La prensa bajo la dictadura
Desde 1943 a 1945. Perón formó parte del gobierno surgido de la revuelta militar del 4 de junio, primero como secretario de Guerra, luego como secretario de Trabajo y Previsión, y posteriormente como ministro en aquel departamento, vicepresidente de la Nación y presidente del Consejo de Posguerra. Su influencia fue en todo instante; era el más capacitado y el más audaz del equipo mediocre, y el único que sabía lo que ambicionaba y cómo había de lograrlo. Nadia de lo realizado entonces se hizo sin su inspiración, consejo o aprobación; por eso es responsable más que ninguno de la persecución sufrida por la prensa.
Son ser tremenda, no llegó esa persecución a los extremos alcanzados durante el decreto de la presidencia. Antes de ella, se redujo a castigos –amonestaciones, suspensiones y algunas pocas clausuras-, odioso sin duda, pero nunca tan graves como las confiscaciones y expoliaciones que vinieron después. Una de las víctimas de ese desborde de poder fue el diario “La Prensa”, de Buenos Aires, fundado el 18 de octubre de 1869 por el doctor José C. Paz. Debemos detenernos en el relato de su clausura e incautación porque tuvo vasta repercusión dentro y fuera del país.
Había asistido y contribuido ese diario al desarrollo sorprendente de la Nación. Con insobornable espíritu de independencia, sin vínculos con los partidos actuales, sin ataduras a créditos, grupos o intereses, habíase esforzado en ser intérprete de la opinión pública y en juzgar a los hombres y acontecimientos con ecuanimidad, guiado por el propósito de servir al país.
En su larga existencia había disentido muchas veces con la obra de los gobernantes, ya fueran los surgidos de los cabildeos palaciegos contra la voluntad de la mayoría, ya los elegidos en comicios libres, pero cuya política consideró errónea. Era el “centinela de la Constitución”, es decir, del sistema republicano representativo federal, y de los derechos y garantías que ella establece. Aunque dolieran algunos de sus juicios, no pasó por la mente de nadie el pensamiento de acallar su voz. No sólo porque se reconocía su autoridad y prestigio, sino, principalmente, porque se respetaba la libertad de prensa, consubstancial de la democracia y de nuestro desarrollo histórico.
Sufrió el primer ataque en 1944, durante el gobierno de Farrell, cuando se suspendió por cinco días su publicación por haber señalado el error de ciertas economías en los hospitales del municipio. Tan absurdo era el pretexto de la sanción, que nadie creyó en él. Ese castigo, sin base legal, importaba una advertencia: el gobierno no toleraría la libertad de opinión.
No se atemorizó el diario. Al reaparecer el 1º de mayo comentó en un editorial el significado de la fecha universal del trabajo y del doble aniversario del pronunciamiento del pueblo argentino contra la tiranía de Rosas y de la sanción de la Constitución democrática de 1853. No pudo, en cambio, publicar el decreto que había dispuesto su temporal clausura.
Desde entonces, durante siete años, “La Prensa” debió luchar denodadamente por mantener su libertad frente al clan antidemocrático adueñado del gobierno y a los sumisos que cumplían sus órdenes.
Muchas veces fue apedreado su frente por pequeños grupos resguardados por la policía; muchas veces, también, se lo amenazó con destruirlo o incendiarlo. Hubo un tiempo en que desde un balcón frontero se lo injurio con altavoces y fueron muchas las veces en que se inspeccionaron sus edificios y talleres en procura de infracciones que justificaban la aplicación de sanciones severas. Así se había clausurado “La Vanguardia” y no había por qué no hacer lo mismo con “La Prensa”
A los pocos meses de iniciado el primer período presidencial de Perón se halló un pretexto que, bien o mal explotado, podía servir para coaccionarlo y eventualmente para destruirlo.
Ese pretexto era de orden fiscal. Ni “La Prensa” ni “La Nación”, ni ningún otro diario pagaba derechos de aduana por el papel extranjero que importaban para sus ediciones. Una ley del año 1917 los eximia de tal impuesto, sin distinguir el papel que se utilizaba entre noticias y comentarios del que se empleaba en la inserción de avisos. El diario era uno solo y como tal debía considerárselo. En mérito a ello, tampoco abonaban derechos de aduana los diarios que venían del exterior. No podían confundírselos con los catálogos, folletos y revistas de exclusivo carácter comercial.
