peron evita

Perón y los expedientes secretos nazis ("Metales voladores" y rayos anti radiaciones atómicas)

2010-04-22T00:48:00.000-07:00

Las vinculaciones entre el Nacismo y el General Perón y el régimen peronista están, desde hace ya varios años, tomando conocimiento público.

También son bastante conocidas las fabulaciones que aquel coronel golpista tuvo durante su tiranía como el caso Richter o "proyecto Huemul" con el que llegó a anunciar que la "energía eléctrica sera vendida barata en sachets como la leche" y otorgar a un gran farsante -como fué Ronald Richter- la "medalla peronista" a este fraudulento científico alemán.

Pero ese no fue el único caso que registró la historia argentina durante aquellos fatídicos años. El presente fragmento del informe que redactó la Comisión Investigadora número 12 (Comisión Nacional de Energía Atómica) muestra otras.

Se trata del conocido como "Informe Saborens", en el se cuenta la compra de otra fábula.

La de un "expediente secreto" robado de la Oficina Política del Reich por un grupo de personas entre las que se encontraba un custodio del mismísimo Adolf Hitler y que ahora pretendían vender al gobierno argentino.

En este "informe secreto" se encontraban -según prometían- los secretos para obtener un metal "Paulinum" que venciendo la ley de la gravedad volaba. Las convinaciones necesarias para lograr la explosión atómica y unos "rayos" que lograrían proteger a los afectados por explosiones atómicas enemigas.

Cuando nos enfrentamos a fabulosas declaraciones como la de los "viajes espaciales por la estratósfera" como dijera que sucedería el presiente Carlos Menem o a "chanchos eróticos", como lo hiciera la presidente Fernández de Kirchner no deberíamos olvidar a quien tienen como "líder y conductor", a un hombre -Juan Perón- que de fábulaciones vivió.

Expediente Saborens. - Adquisición de pretendidos secretos contenidos en el titulado “Informe Saborens”. Su adquisición, previo pago, fue otro de los errores que originó una injustificada erogación.

Esta Comisión (*) tuvo conocimiento de su existencia a raíz de la declaración del padre Bussolini, que dijo (foja 207, vuelta): “Que días antes del anuncio del ex presidente Perón –el 24 de marzo de 1951- fue citado por el coronel González para resumir un documento alemán, estrictamente secreto, sobre la bomba atómica, de cuya existencia podrían dar información el capitán Beninson y el coronel Plantamura, como así también el coronel González. Que le consta que ese documento había sido adquirido en Europa y traído al país por el capitán Beninson y el coronel Plantamura, hjustamente con otros dos, también secretos; uno sobre el elemento denominado “Paulinum”, que le atribuye la propiedad de vencer la gravedad y otro sobre un misterioso elipsoide cuyas aplicaciones no puede precisar. Que hacho el resumen, lo entregó al coronel González, etcétera.”
Y más adelante (foja 211): “Preguntado: Si con anterioridad a la fecha en que se le pidió resumiera el documento secreto antes mencionado había tenido conocimiento del elemento denominado “Paulinum”. Contestó Que efectivamente algo había oído al respecto, pero que ahora no podía precisar cuál fue la fuente de información; que siempre se preocupó por ese problema solicitando varias veces la entrega del documento reservado a los efectos de estudiarlo y continuar dichos estudios si fuera posible; que esa solicitud la hacía al coronel González; pero que nunca accedió a su pedido”.
Esta Comisión quedó sorprendida por el insólito anuncio de un elemento al que se le atribuía “la propiedad de vencer la gravedad”: y más aún el hecho de que el secreto respectivo hubiese sido adquirido y pagado por nuestro país. Después de algunas averiguaciones oficiosas, decidió dirigirse al señor director de Energía Atómica, como se hizo tres días después, a fin de que tuviera a bien comunicar si el mencionado expediente e informe secreto se encontraba en dicha Comisión y en caso afirmativo quisiera ponerlo a disposición de esta Comisión Investigadora, como lo hizo. El informe, en idioma alemán, está contenido en una carpeta, y consta de 42 fojas y 7 estampas en papel milimetrado. Al final del informe hay un grueso sello de lacre, en que puede verse una corona con la cruz “svástica”, y una leyenda ilegible. Fue íntegramente traducido por el capitán de aeronáutica don Enrique A. González y revisado por el capitán de fragata ingeniero electricista (R.) don Manuel Beninson. Está escrito a máquina, contenido en otra carpeta y precedido por algunos antecedentes, que se mencionarán, ocupando el todo, con las fotocopias de los esquemas, 86 (ochenta y seis) fojas numeradas; y un “acta” antepuesta de entrega del documento al capitán Iraolagoitía.
La documentación original –si existió- no ha sido hallada. Entre los antecedentes que preceden a la mencionada traducción figuran algunos inicialados y otros sin siquiera este requisito; tres son originales. Las fojas 14 y 15 de las cuales la segunda está inicialada E.P.G. (¿Enrique P. González?), contiene “algunos antecedentes relacionados con el documento Saborens”. Allí se dice: “Habiendo llegado a conocimiento del excelentísimo señor presidente de la Nación, general de ejército don Juan D. Perón, la existencia de un documento de interés para el país, en lo que atañe a la energía atómica, autorizó al secretario general de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, coronel Enrique P. González, a enviar a Europa, para estudiar su valor técnico y determinar la conveniencia de su adquisición, al capitán de fragata ingeniero electricista (R.) don Manuel Beninson, quien fue secundado en sus gestiones por el teniente coronel don Nicolás Plantamura”.
En cuanto a la fecha –que no consigna el resumen- se deduce de lo dicho en su declaración por el capitán Beninson (foja 67, vuelta). “Manifiesta el declarante que estuvo ausente del país desde el veinticinco de mayo del año mil novecientos cincuenta (25/V750) hasta el veintiocho de septiembre del mismo año (28/IX/50).”
Continúan aquellos antecedentes: “El informe adjunto del profesor doctor ingeniero don Flemens Saborens fue estudiado y analizado durante varios días, en presencia de dos personas: una, el intermediario, había pertenecido (según su propia manifestación) a la custodia de Hitler, mientras que la segunda persona, a cargo del documento, formaba parte de un grupo de cuatro interesados, que habían sustraído el mismo de la Oficina Política del Reich, y lo tuvieron escondido durante más de cinco años, escapando a la búsqueda constante y minuciosa de los vencedores”.
Pues bien: el mismo documento original dice respecto de la bomba atómica (traducción: foja 57):
“La verdad es que no se trata de ningún gran secreto que no se pueda expresar con una o varias frases, que ponga al que las lee en condiciones de repetir el proceso”.
“En lo fundamental –continúa- el método está dado por los hechos físicos. Que son conocidos de todos los especialistas, a los que, sin embargo, faltarían todos los detalles particulares, que nosotros hemos obtenido después de años de investigación y grandes sacrificios. Esto es lo que hemos introducido en este informe de cálculos e introduciremos más adelante”.
En las mencionadas carpetas, que ha examinado esta Comisión, no figura ningún informe del técnico ingeniero Beninson, que fue el enviado a Europa para estudiar el documento y decidir su adquisición; pero el hecho de que esta se haya efectuado demuestra que su informe fue favorable (1). Figura en cambio el juicio del doctor Balseiro (2), a quien se le fue posteriormente requerido (sin fecha) aquí en Buenos Aires, y que es el único documento técnico que lleva la firma de su autor.
En él dice que: “el informe no contiene ningún dato no conocido, a no ser los valores numéricos de los volúmenes críticos de las bombas de U (235) y Pu (239)”, que serían 3.217,00 gr. Y 5.139,14 respectivamente. Es interesante anotar que estos datos, consignados en el original alemán (fojas 30 y 31), no figuran en la traducción, por haber sido cortadas las fojas en que sin duda figuraban, a saber los Nos. 58 y 59, después de lo cual volvió a sellarse y numerarse esta última. El doctor Balseiro sintetiza su opinión diciendo: “Es muy sugestivo que en un informe de esta naturaleza se abunde en tantos detalles elementales y bien conocidos, y se incluyan tablas numéricas que en nada intervienen en el desarrollo expositivo. Todo ello contrasta vivamente con la carencia de detalles técnicos sobre los distintos aspectos que se tocan y que es de esperar contenga un informe de esta naturaleza. Sería de esperar, por ejemplo, que el informante en vez de explayarse sobre detalles bien conocidos diera el valor numérico de la sección eficaz de fisión de neutrones rápidos, dato esencial para el cálculo del volumen crítico”…
…”Por esta razón es muy improbable que las cifras que se mencionan de los colúmenes críticos de las bombas U (235) y Pu (239) sean valores fidedignos”. Por consiguiente, el “documento” no contiene ni detalles técnicos ni cálculos fehacientes como se había prometido.
Pero contiene cosas aún más sorprendentes. En el capítulo “Medios de defensa contra las bombas de uranio UBI y UBII” se describe la producción de unos nuevos rayos “ultrainfra” a los cuales se denomina también rayos “Satus” y que tendrían la propiedad (traducción foja 62) de hacer explotar la bomba a 12 kilómetros de distancia; “pero, a lo largo de las zonas amenazadas, se tenderán barreras de rayos Satus II, que mejorados en su rendimiento, podrán alcanzar alturas de 20-30 kilómetros”. Se describe someramente la producción de estos rayos; y desde luego, que resulta ridículamente absurda.
El “misterioso elipsoide” a que se refirió el padre Bussolini, está descrito en la foja 66 de la traducción. Es un elipsoide hueco, de revolución, alargado, que en uno de los focos FL, lleva un cátodo incandescente esférico hacho de U. (235), al parecer calentado por una corriente de alta frecuencia. Debido a esto “se obtiene un choque continuo de electrones y protones sobre el foro F 2, que es imaginario (?), y en el que existen sólo pocos átomos de He (gas introducido a baja presión después de extraer el aire).
Ese impacto de todos los electrones, protones y neutrones, emitidos por el cátodo, sobre F2, se aclara fácilmente en parte por la frecuencia y en parte por la forma dada al ciclotrón (sic), que hacen que todas las radiaciones emitidas por F 1 no se desvían de sus trayectorias y se encuentren nuevamente en F2”.
Hay que ser muy ingenuo en cuestiones de física corpuscular para creer que con el método puedan producirse protones y neutrones en cantidad apreciable; y que ellos, si se produjeran, como así los electrones, se reflejaría siguiendo las leyes de la reflexión irregular de la luz, concentrándose en el otro foco!
El informe continúa (fojas 69) con la tercera gran novedad diciendo “El resultado obtenido es el siguiente: Obtención de elementos completamente nuevos, desde el criptón, que es conocido, hasta el Paulinio que es el más pesado de los desconocidos, con sus cifras Pau 246” 98.
“…las propiedades del mismo son de índole tal, que hasta hoy no tenemos una idea clara acerca de la multiplicidad de sus aplicaciones. En primer lugar, tiene una vida media de cerca de 50.000 años, a pesar de lo cual su radiación es tan intensa, que aplicado en una capa de 0,1 mm. de espesor sobre una plancha de acero de 2.400 x 1.400 x 8 mm., haciendo descansar esta cara sobre la tierra y dejando la chapa en libertad, ésta se eleva con una velocidad de 0,8 n/seg. (2,88 Km/hora)”.
Reputiendo lo dicho por el doctor Balseiro, solo cabe agregar: “No se dan detalles, y los fantásticos resultados que se mencionan parecieran más bien propios de novelas de ficción que de experiencias realizadas con seriedad”.
Lo malo es que la novela costó al erario público (200.000, sin contar gastos de viaje, según recibo extendido sin mayor formalidad en una hoja de papel para carta del “Albergo Mediterráneo”, en Roma, el 21 de diciembre de 1950, y firmado por Karl Schretter. La autenticidad del recibo y la exactitud de su importe están asegurados por una nota que a su regreso al país dirigió el teniente coronel Plantamura al coronel Enrique P. González, con fecha 4 de abril de 1951.
Pero la novela no terminó allí. Fallecido el señor Schretter, la viuda inicia el expediente: Ministerio de Asuntos Técnicos Nº 690/MAT a954 y en sucescivas cartas al ex presidente Perón (17/I/54; 21/IX/54; 16/II/955) reclama el pago de una fabulosa suma alegando que los $200.000 recibidos eran solo un anticipo. Ante tanta insistencia le contesta el capitán Iraolagoitía que se abonó al señor Schretter la suma de $ 200.000; y se le envía fotocópia del recibo correspondiente. La viuda insiste aún en otras dos cartas (25/IV/955 y 21/VII/955) en la primera de las cuales le dice: “Creo que usted en calidad de experto en este ramo reconocerá el valor enorme de los documentos y comprenderá que esta pequeña cantidad nunca puede ser considerada como precio efectivo”.
Como continuara el silencio argentino, repite su reclamo el 9/X7955 diciendo: “No comprendo cómo un gobierno que ha gastado miles de millones en experimentos, no haya pagado aún el millón de dólares americanos que pido por mis documentos”, etcétera.
Esta Comisión ha devuelto los documentos a la Comisión Nacional de la Energía Atómica de la cual provienen.

NOTAS:
(1) O el capricho del ex presidente Perón fue, como en otros casos, mayor.
(2) El Doctor Balseiro fue uno de los integrantes de la Comisión de Técnicos que desenmascaró la falsedad del proyecto atómico que Perón anunció como exitoso el 24 de marzo de 1951 y había encargado al científico alemán Ronald Richter, conocido como “Proyecto Huemul”, quien afirmaba ser el único poseedor de “su secreto”.

(*) Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación - Tomo 1 – año 1958 – páginas 676 a 680).

Corrupción y desorden: Frigorífico de la Ciudad de Buenos Aires

2010-02-28T07:09:00.000-08:00

Frigorífico Nacional de la ciudad de Buenos Aires.

Las investigaciones realizadas en este establecimiento han comprobado que más que un frigorífico es un simple matadero, ya que la industrialización de subproductos es insignificante en proporción a la matanza.
Su evolución económica y financiera en el período comprendido entre al 31 de diciembre de 1943 y el 31 de diciembre de 1954, sin computar algunos pocos meses de 1943 y 1955 que corresponden a gobiernos distintos del depuesto.
En ese lapso, el volumen de la faena se redujo a más de la mitad, no por falta de demanda sino por insuficiencia funcional, y su costo se ha elevado hasta alcanzar el 2.000% de lo que fue en 1943. “en otros términos, si en 1943 la faena de un novillo de 500 kilogramos costaba 9,20 m/n., en 1954 costó $ 182 moneda nacional”
El informe respectivo agrega:
En 1943 el personal que por todo concepto tenía afectado al establecimiento, era de 3.017 personas, siendo en 1954 de 6.019, lo que implica un aumento del 100 por ciento.
“Si en 1943 con 3.000 hombres diarios se pudo realizar una faena de 3.187.089 cabezas, bien se pudo en 1954 con esa cantidad faenarse 1.420.433.
“Pero las cosas no fueron así, pues se necesitó el doble.
“Para faenar 1.420.433 cabezas, que es menos de la mitad de lo que se faenó en 1943, se necesitaron 6.019 hombres diarios, que es el doble de lo que se tuvo en la misma época, lo que significa decir que desde el punto de vista operativo la eficiencia empresaria disminuyó en un 75 por ciento.
“Si en 1943 se faenó un promedio de 10.000 cabezas diarias, en 1954 sólo alcanzó 6.019, resultó que la relación hombre-res, que en 1943 fue de 3,33, en 1954 fue de 0,7 o lo que es lo mismo, que si en 1943 un hombre faenaba más de tres reses, en 1954 no alcanzó a faenar una.
“La industria de las carnes constituyó un completo problema, de cuya ignorancia surgió la posibilidad de que las empresas privadas lucharan exorbitantemente, según públicamente se dijo sin que en realidad el Estado pudiera probarlo.
“El triste recuerdo de las derivaciones que una acalorada sesión parlamentaria tuvo, es bastante elocuente al respecto.
“La verdad no estuvo tan lejos.
“El Estado municipal de la ciudad de Buenos Aires contaba con el gran frigorífico, hoy nacional, en cuyo interior se podía hacer lo necesario para que el Estado nacional supiera la verdad intrínseca y discriminada de tosa la economía de la res.
“La técnica contable del momento posibilitaba grandemente ese propósito, utilizando a tal efecto los servicios de las máquinas de estadística y contabilidad de tipo Hollerith, que a ese efecto el frigorífico había incorporado.
“La misma, amén de producir la información contable que se le había asignado, con sus fichas, posibilitaba la realización de importantes estudios, por la que se probaba el rendimiento de la res y por ende el porqué de la tendencia a faenar por las empresas extranjeras el animal de 500 kilos.
“El novillo de 500 kilos es el que, conjugando calidad con el rendimiento, traduce el óptimo de su economía.

“El máximo de la matanza de exportación tiende al máximo del rendimiento en carne, mientras que en el nacional, el máximo de la matanza tiende al mismo del rendimiento de carne.
“Y como los controles en esta rama industrial se basan fundamentalmente en la contabilidad de coeficientes, la falta de estas máquinas importó negar su posibilitación.
“El régimen (peronista) depuesto no lo entendió así y las máquinas fueron devueltas a su locador, lo que constituyó una herejía estadística y contable.
“En razón de las garantías de trabajo dadas por el establecimiento, la faena –dentro de los topes, cualquiera sea- da derecho al jornal, como si se hubiera cumplido el día completo.
“Los jornales se han fijado para la realización de las siguientes matanzas diarias:
Vacunos 4.000 cabezas
Lanares 3.300 cabezas
Porcinos 1.900 cabezas
“En 1954, de haberse hecho diariamente esta matanza, en los 297 días trabajados, el total faenado hubiera alcanzado las siguientes cifras:
Vacunos 1.188.000 cabezas
Lanares 980.100 cabezas
Porcinos 564.300 cabezas
Total 2.732.400 cabezas
“Y como que estos jornales son fijos, cualquiera sea la matanza, de haberse cumplido en la medida de los topes establecidos hubiera insumido las siguientes cantidades;
Vacunos 103.803.640,35 m$n.
Lanares 4.894.941,04 m$n.
Porcinos 10.110.667,04 m$n.
Total 118.809.248,43 m$n.
“Pero como la matanza real fue de:
Vacunos 762.223 cabezas
Lanares 477.852 cabezas
Porcinos 180.358 cabezas
Total 1.420.433 cabezas

en razón de la garantía preindicada el costo fuñe el mismo.
“Ello quiere decir que la diferencia entre lo que pudimos haber faenado con el mismo costo de lo que se faenó, no hubiera costado nada, o sea que hemos dejado de aprovechar una energía potencial de 46.590.631,31 m$n., que es la resultante de lo desaprovechado en las tres especies, y de acuerdo a la siguiente distribución:
Vacunos 37.203.033,69 m$n.
Lanares 2.508.404,30 m$n.
Porcinos 6.879.174,72 m$n.
Total 46.590.613,31 m$n.
“Si el rendimiento del trabajo hubiera sido el imperante en 1942, dicha matanza pudo ser realizada con tres mil hombres, y mucho menos, ya que con tres mil hombres, en 1943, se había faenado no 1.420.433 cabezas sino 3.187.089 cabezas.
“Pero, sin tomar en cuenta esta cantidad, o sea la diferencia entre los hombres que se utilizaron en 1943 para faenar 3.187.089 cabezas y que en igualdad de condiciones se hubiera requerido para faenar 1.420.433 cabezas, computando como necesaria la cantidad de tres mil personas el ahorro de salarios hubiera sido de $ 48.000.000 aproximadamente, ya que puede estimarse en esa cantidad la retribución anual que, por todo concepto, corresponde a la dotación de tres mil hombres excedentes.
“Ello nos lleva a la cifra de una pérdida anual de más de $ 94.000.000, atribuibles a deficiencias funcionales del establecimiento, o sea:
1) Lucro cesante por no operar a pleno $ 48.000.000.-
2) Jornales excedentes $ 48.000.000.-
Total $ 94.000.000.-
“Diferencia esta que la antieconomía del establecimiento vuelca en la economía del país, en particular en la economía del ganadero y en la economía del consumidor, con la consiguiente incidencia por cabeza faenada:
Vacunos 101.- m$n.
Lanares 10.- m$n.
Porcinos 76.- m$n.
“El informe termina señalando la imposibilidad de continuar con ese estado de cosas y volver, por lo menos, a lo que el frigorífico era en 1943, a pesar de que ya en aquella época “estaba muy lejos de ser lo que debía ser”.

