprendió operaciones de trueque de considerable volumen, cuyas ganancias disimuló a objeto de esquivar el pago de los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios.
Cuando Miranda abandonó, en 1949, su importante cargo, Tricerri lo acompañó al extranjero y cesó en sus negocios dentro del país. Tres años después decidió probar suerte en el negocio de exportación de la producción agrícola argentina, al que consideró “el único realmente interesante, pues cada cosecha produce beneficios que llegan a sumar centenares de millones de pesos, de los cuales una parte, la menos, se obtiene en pesos moneda nacional, y la otra parte, la mayor, en dólares u otras divisas fuertes que se radican en el extranjero sin el menor control por parte de la Argentina” (3).
Para ello consideró necesario desplazar a las firmas cerealistas tradicionales. La realización del ambicioso proyecto requería el apoyo del dictador Juan Domingo Perón, y de inmediato procuró obtenerlo.
Su amigo Raúl Mendé, secretario de Asuntos Técnicos en aquella época, lo puso en relación con Jorge Newton, director entonces de la Escuela Superior Peronista, a quien Tricerri obsequió y cultivó generosamente para lograr su finalidad. De las conversaciones entre ambos resultó la fórmula a aplicarse: se daría al negocio el carácter de una iniciativa de beneficio nacional, suplantando a las empresas extranjeras especializadas por sociedades argentinas, con lo cual, según se afirmaba, el beneficio quedaría “para el país”. La realidad era otra, pues se convino que los beneficios que arrojare el negocio quedarían fuera de él en divisas extranjeras, presumiblemente a disposición del dictador, con quien Tricerri se vinculó en junio de 1953, apartándose de Newton, razón por la cual éste manifestó desconocer la suerte ulterior de la negociación, en la que originalmente intervino. Pero la actitud posterior de Perón permite asegurar que el acuerdo se realizó plenamente. En efecto, durante el mismo mes de junio de 1953 tuvo lugar una reunión en la residencia presidencial (4), durante la cual el dictador ordenó al ministro Cafiero de atender con preferencia a Tricerri y Jorge Antonio en todo lo relacionado con la adquisición de granos, “por tratarse de firmas argentinas”. Mendé, por su parte, recibió la orden, según lo ha declarado, de convertirse en gestor de los mismos ante los ministerios y reparticiones públicas, allanándoles las dificultades que se les presentaran en la concertación de sus negocios con el IAPI y el INGE (5). Más tarde, el mayor Renner sucedió a Mendé en su función de gestor de dichas empresas.
Así fue cómo, con toda la gravitación del poder presidencial, Tricerri y Jorge Antonio aparecieron súbitamente operando en gran escala en nuestro mercado de granos. Al comienzo actuaron en combinación con la organización mundial Najar, excluida del mercado argentino por la sanción impuesta a su agente Contimar, cuyo lugar ocuparon hasta que cada uno creó su propia organización en el extranjero: Jorge Antonio la empresa Argencer en Francfort, Grandil en Montevideo y una serie de filiales en todo el mundo, y Tricerri las sociedades de su nombre en Lausana, Milán, Roma, Londres y sus correspondientes filiales y agencias.
Ha señalado la Comisión Investigadora Nº 38 “que el sistema para el rápido aprovechamiento del mercado frente a otras firmas poderosas y experimentadas, ha sido, principalmente, el ofrecimiento de precios altos, a veces superiores a los vigentes en el mercado internacional, desplazando así a la competencia y revistiendo a las operaciones de inobjetable seriedad. Esa manera de operar de aparente importancia, no comprometía en éxito del negocio, porque siguiendo el proceso de cada contrato, el precio pagado en definitiva resultaba sensiblemente inferior al ofrecido por la competencia, mediante la obtención de descuentos y bonificaciones en base a reclamos por falta de entrega, demoras, diferencias de calidad, etcétera, aceptados por la administración con criterio sólo explicable por la influencia de órdenes superiores, reguladoras de las relaciones con las firmas de referencia.
“También habrían mediado otras maniobras sobre la base de operaciones ocultas relativas a los medios de pago, o sea la posibilidad de solventar la operación, no en las monedas “fuertes” que las licitaciones exigían, sino en monedas “blandas”, lo que se traducía en un beneficio para el comprador y, consecuentemente, en un perjuicio para el país.
“Nada más elocuente –agrega ese informe- que la parte final de la declaración prestada por el ex secretario de Asuntos Técnicos, Raúl Mendé, que dice así: “Los privilegios que pudieron obtener las empresas Tricerri y Jorge Antonio, preferentemente tratadas por el ex presidente de la nación, representaron una substracción de dinero al pueblo mismo, en contra de la doctrina predicada, según la cual debía haber menos pobres y menos ricos.” Y agregó: “Autorizó a que estas declaraciones sean puestas en conocimiento del público.”
A fin de hacer evidente el favor de que gozaban Tricerri y Jorge Antonio (FABAR S.A.), basta el siguiente cuadro:

Notas:

(1) En definitiva, tal como en la época colonial en que solo se podía comercializar con la corona española, comprar y vender solamente a ella, durante la tiranía peronista solo se podía comercializar con la “corona tiránica” quien se llevaba grandes sumas de dinero por no hacer nada, sin haber contribuido en absoluto a su producción y, como veremos, derrochando esas sumas en banalidades estatistas y dirigistas propias de toda tiranía. (Nota del Transcriptor).
(2) Por harta experiencia ya a esta altura de la historia mundial y de la República Argentina deberíamos entender que cada vez que el Estado se mete a dirigir la actividad privada, a pretender modificar las leyes de mercado creara este tipo de desastres cuyas consecuencias son pagadas por muchas décadas. (Nota del Transcriptor).
(3) Manifestación de Tricerri según memorándum de Jorge Newton, hallado entre los papeles de Perón en su casa de la calle Teodoro García.
(4) Declaraciones de Raúl Mendé, Máximo Renner y Antonio Cafiero ante la Comisión Investigadora Nº 38.

(5) Declaración de Mendé.