La libertad de prensa en la tradición argentina
Desde el momento mismo de la Revolución de Mayo, se tuvo en nuestro país por supremo ideal de vida el de la expresión libre de las ideas. A fin de hacerla efectiva se fundó la “Gaceta de Buenos Aires”, que no sólo debía ser el órgano de la Junta Gubernativa, sino de los “hombres ilustrados” que sostuvieran y dirigieran “el patriotismo que tan heroicamente se ha desplegado”. Consideraba felices a los tiempos “en que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa”, porque con ello se disipa las tinieblas, se corrigen los errores y se borran las preocupaciones ciegas. “La verdad, como la virtud tienen en si mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria.”
Poco después, en una de esas jornadas de 1810 en que se estaba haciendo nada menos que “una nueva y gloriosa nación”, Manuel Belgrano decía en las páginas de “El Correo del Comercio”: “La libertad de la prensa no es otra cosa que la facultad de escribir y publicar lo que cada ciudadano piensa y puede decir con la lengua. Es tan justa dicha facultad como lo es la de pensar y hablar, y es tan injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, la lengua, las manos o los pies de todos los ciudadanos.”
Acabábamos de salir del dominio español, y las ideas de libertad –sobre todo, la libertad de escribir- no eran unánimemente compartidas. Honrados patriotas temían el desorden que podría producir si se la empleaba abiertamente.
El dean Gregorio Funes, uno de los más ancianos próceres de la Revolución, a quien el carácter sacerdotal no inclinaba a las riesgosas experiencias, aquietó esos temores y señaló que “sin libertad de prensa quedaría impune un atentado contra los derechos del pueblo, y eso serviría de título para cometer otro” y agregaba: “De usurpación en usurpación se viene al fin a poseérselo todo, No hay duda que para disfrutar tranquilamente estas usurpaciones, conviene que no haya libertad de prensa, La ignorancia que le es consiguiente, siempre es muy a propósito cuando como a un vil rebaño se quiere gobernar al pueblo a discreción”. Con igual fuerza de convicción el deán destruía las supuestas amenazas contra la seguridad del ciudadano. “La ley celosa del honor y la virtud del ciudadano como de la guarda de sus bienes –dijo-, se armará contra el agresor y haciendo ver que esa fama vulnerable es un bien que la justicia mira como propio y que ella consagra su gloria. Castigará al difamador según la gravedad de la ofensa, como castiga al autor del hurto…”
Seis meses después, el primer Triunvirato, formado por Chiclana, Sarratea y Paso, del cual era secretario Bernardino Rivadavia, estableció en forma definitiva el pensamiento revolucionario sobre dicha materia, pensamiento que se ha transmitido a todas las generaciones argentinas y solo fue desconocido durante los períodos de nefasta dictadura. Declaró que la libertad de prensa “es un derecho natural destinado a formar la opinión pública y a consolidar la unión de los sentimientos del pueblo, debiendo ser celosamente respetado y amparado por las autoridades”
Con fecha 23 de noviembre de 1811, el Triunvirato completó su histórico decreto sobre libertad de prensa, con el no menos notable sobre seguridad individual, cuyo preámbulo establece el nexo entre ambos derechos y la estructura condicional del Estado. Dispuso en definitiva que “siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual el fundamento de la seguridad pública”, los decretos en los que se establecen formaban parte de Reglamento constitucional y que los miembros del gobierno, en el acto de su ingreso al mando, jurarían “guardarlos y hacerlos guardar religiosamente”.
Largo ha sido el proceso de nuestra organización político, pero a través de sus muchas vicisitudes siempre se ha mantenido vivo el pensamiento de la libertad de prensa. Lo hallamos en la Asamblea del año 13, en el Estatuto Provisional de 1815, en el Congreso de Tucumán y en las constituciones de 1849 y 1826.
De esas fuentes pasó a la Constitución de 1853, en cuyo artículo 14 se declaró expresamente que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, y en el artículo 32 que el Congreso “no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.
Esa es la tradición del país, mantenida a pesar de los abusos que varias veces la hicieron peligrar. Jamás se creyó que podría ser desconocida o alterada. Cuando eso aconteció, se tuvo la certidumbre de los males tremendos que seguirían.