La aviesa denuncia contra “La Prensa” y “La Nación” tuvo una tramitación lenta. De tanto en tanto, “una orden de arriba”, según los vaivenes de las circunstancias políticas, urgía el procesamiento. No detallaremos sus instancias. A la postre el Ministerio de Hacienda, apartándose de la opinión del procurados del Tesoro, confirmó la decisión de la Aduana, que juzgó pertinente la aplicación del impuesto. Liquidado éste a “La Prensa” por el papel importado desde 1939 hasta 1948, arrojó un total de $ m/n 32.038.391,20 por cuya cantidad se dispuso iniciarle juicio de apremio.
No era extraño que el celo fiscal sólo reparara en dos diarios independientes, ambos desafectados al gobierno, y no en los restantes que estaban en idéntica situación, porque lo que se deseaba era acabar sólo a éstos y dejar vivir a los demás.
En eso se estaba cuando comenzó a actuar la tristemente famosa Comisión Bicameral, designada originariamente para investigar las denuncias de torturas, formuladas en el Congreso, pero a la que se añadió posteriormente la misión de hacerlo también con referencia a “la conducta de ciudadanos extranjeros y argentinos”. Esa comisión, en la que sólo actuaban dos de sus miembros, los diputados peronistas Visca y Decker, allanaron periódicos de todo el país e intervinieron sus contabilidades para determinar el movimiento de sus fondos. Lo mismo hizo en “La Prensa”. No halló lo que buscaba, es decir, las supuestas vinculaciones con potencias y capitales extranjeros, pero a pesar de ello solicitó al Ministerio de Hacienda que se excluyera a ese diario del registro de importadores. También suspendió el montaje de una gran rotativa, luego incautada y transportada al grupo ALEA.
Omitimos mencionar otros episodios de la persistente campaña. Para referirnos a los que determinaros su clausura e incautación.
El golpe definitivo fue el 25 de enero de 1951. Ese día el Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, exigió a “La Prensa” la supresión de sucursales y subscriptores, a efectos de que aquél distribuyera y vendiera el diario, y a la vez reclamó el 20% del importe bruto de los avisos clasificados.
Sin esperar la respuesta, que en realidad no se deseaba, se ordenó la huelga. Sólo algunos trabajadores la acataron, pero los restantes fueron amenazados. Reclamaron protección para su libertad, de trabajo, mas no se les atendió. El diario dejo de publicarse el 26.
Durante un mes procuró “La Prensa” hallar una solución al conflicto. No le fue posible. En vista de ello, la casi totalidad de sus redactores, empleados y obreros comunicaron al gobierno y a todas las agencias noticiosas que el 27 de febrero reanudarían las tareas, interrumpidas durante un mes. La policía prometió que serían respetados.
Luego de reunirse en la casa central, salió una parte del personal en dirección a los talleres situados en Azopardo y Chile. Iban en pequeños grupos tranquilos y relativamente confiados. El público los veía pasar con honda simpatía. Eran obreros libres dispuestos a trabajar, porque nada habían reclamado y nada se les había negado.
Pero la dictadura no lo quería. Movilizó sus bandidos, los situó en las inmediaciones del edificio en que esos talleres estaban instalados; y apenas llegaron los honrados y valientes trabajadores, los hizo atacar a mansalva.
Cayó muerto el obrero Roberto Nuñez y otros catorce fueron heridos.
La policía estaba ausente.
“El grupo agresor era fácilmente identificable –dijo el diario “La Nación”- y no pertenecía ni al gremio periodístico, ni al gráfico, ni al de vendedores de diarios. Pudo consumar su plan impunemente, ya que ninguno de sus componentes fue detenido. En cambio, el personal que entró en los talleres e inició sus tareas para el número que debía salir al día siguiente, fue obligado a interrumpirlas y detenido, por decisión exclusiva de la policía. Esta es la verdad de los hechos producidos. La opinión pública la conoce, y será vano pretender tergiversarla. Queda como un testimonio más de nuestra época. Queda también el ejemplo simbólico de que un obrero haya caído muerto, en medio de sus compañeros, porque deseaba ejercer tranquilamente el derecho de trabajar”.
