Cómo se sostuvo
Nunca ha sido fácil el sostenimiento económico de los partidos políticos. Apenas pueden contar con el aporte regular y periódico de sus afiliados, sobre todo si son de modestos recursos y sólo por excepción con donaciones de discreta importancia. La precariedad de medios los obliga, entre una y otra campaña electoral, a clausurar muchos de sus locales y a reducir al máximo la acción proselitista. En vísperas de comicios requieren contribuciones extraordinarias de afiliados, simpatizantes y amigos, insuficientes en la mayoría de los casos para costear los crecidos gastos de la campaña.
Ni siquiera cuando un partido ejerce el gobierno debe contar con otros medios que los privados. Si esto no fuera así, el gobierno y el partido carecerían de decoro. El gobierno administra bienes del Estado, es decir de la Nación políticamente organizada. De ningún modo y por ningún motivo esos bienes pueden servir a un partido, aunque haya conquistado el poder, porque por más importante que sea sólo representa a una parte de la opinión pública.
Los gobiernos corrompidos y los regímenes totalitarios confunden al Estado con el partido gobernante. Para ellos, el partido es la Nación, y por consiguiente el Estado. El resto, como decía Perón "son los barbaros, que no cuentan sino como enemigos a quienes es preciso destruir" (1).
Todos los medios de que disponía el Estado estuvieron, durante la dictadura, al servicio del partido oficial, y es probable que muy pocos de sus dirigentes hayan dudado de que así debía ser. Uno de ellos, Héctor J. Cámpora, ex presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación e interventor del partido en la Capital Federal, consideraba muy natural la contribución de los organismos estatales, porque, a su juicio, “debían coadyuvar en la medida de sus posibilidades a la consecución de los objetivos perseguidos por el movimiento” (2). Para otro, Vicente Carlos Aloé, gobernador de la provincia de Buenos Aires, era perfectamente correcto que la Municipalidad de la Ciudad de La Plata pagara permanentemente el alquiler de un edificio a la sociedad La Gauloise, ocupado por la CGT, dado que ésta “desarrollaba una actividad gremial que lo justificaba” (3). Era el criterio general, revelador, sin duda, de supina ignorancia y de ilimitada desaprensión.
Cuando el Partido Peronista Femenino necesitó instalar la sede de su consejo superior, el Ministros de Transporte le cedió dos pisos del inmueble avenida Roque Sáenz Peña 570; la Cámara de Diputados le proveyó de muebles; el Ministerio de Salud Pública de un consultorio ontológico completo, camillas para inyecciones y exámenes y una mesa e instrumental ginecológico de cirugía de emergencia y general; la Subsecretaría de Prensa y Difusión le proporcionó dos cámaras cinematográficas y la Municipalidad de Buenos Aires no sólo amueblo y decoró la sala de espectáculos e instaló los camarines de los artistas, sino dispuso la entrega de casas prefabricadas y locales varios con destino a las unidades básicas (4).
En el resto del país se hizo lo equivalente en locales y dependencias de la Nación y de las provincias. En la de Buenos Aires “el gobernador Mercante proporcionaba a la sede del partido, en La Plata, los elementos necesarios para su gestión, como ser papel, estampillas, sobres, nafta, las reparaciones y arreglos de las sedes de las unidades básicas, por intermedio de la Municipalidad de dicha ciudad, así como también los automóviles de la gobernación (5).
La casi totalidad del personal empleado en el Partido Peronista Femenino pertenecía a la administración pública y era pagado por ella (6). Imposible es estimar lo que esto importó durante varios años, pero a modo de ejemplo daremos algunas cifras suministradas por unos cuantos departamentos gubernativos. Sólo se refieren a unas 1.604 empleadas públicas, que trabajaban en diversas unidades básicas.
Si se calcula una asignación correspondiente a un sueldo básico de $ 700.- m/n., durante 65 meses, o sea desde que esas empleadas ingresaron a la administración nacional a partir del 1º de abril de 1950 hasta la fecha en que cesó su adscripción a las referidas unidades, o sea hasta el 31 de septiembre de 1955, habíase malversado la cantidad de $ 119.485.652,65 según el siguiente detalle:
Sueldo básico, $ 700 de 1.604 empleadas durante 65 meses m$n 72.982.000.