Desde el momento mismo de la Revolución de Mayo, se tuvo en nuestro país por supremo ideal de vida el de la expresión libre de las ideas. A fin de hacerla efectiva se fundó la “Gaceta de Buenos Aires”, que no sólo debía ser el órgano de la Junta Gubernativa, sino de los “hombres ilustrados” que sostuvieran y dirigieran “el patriotismo que tan heroicamente se ha desplegado”. Consideraba felices a los tiempos “en que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa”, porque con ello se disipa las tinieblas, se corrigen los errores y se borran las preocupaciones ciegas. “La verdad, como la virtud tienen en si mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria.”
Poco después, en una de esas jornadas de 1810 en que se estaba haciendo nada menos que “una nueva y gloriosa nación”, Manuel Belgrano decía en las páginas de “El Correo del Comercio”: “La libertad de la prensa no es otra cosa que la facultad de escribir y publicar lo que cada ciudadano piensa y puede decir con la lengua. Es tan justa dicha facultad como lo es la de pensar y hablar, y es tan injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, la lengua, las manos o los pies de todos los ciudadanos.”
Acabábamos de salir del dominio español, y las ideas de libertad –sobre todo, la libertad de escribir- no eran unánimemente compartidas. Honrados patriotas temían el desorden que podría producir si se la empleaba abiertamente.
El dean Gregorio Funes, uno de los más ancianos próceres de la Revolución, a quien el carácter sacerdotal no inclinaba a las riesgosas experiencias, aquietó esos temores y señaló que “sin libertad de prensa quedaría impune un atentado contra los derechos del pueblo, y eso serviría de título para cometer otro” y agregaba: “De usurpación en usurpación se viene al fin a poseérselo todo, No hay duda que para disfrutar tranquilamente estas usurpaciones, conviene que no haya libertad de prensa, La ignorancia que le es consiguiente, siempre es muy a propósito cuando como a un vil rebaño se quiere gobernar al pueblo a discreción”. Con igual fuerza de convicción el deán destruía las supuestas amenazas contra la seguridad del ciudadano. “La ley celosa del honor y la virtud del ciudadano como de la guarda de sus bienes –dijo-, se armará contra el agresor y haciendo ver que esa fama vulnerable es un bien que la justicia mira como propio y que ella consagra su gloria. Castigará al difamador según la gravedad de la ofensa, como castiga al autor del hurto…”
Seis meses después, el primer Triunvirato, formado por Chiclana, Sarratea y Paso, del cual era secretario Bernardino Rivadavia, estableció en forma definitiva el pensamiento revolucionario sobre dicha materia, pensamiento que se ha transmitido a todas las generaciones argentinas y solo fue desconocido durante los períodos de nefasta dictadura. Declaró que la libertad de prensa “es un derecho natural destinado a formar la opinión pública y a consolidar la unión de los sentimientos del pueblo, debiendo ser celosamente respetado y amparado por las autoridades”
Con fecha 23 de noviembre de 1811, el Triunvirato completó su histórico decreto sobre libertad de prensa, con el no menos notable sobre seguridad individual, cuyo preámbulo establece el nexo entre ambos derechos y la estructura condicional del Estado. Dispuso en definitiva que “siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual el fundamento de la seguridad pública”, los decretos en los que se establecen formaban parte de Reglamento constitucional y que los miembros del gobierno, en el acto de su ingreso al mando, jurarían “guardarlos y hacerlos guardar religiosamente”.
Largo ha sido el proceso de nuestra organización político, pero a través de sus muchas vicisitudes siempre se ha mantenido vivo el pensamiento de la libertad de prensa. Lo hallamos en la Asamblea del año 13, en el Estatuto Provisional de 1815, en el Congreso de Tucumán y en las constituciones de 1849 y 1826.
De esas fuentes pasó a la Constitución de 1853, en cuyo artículo 14 se declaró expresamente que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, y en el artículo 32 que el Congreso “no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.
Esa es la tradición del país, mantenida a pesar de los abusos que varias veces la hicieron peligrar. Jamás se creyó que podría ser desconocida o alterada. Cuando eso aconteció, se tuvo la certidumbre de los males tremendos que seguirían.
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