Vino después la Comisión Interventora e Investigadora del diario “La Prensa”, resuelta en sesiones extraordinarias del Congreso. El 20 de marzo tomó posesión de todos los bienes del diario, sin aceptar protesta alguna de su director. Y en seguida dispuso la colocación de grandes retratos del dictador y “la Señora” en el frente y en todas las dependencias del edificio principal del diario.
Pocos días después firmó un despacho aconsejando la expropiación de “todos los bienes que constituyen el activo de la sociedad colectiva “La Prensa”, incluyendo expresamente los inmuebles y el título del diario, y se tasó su valor en m$n 18.454.515,10, o sea poco más de la mitad de la suma supuestamente adeudada a la Aduana.
Votado ese despacho por ambas Cámaras del Congreso, quedó satisfecho el propósito de la dictadura. “La Prensa” había sido silenciada y robada. El escarnio se completó cuando, pocos meses después, con el mismo título, escrita en la misma casa y compuesta con sus mismos tipos de imprenta, apareció otra, la sumisa, la que exaltaba al dictador y a su régimen (1).
De arbitrariedad igualmente censurable fueron, entre otros, los casos de “El Intransigente”, de Salta, y de “La Vanguardia” y “El Pueblo”, de la Capital Federal.
“El Intransigente”, dirigido por don David Michel Torino, se distinguió, durante los primeros años de la dictadura, por su decidida defensa de la libertad y su valiente critica de la política oficial. Dentro de la corriente del radicalismo histórico, había juzgado con igual severidad los errores y demasías de los gobiernos fraudulentos. Pero la dictadura no toleraba tales críticas. En 1949, el senador peronista Durand había planteado, en el cuerpo a que pertenecía, una cuestión de desacato por cierta información dada por ese diario. En virtud de ella, fueron traídos a Buenos Aires sus redactores y obreros con el pretexto de hacerlos declarar ente la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero, en realidad, con el avieso propósito de impedir la publicación del diario. Tiempo después fue detenido el señor Michel Torino y expropiada su imprenta.
Para silenciar a “La vanguardia”, órgano del Partido Socialista, se empleó otro procedimiento. No fue oficialmente clausurado, sino cerrados sus talleres gráficos por supuesta contravención de alguna ordenanza municipal. De nada valieron las defensas y recursos alegados por la empresa editora, como tampoco las gestiones realizadas para conseguir la habitación del local. Después de cinco años, ya en 1952, el presidente, accediendo a un pedido formulado por el doctor Enrique Dickmann, dispuso el inmediato cese de la clausura, pero no devolvió el diario a sus legítimos propietarios sino que lo entregó a los llamados “socialistas revolucionarios”, puestos al servicio del dictador.
“El Pueblo”, diario católico fundado a comienzos de este siglo (2), debió correr la suerte derivada del conflicto (3) de la dictadura con la Iglesia. Su castigo comenzó con la reducción de la cuota de papel; posteriormente fue detenido el administrados, señor Jorge C. Dussol, a la vez que el presidente de la Editorial Difusión, don Luis Luchia Puig. A fines de 1954, los delegados gremiales señalaron que “con lógico estupor” habían observado en el diario “una inexplicable disminución de la importancia de las noticias que se refieren a actos de gobierno u homenajes que fuerzas del trabajo rinden al primer magistrado…, las que prima facie configura una conducta tendenciosa”. Días después llegaron al diario los consabidos inspectores municipales y el secretario del sindicato gráfico. Este exigió el pago de la quincena, que debía hacerse efectivo seis días después, o del aguinaldo actual, cuyo plazo legal se extendía hasta el 7 de enero. No llegándose a un acuerdo de partes, los delegados gremiales dispusieron el paro y la consiguiente clausura.
Muchos otros casos podríamos agregar a los anteriores, pero su mención extendería demasiado este capítulo.
Desde 1943 a 1945. Perón formó parte del gobierno surgido de la revuelta militar del 4 de junio, primero como secretario de Guerra, luego como secretario de Trabajo y Previsión, y posteriormente como ministro en aquel departamento, vicepresidente de la Nación y presidente del Consejo de Posguerra. Su influencia fue en todo instante; era el más capacitado y el más audaz del equipo mediocre, y el único que sabía lo que ambicionaba y cómo había de lograrlo. Nadia de lo realizado entonces se hizo sin su inspiración, consejo o aprobación; por eso es responsable más que ninguno de la persecución sufrida por la prensa.