Aguinaldo m$n 6.081.833,33
Salario familiar desde el 1/1/52 al 31/9/55 calculando una persona a su cargo m$n 5.293.200.-
Bonificación decreto 6.000/52 desde 1/3/52 al 31/9/55 m$n 13.473.600.-
Bonificación decreto 7.025/51 desde 1/1/51 al 30/9/55 m$n 12.575.360.-
Aporte patronal:
6% hasta 31/1/52 m$n 1.605.603.99 – 14% desde 1/2/52 en adelante m$n 7.322.527,33 TOTAL: m$n 8.928.131,32
Seguro de vida:
$ 0.75 mensuales desde el 1/1/51 al 31/12/53 m$n 43.308.- / $ 2,75 mensuales desde el 1/1/54 al 31/9/55 m$n 88.220 TOTAL: 131.528.-
TOTAL: m$n 119.465.652,65
En esa cantidad no se incluyen, como se ha visto, los gastos que demandó el uso de automotores de propiedad del Estado, puestos al servicio de algunas calificadas empleadas.
Tampoco se señala el valor locativo de los locales ocupados por las unidades básicas (7), ni de las viviendas utilizadas por dichas empleadas en edificios nacionales, provinciales o municipales.
La presidente del consejo superior del partido ha declarado también que los funcionarios del mismo poseían carnets y pases libres de tránsito para todos los ferrocarriles de la República y que la gobernación de Buenos Aires abonaba los pasajes que necesitaban los dirigentes señalados por la delegada censista.
Juana Larrauri, que cumplia tales funciones en Entre Ríos, expresó que de acuerdo con un pedido de Eva Perón al gobernador, general Albariño, esa provincia contribuyó con $ 3.500.- mensuales hasta el mes de septiembre de 1955.
“La provincia de San Luis –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 47- pagó asimismo el tributo al “movimiento” proveyendo automotores, choferes, combustible, lubricantes, viáticos y hasta tuvo que abonar $ 20.262,55 m/n. por la reparación de su coche Chevrolet –modelo 1946-, que había facilitado. Esa provincia contribuyó también con máquinas de escribir, cocinas, estufas, herramientas, y entre otras cosas con las fincas lote 9 del barrio Sosa Loyola, y la sita en Colón y Ayacucho, por la que abonaba la provincia a su propietario, señor Jorge Barboza, $ 1.100 mensuales en concepto de alquiler.
“El Ministerio de Transporte (nota SG Nº 58/56), informa de la contribución prestada al Partido Peronista con la facilitación de 182 pases con derecho a cama, que hiciera por pedido de su presidente Alberto Teisaire.
“Por su parte, el Ministerio de Hacienda de la Nación, entre otras muy diversas prestaciones gratuitas al Partido Peronista –empleados, automotores con chofer, nafta, aceite, muebles y útiles- desde fines de 1950 hasta octubre de 1955, facilitó los siguientes locales para unidades básicas: Capital Federal, barrio C. Saavedra, casa Nº 188; Ezeiza, barrio Esteban Echeverría, casas Nos. 63 y 83; Matanza barrio General Belgrano casas Nos. 314 y 2.877; Caseros barrio Villa Caseros, casa 1.A.
“En Salta, barrio General Güemes, casa Nº 75; en Catamarca barrio Los Ejidos, casa Nº 35, barrio El Mástil, casa Nº 37, barrio Fray Mamerto Esquiú, casas Nos. 1 y 2, barrio Chumbicha G-2, casa Nº 2; en Santiago del Estero, barrio Libertad, casa Nº 205; en Corrientes, barrio Yapeyú, casa Nº 175; en San Luis, barrio Aristóbulo de Valle, casa Nº 7-F, y en Resistencia, barrio Nº 16, casas Nos. 4, 11 y 36.
“Los alquileres que debieron devengar estos inmuebles durante el lapso que los ocupó gratuitamente el Partido Peronista, ascienden a $ 181.857,73; las refecciones que debió hacer el Ministerio de Hacienda cuando las recuperó importaron $ 4.283, lo que totaliza $ 186.140,73.