Corrupción y desorden: Gasoducto Comodoro Rivadavia - Buenos Aires

2010-02-27T07:01:00.000-08:00

Construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires

Aunque inconclusa, la investigación realizada sobre este particular ha comprobado irregularidades diversas señaladas en el informe de la Comisión Nº 25.
La construcción del gasoducto fue proyectada por el general Mosconi, y ese proyecto, exhumado por el ingeniero Julio V. Canessa, dio base a su posterior ejecución.
Apenas se dispusieron las obras, -dice el informe referido- apareció en escena el doctor Daniel Castro Cranwell, interventor de la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría de Industria y Comercio. Vinculado a un grupo de ingenieros italianos que habían llegado al país para estudiar la fabricación de tuberías a fines de 1946, se aleja Castro Cranwell del cargo que desempeñaba, y poco después, el 3 de febrero de 1947, el Poder Ejecutivo autorizó la construcción de la obra. A pesar del aparatoso desfile de rodados con que la dictadura peronista subrayó el decreto con fines de propaganda, no había existencia en el país de tuberías ni de maquinarias para emprender la obra, ni se realizó el necesario relevamiento del terreno por donde debía tenderse el gasoducto. En abril comienza la intervención de la firma Dalmine Italiana y la formación del grupo italiano Teceint, apoyada por Castro Cranwell. La oferta es presentada el 21 de abril y el 23 se redacta y aprueba el contrato con Gas del Estado, sin intervención de ninguna oficina técnica. La retribución de Dalmine a Castro Cranwell consistió en un recargo de 20 dólares por tonelada de material, que representó alrededor de un millón de dólares.
La invocación de los más bajos precios por Dalmine queda desvirtuada por los sobreprecios aceptados luego de 0,20 dólares por metro de pintura asfáltica y de 2,60 dólares por protección de extremidades, a lo que debe sumarse la disminución del diámetro de la tubería dispuesto por el gobierno como medida de economía, con disminución de la resistencia del tubo y del volumen del gas a transportar, a lo que debe añadirse la construcción de las válvulas de bloqueo fuera de los tipos standard, la que originó dificultades.
La cañería adjudicada a Dalmine alcanzó a 51.000 toneladas y el resto a Areco y Siam Di Tella Ltda. Pero mientras la firma italiana gozó de todo género de faciulidades, Areco y Siam Di Tella son rigurosamente inspeccionados, lo que determinó la aplicación de fuertes multas y la caducidad del contrato parcial de ambas empresas, transfiriéndose a Dalmine la provisión restante, con el otorgamiento de sucesivos premios por anticipo en los plazos de entrega.
De todo ello resulta que al precio básico pagado a Dalmine de 260,50 dólares, se suman 33,40, más 35, es decir, 328,90 dólares, a lo que debe sumarse 4.80 por protección de extremidades de los tubos y 0,20 por metro lineal de pintura anticorrosiva. Y, por fin, Dalmine exige 250.000 dólares por adelanto de entrega y 267.200 más por mayor costo del acero, lo que hace un total de 3.567.240 dólares. La obra se encarece extraordinariamente, en beneficio de Dalmine y por la intervención del citado abogado, lo que le lleva a un costo total de pesos moneda nacional 345.720.830,73 a fines del año 1955. Y todo ello con sacrificio de la industria nacional y de la consiguiente economía de divisas, a lo que se suma que, como consecuencia de ese apresuramiento, el gasoducto está trabajando a la mitad de su capacidad, por no hallarse instaladas las cinco plantas compensadoras, pues sólo se contaba con la central a la fecha de su habilitación. No obstante esto, con los fines de propaganda conocidos, se resuelve dar por terminada la obra y disponer su habilitación a fines de 1949, distribuyendo como premio m$n. 6.087.732,80 entre los colaboradores directos, esto es, la mitad de la llamada economía del costo. Ese premio no fue distribuido, como se propuso inicialmente, para estimular a quienes actuaban en los trabajos en terrenos insalubres y regiones inhóspitas, sino en forma discrecional, aún entre personas que nunca estuvieron en el terreno. Así, la del delegado de personal, César Scala, alcanza a 23.474,05 pesos moneda nacional; la del ingeniero Canessa $ 277.568,02; ingeniero Carlos Lucero Flores y Juan D. Siri, $ 161.550,61 y $ 105.973,90 respectivamente, mientras que personal común de la repartición percibió sumas que van de $ 161 a $ 12,35. Y esa supuesta economía de costo se destaca más aún si se tiene en cuenta que aún debe invertirse en la terminación de la obra la suma de $ 252.000.000.
A estos elementos de juicio se agrega que, muerto el ingeniero Torcuato Di Tella, el señor Torcuato Sozio, amigo de Juan Duarte y dirigente de Siam Di Tella, rehace la vinculación de la firma con el gobierno, interviniendo en la gestión el entonces embajador en EE.UU. Jerónimo Remorino y llega a donar 82 motonetas t a ofrecer su colaboración decidida para la movilización de la CGT el 28 de septiembre de 1951. Como contrafigura, el ingeniero Teófilo Tabanera, subdirector de Gas del Estado, que osó criticar la adjudicación a Dalmine, fue suspendido y luego separado de su cargo porque “sus objeciones hacían indirectamente el juego a la oposición, lo que formaba parte de un plan de sabotaje a la ejecución del gasoducto”.

Corrupción y desorden: El caso Richter

2010-02-26T06:40:00.000-08:00

El caso Richter

El 24 de marzo de 1951 el dictador Juan Domingo Perón anunció al país y al mundo que el 16 de febrero en la planta piloto de energía atómica, en la isla Huemul, de San Carlos de Bariloche, se habían producido reacciones termonucleares bajo condiciones de control de escala técnica.
Recogieron la noticia los principales diarios extranjeros, y aunque pocos lectores creyeron en su veracidad, el nombre de Perón figuró por algunos días entre los más notorios de ese momento.
¿Quién era ese misterioso sabio alemán Ronald Richter que, según se afirmaba, había hecho en nuestro país y escasos medios, descubrimiento tan sensacional? Nadie lo conocía en los círculos científicos más calificados del mundo y lo ignoraban por completo los especializados en investigaciones termonucleares. Quedaron todos a la expectativa, aunque los más responsables se encogieron de hombros. Sólo la prensa oficialista celebró, entre nosotros, el magno acontecimiento como un gran triunfo del “conductor”.
Ahora sabemos cómo pasaron las cosas, quién era el “sabio” y cuánto costó la experiencia que cubrió de ridículo al régimen peronista imperante, y por consiguiente al país entero.
Ronald Richter llegó a la Argentina el 16 de agosto de 1945. Pocos días después fue citado por el dictador y con él mantuvo una larga entrevista. En esa reunión Richter le explico la posibilidad teórica de realizar reacciones termonucleares en cadena, cuya experimentación era también factible. El dictador lo escuchó complacido y al final le expresó: “Entonces, métale nomás” (1).
Después de esto, permaneció Richter cuatro meses en Córdoba como huésped de Kurt Tank, experto en diseño y proyectos de aviones, a quien conociera en Europa y por cuya indicación había venido. En ese período firmó un contrato con la Secretaría de Aeronáutica –del cual, según afirma, nunca tuvo copia-, y de acuerdo con el mismo le fue instalado un laboratorio particular. En éste se produjo en 1949 un pequeño accidente, a raíz del cual Richter manifestó que el mismo había sido violado, y que en esa forma no podía continuar sus trabajos, pues suponía que era objeto de espionaje. El dictador Juan Domingo Perón puso el hecho en conocimiento del coronel Enrique P. González, quien de inmediato se trasladó a Córdoba. Allí pudo saber por Tank que lo ocurrido fue muy simple: a causa de un corto circuito durante la noche, había sido necesario violentar la puerta para que entrara el personal dedicado a la lucha contra incendios.
Vuelto el coronel González a Buenos Aires, y enterado el dictador de lo sucedido, éste expresó que “era su deseo que Richter trabajara con la más absoluta independencia y que se le facilitaran todos los asuntos para poder encarrilar su investigación”.
De acuerdo con ello se decidió buscar otro sitio donde instalar el laboratorio. Alguien indicó una zona desierta de San Juan; otros propusieron Calamuchita y Catamarca. Perón indicó la zona de Rio Negro y Neuquén, a donde se traslado Richter con varios acompañantes. Conoció allí la isla Huemul y la eligió, según él, por las siguientes razones: “1º posibilidad de abundancia de agua pura y fresca, 2º falta de polvillo, que perjudica a los aparatos, 3º porque para guardar secreto una isla es lo mejor.”
En junio de 1949 se resolvió la creación del Centro Huemul, que se puso bajo la dirección de Richter, para el cual se nombraron varios colaboradores alemanes. “No había ningún argentino entre el personal técnico”, según textual declaración de aquél (2).
Realizadas las construcciones necesarias, el “sabio” se puso a trabajar. Se sentía todopoderoso. El dictador había delegado en él “su misma autoridad” para ejercerla en la isla Huemul; una guarnición del ejército custodiaba sus límites; los recursos económicos llegaban en abundancia. Y no tenía oposición. Evidentemente, esa ínsula era el paraíso.
A veces, sin embargo, debía fruncir el entrecejo. En mayo de 1951, se habían creado la Planta Nacional de Energía Atómica de Bariloche, a la cual fueron transferidas las diversas zonas y dependencias ubicadas en Neuquén, y la Dirección Nacional de Energía Atómica, dependiente del ministro de Asuntos Técnicos. Cierto que el mismo decreto mencionaba también al laboratorio nacional que dirigía Richter, y que ése, como planta, dependía directamente del presidente de la Nación; pero, de cualquier modo, asomaban algunas nubes en el horizonte.
“La primera tentativa para fiscalizar la obra de Richter- dice el informe de la respectiva Comisión Investigadora- tuvo lugar a principios de 1952. El coronel Enrique P. González, entonces director nacional, requirió la opinión de los directores Teófilo Isnardi y José B. Collo, quienes expresaron fundadas dudas sobre la seriedad de las pretendidas investigaciones de Richter.” Con tal motivo, el coronel González consideró indispensable formar una comisión que inspeccionara las obras de Huemul. Informado de ello el dictador, aceptó la idea, aunque formuló algunos reparos sobre los componentes de la misma.
El 6 de marzo de 1952 se realizó la primera pericia científica sobre los trabajos de Richter. Los expertos conceptuaron de su deber: “aconsejar la suspensión del apoyo moral y material que se le ha venido prestando”. Seis meses después se designó otra comisión, que luego de visitar la planta de Huemul y presenciar en ella varias pruebas, expreso que “el resultado de la demostración, desde el punto de vista de la experimentación nuclear para la que fue desarrollada, fue de resultado netamente negativo.”
El dictamen de los técnicos fue replicado por Richter, y aquellos a su vez lo rebatieron.
En vista de dicha divergencia de opiniones, el ministro de Asuntos Técnicos, Mendé, solicitó a los doctores Ricardo Gans y António E. Rodríguez, un dictamen al respecto, que fue producido en 20 de octubre de 1952, en total concordancia con la opinión de la comisión técnica. En virtud de ello, un mes más tarde se intervino y tomó posesión de la planta, suspendiéndose todas las obras que no fueran viviendas.
La Comisión Investigadora, designada después de la Revolución Libertadora, ha analizado minuciosamente la cuestión científica referente al “proyecto Huemul” a fin de “decidir si hubo imprevisión, imprudencia, incuria, intención dolosa, etcétera, en quienes propiciaron y mantuvieron la realización de ese proyecto y especialmente en su principal actor: Ronald Richter”.
No resumiremos de ese interesante estudio los detalles técnicos que escapan al conocimiento común de los lectores. Pero corresponde mencionar las conclusiones a que llegó esa comisión.
En síntesis, son las siguientes:
1º El “caso Richter” que comprometió el prestigio y la seriedad científica del país, fue un fracaso completo. Sus experiencias no condujeron a ningún resultado y nunca presentó pruebas que tuvieran el más mínimo indicio de éxito.
2º Ronald Richter carecía totalmente de los antecedentes científicos que hubieran justificado la confianza en sus promesas y la facilitación de cuantiosos bienes del erario público.
3º Si antes de confiarle la realización de su costoso proyecto se lo hubiera enfrentado con físicos argentinos, se hubiera puesto en evidencia su incapacidad para realizarlo.
4º Se ha comprobado que su pretendido secreto acerca de la posibilidad de controlar reacciones termonucleares no existió nunca. Sólo ha expuesto nociones vagas, algunas de ellas anticuadas y otras disparatadas.
5º Nunca cumplió, ni aproximadamente, sus reiteradas promesas de liberar energía atómica y obtener radioisótopos mediante reacciones termonucleares controladas.
6º El principal responsable de la iniciación y prosecución del denominado “proyecto Huemul” fue el ingeniero Kurt Tank, actualmente ausente del país, quien aprovechó de su prestigio ce constructor de aviones para apañar la aventura de su amigo. Tank fue uno de los técnicos alemanes que actuaron en Córdoba con falsos documentos de identidad, según publicaciones recientes.
7º Ronald Richter afirmó repetidamente, ante la Comisión Investigadora, que el R. P. Bussolini avaló desde el principio el valor científico de sus proyectos. No está probado que propiciara la realización del “proyecto Huemul” con anterioridad a la declaración pública del ex presidente Perón anunciando su éxito (24 de marzo ce 1951), salvo en forma genérica, alentando como lo hizo, “cualquier proyecto que significara un enrolamiento argentino en el comercio mundial de la energía atómica.”
8º Posteriormente a dicha declaración el R. P. Bussolini expresó ante el ex presidente perón que en ciertos espectrogramas que le mostraron y los causales (que) examinó solo visualmente, aparecían en la región ultravioleta halos inexplicables en un espectro común “que podrían admitirse como manifestaciones de liberación atómica”. Ellos no son, sin embargo, ni siquiera un indicio de tal cosa.
9º El R. P. Bussolini no es físico e integró una comisión de expertos que fue a Bariloche para dictaminar sobre la labor de Richter. Sus opiniones sobre la capacidad científica de éste demoraron por algún tiempo el abandono del desgraciado proyecto.
10. La Comisión Investigadora no ha tenido conocimiento de ningún físico argentino que apoyara el “proyecto Huemul”. En particular, los técnicos de la Dirección Nacional de Energía Atómica expresaron firme e invariablemente la opinión adversa, no obstante los riesgos que tal actitud importaba; pero no pudieron hacer públicas sus opiniones porque se les hizo saber que serían pasibles de las sanciones que corresponden a quienes atenten contra la seguridad de la nación. Toda tentativa de complicarlos con aquel fracasado proyecto, sea franca o insidiosamente, es por lo tanto producto de ignorancia o de mala fe.
11. Contrastando con esta actitud de los círculos científicos y técnicos argentinos, el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires se apresuró a otorgar a Ronald Richter, y desde luego sin asesoramiento técnico, el título de “doctor honoris causa”, sólo dos días después del mencionado anuncio del ex presidente, quien firmó el correspondiente diploma.
12. Se ha puesto en evidencia un inadmisible desorden administrativo, en cuanto se confirieron a Ronald Richter poderes absolutos, que utilizó discrecionalmente y le permitieron, sin dar cuenta a nadie, ordenar la realización de costosas construcciones y luego su demolición, a menudo antes de estar terminadas o de ser utilizadas; dar de alta o despedir personal de toda jerarquía, fijar sueldos y sobresueldos, etcétera. Todo lo cual revela una gran desaprensión respecto de cuantiosas dilapidaciones de fondos del erario público.
13. El costo total del “proyecto Huemul” fue, en números redondos, sesenta y dos millones y medio de pesos, según constancias documentadas existentes en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Notas:

(1) Declaración de Ronald Richter ante la Comisión Investigadora, foja 31.
(2) Decalración de Ronald Richter ante la Comisión Investigadora, foja 22 v.

Corrupción y desorden: El IAPI

2010-02-25T06:22:00.000-08:00

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI)

“El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado por decreto Nº 15.350 del año 1946 con carácter de organismo autárquico, habría tenido por finalidad cumplir una alta misión que redujera en beneficio de la economía nacional” dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 14.
“En efecto, nació en un período en que la guerra había concluido y los principales países del mundo sufrían ingentes daños en su economía interna. Dentro de ese panorama, la Argentina se encontraba en óptimas condiciones de poder comercializar su producción normal y aún colocar aquellos productos que habitualmente habían tenido dificultades de distinta índole para su colocación en el mercado internacional.
“Por ello la finalidad por la cual se creó el Instituto, tendería a coordinar la promoción del intercambio en una forma orgánica, nacional y práctica para asegurar beneficios positivos a la economía nacional, ya sea respaldando mediante su intervención los intereses de los productores agropecuarios, como así también los de la industria nacional, asegurándolos contra las perturbaciones de los mercados, originados por elementos económicos naturales o por medidas tomadas por los gobiernos extranjeros.
“Además se trataría de colocar la producción nacional en nuevos mercados y de afianzar los existentes, como asimismo proveer, para el mejor desarrollo e incremento de la economía del país, las materias primas y equipos para la explotación industrial. Toda esta actividad dinámica, en torno al comercio interior y exterior, se complementaría con la creación de almacenes, depósitos, zonas francas en los puertos internacionales, y también mediante una colaboración directa con las instituciones oficiales o particulares, del transporte y de la industria.
“Aparentemente su creación no tenía por objeto eliminar al comercio exportador e importador normal, pues las relaciones de éstos con sus representantes o representados del exterior, eran indispensables para el normal desarrollo de su cometido, persiguiendo –así cabría considerarlo- solamente el fin de eliminar al comerciante arribista u ocasional. Vale decir que su actividad no habría sido dirigida a monopolizar la acción de la actividad privada, sino, por el contrario, la complementaria en forma adecuada para beneficio de ella y de la colectividad, encauzada su acción preferentemente hacia aquellos renglones que, por circunstancias fortuitas, no llegasen al consumidos dentro de los verdaderos valores de costos, más los incrementos normales requeridos para su comercialización.
“Por último se infiere el espíritu que debía animar la actividad de ese Instituto era el de contener los efectos negativos de la tendencia inflacionista, llegando a nivelar la oferta y la demanda de bienes. De esta manera el poder adquisitivo de nuestra moneda se defendería contra la especulación desenfrenada que podría provocar privaciones y malestar a la mayoría de los habitantes en beneficio de unos pocos”.
A continuación señala el informe de la Comisión Investigadora Nº 14 los desaciertos incurridos en los diversos sistemas de comercialización adoptados por IAPI en sus operaciones de importación.
Dice así:
“En el período comprendido entre los años 1946 al 1948, su actuación se orientó preferentemente a la importación de máquinas industriales, automotores, etcétera, con el objeto de abastecer la gran demanda del mercado interno, en forma tal –como lo prueban las distintas investigaciones realizadas- que permitió el ingreso al país de mercaderías en estado deficiente (surplus de guerra, sobrantes de producción, material procedente de desmantelamientos de fábricas, maquinarias de construcción técnica improvisada no adaptable a nuestro uso, etcétera), a precios que estaban muy por encima de las cotizaciones que regían en el mercado internacional para esos mismos elementos, que provinieron de fábricas acreditadas y de gran solvencia técnica.
“En efecto, los distintos presidentes que en la época comentada actuaron –señores Miranda, Maranglio y Devris- intervinieron directamente, cerraron y concretaron operaciones de adquisiciones sin estudio previo, prescindiendo de la solvencia y seriedad de las firmas, es decir, que solamente ante la presencia de la oferta se adjudicaba a las firmas proponentes negocios voluminosos, con un desprecio absoluto de la ética que exigía guardar el racional y eficiente abastecimiento del país.
“Así se concretaron adquisiciones de materiales ferroviarios que, posteriormente se comprobó, habían sido ya rechazados por los ferrocarriles nacionales, tractores Empire, jeeps, barcazas, camiones, equipos para vialidad, materias primas, tejidos, etcétera, materiales cuya absorción fue resistida en principio por la plaza y que luego lograron introducirse merced a la falta absoluta que existía de los mismos y que se vieron favorecidos por la inflación que se manifestó en nuestro país.
“Luego, cuando el IAPI amplió su radio de acción incorporando otros productos a sus compras, funcionarios de menos jerarquía intervenían directamente en la concreción de las operaciones, y es así cómo, de acuerdo con las preferencias de ellos, recomendaciones e intereses creados, se favoreció a determinadas firmas que llegaron a constituirse en proveedoras habituales del organismo, sin que mediase la intervención de la competencia como medio eficaz para obtener mejores precios.
“Posteriormente, en circunstancias en que el país atravesaba por un período de gran escasez de medios de pago para concertar operaciones directas, se recurrió al tipo de las competencias que, como se ha comprobado, eran realizadas por firmas privadas que proveían al IAPI el material de la importación con mucha posterioridad a la fecha en que recibían el producto que se exportaba. Hubo casos en que esta diferencia de tiempo alcanzaba hasta los diez meses. Como este movimiento comercial se efectuaba sin giro de divisas, el IAPI se convertía en el verdadero financiador de ambas operaciones.
“En las compras realizadas por llamados a concurso de precios se presentaban las siguientes alternativas:

“a) Estos concursos, en la mayoría de los casos, se realizaban solicitando cotizaciones de cualquier origen, sabiéndose posteriormente que solo era posible la compra en determinada área, según la disponibilidad en divisas que en cada caso hacía conocer en Banco Central. Ello daba lugar a que algunas firmas se viesen favorecidas por informaciones suministradas por funcionarios del Instituto, las que, aprovechando esa circunstancia, presentaban sus ofertas en las condiciones que hacían factible el cierre de la operación.
“b) Otro aspecto que debe destacarse es la prerrogativa que tenía el IAPI de declarar desierto el concurso, aceptando parcial o totalmente las ofertas que estimó más convenientes, en forma discrecional y fuera de toda ética administrativa.
“Este sistema dio lugar a que se cometiese una serie de hechos que configuraron verdaderos negociados, pues se declararon desiertos concursos de precios en los cuales algunas firmas cumplían con los requerimientos del pliego de condiciones, para adjudicar las compras con el pretexto de que el IAPI, en base a su criterio exclusivo, podía solicitar mejoras de precios a determinadas firmas, las que previamente eran impuestas de la cotización más baja del resultado del concurso. De esta manera se le daba a la misma la oportunidad de contra-ofertar y obtener así la adjudicación de la operación.
“En el último período, cuando la influencia de las firmas allegadas directamente a la Presidencia de la Nación, tales como FABAR, Tricerri y COFACO (Grupo de Jorge Antonio) monopolizaron la exportación de cereales y otros productos y ampliaron su acción en negocios de importación, se vieron favorecidos por adquisiciones realizadas por IAPI de materiales que ellas a su vez tenían que adquirir a firmas de esta plaza en razón de que carecían de representaciones efectivas de firmas extranjeras, encareciendo innecesariamente el valor de la mercadería. Ello como consecuencias de maniobras realizadas por funcionarios del IAPI y Banco Central que orientaban su gestión a otorgar en definitiva a las citadas firmas las órdenes de compra de los productos a importarse.
“De las observaciones precedentes se desprende que el IAPI, no obstante haber sido creado con la finalidad exclusiva de actuar como organismo oficial regulador de la economía de la Nación, no ha podido llevar a cabo ese cometido, y, en aquellos casos en que pretendió hacerlo, desvirtuó ese propósito por los ingentes perjuicios que ocasionaron al país los grandes negociados que el propio Instituto admitió y fomentó.
“En su mayor parte esta situación ha derivado de la actuación deshonesta de los distintos funcionarios que tuvieron en sus manos la dirección de ese organismo, quienes solo procuraron su propio enriquecimiento, para lo cual no repararon en asociarse y aun crear sociedades con el exclusivo fin de comercializar ilícitamente con él.
“En efecto, en el primer período, cuando el país contaba con grandes saldos de divisas de libre disponibilidad y que por lo tanto podía haber actuado como comprador de los materiales o equipos en los mercados donde se le ofreciesen las mejores condiciones de calidad y precio, se crearon sociedades directamente allegadas incluso a la Casa de Gobierno, apareciendo así personeros con la finalidad de hacer de intermediarios en las grandes compras que proyectaban el IAPI (tal el caso de Ceferino Alonso Irigoyen, Lutteral Chapman, Patiño Pacios, Doaida, Segal e hijos, Shffner, etcétera).
“Estas firmas o personas, una vez obtenidas las órdenes de compra (las cuales, como ya se dijo anteriormente, no estaban sujetas a estudio previo) operaban con los dólares previamente colocados en el exterior –créditos confirmados en su mayor parte- obteniendo beneficios extraordinarios que no se reducían a las simples comisiones normales del comercio, sino que eran verdaderos sobreprecios que alcanzaban porcentajes elevados. De esta forma se configuró una elevación formidable de divisas, debilitando decididamente nuestras reservas de pago. Al propio tiempo, y como consecuencia de este aumento en el precio de las mercaderías adquiridas en el exterior, que se tradujo a su vez, en los precios de venta en nuestro mercado interno, contribuyó a sostener la inflación que ya se acentuaba en el país, desvirtuándose de esta manera la misión reguladora que debía cumplir el IAPI.
“La desastrosa política de compras adoptada originariamente por el organismo, lo obligó, al ver disminuidos los medios de pago del país, a recurrir a los convenios bilaterales para poder cumplir su normal abastecimiento. En este nuevo sistema operativo surgieron las irregularidades, ya que si bien el IAPI colocaba sus productos a precios que estaban por encima del mercado internacional, los mismos no guardaban relación con los sobreprecios pagados por las mercaderías de importación que, en algunos casos estaban recargados hasta más del 100% (tejidos, carbón, papel, hilados, etcétera) dando lugar a que esa falta de proporcionalidad entre los valores de importación y los de exportación provocase en breve plazo desniveles desfavorables en nuestra balanza comercial, con la consiguiente repercusión en el mercado interno.
“En este estado de cosas y dado que los convenios se daban por cumplidos o denunciados, se recurrió al sistema de operaciones compensadas, en las que se continuó incurriendo en las mismas fallas enunciadas.
“La adquisición de materiales de diversas especies en el exterior permiten aseverar, en términos generales, que no han sido previamente considerados aspectos fundamentales referidos a la situación del mercado interno y su absorción; en otros casos, no se contempló la situación de importantísimas industrias nacionales (vidrio, madera, cemento, etcétera).
“Pretendiendo en IAPI =tal como se ha manifestado anteriormente= ser organismo regulador de la economía nacional, no se justifica que haya dado curso a pedidos inconsultos de otras representaciones, sin detenerse a considerar previamente la situación del mercado y por consiguiente, las reales necesidades del país, y paralelamente considerar la influencia de dichas adquisiciones en el normal desenvolvimiento de la industria nacional.
“Un caso típico lo constituye la importación de cantidades inapropiadas de cemento portland, consecuencia de exigencias del gobierno referidas en un primer momento a duplicar la producción sin aportar medidas previas que aseguraran el mantenimiento de maquinarias, de su reposición, de ampliación de las plantas, transporte y combustible. Ante la falta total o parcial de ese indispensable apoyo oficial, la industria nacional se vio ante el gravísimo problema de mantener su producción, no ya de incrementarla.
“El IAPI, ante un pedido de la Dirección de Abastecimiento de Industria y Comercio, en 1952, para importar 500.000 toneladas de cemento, no analiza sus consecuencias, pese a la experiencia que ya tenía en materia de tales importaciones, ni considera la capacidad de absorción del mercado, ni estima la gravitación del precio resultante.
“Lógicamente, por razones de falso planteamiento, se debieron adoptar a continuación medidas de defensa para el cemento importado, que variaron desde el equiparamiento de precios del cemento nacional al importado, hasta la limitación de zonas, contribuciones al déficit de importación extraídas de la venta de producción nacional, etcétera, y lo más notable es que esto se producía conociendo que cualitativamente el cemento importado era inferior al nacional. A ello debe agregarse que se pagaron importantísimas sumas por almacenajes y sobrestadías y que se contribuyó al mercado negro haciendo del IAPI un depositario gratuito, resultando de todo esto que la regulación del mercado era un mito para los funcionarios que tenían el deber de imponerse de las reales necesidades y posibilidades del país. Por lo demás, ello resultó factible por no poder combatirse la media palabra oficial, representada en estos casos por funcionarios sin el menor sentido de la responsabilidad”.
Con referencia a la política comercial seguida por el IAPI en la programación y ejecución de las distribuciones de materiales y mercaderías de importación, dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 14:
“Las importaciones realizadas por el IAPI representaron a lo largo de toda su actuación un volumen de gran significación dentro del panorama total de las mercaderías que ingresaban al país, habiendo actuado respecto de algunos rubros como único y exclusivo importador.
“Dos aspectos fundamentales pueden destacarse de la actuación seguida por el organismo en la distribución y venta a los importadores y usuarios, en su misión de regular el normal abastecimiento del mercado interno.

“a) Distribución según cuotas establecidas por distintas reparticiones oficiales.

Entre los distintos productos que se negociaban por este sistema: metales no ferrosos en general, papel para diarios, películas, semillas de papas, chapas y aceros, carbones de arco voltaico, bananas, etcétera, tomaban intervención entre otras la Dirección Nacional de Abastecimiento, Subsecretaría de Informaciones, Ministerio de Agricultura, etcétera.
“En este tipo de comercialización, la actuación del IAPI se limitaba a formalizar las ventas y entregas, conforme a las listas de adjudicaciones que les suministraban las reparticiones competentes. Es así como sucedía que los requerimientos del abastecimiento interno no se cumplían en la medida deseada en razón del divorcio que existía en las relaciones entre los distintos organismos, por cuanto, generalmente, no existía simultaneidad entre las existencias y programación de los embarques y adjudicaciones, dando lugar a gastos innecesarios que incidían en los precios de las mercaderías (movimientos, almacenajes, mermas, seguros, etcétera).
“Además, a través de su contacto con los adjudicatarios, no escapaba a los funcionarios del instituto el hecho de comprobar que la falta de regularidad en las distribuciones daba lugar a especulaciones de distinta índole, como así también a negociaciones desmedidas, no ya con los materiales, sino también, simplemente, con las órdenes de entrega. De esta manera se desvinculaba la utilización directa de la mercadería, contribuyendo al mercado negro que se había creado con productos en que el IAPI actuaba como único importador, lo cual es inadmisible teniendo el gobierno en sus manos todos los recursos y elementos necesarios para evitarlo.

“b) Mercaderías cuya distribución y venta realizada directamente el IAPI.

“1º- Distribución mediante cuotas que se fijaban en base a antecedentes de los importadores y/o usuarios, ante el Banco Central o declaraciones juradas de consumo.
“En la mayoría de las distribuciones realizadas por el Instituto: maderas, vidrios, cemento, etcétera, se deslizaron irregularidades por las preferencias que se tuvo con determinados importadores y usuarios, ya sea siguiendo órdenes impartidas por las autoridades del Instituto o por vía de manejos cometidos por los funcionarios del mismo. Se desvirtuaba así la finalidad de la regulación del abastecimiento, pues el destino de las mercaderías, en estos casos, sufría un pasaje por intermediarios que negociaban las órdenes obtenidas mediante sus influencias o dádivas.
“La incapacidad, desconocimiento o desidia de las autoridades del organismo en la distribución, ocasionó algunos perjuicios al mercado consumidos por la irregularidad en las entregas, aumentos de precios por gastos innecesarios, y trabas puestas en la comercialización de productos cuya celeridad de entrega se imponía, por cuanto la demanda de la plaza era apremiante.
“2º- Como consecuencia de las distintas importaciones realizadas por el IAPI, en los depósitos de Kilometro 10 existió y existe todavía gran cantidad de materiales, tales como automotores, herramientas, maquinarias, etcétera, que en determinado momento fueron muy solicitados por la plaza. En su generalidad no se comercializaban estos materiales para satisfacer el interés público, sino que su adjudicación estaba orientada hacia los pedidos efectuados por personas allegadas a las altas esferas del gobierno peronista, beneficiándose así con las diferencias de precios que la plaza les asignaba.
“En consecuencia, queda demostrado que la acción del IAPI fue perniciosa, tanto como organismo comprador o vendedor, ya que en vez de organizar la distribución para contener los efectos nocivos de la tendencia inflacionista y procurar nivelar la oferta y la demanda, su intervención fomentó la especulación desenfrenada que contribuyó al malestar y privaciones de todo orden que tuvo que soportar el comercio en general.
“De tal modo y como conclusión sobre este aspecto, puede afirmarse que la política comercial seguida por el IAPI en la programación y ejecución de las distribuciones de materiales y mercaderías de importación solo dio por resultado que un reducido número de firmas importadoras se enriquecieran libremente, amparadas por la cantidad exigua de mercadería que el Instituto entregaba a los usuarios y que no actuaba como efecto regularizador de los precios aplicados por los importadores. Por otra parte, la periodicidad de las distribuciones creó el clima propicio para los negociados.
“En este orden de ideas, es interesante señalar que antes de la intervención del Estado en la comercialización de determinadas mercaderías, si bien los usuarios se abastecían de los importadores, éstos debían circunscribir su utilidad dentro de un margen razonable, puesto que, en caso de excederse, el usuario orientaba sus compras en el exterior, convirtiéndose en importador de sus propias necesidades. Durante la intervención del IAPI la utilidad del importador fue ilimitada en muchos productos, por no haberse fijado precios máximos para ellos. Esto permite captar fácilmente que las firmas importadoras se han visto favorecidas con márgenes excesivos por una simple mediación.
“En lo que respecta a la dinámica seguida en la ejecución de las distribuciones –las investigaciones realizadas por esta Comisión permiten apreciar que adolecen de fallas fundamentales, v. gr.: adjudicación de materiales que los usuarios implícitamente habían reconocido no utilizar-, lógico es suponer que se vieron obligados a revender sus mercaderías, modificándose así el objetivo de las distribuciones y fomentando la especulación.”
Termina el informe de la Comisión Investigadora Nº 14, en lo que respecta al IAPI, con las siguientes consideraciones generales:
“La orientación que imprimió el gobierno anterior al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue muy opuesta a los fines para los cuales fue creado, y provocó durante su larga intervención en la comercialización interna y externa, una dislocación económica del mercado proveedor y abastecedor, es decir, descanalizó el comercio internacional argentino de sus cauces naturales. De tal modo, en lugar de contribuir a la estabilización del valor adquisitivo de la moneda y a su respaldo, creando el clima de seguridad adecuado para una evolución progresiva del país, se llegó a una etapa que da la razón a todo lo que se expone en este informe.
“Debemos destacar los resultados negativos de los convenios bilaterales, ya que han sido perjudiciales para la economía nacional, como consecuencia de la actuación del IAPI en las negociaciones posteriores, por haberse correspondido la parte más desfavorable, al sacrificar su posición en beneficio de la que imponían las partes interesadas de los países vendedores.
“Este sistema, que obligó a nuestro país a adquirir mercaderías de inferior calidad y precios elevados, por cierto muy superiores en proporción a los contravalores de nuestra exportación, eliminando de tal manera la competencia y el libre juego de la oferta y la demanda, favoreciendo intereses ajenos a los de la nación misma, hace pensar con más firmeza y seguridad en el acierto con que se encara en estos momentos la implementación del multilateralismo en el comercio exterior para liberar la energía potencial de nuestro sistema económico financiero.” (1)

Notas:
(1) Toda vez que el Estado se ha metido a regular la economía, ha fomentado mayor pobreza, inflación, corrupción y desequilibrio en el sistema económico social. La intervención estatista y dirigista que dejó el peronismo es la causa mayor que desajusto la economía por más de cincuenta años. (Nota del Transcriptor).

Corrupción y desorden: Negociado de televisores

2010-02-24T06:09:00.000-08:00

Negociado de televisores
Como consecuencia de un estudio encomendado a principios de 1951 por el ministro de Finanzas, Alfredo Gómez Moralez, acerca del límite máximo de aparatos de televisión que se podían importar al país sin uno de divisas, se llegó a la conclusión de que tal límite podría fijarse en cincuenta mil. (1)
Apenas realizado ese estudio, Jorge Antonio propuso a la firma D’Alkaine S.R.L. la realización del negocio mediante la radicación de capital por la firma Evans International Corporation, de Washington, limitando la intervención de D’Alkaine S.R.L. a la simple comisionería con un diez por ciento de beneficio. La actuación de esta firma en el negociado se justifica solamente por estar inscripta como importadora y merecer la confianza de aquél.
Aceptadas las condiciones impuestas por Jorge Antonio a D’Alkaine S.R.L., éste se presenta al Banco Central e inicia la obtención del permiso que se tramita con intervención de dicho Jorge Antonio, sin que en ningún momento apareciera la firma Evans (2). Obviadas las dificultades del comienzo –la principal de las cuales fue la de la garantía por $ 11.890.000 exigida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la firma importadora, por el cumplimiento de las obligaciones contraídas, aval que dio Jorge Antonio- se obtuvo el permiso en noviembre de 1951 por resolución escrita de puño y letra del ministro Gómez Morales.
Llegada la mercadería era trasladada directamente de la Aduana al depósito de Leopoldo Gold S.A., empresa previamente adquirida en $ 80.000 por Jorge Antonio y señalada por él para la comercialización y venta de los aparatos. De allí se distribuía a distintos mayoristas. Los aparatos eran adquiridos por Gold a D’Alkaine a precios que oscilaban entre $ 3.000 y $ 5.000 y revendidos a esos mayoristas de $ 7.000 a $ 11.000 cada uno.
Desde principios de 1952 hasta septiembre de 1955 se vendieron más de 36.000 aparatos que produjeron una utilidad superior a $ 180.000.000 que fue retirada por uno de los personeros de Jorge Antonio, sin pagar impuestos a los réditos, ni a los beneficios extraordinarios, ni a las actividades lucrativas, los cuales sumados a las multas correspondientes deberían reportar al fisco un mínimo de $ 1.060.937.300 moneda nacional.
A esto había que agregar las utilidades producidas en la importación de $ 13.660.798,11 de componentes, que naturalmente deberían pagar los impuestos y multas respectivas.
En este negociado de televisión se evadieron más de $ 102.500.000 para pagar en los Estados Unidos el precio de los aparatos y componentes importados con el permiso obtenido por D’Akaine, considerado el precio de 70 dólares por unidad, pero como el precio real fue de más de 200 dólares cada uno los negociadores tuvieron que convertir más de $ 160.000.000 en dólares para pagar en su origen la mercadería importada.
El desenvolvimiento del negocio desde su origen hasta la distribución y comercialización de los aparatos prueba que todos los hechos, sin excepción, han respondido a las directivas de una sola persona, de una sola voluntad: la de Jorge Antonio, y así cuando los mandatarios de Evans debían hacer las inversiones, las realizaban en acciones de sociedades del “grupo Jorge Antonio”, como APT, Talleres Güemes, Fahr, COAR y Suranor. Una sola inversión se hizo cumpliendo requisitos legales: la compra de acciones de la constitución de CONSIGNA S.A. por $ 4.800.000. Con respecto a las otras inversiones que se realizaban por CONSIGNA S.A:, sociedad constituida para absorber la radicación, consistentes en $ 28.595.000 también invertidos en CONSIGNA S.A., y reinvertidos en APT $ 11.940.000; Fahr S.A. $ 3.000.000; COAR S.A: $ 9.000.000; Talleres Güemes S.A. $ 6.955.000, y Suranor S.A: $ 1.900.000, que suman en total $ 33 395.000, de los que debemos deducir los primeros $ 800.000 mencionados, fueron invertidos sin autorización previa del Banco Central. Esta irregularidad es tanto más grave cuanto que las inversiones se hacían, sin excepción, en acciones de compañías del “grupo Jorge Antonio” que eran de su exclusiva propiedad y manejo. Por ejemplo COAR S.A. es la distribuidora de unidades de la Mercedes Benz Argentina S.A: con un directorio completo de prestanombres de Jorge Antonio; Talleres Güemes S.A: es el taller que presta el “service” Mercedes Benz, cuyo directorio estuvo compuesto también por personeros del mismo Jorge Antonio; Fahr S.A., compañía importadora de tractores y finalmente, APT, sucesora de Radio Belgrano en televisión, que constituye uno de los eslabones de este negociado, y Suranor Maderera.
Luis Gabriel Scheiner, socio de la firma D’Alkaine S.R.L. dijo en su declaración que toda la correspondencia intercambiada con la firma Evans de Estados Unidos relacionada con este negocio era indicada en su detalle al declarante y a su socio, al principio por el señor Jorge Antonio en forma directa, y, posteriormente, por el doctor Roberto Roig o por Víctor Madanes, según las épocas, pues Roig manejó este asunto más o menos de marzo de 1952 hasta principios de 1954 en que fue sustituido por el señor Madanes.
El doctor Roig ha declarado que los negocios de Leopoldo Gold S.A. durante el tiempo que él los manejó debieron producir una utilidad de $ 100.000.000 moneda nacional en dos años, sin pagar el impuesto a los réditos ni a los beneficios extraordinarios ni a las actividades lucrativas que suman como mínimo el 53,50 %. Es decir, que durante este período se producen defraudaciones al fisco por valor de $ 56.070.000 moneda nacional, pasibles de una multa del décuplo que sumada al impuesto llegaría a pesos 616.770.000 moneda nacional.
Otro testigo, Juan Marcos Sellares, tesorero de Leopoldo Gold S.A., declaró que en tal carácter todo el dinero que entraba en caja, proveniente de las ventas de aparatos televisores, repuestos, lámparas, en una palabra, todo lo que importaba D’Alkaine S.R.L. y era vendido a terceros por Leopoldo Gold S.A., era llevado por él personalmente en sumas de 500 y 600.000 pesos a los escritorios de Jorge Antonio en Charcas 684, donde lo entregaba sin recibo a varios secretarios de éste, y, posteriormente, a Madanes por indicación del mismo Jorge Antonio.
Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿Es acaso posible que en cuatro o cinco años un desconocido sujeto, sin otro medio de vida que su modesto sueldo de seiscientos pesos mensuales como empleado de Obras Sanitarias de la Nación, dejado cesante en 1947, amase la enorme fortuna de cientos de millones de pesos sin el apoyo directo de la dictadura? ¿Cuál era su parte en ella, y cuál la de su sospechado protector?
Desgraciadamente no lo sabemos. Pero la opinión pública ha formado su juicio (3).

Notas:

(1) La población estimativa de la Argentina en 1051 era de aproximadamente 15 millones de habitantes. (Nota del Transcriptor).
(2) De las informaciones solicitadas por el Banco Central al Chemical Bank and Trust Cº de Nueva York, al City Bank y al doctor César Bunge, agregado comercial a la embajada argentina en Washington, y del Banco Industrial Argentino a la Manufactured Trust Company de Nueva York, surge en forma coincidente que la Evans International Corporation fundada en 1946 era una empresa don un capital de 100.000 dólares, integrado en mil acciones de cien dólares cada una siendo componentes o accionistas los señores Hans Vap Dreyhansen, Paul Schynder y el doctor Carlos García Mata, este último conocido gestor de los negocios de Jorge Antonio en los Estados Unidos. De tales informes resulta también que esta compañía no tiene créditos bancarios y que a partir de 1950 ha sufrido una gran declinación en los negocios.
(3) Ya en prensa estas páginas, se ha publicado el fallo de la junta Nacional de Recuperación Patrimonial en el expediente de Jorge Antonio. Luego de analizar los antecedentes actividades, favor oficial y enriquecimiento exorbitante del mismo, dispone la transferencia al patrimonio nacional de la totalidad de sus bienes existentes en el país y en el exterior. (Verlo en el apéndice).

Corrupción y desorden: Otro negociado de automóviles

2010-02-23T06:07:00.000-08:00

Otro negociado de automóviles
La Comisión Investigadora Nº 50 del Ministerio de Hacienda informa de otro importante negociado de automóviles.
Dice así:
“Cuando en 1951, las autoridades del gobierno depuesto permitieron la entrada al país de alrededor de diecisiete mil automóviles marca Chevrolet, Pontiac y Mercury, en su mayoría se distribuyeron los mismos en una forma que llena de suspicacia a esta Comisión. De esa enorme cantidad de vehículos, sólo se entregaron a los viejos y acreditados agencieros en la plaza, la cantidad de seis mil unidades y a cada uno de ellos se les obligó a tener la mitad de los coches asignados a órdenes de las autoridades. De esta manera tres mil coches sirvieron para la distribución entre las instituciones oficiales, semioficiales y funcionarios y dirigentes del partido peronista, a los que se les concedían tales vehículos a precio de lista. Los agencieros vendieron el resto, o sea el 50% de los vehículos asignados en venta libre, cobrando sobreprecios, que oscilaron entre $ 70.000 y $ 120.000 por unidad.
“Quedaron en manos de los funcionarios que constituían el grupo económico del gobierno depuesto, 11.000 unidades, que fueron distribuidas entre varias sociedades que se constituyeron al efecto, tales como Hugo Guido, Rodríguez Ugarte, Crivielles Padilla y Cía., etcétera.
“Todas estas sociedades o comerciantes, evidentes personeros de los dueños del negociado, vendieron los 11.000 coches restantes con los sobreprecios ya mencionados de 70.000 a 120.000 pesos. Tomando el mínimo de este sobreprecio y multiplicándolo por las ya mencionadas 11.000 unidades, se llega a la enorme suma de setecientos setenta millones de pesos, que fueron substraídos al pueblo argentino por el dictador y sus secuaces.
“Gran parte de esta suma fue a parar indudablemente a poder del dictador Juan Domingo Perón, su esposa y su testaferro principal Jorge Antonio, pero es también indudable que parte de ella quedó en poder de Cereijo y su grupo.
“Las visitas de los hermanos Rodríguez Ugarte y de Crivielles Padilla (individuo que recibió 1.000 coches para vender y que desapareció misteriosamente, ignorándose si huyó estafando a su socio o fue eliminado por divergencias en la rendición de cuentas) visitas asiduas y reconocidas en declaraciones formuladas de la secretaría de Cereijo, demuestran la vinculación de éste con las mencionadas personas.
“Aparece como principal testaferro de todas estas operaciones Manuel Rodríguez Ugarte, quien ante la enorme cantidad de coches disponibles para negociar, utiliza como filial la firma Fandiño y Cía., la que en el término de un año, vende más de 1.800 unidades cobrando el sobreprecio en efectivo y entregándolo en manos de Rodríguez Ugarte, limitándose a ganar el porcentaje habitual sobre el precio de lista. Sin embargo, y dada la enorme cantidad de automóviles vendidos, la firma Fandiño y Cía. ganó en un año de actividad comercial, sin capital, la suma de cerca de cuatro millones de pesos. Así consta de las declaraciones prestadas por el socio Germán Marcos.”