Son ser tremenda, no llegó esa persecución a los extremos alcanzados durante el decreto de la presidencia. Antes de ella, se redujo a castigos –amonestaciones, suspensiones y algunas pocas clausuras-, odioso sin duda, pero nunca tan graves como las confiscaciones y expoliaciones que vinieron después. Una de las víctimas de ese desborde de poder fue el diario “La Prensa”, de Buenos Aires, fundado el 18 de octubre de 1869 por el doctor José C. Paz. Debemos detenernos en el relato de su clausura e incautación porque tuvo vasta repercusión dentro y fuera del país.
Había asistido y contribuido ese diario al desarrollo sorprendente de la Nación. Con insobornable espíritu de independencia, sin vínculos con los partidos actuales, sin ataduras a créditos, grupos o intereses, habíase esforzado en ser intérprete de la opinión pública y en juzgar a los hombres y acontecimientos con ecuanimidad, guiado por el propósito de servir al país.
En su larga existencia había disentido muchas veces con la obra de los gobernantes, ya fueran los surgidos de los cabildeos palaciegos contra la voluntad de la mayoría, ya los elegidos en comicios libres, pero cuya política consideró errónea. Era el “centinela de la Constitución”, es decir, del sistema republicano representativo federal, y de los derechos y garantías que ella establece. Aunque dolieran algunos de sus juicios, no pasó por la mente de nadie el pensamiento de acallar su voz. No sólo porque se reconocía su autoridad y prestigio, sino, principalmente, porque se respetaba la libertad de prensa, consubstancial de la democracia y de nuestro desarrollo histórico.
Sufrió el primer ataque en 1944, durante el gobierno de Farrell, cuando se suspendió por cinco días su publicación por haber señalado el error de ciertas economías en los hospitales del municipio. Tan absurdo era el pretexto de la sanción, que nadie creyó en él. Ese castigo, sin base legal, importaba una advertencia: el gobierno no toleraría la libertad de opinión.
No se atemorizó el diario. Al reaparecer el 1º de mayo comentó en un editorial el significado de la fecha universal del trabajo y del doble aniversario del pronunciamiento del pueblo argentino contra la tiranía de Rosas y de la sanción de la Constitución democrática de 1853. No pudo, en cambio, publicar el decreto que había dispuesto su temporal clausura.
Desde entonces, durante siete años, “La Prensa” debió luchar denodadamente por mantener su libertad frente al clan antidemocrático adueñado del gobierno y a los sumisos que cumplían sus órdenes.
Muchas veces fue apedreado su frente por pequeños grupos resguardados por la policía; muchas veces, también, se lo amenazó con destruirlo o incendiarlo. Hubo un tiempo en que desde un balcón frontero se lo injurio con altavoces y fueron muchas las veces en que se inspeccionaron sus edificios y talleres en procura de infracciones que justificaban la aplicación de sanciones severas. Así se había clausurado “La Vanguardia” y no había por qué no hacer lo mismo con “La Prensa”
A los pocos meses de iniciado el primer período presidencial de Perón se halló un pretexto que, bien o mal explotado, podía servir para coaccionarlo y eventualmente para destruirlo.
Ese pretexto era de orden fiscal. Ni “La Prensa” ni “La Nación”, ni ningún otro diario pagaba derechos de aduana por el papel extranjero que importaban para sus ediciones. Una ley del año 1917 los eximia de tal impuesto, sin distinguir el papel que se utilizaba entre noticias y comentarios del que se empleaba en la inserción de avisos. El diario era uno solo y como tal debía considerárselo. En mérito a ello, tampoco abonaban derechos de aduana los diarios que venían del exterior. No podían confundírselos con los catálogos, folletos y revistas de exclusivo carácter comercial.
La aviesa denuncia contra “La Prensa” y “La Nación” tuvo una tramitación lenta. De tanto en tanto, “una orden de arriba”, según los vaivenes de las circunstancias políticas, urgía el procesamiento. No detallaremos sus instancias. A la postre el Ministerio de Hacienda, apartándose de la opinión del procurados del Tesoro, confirmó la decisión de la Aduana, que juzgó pertinente la aplicación del impuesto. Liquidado éste a “La Prensa” por el papel importado desde 1939 hasta 1948, arrojó un total de $ m/n 32.038.391,20 por cuya cantidad se dispuso iniciarle juicio de apremio.