“La provincia de La Pampa no escapó a esta regla. De entre las contribuciones que hiciera al Partido Peronista señalaremos sólo algunas por su significación:
“Entregas en dinero efectivo:
UES (8) General Pico $ 1.000.-
UES General Pico $ 2.453,30 Expediente 15.804/54
Unidad Básica General Pico $ 2.000.- Expediente 15.804/54
Delegación Regional CGT $ 10.000.- Expediente 595/55
Equipo Sonoro Cine p/ Int. Partido Peronista $ 15.000.- Expediente 9.718/54
Cuadro Eva Perón $ 4.000.- Expediente 15.414/54
Reintegro subvención a CGT p/ Día de la Lealtad $ 3.000.- Expediente 13.846/54
Partido Peronista $ 10.000.- Expediente 10.134/54
Juventud Peronista $ 70.000.- Expediente 6.974/54
“En el mismo expediente 24/56, consta el detalle de los muebles, útiles de oficina y hasta un juego completo de dormitorio, juego de living, cortinados, alfombras, ropas y vajilla, “que la delegada censista Erminda Villanueva de Seefeldt tenía en uso en su domicilio particular y que pertenecen a la provincia.”
Las concentraciones públicas en Buenos Aires y en el interior, y muy especialmente las campañas electorales, requerían el aporte ilimitado de las reparticiones públicas. Empleados, automotores, pasajes en ferrocarriles, ómnibus y barcos, todo cuanto podía necesitarse en tales emergencias, incluso el alojamiento y alimentación de grandes cantidades de gente movilizada, era puesto al servicio del “movimiento”.
Estaban forzados a hacer lo mismo las compañías de transporte vinculadas al Estado. Cuando se realizó en agosto de 1951 el “cabildo abierto del justicialismo”, por ejemplo, la Compañía Argentina de Navegación Dodero, en liquidación, se vio obligada, por pedido del ministro de Transporte, a dar alojamiento en sus buques “Córdoba” y “Buenos Aires”, con desayuno, almuerzo y comida (9), todo sin cargo, a novecientas personas, y por solicitud de la CGT debió alojar en el “Yapeyú”, en igual circunstancia e idénticas condiciones, a quinientas personas más. Aparte de eso debió proveer de desayuno a treinta y dos mil concurrentes a tal acto.
Algo semejante sucedió el 17 de Octubre siguiente, con motivo de celebrarse el denominado “Día de la Lealtad”, en que la empresa debió compartir por partes iguales con la Flota Mercante del Estado los gastos de provisiones para los servicios de almuerzo y comida de los concurrentes venidos del interior.
No debemos fatigar al lector con más detalles sobre el particular. Bastan los referidos para documentar lo que es de conocimiento público, pero que el tiempo haría olvidar si de ello no quedara constancia.
A diferencia de los partidos de la oposición, perseguidos y pobres, el oficial no tuvo problemas de sostenimiento. Bastábanle los recursos del Estado, pero también contaba con las donaciones, casi siempre forzosas, requeridas a empresas y personas interesadas en no malquistarse con los peligrosos solicitantes (10). Sobre tales donaciones el partido no pagaba impuestos. La Dirección General Impositiva lo había eximido, fundada en que la ley respectiva dispone que están exentos de él los réditos que obtengan las asociaciones y entidades civiles de existencia social, caridad, beneficencia, etcétera. Ninguno de esos casos era el del partido oficial, pero importaba poco.
Nunca ha sido fácil el sostenimiento económico de los partidos políticos. Apenas pueden contar con el aporte regular y periódico de sus afiliados, sobre todo si son de modestos recursos y sólo por excepción con donaciones de discreta importancia. La precariedad de medios los obliga, entre una y otra campaña electoral, a clausurar muchos de sus locales y a reducir al máximo la acción proselitista. En vísperas de comicios requieren contribuciones extraordinarias de afiliados, simpatizantes y amigos, insuficientes en la mayoría de los casos para costear los crecidos gastos de la campaña.