Corrupción y desorden: El negociado de automóviles Mercedes Benz

2010-02-21T06:04:00.000-08:00

El negociado de automóviles Mercedes Benz
La Comisión Investigadora Nº 11 ha llegado a determinar una maniobra del “Grupo Jorge Antonio”, de la que resulta perjudicado el Fisco nacional en muchos millones de pesos.
Ese perjuicio tiene u origen en los sobreprecios cobrados en las venta de los automóviles Mercedes Benz, sobreprecios que no han sido contabilizados legalmente y en consecuencia tampoco declarados a la Dirección General Impositiva.
Estas maniobras se realizaban por intermedio de las empresas COAR S.A. y Mercedes Benz Argentina S.A. En la composición del “Grupo Jorge Antonio”, figura en primer lugar y como matriz de las demás sociedades, la antedicha Mercedes Benz Argentina S.A., importadora de las unidades y repuestos de esa marca.
Inmediatamente después de dicha empresa, y refiriéndonos solamente a la faz comercial, nos encontramos con COAR S.A. y Talleres Güemes S.A. La primera para la venta de unidades Mercedes Benz, y la segunda para la atención y servicio de las unidades vendidas.
COAR S.A. fue fundada en 1942 bajo la denominación de COAR Combustibles Argentinos Sociedad Anónima Minera, con un capital autorizado de pesos 60.000 moneda nacional, que fue totalmente integrado. Su desenvolvimiento económico se efectuó siempre dentro de márgenes estrechos, generalmente con pérdidas. En 1949 se resolvió modificar la razón social y ampliar el objeto, quedando en definitiva como COAR S.A. Minera, Comercial e Inmobiliaria. A pesar de ello continuaron las pérdidas.
Del estado de bancarrota pasó repentinamente, en 1952, a una situación floreciente. Se cambió su directorio y se elevó su capital a $ 10.000.000 moneda nacional. De esa cantidad, pertenecen a CONSIGNA S.A., de propiedad de Jorge Antonio, acciones por $ 9.600.000, aunque eran pertenecientes en las asambleas a nombres de varias personas.
La sociedad transformada produjo en su primer ejercicio una utilidad contable de $ 10.394.315,48 m/n., que sirvió para absorber las pérdidas anteriores y dejar elevadísima utilidad. Es de señalar que si bien de acuerdo con las anotaciones contables la integración se efectuó realmente, quienes figuraban como accionistas han declarado que el capital se cubrió con los dividendos de los años 1952 y 1953, provenientes de las utilidades producidas por la venta de automotores.
Ninguno de los fingidos accionistas ni los aparentes directores de COAR S.A., salvo su presidente señor Jorge César Bellestrasse, percibió dividendos ni honorarios. Este ha declarado que recibió $ 200.000 m/n., es decir $ 150.000 m/n. por los ejercicios 1952 y 1954, “ya que el remanente, así como las remuneraciones de los restantes miembros del directorio, fueron entregados a Mercedes Benz Argentina S.A., de acuerdo a órdenes expresamente recibidas del señor Jorge Antonio”.
La evolución económica de COAR S.A. desde 1951 hasta 1954 es la siguiente:
Total de pérdidas acumuladas a fin del año 1951: 59.168,31 m$n.
Año 1952: utilidad del ejercicio: 10.265.147,17 m$n.
Año 1953: utilidad del ejercicio: 13.283.453,41 m$n.
Año 1954: utilidad del ejercicio: 13.792.408,77 m$n.

Estos beneficios que figuran en la contabilidad de COAR S.A. provienen de las ventas de las siguientes unidades:
Años 1952 y 1953 3.018
Año 1954 1.758
Año 1955 (30-I a XI/55) 1.915
Total 6.691

Hay que tener en cuenta además el renglón “repuestos” que también reportaba beneficios considerables.
La referida Comisión Investigadora señala que el cuadro transcripto corresponde a los beneficios legales y contables; pero que en realidad fueron muy superiores, por los márgenes no facturados ni contabilizados (sobreprecios o “dinero negro”).
Veamos cómo.
COAR S.A. –dice el informe de la Comisión- efectuaba sus ventas diariamente, facturaba una parte, la cual se halla contabilizada en los libros legales, y cobraba una diferencia (“negro”), en efectivo o cheque al portador, diferencia ésta que era registrada en libros de “dinero negro” de la sociedad, secuestrados por la Comisión.
En la documentación y de las constancias escritas obtenidas, la Comisión ha llegado a determinar en principio que la suma total de dichos sobreprecios percibidos por todo concepto y para el período comprendido entre febrero de 1952 y septiembre de 1955 alcanza a $ 208.377.184,40 m/n.
Interrogados sobre el método operativo, los concesionarios han declarado que, ya antes de la organización de COAR S.A. a principios de 1952, los excedentes de “dinero negro” eran manejados en la oficina de esta compañía, en la sede de la calle Carcas 684, 5º piso Capital, y posteriormente en la sede de COAR S.A.
Es de hacer notar que en todas estas negociaciones tenía injerencia directa Jorge Antonio, según resulta de numerosas declaraciones.

Corrupción y desorden: La Compra de los Ferrocarriles

2010-02-19T06:00:00.000-08:00

La compra de los ferrocarriles extranjeros.
Uno de los hechos que más se envaneció la dictadura y sirvió ampliamente a su propaganda, fue el de la compra de los ferrocarriles extranjeros. Era el primer paso hacia lo que llamó “independencia económica” de nuestro país, y a la vez satisfacía a la vanidad e intereses de sus gestores.
La carencia de libertad ha impedido oportunamente el estudio de esa operación excepcional. El dictador Juan Domingo Perón se preciaba de haberla realizado “sin un centavo”, guiado por “el genio del mago”, del “zar de las finanzas argentinas”, don Miguel Miranda. Tantas veces lo dijo que muchos lo creyeron; y lo expresó con tanta suficiencia y hasta con buen humor, que fue celebrado por los suyos como el prototipo del “vivo” criollo, de indudable atracción entre los que aspiran a serlo.
No ha sido fácil a la Comisión Investigadora el escudriñar los detalles de esa operación. “Gran cantidad de expedientes en los que constaban resoluciones y antecedentes imprescindibles para el sumario –dice su informe- ha desaparecido de las oficinas y ministerios que debían guardarlos, por lo que algunos claros han debido llenarse con apreciaciones y asociación de hechos, no obstante lo cual el trabajo ha quedado trunco.
“A pesar de lo expuesto- agrega el referido informe- se puede afirmar que la compra de los ferrocarriles británicos y empresas subsidiarias constituyó un negociado de proyecciones incalculables, ya que se estipuló un precio de compra por pesos 2.482.500.000, pese a una tasación mucho menor, habiendo pagado el pueblo, realmente, una cantidad que en mucho la supera.
“Si se tienen en cuenta la liberación impositiva y de gastos fijados en el convenio, la liberación a las empresas de todo compromiso y obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de compra, las deudas a instituciones oficiales y particulares, impagas o de las que se ha hecho cargo el Estado, -entre ellas la de 75.000.000 de pesos a la Caja de Jubilaciones de gremio ferroviario y los subsidios y quebrantos soportados por el Estado en cumplimiento del convenio Andes, referente al suministro de carne, que sobrepasa los 300.000.000 de pesos- habría que agregar al precio del convenio varios centenares de millones.
“De ahí que pueda afirmarse que lo pagado por el pueblo argentino por los ferrocarriles británicos y empresas anexas supera los 3.000.000.000 de pesos”.
El dictador Juan Domingo Perón quiso tratar el asunto sin traba alguna. A ese efecto comenzó por obtener del presidente Farrell la disolución de la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica creada durante la presidencia de Ortiz con la finalidad de coordinar el asesoramiento al gobierno sobre convenios con países extranjeros y la recopilación de todos los antecedentes que debían enviarse al Congreso Nacional para su oportuna ratificación.
Libre ya de ese obstáculo, y apenas asumió el mando, designó una nueva comisión, no ya asesora como la disuelta pocos días antes, sino “negociadora”, a cuyo frente puso a Miguel Miranda. De tal manera substraía a los legisladores el conocimiento de las negociaciones próximas a entablarse.
La compra de los ferrocarriles franceses fue tratada en primer término. La operación, que involucró a las redes de la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe y Compañía del Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, fue tratada con los respectivos diplomáticos de Francia y de las empresas sobre la base de un precio de 200.000.000 de pesos, que era aproximadamente la valuación realizada por la Dirección Nacional de Ferrocarriles.
“Mientras se trataba la adquisición de estas redes ferroviarias, -señala la Comisión Investigadora- circuló la versión de que se abonaría por ellas pesos 500.000.000, rumor que llegó a la ex Dirección Nacional de Transportes. Funcionarios de la misma indagaron con los medios a su alcance y llegaron a la evidencia de que se tramitaba en la operación una coima de 300.000.000 de pesos. De inmediato impusieron a su presidente, general Aristóbulo Vargas Belmende de dicha circunstancia, quien resolvió entrevistar a Perón para informarle. Este no adoptó ninguna medida, aparte de la de llamar a Miranda y recomendarle que estuviera atento para que tal coima no se concretara. Al retirarse los funcionarios en la entrevista, el señor Miranda manifestó que “no veía por que se protestaba tanto contra la coima si ella quedaría en el país”.
“Después de esta denuncia, se imprimió a las negociaciones un ritmo y una característica netamente comerciales, llegándose por fin a adquirir los ferrocarriles en pesos 200.000.000, previa deducción del 50% del fondo de renovación, que importaba unos 35.000.000 de pesos, es decir, en conclusión, se pagaron pesos 182.796.173,98.-
“Al ratificar el convenio, el directorio del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) lo hizo condicionando la ratificación a la aceptación por parte de las empresas francesas de una reserva de pesos 8.000.000 para responder a obligaciones de las mismas, con anterioridad al 1º de junio de 1946, que incluía en el punto 9º una previsión superior a pesos 1.500.000 para hacer frente a litigios no conocidos.
“El embajador de Francia, en representación del gobierno de su país y de las empresas de ferrocarriles franceses, aceptó la reserva y solicitó el pago del precio estipulado en el convenio de compra del 17 de diciembre de 1946.”
Por decreto del 7 de octubre de 1947 esos ferrocarriles quedaron incorporados al patrimonio argentino.
En cuanto a los ferrocarriles de capital británico y a las empresas anexas fueron valuadas de acuerdo con su rentabilidad por la ex Dirección Nacional de Transportes en 730.000.000 pesos, y deducidas las cargas impositivas de 280.000.000 de pesos, pero en el convenio del 13 de febrero de 1947 se fijó un precio de pesos 2.482.500.000 (libras 150.000.000), que según la Comisión Investigadora “fueron pagados al Reino Unido con envíos de carne y no con los 140.000.000 de libras que existían bloqueadas en Inglaterra, como se informó en esa ocasión”
El Reino Unido envió dos misiones a la Argentina, invitadas expresamente por el dictador: una comercial y otra financiera, presidida aquella por sir Percibal Liesching y ésta por sir Wilfres Eady, integrada por el presidente de los ferrocarriles angloargentinos y de los de Sud y Oeste, sir Montague Eddy.
Las tratativas entre Miranda y la misión británica fueron difíciles y en cierto momento desagradables. Para el primero lo más importante era el problema del desbloqueo de las libras existentes en el Reino Unido; para la misión británica lo esencial era el problema de los suministros. En una de las etapas de la discusión, aquel llegó a impedir embarques de carnes y granos para lograr el solicitado desbloqueo.
En cuanto a los ferrocarriles, Miranda expresó que no intentaba su compra, puesto que estaban prestando servicios y no convenía a nuestro país hacer inversiones que no produjeran rente. Posteriormente añadió que esos ferrocarriles eran “fierro viejo” y no valían mas de mil millones de pesos.
Los negociadores llevaban ya larga tramitación cuando se concertó al 17 de septiembre de 1946 el convenio Eady-Miranda.
Se estableció en él que el saldo al contado de libras acumuladas en cuentas especiales argentinas en Gran Bretaña se fijaría a la fecha del convenio y que la Argentina podía disponer de parte de su monto para repatriar deudas públicas en libras, como también para transferir a Brasil, sujeto al consentimiento del mismo, 10.000.000 de libras, y finalmente para rescatar inversiones de capital británico en nuestro país. Para el caso, tales inversiones eran las de los ferrocarriles.
“Referente a las carnes –agrega el informe de la Comisión Investigadora-, se convino que el Reino Unido compraría a la Argentina, durante cuatro años el saldo exportable, a partir del 1º de octubre de 1946; pero en el convenio en si no se fijó cupo, no obstante que el representante británico sir Eady, en un memorándum del 19 de agosto de 1946, dirigido al gobierno argentino, expresó que el Reino Unido estaba dispuesto a comprar hasta 450.000 toneladas anuales de aquel producto. El gobierno depuesto no fijó cupo; presumiblemente, esa circunstancia le favorecía para presionar y asegurar su objetivo, que era la libre disponibilidad de las libras, una vez desbloqueadas.
En cuanto a ferrocarriles, se acordó formar una compañía mixta, con capitales del Estado argentino y de particulares argentinos. Se convino, asimismo, que nuestro gobierno designaría una subcomisión técnica asesora, para que se reuniera antes de fines de octubre de 1946, con representantes de las empresas, a los efectos de dejar concretada la expresada sociedad mixta. Para ello, el 30 de octubre de 1946, se dirigió la mencionada subcomisión técnico-asesora, por decreto 16.534, refrendado por Bramuglia. Mal pudo, en consecuencia, reunirse con los representantes de las empresas británicas antes de dicho mes. Estimase que solamente se fingió cumplir con ese requisito”.
Mientras tales cosas se trataban en Buenos Aires, ¿Qué se pensaba en Gran Bretaña?
Una publicación del “Financial Times” del 23 de junio de 1946 expresó claramente que en el mercado se hacían comparaciones halagüeñas entre las 100.000.000 de libras representadas por la cotización que entonces tenían los títulos y el precio posible de los ferrocarriles 150.000.000 de libras, representadas por los saldos en libras de la Argentina, haciéndose poco a poco ajustado lo primero a lo segundo. Es decir, que los británicos sabían en junio de 1946 el precio que el gobierno argentino iba a pagar el 13 de febrero de 1947.
En esta última fecha se informó por nuestros diarios que el gobierno había adquirido los ferrocarriles en m$n. 2.482.500.000 (libras 150.000.000), es decir, por un monto casi cuatro veces mayor que el de la valuación realizada por la ex Dirección Nacional de Transportes, con el agravante de que las empresas británicas habían estado dispuestas a aceptar una eliminación de la cuenta capital por libras 35.189.723, según resulta de una carpeta hallada en el Banco Central.
La compra se había realizado sin información al pueblo, y se la dio a conocer como un hacho consumado.
Ese mismo día, 13 de febrero de 1947, una editorial del “Financial Times” decía que las acciones y títulos ferroviarios de la Argentina alcanzaban al cierre de la Bolsa de Londres del día anterior a un total de libras 121.000.000 o sea de 29.000.000 de libras menos que el precio de compra.
“Aquí debe traerse a colación –dice también el informe de la Comisión Investigadora- la ratificación del convenio de compra de los ferrocarriles franceses- En esa oportunidad, el IAPI condicionó su ratificación al consentimiento de las empresas francesas de una reserva de pesos 8.000.000, en cuyo importe se incluía un fondo superior a 1.500.000 para litigios no conocidos. En la ratificación del IAPI por la compra de los ferrocarriles de capital británico y empresas anexas, la reserva debió superar en mucho la suma de 8.000.000, si se hubiese obrado con criterio parejo.
“No sólo no se empleó el mismo criterio, sino que, por convenio de compra, se liberó expresamente de toda responsabilidad y obligaciones a las empresas ferroviarias adquiridas, inclusive la deuda que las mismas tenían pendiente en el Instituto Nacional de Previsión Social, Sección Ley 10.650, Caja de Jubilaciones para el personal Ferroviario. Dicha deuda que la Secretaría de Trabajo y Previsión hizo conocer en abril de 1947 a la Comisión de Compra de los Ferrocarriles, al 30 de junio de 1946 ascendía a pesos 49.016.943,08 y al 28 de febrero de 1948, fecha de la ratificación por el IAPI, era de pesos 74.999.626,62.
“Esa suma aún permanece impaga. En la Caja de Jubilaciones del gremio ferroviario argentino faltan 75.000.000 de pesos.”

Corrupción y Desorden: La corrupción oficial

2010-02-17T05:55:00.000-08:00

La corrupción oficial
En todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, en nuestro país y en el extranjero, se han cometido irregularidades, dilapidaciones y negociados. Ningún sistema político puede evitarlos, como no es posible impedir la delincuencia, la corrupción y el vicio. Pero bajo los regímenes dictatoriales, aquellos no sólo son más frecuentes, sino también necesarios para el sostenimiento del sistema imperante.
“En una democracia libre –ha escrito el ilustre publicista y político italiano Francisco Nitti- todos los errores, todos los actos de corrupción son revelados, denunciados, casi siempre exagerados, y por ello es fácil, o por lo menos posible, su remedio. En los regímenes autoritarios se callan los actos de corrupción y a menudo se exalta a quienes los cometen. Solo después de su caída se conocen sus culpas, cuando las pruebas han desaparecido casi por entero”.
La irregularidad y la dilapidación son productos del desorden y del discrecionalismo, el negociado lo es de la tolerancia, complicidad o favor de los gobernantes. Un gobierno débil o incapaz puede ser víctima de la ejecución de aquellos; no así el gobierno fuerte, porque dispone de los medios, legales o no, que le permiten sancionar rigurosamente a los malos funcionarios y a los audaces que prosperan al amparo del poder. Si así no procede, es porque está interesado en tolerar esos vicios.
Muchas veces se ha dicho –y el dictador Perón solía repetirlo- que los gobiernos como los pescados comienzan a podrirse por la cabeza. Cuando tal hecho acontece, el país entero entra en putrefacción, como a la inversa, el pueblo se dignifica si el ejemplo de dignidad es dado por los dirigentes.
En una de las primeras páginas de este libro hemos recordado las palabras del dictador Perón con la afirmación de que cuanto se hacía durante su gobierno, estuviera bien o mal, era él quien lo hacía, y en otro lugar mencionamos lo que también dijo acerca de las “porquerías y deshonestidades” que a diario le proponían quienes a él se acercaban. Si eso era así, como sin duda lo era, debíase al ambiente de corrupción creado en su beneficio.
No se refirió en sus clases de conducción política a tan eficaz medio de hacerla efectiva, pero lo practicó durante todo su gobierno. Daba para recibir –do ut des-, sin excluir a nadie. A legisladores, magistrados, funcionarios de cierto rango, agentes políticos, dirigentes obreros, estudiantes, les llegaron sus donativos más o menos valiosos, como él y su mujer recibieron de los poderosos inmuebles, automóviles, joyas, etcétera. Solo que él, además, obtuvo la sumisión de sus beneficiados y benefactores.
Cuando tal ejemplo se daba en la primera magistratura del país, no es de extrañar que casi no hubiera grupo social que no se corrompiera. Sobornos, peculados, cohechos, prevaricatos, malversaciones de caudales públicos, exacciones ilegales, usurpaciones, daños, fueron delitos corrientes –y admitidos como una fatalidad- en esa época nefasta. Y también otros más graves: la intimidación pública, la instigación al crimen, los incendios y estragos, el abuso de autoridad, cometidos por los mas altos gobernantes ante el estupor de la ciudadanía.
“El pueblo es lo mejor que tenemos”, decía el dictador Juan Domingo Perón, y así es en efecto. El Pueblo todo, sin distinción de sectores. Pero ese pueblo ha sufrido durante algo más de una década la más insipiente y organizada campaña de envilecimiento de que se tenga memoria entre nosotros. Lo malo que podía haber en él, como en todo grupo humano, fue de tal modo estimulado que hubo momentos en que se pensó con honda desesperanza. “Naides es más que naides”: ni el honestos, ni el sabio, ni el abnegado, ni el patriota, ni el trabajados, ni el estudioso, ni el prudente; nadie era más que quienes carecían de toda virtud, y muchas veces a éstos se los tenía en más que a los otros. ¿Para qué conducirse con honestidad durante una vida entera –se preguntaban los mejores-, si el honesto podía ser llevado a la cárcel por el deshonesto? ¿Para qué trabajar con orden y capacidad en bien de la propia existencia y del país si el audaz se enriquecía en pocos años y alcanzaba honores y privilegios? ¿Para qué estudiar, si el ignorante se encumbraba más fácilmente? ¿Para qué empeñarse en transmitir a hijos e hijas las virtudes domésticas, si aquellos y aquellas que no las tenían alcanzaban riquezas y dignidades? ¿Para qué enseñar en las escuelas lo mucho y admirable que se hizo en nuestro país durante su vida de casi siglo y medio, si desde las altas esferas del gobierno se quería convencer a los menos informados que la opresión y la traición habían inspirado a todos los gobernantes anteriores, inclusive a los más ilustres?
Diez o doce (1) años de criminal demagógica, ocultación de la verdad, seducción de las masas y embrutecimiento colectivo, sirvieron a la dictadura para intentar el desarraigo de la moral, base de toda sociedad organizada. Aunque sólo parcialmente logró sus fines, pasará mucho tiempo antes que se recupere de tanto daño y perversión. Los deshonestos aún viven; también los audaces y envilecidos. Corromperán donde estén o vayan. El país superará más o menos pronto su crisis económica; no así su crisis moral y política. Un gran flagelo asoló a los argentinos. No se inmuniza fácilmente.
En la Cámara de diputados, en algunos diarios independientes, en los círculos vinculados a la economía y a las finanzas, se denunciaron muchos de los negociados e irregularidades que se cometían. Recordará el lector algunos de ellos: El negociado de la Compañía Argentina de Pesca, que operaba en la Bolsa con el apoyo y oportunas informaciones de altos dirigentes del Banco Central, los negociados de la hojalata, de la carne, el aluminio y la bauxita, el de la lana, el acaparamiento de azúcar, el contrabando da caucho y neumáticos, los robos y negociados en la Empresa Mixta Telefónica Argentina, el negociado con el subsidio del aceite, el asunto del cemento portland, el de los tanques de guerra, el de los permisos de importación, los incendios en los depósitos del IAPI (2), el otorgamiento verbal de permisos de radicación de extranjeros, la entrega de papel de diario a las empresas peronistas, la ocultación del informe del teniente coronel Rodríguez Conde acerca de las compañías de electricidad, y tantos otros cuyo esclarecimiento fue negado sistemáticamente por los legisladores y funcionarios del gobierno.
Es imposible detallar en este capítulo todos esos casos. De algunos apenas quedaron pruebas. A punto de caer la dictadura peronista, los más avispados se pusieron a cubierto de lo que veían venir. Liquidaron sus negocios en nuestro país y partieron al exterior. Quienes aquí quedaron hicieron lo posible por huir a tiempo o por hacer desaparecer cuanto papel podía comprometerlos. Nunca, desde los incendios de abril de 1953 y junio de 1955 (3), tuvo el fuego tan abundante misión destructora. En reparticiones públicas, en algunos bancos oficiales, en las casas de los jerarcas del régimen peronista, se incendiaron documentos de gran importancia. Pero han quedado otros, no menos reveladores de la corrupción dominante.
Observados en conjunto, los negociados han obedecido a dos propósitos principales: ante todo, el de enriquecer fabulosamente a algunos jerarcas de la dictadura peronista, y en segundo término, el de afianzar el régimen mediante el soborno y la complicidad de un reducido grupo de sus elementos.
Las dilapidaciones, mezcladas muchas veces con los negociados, derivaron de la necesidad de asombrar al pueblo –como es propio de los gobiernos absolutos- con obras espectaculares, desproporcionadas con los recursos de la Nación.
Las irregularidades fueron consecuencia del sistema de corrupción y favoritismo generalizado en casi toda la administración pública, y de la violación de las normas dicadas para impedirlas.
Unos y otras han empobrecido al país en poco más de una década y han creado la escasez de medios para poder recuperarse.
Los cuantiosos recursos acumulados al finalizar la segunda guerra mundial, época coincidente con la de preparación e instauración de la dictadura peronista, han desaparecido para la Argentina, sin posibilidad de recuperarlos por mucho tiempo. Malgastados o llevados al exterior para provecho de unos cuantos aventureros de la política y los negocios, señalan la responsabilidad del gobierno más pernicioso sufrido por la Argentina en la época contemporánea.
Varios volúmenes como éste serían necesarios para detallar todos los casos estudiados por las diversas comisiones investigadoras. En este capítulo sólo resumimos algunos de distinto carácter, demostrativos por igual del régimen desorden arbitrariedad, dilapidación y corrupción que durante una década debió soportar nuestro pueblo.