No era extraño que el celo fiscal sólo reparara en dos diarios independientes, ambos desafectados al gobierno, y no en los restantes que estaban en idéntica situación, porque lo que se deseaba era acabar sólo a éstos y dejar vivir a los demás.
En eso se estaba cuando comenzó a actuar la tristemente famosa Comisión Bicameral, designada originariamente para investigar las denuncias de torturas, formuladas en el Congreso, pero a la que se añadió posteriormente la misión de hacerlo también con referencia a “la conducta de ciudadanos extranjeros y argentinos”. Esa comisión, en la que sólo actuaban dos de sus miembros, los diputados peronistas Visca y Decker, allanaron periódicos de todo el país e intervinieron sus contabilidades para determinar el movimiento de sus fondos. Lo mismo hizo en “La Prensa”. No halló lo que buscaba, es decir, las supuestas vinculaciones con potencias y capitales extranjeros, pero a pesar de ello solicitó al Ministerio de Hacienda que se excluyera a ese diario del registro de importadores. También suspendió el montaje de una gran rotativa, luego incautada y transportada al grupo ALEA.
Omitimos mencionar otros episodios de la persistente campaña. Para referirnos a los que determinaros su clausura e incautación.
El golpe definitivo fue el 25 de enero de 1951. Ese día el Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, exigió a “La Prensa” la supresión de sucursales y subscriptores, a efectos de que aquél distribuyera y vendiera el diario, y a la vez reclamó el 20% del importe bruto de los avisos clasificados.
Sin esperar la respuesta, que en realidad no se deseaba, se ordenó la huelga. Sólo algunos trabajadores la acataron, pero los restantes fueron amenazados. Reclamaron protección para su libertad, de trabajo, mas no se les atendió. El diario dejo de publicarse el 26.
Durante un mes procuró “La Prensa” hallar una solución al conflicto. No le fue posible. En vista de ello, la casi totalidad de sus redactores, empleados y obreros comunicaron al gobierno y a todas las agencias noticiosas que el 27 de febrero reanudarían las tareas, interrumpidas durante un mes. La policía prometió que serían respetados.
Luego de reunirse en la casa central, salió una parte del personal en dirección a los talleres situados en Azopardo y Chile. Iban en pequeños grupos tranquilos y relativamente confiados. El público los veía pasar con honda simpatía. Eran obreros libres dispuestos a trabajar, porque nada habían reclamado y nada se les había negado.
Pero la dictadura no lo quería. Movilizó sus bandidos, los situó en las inmediaciones del edificio en que esos talleres estaban instalados; y apenas llegaron los honrados y valientes trabajadores, los hizo atacar a mansalva.
Cayó muerto el obrero Roberto Nuñez y otros catorce fueron heridos.
La policía estaba ausente.
“El grupo agresor era fácilmente identificable –dijo el diario “La Nación”- y no pertenecía ni al gremio periodístico, ni al gráfico, ni al de vendedores de diarios. Pudo consumar su plan impunemente, ya que ninguno de sus componentes fue detenido. En cambio, el personal que entró en los talleres e inició sus tareas para el número que debía salir al día siguiente, fue obligado a interrumpirlas y detenido, por decisión exclusiva de la policía. Esta es la verdad de los hechos producidos. La opinión pública la conoce, y será vano pretender tergiversarla. Queda como un testimonio más de nuestra época. Queda también el ejemplo simbólico de que un obrero haya caído muerto, en medio de sus compañeros, porque deseaba ejercer tranquilamente el derecho de trabajar”.
Vino después la Comisión Interventora e Investigadora del diario “La Prensa”, resuelta en sesiones extraordinarias del Congreso. El 20 de marzo tomó posesión de todos los bienes del diario, sin aceptar protesta alguna de su director. Y en seguida dispuso la colocación de grandes retratos del dictador y “la Señora” en el frente y en todas las dependencias del edificio principal del diario.
Pocos días después firmó un despacho aconsejando la expropiación de “todos los bienes que constituyen el activo de la sociedad colectiva “La Prensa”, incluyendo expresamente los inmuebles y el título del diario, y se tasó su valor en m$n 18.454.515,10, o sea poco más de la mitad de la suma supuestamente adeudada a la Aduana.