Ni siquiera cuando un partido ejerce el gobierno debe contar con otros medios que los privados. Si esto no fuera así, el gobierno y el partido carecerían de decoro. El gobierno administra bienes del Estado, es decir de la Nación políticamente organizada. De ningún modo y por ningún motivo esos bienes pueden servir a un partido, aunque haya conquistado el poder, porque por más importante que sea sólo representa a una parte de la opinión pública.
Los gobiernos corrompidos y los regímenes totalitarios confunden al Estado con el partido gobernante. Para ellos, el partido es la Nación, y por consiguiente el Estado. El resto, como decía Perón "son los barbaros, que no cuentan sino como enemigos a quienes es preciso destruir" (1).
Todos los medios de que disponía el Estado estuvieron, durante la dictadura, al servicio del partido oficial, y es probable que muy pocos de sus dirigentes hayan dudado de que así debía ser. Uno de ellos, Héctor J. Cámpora, ex presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación e interventor del partido en la Capital Federal, consideraba muy natural la contribución de los organismos estatales, porque, a su juicio, “debían coadyuvar en la medida de sus posibilidades a la consecución de los objetivos perseguidos por el movimiento” (2). Para otro, Vicente Carlos Aloé, gobernador de la provincia de Buenos Aires, era perfectamente correcto que la Municipalidad de la Ciudad de La Plata pagara permanentemente el alquiler de un edificio a la sociedad La Gauloise, ocupado por la CGT, dado que ésta “desarrollaba una actividad gremial que lo justificaba” (3). Era el criterio general, revelador, sin duda, de supina ignorancia y de ilimitada desaprensión.
Cuando el Partido Peronista Femenino necesitó instalar la sede de su consejo superior, el Ministros de Transporte le cedió dos pisos del inmueble avenida Roque Sáenz Peña 570; la Cámara de Diputados le proveyó de muebles; el Ministerio de Salud Pública de un consultorio ontológico completo, camillas para inyecciones y exámenes y una mesa e instrumental ginecológico de cirugía de emergencia y general; la Subsecretaría de Prensa y Difusión le proporcionó dos cámaras cinematográficas y la Municipalidad de Buenos Aires no sólo amueblo y decoró la sala de espectáculos e instaló los camarines de los artistas, sino dispuso la entrega de casas prefabricadas y locales varios con destino a las unidades básicas (4).
En el resto del país se hizo lo equivalente en locales y dependencias de la Nación y de las provincias. En la de Buenos Aires “el gobernador Mercante proporcionaba a la sede del partido, en La Plata, los elementos necesarios para su gestión, como ser papel, estampillas, sobres, nafta, las reparaciones y arreglos de las sedes de las unidades básicas, por intermedio de la Municipalidad de dicha ciudad, así como también los automóviles de la gobernación (5).
La casi totalidad del personal empleado en el Partido Peronista Femenino pertenecía a la administración pública y era pagado por ella (6). Imposible es estimar lo que esto importó durante varios años, pero a modo de ejemplo daremos algunas cifras suministradas por unos cuantos departamentos gubernativos. Sólo se refieren a unas 1.604 empleadas públicas, que trabajaban en diversas unidades básicas.
Si se calcula una asignación correspondiente a un sueldo básico de $ 700.- m/n., durante 65 meses, o sea desde que esas empleadas ingresaron a la administración nacional a partir del 1º de abril de 1950 hasta la fecha en que cesó su adscripción a las referidas unidades, o sea hasta el 31 de septiembre de 1955, habíase malversado la cantidad de $ 119.485.652,65 según el siguiente detalle:
Sueldo básico, $ 700 de 1.604 empleadas durante 65 meses m$n 72.982.000.
Aguinaldo m$n 6.081.833,33
Salario familiar desde el 1/1/52 al 31/9/55 calculando una persona a su cargo m$n 5.293.200.-
Bonificación decreto 6.000/52 desde 1/3/52 al 31/9/55 m$n 13.473.600.-
Bonificación decreto 7.025/51 desde 1/1/51 al 30/9/55 m$n 12.575.360.-
Aporte patronal:
6% hasta 31/1/52 m$n 1.605.603.99 – 14% desde 1/2/52 en adelante m$n 7.322.527,33 TOTAL: m$n 8.928.131,32
Seguro de vida:
$ 0.75 mensuales desde el 1/1/51 al 31/12/53 m$n 43.308.- / $ 2,75 mensuales desde el 1/1/54 al 31/9/55 m$n 88.220 TOTAL: 131.528.-
TOTAL: m$n 119.465.652,65
En esa cantidad no se incluyen, como se ha visto, los gastos que demandó el uso de automotores de propiedad del Estado, puestos al servicio de algunas calificadas empleadas.