Notas:

(1) Para algunos la tiranía comienza con el golpe de estado de 1943 en el que Juan Domingo Perón entre varios cargos simultáneos que ocupó está el de vicepresidente de la Nación. Empezar a contar desde ese año, es acertado teniendo en cuenta que desde la secretaria de trabajo y previsión es desde donde comienza su escalada política. Para otros la tiranía empieza en 1946 cuando el coronel Perón asume la presidencia de la República. (Nota del Transcriptor).
(2) IAPI: Instituto Argentino de Producción del Intercambio. (Nota del Transcriptor).
(3) Se trata de los incendios ordenados por Perón a las casas partidarias de la oposición y del Jockey Club (1953) y de los Templos de la Iglesia Católica y la Curia con todo su archivo y biblioteca, la quema de la bandera argentina y el incendio a la Catedral de Buenos Aires producidos en 1955. (Nota del Transcriptor).

La educación y la cultura durate el régimen peronista: Las Academias Nacionales - Las Instituciones de Cultura

2010-02-15T07:36:00.000-08:00

Las academias nacionales

No escaparon las academias nacionales al espíritu destructor de la dictadura peronista.
En una de ellas se estudiaba con pasión fervorosa cómo se hizo nuestro pueblo en su admirable gesta por la independencia, la libertad y la democracia, o sea lo que el dictador Juan Domingo Perón quería hacer olvidar. En otra se analizaba el derecho, vale decir, las normas que regulan la vida pública y privada de los pueblos, tanto más seguras cuanto más libres de arbitrariedad prepotente. En las demás se cultivaban las ciencias médicas, las económicas, las manifestaciones del arte y otras expresiones de alta cultura. En la Academia Nacional de Letras, como en sus congéneres de España e Hispanoamérica, se estudiaba el hermoso idioma común y se juzgaba a las grandes figuras que en él han escrito.
Los intereses de la calle no variaban el giro de sus deliberaciones. La ciencia o el arte unían a todos los académicos en una común aspiración espiritual. Buscaban la verdad, la justicia y la belleza. La política militante les era ajena.
El dictador Juan Domingo Perón no podía admitirlo. A quienes no estaban con él los consideraba enemigos, y como a tales los destruía.
La Academia de Letras le dio el motivo. Uno de los más nefastos ministros de la dictadura, Armando Méndez San Martín, la puso a prueba.
Pidió que solicitara y prohijara la aceptación de la palabra “justicialismo” por la Academia Española. Estudiada la proposición, la academia la rechazó con buenas razones lingüísticas.
Poco después de interesó el ministro Méndez San Marín en que la Academia de Letras presentara a la Academia Sueca la candidatura de Eva Perón para optar al premio Nobel de literatura por la publicación del libro “La razón de mi vida”. Aquella se excusó de hacerlo por haberse adherido ya, juntamente con las academias de la Historia y de Bellas Artes, a la candidatura del ilustre escritor español don Ramón Menéndez Pidal.
Fue lo suficiente. Al poco tiempo, un decreto dispuso la cesantía de todos los académicos mayores de sesenta años. Muy pocos tenían menos; renunciaron en seguida.
Aunque en un comienzo se pensó en reorganizar las academias para lucimiento de algunos fieles de la dictadura peronista, no se llegó a tanto. Inactivas quedaron esas corporaciones hasta que el gobierno de la Revolución Libertadora les dio nueva vida.

Las instituciones de cultura

Parecida suerte corrieron las instituciones de cultura. Donde se pensara, se reuniera y se hablara, la dictadura peronista veía enemigos potenciales. Preciso era anularlas.
Servía para el caso el “estado de guerra interno” en que el país vivía por decisión del gobierno de Perón.
Cesaron las conferencias públicas en casi todas ellas, y si por azar se permitía alguna, la policía vigilaba el acto y recogía la palabra de los oradores.
El centenario de Echeverría no pudo ser festejado. Tampoco el del pronunciamiento de Urquiza contra Rozas y el de la Constitución del 53. Esas “cosas” de la vieja Argentina eran peligrosas para quien la negaba.
El país no se resignó al silencio. En cuanto pudo habló y obró.

La educación y la cultura durate el régimen peronista: La Universidad

2010-02-12T07:35:00.000-08:00

La Universidad

En 1947 dijo el dictador: “No deseamos una cultura oficial ni dirigida; no deseamos un molde al que se sujeten los universitarios; no queremos hombres adocenados y obsecuentes a una voz de mando. Queremos una universidad señera y señora; una universidad libre de tutelajes e interferencias.”
Cuando tales propósitos enunciaba, la universidad de Buenos Aires había perdido 1.253 profesores, expulsados por la naciente dictadura peronista. Había entre ellos algunos hombres de prestigio mundial, eminentes investigadores y hombres de ciencia, tratadistas de obra copiosa, catedráticos respetadísimos.
Algunos habían firmado el manifiesto de 1943 en el que se requería “democracia efectiva y solidaridad americana”, tan duramente sancionado por el gobierno del general Ramírez; otros se habían manifestado en contra de los procedimientos dictatoriales del gobierno y todos se habían solidarizado con los rectores que éste había encarcelado.
No era la universidad, como luego se quiso hacer creer, una institución a la que sólo podían ingresar unos pocos privilegiados de la “oligarquía”, ni había permanecido ajena a las inquietudes sociales y políticas del país. Millares de jóvenes modestos, pertenecientes a varias generaciones, habían cursado en ella los estudios superiores, y ya graduados en profesiones diversas, conservaban de sus maestros y claustros perdurables recuerdos.
La autonomía de que la universidad gozaba, jamás había sido menoscabada por ningún gobierno. Aun en los momentos de duras contiendas ideológicas y partidarias, el pueblo y los sucesivos gobiernos la habían respetado. Sabían que sus aulas, laboratorios, bibliotecas y museos se elevaba la cultura argentina, ideal supremo de nuestros más eminentes hombres públicos, compartido por el pueblo sin distinción de grupos o actividades.
La reforma de 1918 la había remozado, y los ideales que entonces movieron a quienes despertaron su espíritu para comprender los nuevos problemas sociales, perduraban treinta años después en los jóvenes recién llegados a sus casas de estudio.
La dictadura peronista la quería mansa y sometida, ni más ni menos que el resto del país. La intervino, cambió su estatuto, la privó de su autonomía, modificó sus cuadros docentes, redujo su nivel intelectual. La “peronizó”.
Comenzaron entonces los homenajes al dictador y “la Señora”, las encuestas definitorias sobre el mayor o menor fervor “justicialista” de los profesores, el espionaje y la delación. De esa época son también los cursos de formación política, las forzadas adhesiones a la reelección presidencial y la afiliación obligatoria al partido oficialista.
Ni “señera” ni “señora” era la universidad. El dictador Juan Domingo Perón había hecho de ella exactamente lo contrario de los propósitos enunciados en 1947.

La educación y la cultura durate el régimen peronista: Las organizaciones estudiantiles

2010-02-09T07:31:00.000-08:00

Las organizaciones estudiantiles

A la vez que se propuso la dictadura organizar a los docentes, intentó hacer lo propio con los estudiantes secundarios y universitarios.
Ninguna de esas organizaciones alcanzó como la UES –Unión de Estudiantes Secundarios- tan vasta repercusión en el país.
El motivo espurio que originó su creación fue revelado por el ministro Méndez San Martín el día que llamó a los primeros profesores para poner en funcionamiento la organización “Proporcionar atracciones al presidente que acaba de perder a su esposa”. Pero tuvo también propósitos políticos, puesto que el estatuto de la UES establece que sus fines son, entre otros, los de “inculcar el concepto de responsabilidad y respeto mutuo dentro de la doctrina nacional justicialista” y “Propender el conocimiento a fondo de la doctrina nacional”. Cierto es que también expresa ese estatuto que “La Unión de Estudiantes Secundarios no sustenta diferencias de razas ni de religiones como así tampoco posición política de ninguna clase”, pero a continuación agrega: “De manera alguna busca satisfacer aspiraciones que atenten contra la seguridad de la Nación y estén contra la Doctrina Nacional.”
Se confirman esos propósitos políticos en el artículo inicial de la revista UES, donde se dice “Nuestra misión tiene esencia y continente en la doctrina nacional. Y nuestra guía, el maestro creador de esa doctrina, Perón, es quien ha marcado ya la ruta libre de contingencias espurias… El ámbito del aula es –será así siempre en adelante- un calco, una misma instancia con el ámbito societario total organizado en la égida de la Doctrina Nacional del maestro Perón… Esta revista quiere entroncar en toda la patria la voz cálida, el afán nacional, el trabajo persistente de la juventud en procura de los grandes objetivos de la doctrina del líder.”
La marcha de la UES también expresa su orientación política. En la 4ª estrofa dice:
“La juventud
con decisión
sigue la ruta señalada por Perón.”

En la 5ª estrofa:

“La UES a su meta se encamina
y firme su promesa va a cumplir:
con fe de peronista y argentina…”

En la 6ª estrofa:

“La juventud
hoy es acción
porque ahora tiene que cumplir una misión.”

Y en la 8ª estrofa dice:

“Con paso decidido y bien seguro
penetra en el camino del futuro
y siente arder
su corazón
con esa llama luminosa de Perón.”

El nombre de Perón aparecía en el frente de los edificios, y sus lemas, emblemas, retratos, etcétera, estaban fijados en todos los lugares. En los actos de la institución se cantaba la marcha “Los muchachos peronistas” y en sus locales se distribuían los distintivos partidarios. Los jóvenes de ambas ramas de la UES –masculina y femenina, como las del partido oficial- debían concurrir a las concentraciones políticas de la Plaza de Mayo, y después de los acontecimientos del 31 de agosto de 1955 cubrieron con leyendas las paredes de la ciudad en adhesión a Perón. La pintura les fue suministrada en sus respectivos locales, y en el de la rama masculina por su mismo presidente.
No es necesario abundar en otros detalles. Los mencionados bastan para evidenciar la tendencia netamente política de la institución. “Fue una política personalista y no de partido, y la adhesión de los jóvenes estudiantes se intentó con los mismos procedimientos que se aplicaban para la conquista de la masa. Se buscó cautivarlos emocionalmente con la mística del redentor y en ningún momento se trató de lograr un reconocimiento y aceptación racionales de principios y programas”, -afirma la Subcomisión que ha investigado las actividades de la UES.
Dado su origen y propósito, la UES no fue una institución estudiantil libre, sino un órgano del Estado, con personal y profesores dependientes del Ministerio de Educación. A pesar de lo cual, se decía a los estudiantes, con seductora frase, que la UES les pertenecía y debía ser manejada por ellos (1).
La Subcomisión mencionada ha trazado en su informe un cuadro vívido de lo que ha sido. De él hemos tomado las noticias precedentes y las que siguen, empleando muchas veces sus propias palabras.
El dictador concedió a la UES recursos desmedidos con las posibilidades del país. En sus tres años de vida costó más de 240 millones de pesos aproximadamente (2), y los siete números de la revista UES, 232.728 pesos. Había que hacer la cosa en grande para deslumbrar a argentinos y extranjeros.
Todo en la UES convergía sobre la figura del dictador. Allí lo era todo: el más grande, el más puro, el más sabio, el primero, el único, el superhombre. Nada había imposible para él, ningún problema le era grande si se empeñaba en resolverlo.
“El avasallador influyo de la presencia, y en su ausencia, sus frases estampadas en todas las paredes, su nombre repetido constantemente, sus retratos, su poder casi mágico que flotaba en el ambiente, contribuían a la formación del mito Perón. Pero Perón y la UES se identificaron y el mito de Perón se hizo el mito de la UES. La UES tanía que ser inigualable e invencible. Las trayectorias de Perón y la UES debían forzosamente ser una serie ininterrumpida de triunfos. Superar y derrotar a la UES era superar y derrotar a Perón, destruyendo el mito. Eso era inadmisible y la UES debió ser un permanente éxito para demostrar la supremacía de Perón”
También señala el informe de la Subcomisión el ambiente de ostentosa e ilimitada prodigalidad que dominaba en la UES. “Pero esta largueza falazmente presentada como desinteresada encubría el inconfesable propósito de lograr una rápida conquista de los estudiantes. Esta despreciable maniobra condujo a los jóvenes, y esta es quizá su más grave consecuencia, a una desviada concepción de la vida y de la conducta, al mostrar la posibilidad de obtenerlo todo sin esfuerzo alguno, despreocupadamente y por camino fácil. Se instauró de esta manera una filosofía hedonista y sensual y se corrompió y extravió a los jóvenes con ingentes regalías. Muchos de ellos solo concurrían con el interesado fin de obtener alguna ventaja de esa inagotable cornucopia; otros se dedicaron afanosamente a las actividades deportivas preferidas por el ex mandatario para obtener los valiosos premios que sólo allí podían lograrse.”
Agrega el referido informe: “Perón utilizó desaprensivamente la crisis de ruptura con lo tradicional y establecido, y el impetuoso impulso de revisión y renovación propios de la adolescencia para iniciar a los jóvenes a quebrar las normas de nuestra cultura, a desbaratar su ordenamiento, a subvertir su jerarquía de valores y al desprecio por sus instituciones y autoridades. Movió a la rebeldía contra padres y maestros, estimuló el menosprecio por lo ordenado y sistemático, por la disciplina, la responsabilidad y el deber. Pero sus posibilidades sólo alcanzaron a desarticular y desmontar las estructuras existentes y no fue capaz de crear nada sólido y coherente para reemplazar lo abatido y repudiado. De esta manera llevó la confusión y el desconcierto a las mentes juveniles. Le ocurrió así lo que al aprendiz de mago (3); las fuerzas desatadas quedaron en incontrolada libertad. El móvil primero de esta maniobra, que puso en abierta pugna a los jóvenes con la generación adulta –sostenedora de la cultura y por tanto de sus aspectos normativos y de jerarquización- fue sustituir todo y a todos por su omnímoda, omnisapiente y omnipotente persona.”
El ambiente incontrolado de la UES permitía los excesos juveniles. El dictador no les daba importancia. Al inaugurar el túnel que unía a las instalaciones de la quinta presidencial con el sector Balneario y Náutica de Olivos dijo Perón: “Esos que crecen y viven de la mano de la madre, cuando les falta ese apoyo so saben qué es lo que tienen que hacer. Hay que independizarse de esa tutela que reduce el carácter y hace timoratos a los hombres y a las mujeres”… “Ninguna persona es inmoral si tiene carácter y no quiere ser inmoral. Algunos creen que la moralidad consiste en no conocer la inmoralidad. El que no conoce la inmoralidad es un estúpido. El moral es el que la conoce y no la comete porque no quiere.” (Revista UES, año I, Nº 2, página 4 y 5).
No es extraño, por consiguiente, que en una oportunidad manifestara a un muchacho a quien había prometido un viaje a Alemania, que la mejor manera de aprender alemán era convivir con una alemana y a continuación le relatara sus propias experiencias y aventuras, destacando la superioridad de la mujer alemana a la francesa.
Ni tampoco es de sorprenderse que en los veranos de los estudiantes en Rio III, Chapadmalal y Bariloche se produjeron actos de inconducta que desprestigiaron justamente a la institución y pusieron en tela de juicio la moralidad y buen nombre de aquellos.
A estos sucesos debemos agregar el menoscabo en que se tuvo a los profesores y el desdén por la disciplina en todo lo que tenía relación con las actividades de la UES. Esta situación anormal creó el desorden y provocó situaciones irregulares y evidentes privilegios para los dirigentes y más conspicuos miembros de esa entidad. Los directores y rectores no podían tomar medidas disciplinarias contra los alumnos que no cumplieran los horarios por demorarse en la UES. La directora de la Escuela Normal Nº 6 tomó medidas de esta naturaleza y por orden del ex ministro de Educación debió dejarlas sin efecto.
El informe de la Subcomisión Investigadora de la UES termina con estas palabras que sintetizan su juicio y que creemos oportuno reproducir:
“Empleando también la UES su política, Perón aprovechó el ansia de poder, que es otra de las notas propias de la adolescencia, y les confirió la fuerza y un amplio respaldo a toda sus acciones. Además, él mismo les sirvió de ejemplo con su arbitrariedad, prepotencia, abuso de autoridad y desdén por toda legalidad.
“La suma del poder discrecional crea alrededor del tirano un campo de círculos concéntricos en el que se ordenan los adictos de acuerdo con el grado de favor que gozan, donde juegan, en oculta y oscura lucha, las más bajas y despreciables pasiones y apetitos humanos y se utilizan los más indignos recursos para penetrar en el ámbito de los más próximos. Los jóvenes en la UES tuvieron ante si y bien de cerca ese inmoral ejemplo de vida y de conducta deslumbrados por el oropel que disfrazaba esta ominosa miseria humana, aprendieron y utilizaron, algunos con ingenua fe y otros con malicia y astucia, los procedimientos imperantes: la adulación y el servilismo, la amenaza y la delación.
“De esta manera, las excesivas atribuciones y el poder que se les confirió, además de la general aceptación con que podían utilizar los recursos señalados, hicieron de los dirigentes de la UES tiranos en potencia, que amenazaron, delataron, exigieron reconocimiento y acatamiento a su voluntad, con singular osadía e insolencia.
“Todos estos hechos prueban de una manera incuestionable que la UES no fue una organización al servicio de la juventud sino al servicio de Perón; que no fue una organización estudiantil sino un órgano de propaganda del Estado; que en ella buscó Perón, por una parte, esparcimiento, satisfacción de su vanidad y placer y, por otra, una incondicionada y total adhesión a su persona; que Perón creó demagógicamente un clima propicio para la conquista de los jóvenes, deslumbrados con una ilimitada prodigalidad, incitándolos a la rebeldía contra instituciones, normas y valores de nuestra cultura y colocándolos en pugna contra padres y maestros para erigirse en único y supremo guía y, finalmente, concediéndoles poder y total respaldo a sus acciones; que Perón utilizó el deporte como recurso fundamental para lograr sus objetivos personales y que este fue desvirtuado y constituyó un elemento corruptor de la juventud.
“Todo esto determinó la desviación moral de un amplio sector de la masa estudiantil, una subversión de jerarquías y valores, el menoscabo de padres y educadores, un grave trastorno para la educación, la desorganización de la escuela y la corrupción del deporte juvenil”.
Otra organización estudiantil fue la CGU (Confederación General Universitaria), creada con el propósito de enfrentar a la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y a la FUA (Federación Universitaria Argentina), ambas –en ese tiempo- de tan firme y valiente tendencia democrática, que constituyeron uno de los primeros grupos alzados no solo contra las demasías de la dictadura peronista sino de los gobiernos de facto que la precedieron. Muchos de sus dirigentes y afiliados conocieron cárceles y destierro, sufrieron horribles torturas y fueron expulsados de las facultades donde estudiaban. Nada, sin embargo, los arredró. Unos sucedían a los otros en los claustros universitarios; pertenecían a todos los sectores de la población, aún a los más humildes; dispares eran sus tendencias partidarias, pero se igualaban en el fervor democrático y en la activa militancia.
El dictador los detestaba y temía. Inútil le era procurar atraerlos, como a los inexpertos estudiantes secundarios, con algo que se pareciera a la UES. No lo conseguía.
Concibió entonces la CGU, “agrupamiento gremial de dirigentes estudiantiles”, según lo calificaba el “Comando General de la Casa de Gobierno”. Sus funciones eran las de “continuar intensamente su prédica justicialista, su acción proselitista y su actividad vigilante ante los elementos que en conexión con los partidos políticos de la oposición, tratan de desarrollar una campaña subversiva y disolvente contra el orden y la disciplina que deben imperar en las casas de estudio”.
En realidad, la CGU fue una fuerza de choque de la dictadura peronista. Mezclados a unos pocos estudiantes actuaban en ella matones a sueldo, que sólo asomaban en las facultades cuando se creía necesario golpear a presuntos revoltosos.
Gozaba la CGU de privilegiada posición con respecto a las autoridades docentes. Sus pedidos eran órdenes. Disponía, además, de fondos cuantiosos proporcionados por las universidades a requerimiento del Ministerio de Educación. A ese efecto se abrió una cuenta especial titulada “Benefactores del estudiante argentino”, la cual debía ser administrada por un “Consejo Asesor Honorario”. Los importes ingresados en el curso de tres años ascendieron a cerca de $ 8.900.000.-, cantidad de la que el referido consejo dispuso la mitad ajustándose a las normas legales. No se tardó en considerar que el trámite de las inversiones no era suficientemente “ágil”, y en virtud de ello se optó por entregar los fondos directamente a la CGU, entidad que, según la investigación realizada, “no ha rendido cuentas de la inversión de pesos 2.490.409,88.-, que no ha podido aportar pruebas del pertinente registro contable, y que por otra parte estaba exenta de todo contralor”.