Votado ese despacho por ambas Cámaras del Congreso, quedó satisfecho el propósito de la dictadura. “La Prensa” había sido silenciada y robada. El escarnio se completó cuando, pocos meses después, con el mismo título, escrita en la misma casa y compuesta con sus mismos tipos de imprenta, apareció otra, la sumisa, la que exaltaba al dictador y a su régimen (1).
De arbitrariedad igualmente censurable fueron, entre otros, los casos de “El Intransigente”, de Salta, y de “La Vanguardia” y “El Pueblo”, de la Capital Federal.
“El Intransigente”, dirigido por don David Michel Torino, se distinguió, durante los primeros años de la dictadura, por su decidida defensa de la libertad y su valiente critica de la política oficial. Dentro de la corriente del radicalismo histórico, había juzgado con igual severidad los errores y demasías de los gobiernos fraudulentos. Pero la dictadura no toleraba tales críticas. En 1949, el senador peronista Durand había planteado, en el cuerpo a que pertenecía, una cuestión de desacato por cierta información dada por ese diario. En virtud de ella, fueron traídos a Buenos Aires sus redactores y obreros con el pretexto de hacerlos declarar ente la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero, en realidad, con el avieso propósito de impedir la publicación del diario. Tiempo después fue detenido el señor Michel Torino y expropiada su imprenta.
Para silenciar a “La vanguardia”, órgano del Partido Socialista, se empleó otro procedimiento. No fue oficialmente clausurado, sino cerrados sus talleres gráficos por supuesta contravención de alguna ordenanza municipal. De nada valieron las defensas y recursos alegados por la empresa editora, como tampoco las gestiones realizadas para conseguir la habitación del local. Después de cinco años, ya en 1952, el presidente, accediendo a un pedido formulado por el doctor Enrique Dickmann, dispuso el inmediato cese de la clausura, pero no devolvió el diario a sus legítimos propietarios sino que lo entregó a los llamados “socialistas revolucionarios”, puestos al servicio del dictador.
“El Pueblo”, diario católico fundado a comienzos de este siglo (2), debió correr la suerte derivada del conflicto (3) de la dictadura con la Iglesia. Su castigo comenzó con la reducción de la cuota de papel; posteriormente fue detenido el administrados, señor Jorge C. Dussol, a la vez que el presidente de la Editorial Difusión, don Luis Luchia Puig. A fines de 1954, los delegados gremiales señalaron que “con lógico estupor” habían observado en el diario “una inexplicable disminución de la importancia de las noticias que se refieren a actos de gobierno u homenajes que fuerzas del trabajo rinden al primer magistrado…, las que prima facie configura una conducta tendenciosa”. Días después llegaron al diario los consabidos inspectores municipales y el secretario del sindicato gráfico. Este exigió el pago de la quincena, que debía hacerse efectivo seis días después, o del aguinaldo actual, cuyo plazo legal se extendía hasta el 7 de enero. No llegándose a un acuerdo de partes, los delegados gremiales dispusieron el paro y la consiguiente clausura.
Muchos otros casos podríamos agregar a los anteriores, pero su mención extendería demasiado este capítulo.
NOTAS:
(1) En el volumen titulado “Por defender la libertad”, editado en Méjico en 1952, se ha hecho la crónica completa de la incautación de “La Prensa” y se han publicado los principales artículos aparecidos en sus columnas sobre la libertad de imprenta.
(2) (nota del transcriptor) se refiere al siglo XX.
(3) (nota del transcriptor) La Iglesia Católica fue fuertemente perseguida por el peronismo, encarcelados sus obispos y sacerdotes, perseguidos y torturados sus fieles, quemados sus templos, etc. Perón llego incluso a la excomunión por estos actos.
(1) En el volumen titulado “Por defender la libertad”, editado en Méjico en 1952, se ha hecho la crónica completa de la incautación de “La Prensa” y se han publicado los principales artículos aparecidos en sus columnas sobre la libertad de imprenta.
(2) (nota del transcriptor) se refiere al siglo XX.
(3) (nota del transcriptor) La Iglesia Católica fue fuertemente perseguida por el peronismo, encarcelados sus obispos y sacerdotes, perseguidos y torturados sus fieles, quemados sus templos, etc. Perón llego incluso a la excomunión por estos actos.
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