Tampoco se señala el valor locativo de los locales ocupados por las unidades básicas (7), ni de las viviendas utilizadas por dichas empleadas en edificios nacionales, provinciales o municipales.
La presidente del consejo superior del partido ha declarado también que los funcionarios del mismo poseían carnets y pases libres de tránsito para todos los ferrocarriles de la República y que la gobernación de Buenos Aires abonaba los pasajes que necesitaban los dirigentes señalados por la delegada censista.
Juana Larrauri, que cumplia tales funciones en Entre Ríos, expresó que de acuerdo con un pedido de Eva Perón al gobernador, general Albariño, esa provincia contribuyó con $ 3.500.- mensuales hasta el mes de septiembre de 1955.
“La provincia de San Luis –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 47- pagó asimismo el tributo al “movimiento” proveyendo automotores, choferes, combustible, lubricantes, viáticos y hasta tuvo que abonar $ 20.262,55 m/n. por la reparación de su coche Chevrolet –modelo 1946-, que había facilitado. Esa provincia contribuyó también con máquinas de escribir, cocinas, estufas, herramientas, y entre otras cosas con las fincas lote 9 del barrio Sosa Loyola, y la sita en Colón y Ayacucho, por la que abonaba la provincia a su propietario, señor Jorge Barboza, $ 1.100 mensuales en concepto de alquiler.
“El Ministerio de Transporte (nota SG Nº 58/56), informa de la contribución prestada al Partido Peronista con la facilitación de 182 pases con derecho a cama, que hiciera por pedido de su presidente Alberto Teisaire.
“Por su parte, el Ministerio de Hacienda de la Nación, entre otras muy diversas prestaciones gratuitas al Partido Peronista –empleados, automotores con chofer, nafta, aceite, muebles y útiles- desde fines de 1950 hasta octubre de 1955, facilitó los siguientes locales para unidades básicas: Capital Federal, barrio C. Saavedra, casa Nº 188; Ezeiza, barrio Esteban Echeverría, casas Nos. 63 y 83; Matanza barrio General Belgrano casas Nos. 314 y 2.877; Caseros barrio Villa Caseros, casa 1.A.
“En Salta, barrio General Güemes, casa Nº 75; en Catamarca barrio Los Ejidos, casa Nº 35, barrio El Mástil, casa Nº 37, barrio Fray Mamerto Esquiú, casas Nos. 1 y 2, barrio Chumbicha G-2, casa Nº 2; en Santiago del Estero, barrio Libertad, casa Nº 205; en Corrientes, barrio Yapeyú, casa Nº 175; en San Luis, barrio Aristóbulo de Valle, casa Nº 7-F, y en Resistencia, barrio Nº 16, casas Nos. 4, 11 y 36.
“Los alquileres que debieron devengar estos inmuebles durante el lapso que los ocupó gratuitamente el Partido Peronista, ascienden a $ 181.857,73; las refecciones que debió hacer el Ministerio de Hacienda cuando las recuperó importaron $ 4.283, lo que totaliza $ 186.140,73.
“La provincia de La Pampa no escapó a esta regla. De entre las contribuciones que hiciera al Partido Peronista señalaremos sólo algunas por su significación:
“Entregas en dinero efectivo:
UES (8) General Pico $ 1.000.-
UES General Pico $ 2.453,30 Expediente 15.804/54
Unidad Básica General Pico $ 2.000.- Expediente 15.804/54
Delegación Regional CGT $ 10.000.- Expediente 595/55
Equipo Sonoro Cine p/ Int. Partido Peronista $ 15.000.- Expediente 9.718/54
Cuadro Eva Perón $ 4.000.- Expediente 15.414/54
Reintegro subvención a CGT p/ Día de la Lealtad $ 3.000.- Expediente 13.846/54
Partido Peronista $ 10.000.- Expediente 10.134/54
Juventud Peronista $ 70.000.- Expediente 6.974/54
“En el mismo expediente 24/56, consta el detalle de los muebles, útiles de oficina y hasta un juego completo de dormitorio, juego de living, cortinados, alfombras, ropas y vajilla, “que la delegada censista Erminda Villanueva de Seefeldt tenía en uso en su domicilio particular y que pertenecen a la provincia.”