NOTAS:

(1) Revista UES, año 1, Nº 1, página 12 idem año 2 Nº 6, página 20.
(2) Frente a esta cifra –dice la Comisión Investigadora Nº 4- es oportuno recordar que para la “conservación y refección de edificios fiscales del Ministerio de Educación e toda la República, se asignan cuatro millones en 1951, dos millones en 1952 y veinte millones anuales a partir de 1953. Y la mayoría conoce el estado en que se encuentran esos edificios”. Un decreto de 1954 declaró de “urgencia las obras, trabajos y adquisiciones con destino a la UES” y delegó en el Ministerio de Educación las facultades y obligaciones emergentes de la ley 13.064. “Segregada la UES del contralor directo de la Dirección General de Administración y sus técnicos, descentralizados sus servicios, la anarquía más absoluta y el discrecionalismo fueron sus características.” Basta decir que el 85% de los comprobantes de la Caja ha sido observado, que no existen constancias de haberse practicado inspección alguna en la administración de los campos, ni tampoco hay inventarios de los mismos.

(6) Ver la película de Wald Disney “Fantasía” (Nota del transcriptor)

La educación y la cultura durate el régimen peronista: La enseñanza secundaria

2010-02-06T07:29:00.000-08:00

La enseñanza secundaria

Aunque en menor grado que la primaria, la enseñanza media debió impartirse de acuerdo con los fines de peronizar al país.
Este objetivo se siguió por tres medios: 1º) La incorporación de la asignatura titulada “Cultura ciudadana”, la cual, después de explicar el proceso de formación de la sociedad argentina, loaba las “realidades justicialistas”; 2º) La orientación tendenciosa de algunas materias, sobre todo las llamadas de “formación histórico social”, que con notable habilidad soslayaron la tradición liberal y democrática de nuestro pueblo y exaltaron el espíritu reaccionario y el rosismo; 3º) Las referencias obligatorias al segundo plan quinquenal, aún en aquellas asignaturas en las que esta inclusión resultaba evidentemente forzada.
Y si con ello no bastara, la lectura obligatoria del libro “La razón de mi vida” en las clases de castellano, literatura e idiomas, completaba la empresa de captación.
¿Quién concibió y aplicó tal planificación? El ministro Méndez San Marín.
Interrogados los miembros de la comisión que tuvo a su cargo la redacción y ordenamiento de los respectivos planes, especialmente los que actuaron como coordinadores en las materias de formación histórico-social, confesaron que a él se debían las directivas acerca de la prédica fervorosa a favor del régimen.
La Comisión Investigadora de Educación ha señalado, asimismo, la grave responsabilidad que recae sobre los autores de textos de “Cultura ciudadana”, porque consciente y voluntariamente se prestaron a la propaganda del régimen dictatorial.
Aproximadamente, unos veinte autores escribieron dichos textos, pero parece que en la Escuela Superior Peronista se gestó un texto único escrito por el doctor Layús y Sesé, porque aquellos, no obstante su obsecuencia, no eran considerados suficientemente fervorosos y eficaces.

La educación y la cultura durate el régimen peronista: Docentes sin título (Maestras “Flor de Ceibo”)

2010-02-03T07:28:00.000-08:00

Docentes sin título (Maestras “Flor de Ceibo”)

Desde 1951 hasta septiembre de 1955, la dictadura peronista otorgó 4.199 certificados de habilitación para el ejercicio de la docencia a personas carentes de título.
La Inspección General de Escuelas Particulares concedió 1.143 certificados de aptitud pedagógica para ejercer la enseñanza en establecimientos particulares sobre un total de 1.144 exámenes rendidos. En el mismo lapso egresaron de las escuelas oficiales e incorporadas 27.967 maestros que se sumaron a los millares de diplomados sin puesto y que habían obtenido el título tras largos años de estudio.
El organismo investigador no ha podido conocer la calidad de los exámenes ni los temas propuestos a los aspirantes, en razón de que las pruebas escritas han siso destruidas sin excepción, contraviniendo expresas disposiciones de la reglamentación pertinente.
Por otra parte, en el mismo período la Inspección General de Escuelas de Adultos y la inspecciones técnicas de materias especiales, dependientes de la Inspección de Escuelas de la Capital, otorgaron 3.056 certificados de competencia para la enseñanza de las distintas especialidades que figuran en los planes de las escuelas oficiales diurnas y nocturnas. En ese tiempo, los numerosos establecimientos nacionales que preparan profesores y especialistas en las mismas asignaturas concedieron título oficial a 51.005 egresados.
De la revisión de las pruebas de competencia surgen las irregularidades siguientes:
No se ha cumplido el requisito sobre la constitución del tribunal examinador que debe estar integrado por tres miembros.
Resulta notorio el favoritismo con que se calificaron algunos exámenes, como lo demuestran algunas pruebas escritas plagadas de errores ortográficos.
Sin adoptar siquiera el examen de competencia fueron designadas en Salta veintisiete maestras especiales. Para regularizar la situación se resolvió formar tribunales examinadores que tomaron “exámenes orales de labores”. Observando el procedimiento volvió a constituirse la mesa. Esta vez se exigió a los aspirantes el aval partidario, que fue otorgado por el ex gobernador de esa provincia, Ricardo Joaquín Durand. Como cinco aspirantes no cumplieron satisfactoriamente la práctica, se les volvió a tomar un nuevo examen resultando, esta vez, aprobados.
En marzo de 1952 fueron designadas diez maestras especiales en Entre Ríos a propuesta de la delegada censista Juana Larrauri. No tenían título, no rindieron examen de competencia ni tomaron posesión de sus puestos, pero cobraron sus haberes en el Ministerio de Educación con la certificación de dicha ex senadora, como que prestaban servicios en el partido oficial.
Los certificados de competencia permitieron alcanzar el estado docente a personas incultas, a parientes de empleados de jerarquía diversa y a recomendados por las unidades básicas.

La educación y la cultura durate el régimen peronista: Forzada organizacíón del magisterio primario

2010-01-30T07:25:00.000-08:00

Forzada organización del magisterio primario

En un discurso de 1947 el dictador Juan Domingo Perón dijo lo siguiente: “Nunca he podido explicarme por qué en los últimos tiempos la enseñanza había caído en manos mercenarias cuando ya en su época remota los griegos no querían que los esclavos instruyesen y educasen a sus hijos”.
Cuando esto expresaba, tenía el propósito, precisamente, de convertir a los maestros en esclavos de lo que llamaba su “doctrina”.
Nada podía ser más opuesto al espíritu del magisterio argentino que la posición antihistórica del peronismo. Por su cultura y su espíritu de cuerpo, no era fácil de engañar y, mucho menos, de someter. Advertía la falsedad intrínseca de las disquisiciones presidenciales que solo podían convencer a quienes ignoraban en absoluto nuestro pasado y el extraordinario empeño de varias generaciones por dar al país instituciones y normas civilizadas. Jamás dejó de creer en la libertad y en la democracia. Sabía cuán ardua fue la tarea de lograrla y no ignoraba los errores cometidos para hacerlas efectivas en su plenitud. Su misión nobilísima era, como es ahora y lo será siempre, la de formar el espíritu de los niños de acuerdo con altos ideales de convivencia y respeto humano, y moldear los caracteres para hacer buenos ciudadanos de la admirable República legada por nuestros próceres. En él, como en los niños que la confianza del país ponía en sus manos, estaba el porvenir de la Nación.
Pero el dictador quería que ese porvenir fuera suyo. Érale preciso, en consecuencia, valerse de los maestros para que hicieran de continuo el panegírico de su persona y de su régimen, con el pretexto de inculcar la tal “doctrina”.
A fin de que tal propósito fuera realizable buscó la adhesión de todo el personal docente, y como sospechaba que no había de lograrla, intentó organizar su gremio con el objeto de vigilarlo como a los demás trabajadores. “Contó para ello –dice el informe de una de las comisiones investigadoras del Ministerio de Educación- con los grupos que en todos los ámbitos de la actividad humana merodean la mesa del poderoso a la espera de la migaja.”
Agrega esa comisión que ante el cuadro de general corrupción que alcanzó a todos los estrados de la vida social argentina, el magisterio adoptó una postura de prescindencia y retraimiento de su actividad gremial o cultural. Tenía sus organismos regionales y procuraba unirlos en un ente nacional, pero sus dirigentes se vieron de pronto impedidos de actuar, ya porque se les separó de sus cargos, ya porque se clausuraron los centros que tan trabajosamente habían constituido con el esfuerzo solidario de sus afiliados. Había que substituir, por consiguiente, la libre agremiación por entes artificiales, ajenos a las inquietudes del magisterio, pero dóciles a los requerimientos del oficialismo. Algunos docentes “anhelosos de una notoriedad que el gremio no les otorgaba –expresa el referido informe- o impacientes por escalar posiciones al margen de la ética profesional, se dieron a la tarea de constituir “Ateneos” o sindicatos de docentes peronistas, y aún cuando contaron con la manifiesta complacencia ministerial no lograron su empeño”. Debido a ello, el gobierno procedió, con desprecio de las noemas democráticas de organización gremial, a constituir la Agremiación del Docente Argentino (ADA), que fracasó poco después a causa del general repudio de los maestros y profesores.
En reemplazo de ADA se formó UDA (Unión Docentes Argentinos), con directa intervención del dictador. “Inspirados en el ejemplo y la obra educativa que realiza el primer maestro de la Nueva Argentina, general Juan Domingo Perón”, los organizadores enunciaban sus propósitos concordes con “los fines sociales, económicos y políticos propugnados por la doctrina nacional justicialista”.
Corría el año 1953. La dictadura parecía afianzada y el miedo dominaba en muchas esferas. A quien no estaba con el dictador se le consideraba que estaba en contra suyo. Por consiguiente, había que eliminarlo. Para seguir viviendo era preciso callar y someterse. Los docentes no pudieron hacer otra cosa.
“No es posible suponer –dice el informe referido- que en un régimen en el que los derechos cívicos de los ciudadanos habían sido anulados por la legislación totalitaria y en el que los gremios habían sufrido una total distorsión en su significación social pudiese existir uno democráticamente organizado. Esto ocurrió con UDA, en la que el divorcio entre dirigentes y afiliados fue total”.
“Así es –concluye la Comisión Investigadora- cómo tanto la ADA como la UDA fueron creaciones artificiosas destinadas a confundir a la opinión pública, a neutralizar el movimiento gremial docente, a consolidar la dictadura y servirle de pantalla para sus fines; que ambas instituciones cumplieron de manera reiterada directivas del gobierno depuesto y rindieron tributos inmerecidos a las figuras más representativas del régimen; que contribuyeron en forma directa a la deformación de las conciencias infantiles por la destrucción de los principios básicos de la educación democrática mediante la reforma de planes de enseñanza y la adopción de textos tendenciosos”.

La educación y la cultura durate el régimen peronista: La escuela Primaria

2010-01-27T07:22:00.000-08:00

La enseñanza primaria

La dictadura quería hacer peronistas desde la infancia. Era la técnica totalitaria de la URSS (1), Italia y Alemania (2). Debía ser los lo tanto, la de la llamada “Nueva Argentina”, enemiga de la libertad.
Todo en la escuela debía inculcar en las mentes infantiles la idea de que nada superaba la excelsitud de la “Doctrina Nacional”, de su “genial creador” y de “la Señora”. En ésta, particularmente, los niños de los grados inferiores debían personificar todas las virtudes humanas. El libro en que aprendían a leer debía decir y repetir que era “la madrecita amorosa”, “el ángel”, “el hada buena”, “la dulce”, “la pura”, “la celestial”, “la amiga de los pobres”, “el sostén de los ancianos”, etcétera.
“El libro –dice el informe de la respectiva Comisión Investigadora- debía ser el primer contacto de la nueva generación con un Estado totalizador y absorbente. Las imágenes y expresiones reiteradas presentarían las realizaciones del régimen, ciertas o simplemente enunciadas, con perfiles tan definidos y sobresalientes que la actualidad pareciera una eclosión sin antecedentes, casi un hecho divino”.
La peronización de esos libros de desarrolló en tres etapas.
La primera, ocurrida a fines de 1949 y principios de 1959, se caracteriza por la tentativa de imposición de un texto único para el primer grado inferior de las escuelas comunes. Fue durante los últimos meses de actuación del ex ministro doctor Oscar Ivanissevich. Se trataba del libro “Florecer”, cuya autora, Emilia C. de Muñoz, era a la sazón subinspectora general de escuelas de la Capital Federal a cargo de la Inspección General. “Esta obra tiene el triste privilegio de ser la primera que lleva en sus páginas los retratos del dictador y de su mujer y de haber incorporado a su contenido temas que el régimen usaba en su campaña publicitaria de esos días. Por ello fue considerada modelo de los libros que en adelante se emplearon en las escuelas”
El ministerio la adoptó sin realizar concurso de autores, y los inspectores que se pronunciaron por su autorización, dictaminaron sin estudio previo y a requerimiento de la propia autora.
La edición oficial fue de 200.000 ejemplares de distribución gratuita, y su costo, de 380.000 pesos. Esta inversión no se hizo por licitación pública sino por adquisición directa, pretextando razones de suma urgencia que la Contaduría General de la Nación observó sin éxito.
La segunda etapa que lleva el sello inconfundible del ex ministro Méndez San Martín y del ex director general de enseñanza primaria Alberto J. Galmarino, ocurre en el período que va desde septiembre de 1950 al mismo mes de 1952. Corresponde al concurso para textos escolares regido por un reglamento que se inspiraba en las consignas políticas del oficialismo. Los libros fueron juzgados, principalmente, según su mayor o menor fidelidad a “la orientación espiritual, filosófica, política, social y económica de la Nueva Argentina”.
El concurso fracasó por la inconformable obsecuencia del ministro, que pedía libros más y más peronistas. Unos meses antes de dar por terminado el concurso reunió en su despacho a los autores y editores a quienes acusó de saboteadores y ofreció la última oportunidad para producir los libros que necesitaba el gobierno. “Los libros de lectura –dijo en esa ocasión- deben referirse a Perón y Evita desde la tapa hasta el colofón”. La mayoría de los autores procuró satisfacer estas órdenes y algunos fueron aprobados por la comisión designada al efecto.
Antes de terminar esta etapa de envilecimiento de los textos escolares, la mayoría peronista del Congreso estableció por ley la lectura obligatoria del libro “La razón de mi vida” en todos los ciclos de instrucción pública. La misma medida fue tomada por los gobiernos provinciales.
Producida la muerte de su presunta autora (3), los altos funcionarios de la comisión permanente de textos pidieron que el retrato de Eva Perón se incluyera obligatoriamente en todos los libros de todos los grados.
La tercera etapa, la de los libros para el sometimiento de la mente de los niños argentinos, empezó el 28 de septiembre de 1952 y concluyó con la deposición del tirano. El ministro Méndez San Martín modificó la reglamentación para acelerar el trámite de autorización de los textos, sin vaciar los artículos de carácter político. Con este sistema de obras se autorizaron dentro de los quince días de su presentación, y el secretario de didáctica, inspector Prudencio Oscar Tolosa, dictaminó sin descanso para que nuestras escuelas fueran invadidas por los peores libros que recuerda la Nación. La Comisión Investigadora juzga a este respecto: “Su lectura indigna y deprime. Son libros inaceptables por su falta de valor literario, incorrectos por su concepción metodológica, inmorales por la finalidad de lucro y de obsecuencia que les dio origen, impuros por su contenido, indignos por su propósito e inolvidables por el daño moral que hicieron”.
Concluye esa Comisión diciendo que el libro de lectura cumplió en esos años una obra perniciosa tan extendida y profunda, “que debe considerársela como un crimen de lesa patria”. Afirma, asimismo, que el régimen “no necesitó del texto único, porque tuvo en autores y editores la cooperación que le permitió conseguir, con la pluralidad de obras, la uniformidad ideológica que necesitaba, dando así la apariencia de una libertad de expresión que no existió en ningún momento”.

NOTAS:
(1) URSS es la “Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas” desmantelada en la década de 1990 y que hoy sucedió la actual “Federación Rusa” (Nota del transcriptor)
(2) Se refiere a la Alemania Nazi de Adolf Hitler y a la Italia Fascista de Benito Mussolini. (Nota del transcriptor)

(3) María Eva Ibarguren (Duarte) de Perón (Nota del transcriptor)

La educación y la cultura durate el régimen peronista Propósito de la educación bajo la dictadura peronista:

2010-01-25T07:20:00.000-08:00

Propósito de la educación bajo la dictadura peronista

La norma de “educar al soberano” jamás se intentó aprovecharla en beneficio de los partidos gobernantes, ni hacerla servir para torcer las corrientes históricas del país.
La dictadura cambió esa práctica tradicional. No tenía ni quería tener vínculos con nuestro pasado fundado en la libertad. Proponíase hacer una “Nueva Argentina”, cuya “doctrina”, concebida, difundida e impuesta por el dictador Perón, uniera a todos los ciudadanos en un pensamiento común dado por el Estado, del cual ese hombre era la encarnación.
Comprendió de inmediato la importancia que para su afirmación y perpetuación tenía la enseñanza en sus etapas diversas –primaria, secundaria y superior- y se preparó para variarla en su beneficio.
No es mucho lo que su llamada “doctrina” dice sobre el particular, aunque varias veces se refirió el dictador Perón a los problemas de la educación. Según aquel, la educación debía ser orientada hacia la consecución de un objetivo común, el perseguido por el Estado “para orientación del pueblo de la Nación”. Sobre esto no admitía discrepancia alguna. “De una distinta manera de ver los problemas sale una distinta manera de apreciarlos; de una distinta manera de apreciarlos, sale también una distinta manera de resolverlos, y de ello sale una manera distinta de actuar dentro del país, por parte del ciudadano”, decía el dictador Perón en 1947. Y agregaba: “Lo que el Estado debe dar a cada hombre es cómo debe pensar como argentino, para que él, como hombre piense como se le ocurra”.
En realidad, lo que se pretendió es que se pensara como el partido gobernante, o por mejor decir, como su conductor indiscutido. Claramente lo expresó el Ministerio de Educación cuando trazó en 1951 el “plan básico de informaciones necesarias para alcanzar los objetivos del segundo Plan Quinquenal”: “No debe perderse de vista a este respecto –dice- que el objetivo fundamental perseguido en materia de educación es realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la Doctrina Nacional”.
Para lograr ese propósito el ministerio señalaba los siguientes medios: “a) planes de estudio; b) forma en que se apliquen los mismos; c) rectitud integral del material humano encargado de su aplicación; d) preparación de la receptividad del material humano al que se dirigen; c) causas, especialmente ideológicas y gremiales, que atenten contra el desarrollo natural que se anhela”.
Con referencia a los planes de estudio, requería la información siguiente: “a) ¿Se ajustan los programas coordinadamente en todas las materias y ramas de la enseñanza a los objetivos fundamentales que perdiguen la Doctrina Nacional y el segundo Plan Quinquenal?; b) Cuando así fuere ¿Se aplican esos programas sin deformaciones maliciosas desde la cátedra?; c) ¿Cuáles son los docentes que, tendenciosamente, se apartan de los principios establecidos en los planes de estudio?”.
Con respecto al cuerpo docente quería saber: “a) ¿Cuál es el personal docente que profesa ideologías espirituales o políticas adversad a la Doctrina Nacional y, por ende, a los objetivos del segundo Plan Quinquenal?; b) ¿Cuál es el personal que, sin haberse podido individualizar aún como contrario a aquella doctrina, se desempeña, no obstante, al margen de sus premisas y, por tanto, de los objetivos fijados en el segundo Plan Quinquenal?”
En lo referente a los gremios, preguntaba: “a) ¿Qué asociaciones gremiales agrupan al personal docente, en todas sus ramas?; b) ¿quiénes son sus dirigentes y cuál es su posición intelectual, espiritual, moral y política?; c) ¿Qué cuestiones gremiales tienen pendientes?”.
El plan de informaciones requería asimismo: “a) ¿Qué asociaciones de carácter estudiantil agrupan al alumnado?; b) ¿Cuál es su posición ideológica, espiritual y política?; c) ¿Quiénes son los dirigentes y afiliados, en las adversas a la doctrina del gobierno nacional, si las hubiere?; d) ¿Qué cuestiones agitan al estudiante?; e) ¿Quiénes promueven esas cuestiones?; f) ¿A quién o a quienes interesa y beneficia su planteo?”.
Como se ve, nada escapaba al propósito dictatorial de moldear el espíritu de los educandos dentro de su doctrina y de vigilar a maestros, profesores y alumnos para que el mismo se alcanzara rigurosamente.

La educación y la cultura durate el régimen peronista:

2010-01-22T07:20:00.000-08:00

Propósito de la educación bajo la dictadura peronista

La educación y la cultura durate el régimen peronista:

2010-01-22T07:11:00.000-08:00

La educación en la libertad

Desde los albores de nuestra nacionalidad ha sido preocupación constante de casi todos los gobiernos de educar al pueblo sin distinción de sectores.
Apenas salidos del régimen español, debieron los hombres del período revolucionario preparar al pueblo para la libertad, la igualdad y la democracia, los tres principios esenciales de la que Esteban Echeverría llamaba “la tradición de Mayo”, es decir, de nuestra emancipación.
No fue fácil esa tarea. Muchos prejuicios, muchos intereses y, sobre todo, el caos institucional nacido precisamente de la general ignorancia, se opusieron a logro de tan alto propósito. El resultado fue la instauración de la dictadura rosista.
Cuando aún se estaba bajo su dominio, los espíritus más lúcidos de nuestro país, expatriados en Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia, planteáronse el problema de la educación pública como medio de sacarlo del marasmo en que se hallaba. Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Mitre, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez y la mayor parte de quienes formaron el grupo esclarecido que el primero reunió en torno a la Asociación de Mayo, expresaron en libros, artículos periodísticos, discursos y conferencias, lo que debía hacerse apenas fuera posible derrocar la tiranía. Cuando ésta cayó en el campo de Caseros, tocó a esos grandes hombres, orgullo de nuestro pueblo, la faena de realizar su magnífico pensamiento. Sólo uno, Echeverría, no pudo retornar al suelo amado por haber muerto en el destierro un año antes de su liberación, pero sus ideas vivían en sus discípulos y amigos, y sirvieron para la hermosa empresa colectiva.
Había que “educar al soberano”, pero ¿Cómo se haría esa educación?
Los hombres de la ilustre generación de 1937 no coincidían del todo en las soluciones. Según unos se debía instruir, comenzando por combatir el pavoroso analfabetismo. Sarmiento fue el más decidido propulsor de ese programa de educación popular. Era el criterio de las naciones que en aquella época estaban al frente de la civilización occidental. Alberdi, por el contrario, pensaba que no debía confundirse la educación con la instrucción. La instrucción, si no está adecuada a las necesidades del país, puede ser perniciosa, y juzgaba que a veces lo había sido entre nosotros. Propiciaba, por ello, la de ciencias y artes de aplicación, de cosas prácticas, de lenguas vivas, de “conocimiento de la utilidad material e inmediata”, según decía. La educación, en cambio, debía operarse por la absorción de lo europeo, porque “europeo es todo en la civilización de nuestro suelo”. Esas ideas de Alberdi tenían un propósito: salir del aislamiento receloso en que se vivía, abrir el país a la inmigración, enriquecerlo de bienes materiales y lograr por medio de ellos aquello que Rousseau llamaba la “educación de las cosas”.
Lo que posteriormente se hizo sobre el particular concilió las ideas de Alberdi con las de Sarmiento. Se difundió la instrucción pública, especialmente la primaria y se europeizó el país.
Advirtióse con posterioridad que el aluvión inmigratorio lo ponía en peligro de descaracterización y se pensó que, para evitarlo, era menester acentuar la enseñanza de lo nacional, comenzando, como es lógico, por nuestra historia. De los hijos de inmigrantes provenientes de las tierras más diversas, con idiomas distintos y costumbres dispares, había que hacer argentinos, instruirlos de una tradición que sus antepasados ignoraban y darles el sentido y el orgullo de la patria nueva.
Se enseñó entonces cuán difícil y heroica había sido la tarea de hacer el país: cómo habían germinado y triunfado las ideas esenciales de nuestro desenvolvimiento histórico –la libertad, la independencia, la democracia-; cómo habían sido llevadas por los ejércitos de la emancipación a las naciones hermanas de América; cuáles eran nuestras figuras próceres, veneradas por las sucesivas generaciones.
Sébese lo que en nuestro país se realizó desde 1852 hasta 1943. Millares de escuelas y colegios diseminados en todo el territorio de la Nación difundieron la educación popular, a la vez que las universidades lo hicieron con la cultura superior. Hacia 1923 pudo vanagloriarse un eminente hombre público, ante una conferencia internacional, de que en la Argentina hubiera muchos más maestros que soldados. Estaba en lo cierto, porque el ideal de aquel tiempo no era hacer un Estado gendarme, con intenciones imperialistas o dictatoriales, sino una nación civilizada, preparada para la paz y el progreso.
Habíanse desarrollado las ciencias y las artes. El nombre argentino no sólo se pronunciaba en el exterior para señalar la excelencia de nuestros productos agropecuarios o nuestras inmensas posibilidades económicas, sino también para distinguir la obra de nuestros sabios, pensadores y artistas, que en algunos casos alcanzaron nombradía universal.
Las academias nacionales, los museos, los centros de cultura, las empresas editoriales, las publicaciones especializadas, y en general el interés de grandes sectores del público por las altas expresiones de la ciencia y de la belleza, demostraban que no se había trabajado en vano.
Aunque mucho fue lo realizado, no llegó a ser suficiente, puesto que permitió establecer una nueva dictadura. Lo mismo había acontecido en Italia, Alemania y otros países, pero no eran iguales las causas y circunstancias. Nuestro país estaba sano, pero no inmunizado contra las ideas liberticidas. La educación no había previsto la posibilidad del virus exterminador. Y éste se introdujo en un descuido y enfermó a la nación por largos años.

Politica Económica: Resultados de la política económica de la dictadura peronista

2010-01-20T14:51:00.000-08:00

Resultados de la política económica de la dictadura peronista
Los nuevos gobernantes parecían ignorar la suma de infinitos esfuerzos y propicias circunstancias que habían producido la riqueza del país. Tenían delirio de grandezas y complejo de superioridad. Lo requerido, en definitiva, para lanzarse a la aventura de una política desorbitada.
Estaban convencidos, además, del estallido a plazo breve de una tercera conflagración. El resultado de la segunda los había contrariado; la que esperaban y anunciaban señalaría la derrota de los países occidentales que habían vencido al Eje. Entonces llegaría el momento de ejecutar el programa esbozado en el manifiesto que circuló en los cuarteles a mediados de 1943 y en la conferencia de Perón en la Universidad de La Plata.
La política económica de la nación a partir de 1946 se basó en estos tres principios fundamentales: a) la liberación de todo influjo extranjero; b) el monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza; c) la reforma de la legislación bancaria.
Al “capitalismo imperialista” se culpa de haber substraído a nuestro país el futuro de su trabajo, de haberlo convertido en una colonia y, también, de haber decidido en el pasado la elección de sus gobernantes. Para que todo eso no fuera posible en el futuro, creyeron que debía comenzarse por declarar nuestra independencia económica, la que el dictador Juan Domingo Perón hizo solemnemente en Tucumán el 9 de julio de 1947, aniversario de la independencia política.
El monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza tendía a la eliminación de los consorcios internacionales que explotaban algunos servicios públicos y la comercialización de las cosechas.
Con la reforma del sistema bancario se puso en manos del Poder Ejecutivo, a falta de recursos presupuestarios, medios ilimitados de pago para financiar inversiones del Estado, cubrir pérdidas cuantiosas en sus operaciones comerciales derivadas principalmente del mantenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos, y suplir con emisiones de moneda aquella parte del ahorro privado que entes se orientaba hacia la inversión hipotecaria para la construcción de viviendas.
En virtud de esta política se rescató la deuda exterior, se hicieron diversas adquisiciones –ferrocarriles, transportes de la ciudad de Buenos Aires, teléfonos, compañías de gas, etcétera-; se crearon las flotas mercante y aérea y se organizó el IAPI (1) para comerciar con el exterior.
Cuando todo esto quedó realizado, el dictador Perón se consideró victorioso. Nada debía el país al extranjero y era propietario de los servicios públicos que en el pasado habían producido importantes salidas de divisas. Y todo lo había hecho su gobierno “sin un solo centavo”, según afirmaba.
A la inflación que comenzó entonces su espiral aún incontenida, el dictador le quitaba importancia. Era menos que en otros países y eso debía conformarnos. Servía, entretanto, para dar la sensación de enriquecimiento colectivo; los negocios se activaban y aumentaban los salarios. Era bastante por el momento; después se vería.
No se tardó mucho en saber que las mismas explotaciones que hasta entonces había producido las utilidades cuya salida se había evitado, daban pérdidas cuantiosas y su material se desgastaba sin posibilidad de ser repuesto. Lo mismo acontecía con el IAPI y con casi todas las empresas administradas por el gobierno. Las reservas de oro disminuían rápidamente, pero tampoco tenía importancia; para el caso el dictador enunciaba teorías económicas que solo convencían a los crédulos (2).
Hubo un momento en que el comercio y la industria se quedaron sin crédito en el exterior porque el importe de sus obligaciones, saldado en los bancos de acuerdo con los compromisos contraídos, no pudo ser transferido por carencia de divisas. Se dijo entonces que eran deudas de particulares y así se quiso ocultar las dificultades económicas del Estado, pero poco después el Banco Central debió garantizar al banco de Importación y Exportación un préstamo de 125 millones de dólares a los bancos argentinos para cubrir las importaciones impagas.
Había sido descuidado el campo, que siempre ha constituido y constituye el pilar de la economía argentina, al punto que todavía hoy procede de él. El 95% de las divisas que el país obtiene en su intercambio comercial y ha sido en todo momento segura fuente de trabajo y bienestar para los hombres que a él se dedicaron con valor y entusiasmo.
Antes de 1943 la Argentina aventajaba a Rusia, India y Estados Unidos en la producción mundial de lino. Exportábamos entre el 80 y el 90% de la nuestra, lo que equivalía al 10% del total de exportaciones argentinas y al 20 0 25% de todas las ventas de productos agrícolas.
Por graves errores cometidos por los asesores del gobierno peronista, disminuyó el cultivo de lino, y por lo tanto su exportación. Los precios “compensatorios” pagados por el IAPI determinaron la caída catastrófica de la producción.
“En 1936-37 –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- sembramos 3.500.000 hectáreas (el quinquenio anterior tuvo un término medio superior a 3.000.000 de hectáreas). En 1945-46, por efecto del “justicialismo”, sembramos solamente 1.864.000 hectáreas. En 1954-55 el descenso llega a 739.300, y en 1955-56, solamente se sembraron 680.200 hectáreas.
“Algo semejante ocurre con el girasol, que hasta 1950, dada la insuficiencia de nuestra producción olivera, significó una próspera industria de aceite de 1.500.000 hectáreas; en 1950, una extensión superior a 1.800.000, cosechando más de 1.000.000 de toneladas. Siendo la producción mundial de 2.100.000 toneladas, nuestro país produjo la mitad de las cosechas mundiales. Con estas semillas hicimos aceite para el consumo y la exportación. En 1935-39 se produjeron 31.000 toneladas anuales. En 1940-41, 112.000; en 1945-49, 186.000; en 1950, 234.000 toneladas.
“En cuanto interviene el IAPI y mediante la fijación de bajos precios de compra, se desalientan los productores. De 1.500.000 hectáreas sembradas en 1959, bajamos en 1952-53 a 816.709, y en 1954-55 a 559.000, y el 1.000.000 de toneladas de semillas cosechadas en 1950, se reduce en 1951-52 a 692.000; en 1952-53 a 528.000, y en 1953-54 a 228.000. Las pobres cosechas provocaron la ruina de la industria aceitera y, también en este caso, de país productos y exportador pasamos a ser nación importadora. Ya no disponemos de las 60.000 toneladas que exportábamos en 1959 y nos trajeron 50.000.000 de pesos, ni de las 185.000 que necesitábamos para el consumo interno.
En cuanto a la ganadería puede decirse que no corrió mejor suerte que la agricultura bajo un régimen de intenso intervencionismo estatal. Disminuyó la producción de carnes y más aún sus exportables.
En el lapso de pocos años las considerables reservas de oro y divisas acumuladas durante la segunda guerra mundial fueron despilfarradas en buena parte. El desarrollo industrial indiscriminado no produjo aquella independencia económica y por el contrario determinó mayores necesidades de divisas para su mantenimiento, al paso que disminuían progresivamente los saldos exportables.
Los balances comerciales del país, tradicionalmente positivos, resultan así repentinamente desfavorables a partir de 1949. No obstante las severas restricciones en las importaciones de productos esenciales para el mantenimiento de la actividad económica y la contracción de fuertes deudas comerciales con el exterior, no fue posible renovar adecuadamente los equipos industriales del país; los elementos de transporte –ferroviarios y automotores-, por falta de reposición, cayeron en lamentable estado; descuidada la producción de combustible y en particular la extracción de petróleo, el creciente déficit energético terminó por afectar a la propia industria.
Del análisis de la evolución de la renta nacional surge que el ingreso per cápita prácticamente no aumentó durante el período de la dictadura peronista, ni fue repartido con criterio apropiado a los intereses del país.
En síntesis: al caer ese gobierno, el estado económico de la Argentina podía considerarse como muy crítico, con sus producciones principales deprimidas, las reservas de oro y divisas reducidas a un nivel muy bajo, un presupuesto abultado cuyo crónico déficit se cubría con la emisión de títulos de absorción forzada, una deuda exterior por un total de 757 millones de dólares, que al tipo de $ 18 m/n. el dólar, alcanzaba a 13.626 millones de pesos, y una deuda interna de aproximadamente 57.576 millones.
A esto se agregaba la deuda exigible real del país, que según lo ha señalado el ex ministro de Hacienda, doctor Eugenio A, Blanco, alcanzaba a 10.548 millones de pesos de cuya suma correspondían 7.921 millones al déficit acumulado de las empresas de transporte, y 308 millones a Obras Sanitarias.
Razón tuvo la Comisión Asesora Económica y Financiera del Gobierno Provisional, cuando expresó que la situación argentina era más grave que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar “ahorrando sobre el hambre y la sed”, y más que la de 1890 y que la de hace un cuarto de siglo (3), en plena depresión mundial. “El país –dijo también dicha comisión- se encontraba en aquellos tiempos con sus fuerzas productoras intactas. No es el caso de hoy: están seriamente comprometidos los factores dinámicos de su economía y será necesario un esfuerzo inmenso y persistente para restablecer su vigoroso ritmo de desarrollo”.

NOTAS:

(1) El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue un ente público creado por decreto 15.350 el 28 de mayo de 1946, que si bien fue firmado por el Presidente Farell, formaba parte del conjunto de medidas que el coronel Juan Domingo Perón y su equipo de asesores habían proyectado. Funciono bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el fin de centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía.
(2) Entre otras la de que “llegaría una tercera guerra mundial con la cual ese oro y divisas volverían”. Jamás ocurrió
(3) La caída de la Bolsa de Wald Street en Estados Unidos de Norte América.

Ayuda a Haiti

2010-01-20T08:26:00.001-08:00

Cómo ayudar a Haití
By Federico Gauffin
… desde la Argentina.

Nos enteramos del Hércules que ya llegó a la isla pero queríamos saber cómo podíamos ayudar desde la sociedad civil. Hoy encontré esta información y espero que sea de utilidad para que los argentinos hagamos llegar nuestra solidaridad:

Cáritas: abrió la cuenta corriente en el Banco Nación Nº 35869/51 – Sucursal Plaza de Mayo 0085, CBU 01105995-20000035869519, a nombre de Cáritas Argentina Emergencia, CUIT 30-51731290-4.

Cruz Roja: Banco de la Nación Argentina Suc. Congreso – Av. Callao 101 a nombre de Cruz Roja Argentina Catástrofes, Cta Cte Nº 91344/97; CBU Nº 01100129-20000091344977 y CUIT: 30-54603392-5.

Unicef: se pueden realizar donaciones llamando al 0-810-333-4455 (www.unicef.org/argentina).

Embajada de Haití: cuenta en el Banco Francés: 304/0302381/6; CBU: 01703045 20000030238165; CUIT: 30 692 186199.

Amigos bloggers, ¡ayuden a que esta información sea difundida!

Politica Económica: Nuestra situación económica al terminar la segunda guerra mundial

2010-01-15T14:50:00.000-08:00

Nuestra situación económica al terminar la segunda guerra mundial

El gobierno surgido de la revuelta del 4 de junio de 1943 y su sucesor, iniciado en 1946, se hallaron en la situación del feliz y atolondrado heredero de una cuantiosa fortuna.
Las reservas monetarias de oro y dólares alcanzaban, al finalizar la segunda guerra mundial, a un equivalente de 1680 millones de dólares. Jamás habíamos acumulado tanta riqueza y nunca la hemos tenido posteriormente. Tan cuantioso caudal era el producto del trabajo de nuestro país, realizado durante largos años bajo las garantías de la libertad. Si pudo acrecentarse considerablemente en el transcurso de la guerra, fue porque antes de su estallido la Argentina se capacitó para producir en gran escala lo que necesitaba y aún lo que era dado colocar en los mercados extranjeros.
La ganadería, la agricultura, la industria, habíase desarrollado libremente. En poco más de medio siglo, a partir de 1880, nuestro país se había convertido en uno de los primeros y mejores productores de carne, en uno de los principales exportadores de cereales y en la nación más industrializada de América del Sur. No tuvo necesidad de que ningún gobierno “encauzara” su trabajo. La iniciativa privada era más ágil e inteligente que el dirigismo estatal.
En 1945 podía pensarse en que había sonado para la Argentina la hora de ascender a uno de los primeros de la economía mundial. Tenía 16 millones de habitantes y había ocupación plena. No existían cuestiones sociales agudas y su nivel de vida era uno de los más elevados de nuestro continente.
Bastaba obrar con cautela para mantener, y aún acrecentar, el ritmo de nuestro progreso. Desgraciadamente no fue así.

Politica Social: La legislación posterior a 1943

2010-01-10T14:46:00.000-08:00

La legislación social posterior a 1943

En materia de leyes de trabajo y previsión social, como en cualquiera otra del derecho positivo, siempre se está en evolución. Lo que es bueno hoy dejará de serlo mañana, y lo que ahora es suficiente y adecuado, no lo será en el futuro.
No es de sorprenderse, por lo tanto, que en gobierno surgido de la revuelta de 1943 y el que lo sucedió a partir de 1946 tuviera amplias posibilidades en esa materia. No en vano había progresado el país y habían cambiado en el mundo las ideas y las situaciones sociales que precedieron al estallido de la segunda gran guerra. Cualquier gobierno con mediano sentido de lo social hubiera tenido en cuenta esas circunstancias y adecuado la legislación laboral a las exigencias de la época.
Lo que no hubiera formulado son declaraciones como las que la dictadura peronista introdujo en la Constitución a fin de disimular el motivo principal de su reforma, o sea la reelección presidencial. Los “derechos del trabajador”, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” estaban implícitos en la Constitución de 1853, puesto que su Preámbulo enunciaba el propósito de “promover el bienestar general”.
Aquella declaración significaba poco mientras no se dictara la pertinente legislación, y ésta pudo hacerse sin necesidad de una formulación específica en la carta constitucional. No tuvo otro fin que el ya enunciado y el de servir a la propaganda del régimen.
Las principales leyes sociales de la dictadura fueron de carácter organizado: la de creación del Ministerio de Trabajo y Previsión, la de asociaciones profesionales, la de tribunales del trabajo , la de creación de la Administración Nacional de la Vivienda, la de Dirección de Municipalidades, la de organización del Patronato nacional de Ciegos, la del Instituto de Previsión Social, etcétera, con las cuáles se continuó el proceso iniciado mucho antes de 1943 y no se interrumpirá, por cierto en el futuro.
La legislación restante se refiere, principalmente, a “estatutos” para diversos gremios –del peón de campo, de los empleador bancarios, de obreros del petróleo, de los periodistas, etcétera- que con ser numerosos no alcanzaran a la totalidad de las actividades laborales y, por consiguiente –si es posible- en el porvenir.
Hemos visto ya que la Secretaría –después Ministerio- de Trabajo y revisión tuvo en su origen y desenvolvimiento el propósito exclusivamente político de encauzar a los gremios “de acuerdo con las directivas del estado”, o sea del Dictador Juan Domingo Perón. La más importante de sus facultades es la de “concesión, fiscalización y retiro de la personería gremial”, establecida por la ley de asociaciones profesionales.
Aunque ésta dispone que la asociación profesional podrá constituirse libremente y sin necesidad de autorización previa, establece también que para obtener la personalidad gremial que permite representar a los trabajadores de una actividad determinada ante el Estado y los empleadores, debe demostrar que sus afiliados son mayoría dentro de ésta. Pero, a efecto de evitar posibles sorpresas, la ley antedicha establece que “será tenida en cuenta para resolver sobre la retención de la personalidad gremial del sindicato superado en número de afiliados su actuación sindical, así como su contribución en la defensa y protección de los intereses profesionales”. Vale decir que el ministerio puede escoger a su antojo el sindicato que mejor cuadre a “las directivas del Estado” y neutralizar la voluntad mayoritaria de los trabajadores.
Los tribunales del trabajo han reducido considerablemente al trámite de los jicios sobre aplicación de las leyes obreras y si bien en el comienzo sus decisiones fueron muchas veces arbitrarias e influidas por el ministerio del ramo, su especialización en derecho laboral ha contribuido al progreso de este.
La legislación del trabajo dictada en tiempos de la dictadura peronista ha tenido efecto psicológico más que positivo. La propaganda oficial y gremial convenció a los trabajadores de la importancia de sus “conquistas”, pero la realidad les ha enseñado que la mayoría debe ocuparse de dos o tres empleos (1) para subvenir a sus necesidades de vida. Lo mismo acontece a los muchos jubilados de distintas cajas, obligados a no gozar en la vejez, a veces sin fuerzas ni salud, del descanso que necesitan. Sólo quienes tienen la ayuda de sus familias están en condiciones de aprovecharlo.
La asistencia social tuvo, como todo lo que hizo la dictadura peronista, marcado propósito político. La gran dispensadora de sus beneficios fue “la Señora”. Sobre todo cuando a la Fundación por ella creada se le encomendó la atención de los fines sociales señalados anteriormente al Instituto Nacional de las Remuneraciones.
Se vio entonces cómo el Estado que tendía a monopolizarlo todo, hacía excepción con una sola entidad privada, que desenvolvía su acción en forma independiente de aquél. A esa se destinaron las cuantiosas sumas percibidas hasta entonces por el Instituto, provenientes del aporte del 3% del monto total abonado como sueldo anual complementario, y de las que por igual concepto se pagaran en lo sucesivo.
Con recursos tan considerables –superiores a los de la mayoría de los organismos del Estado- la Fundación, manejada por la esposa del presidente sin intervención ni vigilancia de ningún órgano de aquel, pudo aparecer ante los trabajadores y empleados como algo excepcionalmente beneficioso, y servir de tal manera a la propaganda del régimen peronista.