Las concentraciones públicas en Buenos Aires y en el interior, y muy especialmente las campañas electorales, requerían el aporte ilimitado de las reparticiones públicas. Empleados, automotores, pasajes en ferrocarriles, ómnibus y barcos, todo cuanto podía necesitarse en tales emergencias, incluso el alojamiento y alimentación de grandes cantidades de gente movilizada, era puesto al servicio del “movimiento”.
Estaban forzados a hacer lo mismo las compañías de transporte vinculadas al Estado. Cuando se realizó en agosto de 1951 el “cabildo abierto del justicialismo”, por ejemplo, la Compañía Argentina de Navegación Dodero, en liquidación, se vio obligada, por pedido del ministro de Transporte, a dar alojamiento en sus buques “Córdoba” y “Buenos Aires”, con desayuno, almuerzo y comida (9), todo sin cargo, a novecientas personas, y por solicitud de la CGT debió alojar en el “Yapeyú”, en igual circunstancia e idénticas condiciones, a quinientas personas más. Aparte de eso debió proveer de desayuno a treinta y dos mil concurrentes a tal acto.
Algo semejante sucedió el 17 de Octubre siguiente, con motivo de celebrarse el denominado “Día de la Lealtad”, en que la empresa debió compartir por partes iguales con la Flota Mercante del Estado los gastos de provisiones para los servicios de almuerzo y comida de los concurrentes venidos del interior.
No debemos fatigar al lector con más detalles sobre el particular. Bastan los referidos para documentar lo que es de conocimiento público, pero que el tiempo haría olvidar si de ello no quedara constancia.
A diferencia de los partidos de la oposición, perseguidos y pobres, el oficial no tuvo problemas de sostenimiento. Bastábanle los recursos del Estado, pero también contaba con las donaciones, casi siempre forzosas, requeridas a empresas y personas interesadas en no malquistarse con los peligrosos solicitantes (10). Sobre tales donaciones el partido no pagaba impuestos. La Dirección General Impositiva lo había eximido, fundada en que la ley respectiva dispone que están exentos de él los réditos que obtengan las asociaciones y entidades civiles de existencia social, caridad, beneficencia, etcétera. Ninguno de esos casos era el del partido oficial, pero importaba poco.
NOTAS:
(1) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 31.
(2) Comisión Investigadora de la ex Secretaría de Asuntos Políticos, sumario 19, declaración 15.
(3) Ibíd., declaración 97.
(4) Declaración de la presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, Delia Degliuomini de Parodi, en el expediente sobre información general.
(5) Ibíd.
(1) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 31.
(2) Comisión Investigadora de la ex Secretaría de Asuntos Políticos, sumario 19, declaración 15.
(3) Ibíd., declaración 97.
(4) Declaración de la presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, Delia Degliuomini de Parodi, en el expediente sobre información general.
(5) Ibíd.
(6) Ibíd., declaración de José Justo Marrón, de la tesorería del partido, foja 128.
(7) (nota del transcriptor) Nombre que se le daba a los locales partidarios del Partido Peronista.
(8) (Nota del transcriptor) UES “Unión Estudiantes Secundarios”.
(8) (Nota del transcriptor) UES “Unión Estudiantes Secundarios”.
(9) (nota del transcriptor) Se refiere con “Comida” a la cena.
(10) La venta del “Almanaque peronista” –según resulta de una lista incompleta hallada en la sede central del partido- produjo $ 10.800.00. Fueron sus adquirentes, por crecidas cantidades, empresas industriales y comerciales de considerable importancia.
(10) La venta del “Almanaque peronista” –según resulta de una lista incompleta hallada en la sede central del partido- produjo $ 10.800.00. Fueron sus adquirentes, por crecidas cantidades, empresas industriales y comerciales de considerable importancia.
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