NOTAS:

(1) No necesariamente en el sentido individual. Antes, y en reglas generales, con que uno solo de los integrantes de la familia trabajara alcanzaba para todos. A partir del peronismo la cosa fue cambiando.

Politica Social: El dominio de los sindicatos como medio de conquistar el poder

2010-01-05T14:39:00.000-08:00

El dominio de los sindicatos como medio de conquistar el poder.

La política social de Perón no tuvo otro propósito que el de obtener el apoyo de los trabajadores para la conquista del poder y, luego, para el sostenimiento de la dictadura.
Entre los fines de la revuelta del 4 de junio de 1943 no figuraba el de la justicia social, y los primeros actos del gobierno surgido de aquella fueron de tan enérgica vigencia de las organizaciones gremiales que hubieron de producir una huelga general revolucionaria.
Estudiada la situación en el Ministerio de Guerra, cuya secretaría desempeñaba el coronel Perón, advirtiéronse los puntos vulnerables del eventual enemigo. Y se llegó a la conclusión de que era preferible anular sus fuerzas a luchar contra ellas.
Existían en esa época tres centrales obreras: la Unión Sindical Argentina (USA), de poca importancia, y la Confederación General del Trabajo (CGT) separada en dos grupos enemigos: la CGT Nº1 y la CGT Nº 2. Además de ellas, funcionaban algunos sindicatos independientes.
Divididas por hondas divergencias ideológicas, su peligrosidad era muy relativa.
El coronel Perón trazó entonces, como de costumbre, su plan estratégico y su plan táctico. El estratégico tenía por fin la atracción y organización del proletariado como base de una eventual campaña política; el táctico, el apoderamiento de los sindicatos mediante la eliminación de los dirigentes comunistas, anarquistas, sindicalistas o socialistas que ofrecieran resistencia, y luego la formación de una central obrera única, sometida a su voluntad.
Como medida previa necesitó hacerse de algo así como un cuartel general de operaciones, puesto que, para el caso, no podía valerse de la secretaría del Ministerio de Guerra, desde la cual ya estaba maniobrando parejamente con respecto al ejército. Pensó en el viejo Departamento Nacional de Trabajo, cuya restringida actividad no contaba con la simpatía de los trabajadores. Sea como fuera, era lo único de que el coronel podía valerse. Lo solicitó al presidente Ramírez y lo obtuvo. Poco después creó, según dijo en un discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio, “un organismo que encauzara el movimiento sindical argentino en una dirección, lo organizase e hiciese de esa masa anárquica, una masa organizada, que procediese racionalmente, de acuerdo con las directivas del Estado. Esa fue la finalidad que, como piedra fundamental, sirvió para levantar sobre ella la Secretaría de Trabajo y Previsión.”
El Estado no tenía, por entonces, otras directivas que las que quisiere impartir el movedizo coronel. En la Secretaría por él creada era amo absoluto, y aunque su acción era observada con creciente preocupación por las fuerzas armadas y los sectores económicos y políticos, nadie en el gobierno se animaba a oponérsele, sobre todo cuando unió a su cargo en tal organismo los de ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación.
Por de pronto, tenía que atraer a los sindicatos. No eran muchos; tal vez unos quinientos. Algunos eran dirigidos por comunistas; en otros actuaban algunos anarquistas; los más eran de tendencia sindicalista o socialista. Con los dirigentes comunistas no hubo arreglo al principio y a los anarquistas no los tuvo en cuenta. Con los restantes la tarea fue más fácil.
Como en cualquier otra agrupación humana, había en ellos individuos honestos y deshonestos, leales y tránsfugas, firmes y oportunistas, desinteresados y ambiciosos, fanáticos y tibios. La capacitación comenzó por los más blandos.
El atractivo fue el de los convenios paritarios. Hubiera o no razón para reclamar mejoras en los salarios y condiciones de trabajo, debían exigirlas a los empresarios.
Nunca había sucedido nada que se le asemejara. Por eso sorprendió a quienes escuchaban al coronel y a sus colaboradores. Rápidamente prepararon los petitorios correspondientes y poco después fueron convocados los representantes patronales para discutirles ante funcionarios de la secretaría.
Por primera vez se trataban tales asuntos, no directamente entre los obreros de cada establecimiento y su patrono sin intervención del sindicato, sino colectivamente para toda una industria o rama de comercio, bajo la vigencia de un organismo estatal.
Presionados de diversos modos, los empresarios consintieron mucho de lo que se les solicitaba. Inútil les era que señalaran las consecuencias económicas de las concesiones exigidas, puesto que, según decía el coronel, “por no dar un 30% van a perder dentro de varios meses todo lo que tienen y, además, las orejas.”
El procedimiento puesto en práctica tuvo inmediata repercusión en el campo laboral. No sólo se había conseguido las mejoras solicitadas, sino la necesaria intervención de los sindicatos en toda tramitación con los empleadores. Desde entonces podían considerarse fuertes y con halagüeño porvenir.
El coronel “cumplía” y, por tanto, podía exigir. Si los sindicatos tenían dirigentes adictos a su persona y política, obtendrían todo y pronto, si no, los petitorios sufrirían una tramitación larga y a la postre obtendrían muy poco. La elección no era difícil. Uno tras otro fueron cayendo los gremios en las redes de la secretaría. Los dirigentes díscolos perdieron su ascendiente en ellos; los mansos, prosperaron. Dos o tres años después, los más dóciles, útiles u obsecuentes, fueron llevados al Congreso Nacional, a las legislaturas provinciales, al servicio exterior como agregados obreros, y algunos a los ministerios. Tuvieron casas y automóviles, y los deshonestos pudieron hacer negociados.
Quedaban las masas laboriosas, los obreros de fábricas y talleres, los empleados de comercio, el servicio doméstico, los peones de campo y los trabajadores independientes. El coronel recibía a cuantos le fuera posible. Les hablaba; les hablaba interminablemente en in idioma simple y calculadamente chabacano. Atacaba a la “oligarquía entreguista”, a los “explotadores del trabajo ajeno”, al “capitalismo deshumanizado”, etcétera. Despertaba recelos, acentuaba enojos, provocaba el resentimiento, producía artificialmente la lucha de clases, si verdadera en los países de Europa, inexistente hasta entonces en nuestro país. Los trabajadores, después de oírle, volvían rebelados a sus lugares de labor. Se creían víctimas, y no querían serlo más. Los más jóvenes e inexpertos dominaron en cada taller o comercio a los más antiguos y capaces. Se quebró la disciplina, disminuyó la producción, comenzó el sabotaje, se trabajó a desgano y se provocaron graves hachos de violencia.
Como el ámbito de la secretaría era reducido, el coronel utilizó la radio. Le escuchó entonces el país entero. Y en todas partes consiguió lo mismo: la división en dos campos enemigos.
Entretanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión continuaba su tarea. El coronel necesitaba completar su propaganda de dominar los sindicatos. Intervenía a los más rebeldes para separar a sus dirigentes díscolos y poner en su reemplazo a los adictos; deshacía algunos y creaba muchos. De las varias centrales obreras hacía una, la CGT definitiva, mansa ejecutora de su voluntad.
Al cumplirse el primer aniversario de la secretaría, el coronel hizo una demostración de su fuerza en el campo laboral, no sólo con fines de propaganda dentro del mismo, sino, también, con el propósito de mostrarla a quienes dentro del gobierno, de las fuerzas armadas, de los partidos democráticos y de los medios económicos y financieros resistían su gestión desquiciadora. Las entidades gremiales fueron advertidas de que en esa oportunidad no se admitían ausencias ni excusas. Todas, con el máximo de sus afiliados, debían concurrir a la concentración en las proximidades de la secretaría. Con tamaña “libertad”, lógico es suponer que la manifestación fue numerosa.
El encarecimiento de la producción, como consecuencia de los convenios paritarios y la reducción de la misma, había producido un alza en el costo de la vida, Por tanto, al vencer el término de un año de su vigencia, se formularon nuevos petitorios, los cuáles se trataron, como los primeros, ante los funcionarios de la secretaría. Esta vez las discusiones fueron más ásperas. Los dirigentes obreros se sabían respaldados por el coronel demagogo, y aleccionados por sus discursos, se mostraron agresivos y poco conciliadores. Los empresarios debieron aceptar la casi totalidad de cuanto le pedían. El resultado fue un nuevo aumento de precios de las mercaderías y el consiguiente encarecimiento de la vida.
¿Para qué continuar? Anualmente durante una década, y cada dos años hasta finalizar la dictadura, sucedió lo mismo. Hasta ahora no se ha podido dar fin a tal proceso.
En el libelo que el dictador publicó en el extranjero después de su caída (1) ha dicho que “los salarios de 1945 a 1955 subieron el 5005; el salario real se mantuvo en un mejoramiento del 50%, pues el costo de vida llegó, con el control de precios de primera necesidad, a un aumento del 250%”.
Si eso fuera verdad, ¿Por qué anualmente pedían los trabajadores aumentos y otras mejoras? Y si no lo era, ¿cómo no buscó una solución adecuada para evitar el continuo encarecimiento de aquella?
Lo cierto es que, a causa de la creciente depredación de nuestra moneda, esos aumentos no servían para nada. Pero ese fracaso no dañaba al dictador. Si efectivamente hubiera logrado elevar al nivel de vida de las masas laboriosas, como decía ser el propósito del justicialismo, los sindicatos hubieran perdido muchas razones de solicitar mejoras y, por consiguiente, de satisfacer a sus afiliados. Necesitaban mantener el descontento, como otrora, en resguardo de la propia supervivencia, debían mantener ciertas plagas los encargados de exterminarlas. Los beneficiados olvidan pronto a sus benefactores, pero los necesitados no se apartan de quienes pueden satisfacer su necesidad. Perón lo sabía tanto como los dirigentes gremiales. Para uno y otros les era indispensable mantener el inconformismo de los trabajadores y no perder posibilidad de complacerlos periódicamente. Nada les era más simple y seguro que valerse, para el caso, de los convenios paritarios. Hacían lo que los médicos inescrupulosos: daban medicamentos inocuos o dañinos que, al empeorar al paciente, lo obligaban a una nueva consulta. Con la diferencia que los trabajadores no podían cambiar de médico.
Mientras se ejecutó esta política cesaron en los gremios las diferencias ideológicas de antaño, no tanto porque triunfara el justicialismo sobre las otras corrientes, sino porque al agitar a las masas las preparaba con eficacia notoria para su adecuada utilización futura. Era cuestión de esperar, y entretanto fingirse peronistas.

NOTAS:

(1) “El soberano la fuerza es el derecho de las bestias” Juan Perón 1958.

Fallo del Tribunal superior de honor del Ejército que juzgo al General Perón

2010-01-04T00:07:00.000-08:00

FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE HONOR QUE JUZGO AL GENERAL PERÓN

Cargos imputados al causante
Este tribunal superior no descarta la existencia de otros cargos que puedan imputarse al prevenido, además de los que serán analizados a continuación, pero siendo estos suficientes, por sí solos, para fundar la conclusión a que ha de llegar, estima preferible no extender la investigación a otros aspectos, dado que ello significaría dilatar considerablemente esa causa que, por su naturaleza, debe ser substanciada en el más breve plazo.
Consecuentemente con lo antedicho, esta tribunal superior ha examinado los siguientes cargos:

A.- Sembrar el odio en la familia argentina e incitar a la violencia y al crimen.
Incitación a la violencia

Es público y notorio que el general Perón, a pesar de la alta investidura que desempeñaba y de pertenecer al ejército de la Nación, en diferentes discursos ampliamente difundidos por radiotelefonía y los diarios, desde el principio y hasta el fin de su gobierno, profirió violentas amenazas contra una parte de la población, ofendiendo a la dignidad de los habitantes, sembrando el odio y creando con su prédica una manifiesta división de clases.
En este sentido se recuerdan entre otras las siguientes expresiones:
“El día que se lance a colgar, yo estaré del lado de los que “cuelgan”, (2 de agosto de 1946).
“Entregaré unos metros de piola (1) a cada descamisado y veremos quién cuelga a quien” (12 de agosto de 1946).
“A mí me van a matar peleando” (13 de agosto 1946).
“Con un fusil o un cuchillo a matar al que se encuentre” (28 de junio de 1947).
“Esa paz tengo que imponerla yo por la fuerza” (23 de agosto de 1947).
“Levantaremos horacas en todo el país para colgar a los opositores. (8 de septiembre de 1947).
“Distribuiremos alambre de enfardar para colgar a nuestros enemigos” (31 de agosto de 1951).
“Ustedes me piden leña (2): ¿Por qué no empiezan a darla ustedes?” (mayo de 1953).
La violencia que preconizaba alcanzó su máximo expresión en su último discurso, pronunciado desde los balcones de la Casa de Gobierno el 31 de agosto próximo pasado (3), cuando impulso a las masas al crimen organizado, indicando la forma cómo debía procederse y dando, por consiguiente, un “bill de intensidad” a los que así lo hicieran, al expresar:
“A la violencia la hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento; todo aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino.
Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten.
La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.
Ninguna circunstancia ha podido justificar tan tremendas amenazas por parte de quien, como presidente y como general, estaba obligado a respetar a la ciudadanía y a la ley, así como a guardar el orden y dar ejemplo de mesura y serenidad.
Las amenazas e insultos, proferidos unas veces contra determinadas personas y otras indistintamente contra amplios y respetables sectores de la población, amparándose su autor en la impunidad que le deparaba su carácter de primer mandatario, revelan una falta moral incompatible con el pundonor (4) militar.

La Orden General Nº 1

De las constancias agregadas a estas actuaciones, resulta que el ex presidente, por intermedio del “Comando General de Estado”, impartió la “Orden General Nº 1, para la represión de alteradores del orden público”, del 18 de abril de 1952, por la cual se determinaba que en caso de atentado contra el presidente de la Nación se debía “contestar con miles de atentados”, cuya ejecución quedaba librada a la Confederación General del Trabajo y al Partido Peronista Masculino.
A los efectos del cumplimiento de dicha orden, se confeccionaron “listas de objetivos, locales, organizaciones extranjeras de nuestro gobierno que actúan en común con los complotados y de personas opositoras que deben ser suprimidos sin más en caso de atentado al presidente de la Nación”.
La citada orden disponía, “el ataque y destrucción de las mencionadas organizaciones enemigas y las operaciones punitivas contra los dirigentes de las mismas”.

Alianza Libertadora Nacionalista

La titulada Alianza Libertadora Nacionalista configuraba una de las fuerzas de choque de que disponía el ex presidente para la realización de su política personal, y la imputación, tantas veces formulada por la ciudadanía, atribuyendo a los integrantes de aquél a muchos de los actos de vandalismo cometidos en la ciudad, ha quedado terminantemente probada en actuaciones de carácter policial.
Es de pública notoriedad la vinculación del mandatario depuesto con la referida agrupación, a la que aquel, en declaraciones aparecidas en periódicos extranjeros (5), ha calificado de partido político integrado por “hombres jóvenes y patriotas decididos”.
Dicha agrupación tenía como jefe a su “secretario general” Guillermo Patricio Kelly, cuyo prontuario, que este tribunal tiene a la vista, registra una condena por hurto en 1938, cuando tenía 17 años de edad, a la pena de un año y medio de prisión, registrando posteriormente ocho antecedentes delictuosos, por robo, hurto, extorción, defraudación, abuso de armas, estafa, etcétera. Pese a ello y a la circunstancia de tener la captura recomendad por jueces ordinarios de la capital, se le otorgó certificado de buena conducta y pasaporte en el año 1954. Debe agregarse que esas capturas no pudieron cumplirse porque la policía jamás lo halló, aún cuando es pública y notoria su participación, entre otros, en el acto de apoyo al presidente depuesto realizado en un teatro de esta capital el día 22 del mes de agosto pasado (6).
El apoyo prestado por el general Perón a un sujeto de tales antecedentes y la ayuda que, a su vez, recibía de la agrupación dirigida por este, son incompatibles con el honor de vestir el uniforme militar: un general de la Nación ni puede apoyarse en delincuentes comunes ni asumir públicamente su defensa, sin mengua del prestigio que corresponde a la alta jerarquía que inviste.

Ataque a la religión católica. Incendio de Iglesias

Son de público conocimiento los ataques a la religión católica llevados a cabo por el causante, creando un problema que no existía en el país, en su inmensa mayoría profundamente católico, concretando así la incitación a la violencia que predicaba.
Los discursos pronunciados por miembros de su partido político en el acto del Luna Park el 25 de noviembre de 1954 constituyeron una afrenta a la cultura argentina, a pesar de lo cual merecieron la aprobación implícita del causante, que autorizó y presidió el acto.
A ello cabe agregar la deportación, sin forma alguna de juicio y con violación de disposiciones constitucionales y legales, de dos ciudadanos argentinos que investían altas dignidades dentro de la jerarquía eclesiástica; los denuestos y calumnias proferidos en sus discursos contra los miembros del clero, que debieron sufrir persecuciones y cárceles por el solo hecho de defender su religión, que es la de nuestro pueblo; las trabas puestas a los colegios religiosos, algunos de los cuales fueron clausurados, y, finalmente, el incendio de iglesias.
En la noche del día 16 de abril de 1953, luego de un acto en la Plaza de Mayo en que el ex presidente incitó a la acción violenta, se llevó a cabo el incendio y destrucción de los edificios del Jockey Club, de la Casa del Pueblo, de la Casa Radical y de la sede del Partido Demócrata Nacional, todos ellos ubicados en la zona céntrica.
Dichos incendios fueron consumados ante la pasividad de la policía, quien protegió y amparó así a sus autores, a lo que debe sumarse la apatía con que al día siguiente los bomberos cumplieron su cometido.
Dos años después, en una noche que será eterna afrenta para la ciudad de Buenos Aires, grupos criminales, utilizando la misma técnica y gozando de igual impunidad que en los casos anteriores, incendiaron y saquearon los más viejos templos de la ciudad y la casa de la Curia Metropolitana, consumando actos de inaudito sacrilegio y haciendo desaparecer reliquias que eran caras a los más nobles sentimientos patrióticos y religiosos de nuestra nacionalidad.
Este tribunal superior tiene la íntima convicción de que en la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe constitucional es el presidente de la República, quien en ambas noches se encontraba en ella, no han podido realizarse tales actos sin su orden expresa o, por lo menos, sin su anuencia o su aprobación.
No se puede suponer que en un régimen de las características del que acaba de caer, funcionario alguno, por encumbrado que fuere, asumiera por si la iniciativa de ordenar o permitir, sin el consentimiento del presidente de la República, actos criminales de tanta trascendencia. Tampoco es admisible que de no haber mediado la orden o el beneplácito del presidente, hayan sido mantenidos en sus puestos, después de los hechos, los funcionarios a cuyo cargo directo estaba la custodia del orden público y que hayan quedado en la más absoluta impunidad quienes realizaron la parte material de los atentados.
Cabe, además, señalar la evidente posibilidad de que hubieran ocurrido hechos aún de mayor magnitud que los anteriormente señalados. Dicha posibilidad surge de las palabras que el ex presidente pronunciara en una reunión de gabinete, efectuada con posterioridad al 31 de agosto último, en la cual expresara, según declaración del ex ministro de Obras Públicas, prestada ante este tribunal: “que tenía tachos de nafta con jefes de manzana para quemar los reductos opositores que vivían en la zona norte de la Capital”.
La probabilidad de que dicha amenaza se materializara también del claro y evidente nexo existente entre los incendios ocurridos y las instrucciones criminales contenidas en la Orden General Nº 1, en razón de que estos hechos configuraban algunos de los objetivos cuya destrucción allí se dispone.

B- La quema de la bandera Argentina

Este tribunal superior, al examinar la conducta del general Perón, debe considerar con particular atención el lamentable y doloroso episodio de la quema de la bandera, ocurrido en la Plaza del Congreso el día 11 de junio próximo pasado.
El día 12 de ese mes, el país fue sorprendido por la gravísima imputación, formulada por el propio presidente de que un grupo de católicos, luego de la procesión de Corpus Christi, y en las circunstancias conocidas, había quemado una bandera argentina, consumando así un incalificable agravio a la sagrada enseña de la patria.
Casi de inmediato al anuncio oficial, difundido por radiotelefonía y los diarios –los que insertaron fotografías en las cuales el entonces presidente aparecía contemplando la enseña ultrajada-, empezó a circular en la población el rumor de que la bandera nacional había sido quemada por personal de la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la superioridad y al solo objeto de desprestigiar a los católicos que habían realizado, contra toda clase de prohibiciones, el mencionado acto religioso.
Los hechos posteriores comprobaron la verdad de dicho rumor. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, apartándose ciertamente de su competencia específica, pero guiado por un hondo sentido de patriotismo y responsabilidad, emprendió la investigación, y con fecha 1º de julio de 1955, a fojas 2.371 de la causa instruida con motivo de los sucesos del día 16 de junio, declaró probado por unanimidad, que la orden de quemar la bandera había emanado de la Policía Federal. Como también consideró que en esa orden podían tener injerencia el ex ministro del Interior don Ángel G. Borlenghi y el ex jefe de la Policía Federal don Miguel Gamboa, dispuso comunicar de inmediato el resultado de la votación al entonces presidente de la República, solicitándole dispusiera la separación de su cargo del último de los nombrados y la detención de Borlenghi.
En las actuaciones consta que ese día, siendo las 12:30 horas, el secretario del consejo, debidamente instruido por el presidente del mismo, se apersonó a la residencia presidencial y, ante la imposibilidad de entrevistar al general Perón, efectuó la pertinente comunicación a su ayudante, el mayor don Alfredo Máximo Renner, quien dos horas más tarde hizo saber al presidente del Consejo Supremo que la comunicación al general Perón había sido cumplida.
El general Perón no adoptó medida alguna. No sólo no separó al jefe de Policía ni ordenó la detención de su ex ministro, sino que ni siquiera impidió la precipitada fuga de este último, que pocas horas más tarde –el 2 de julio a las 16 y 8- se ausentó en forma harto sugestiva, por vía aérea, para Montevideo, anticipando un viaje que proyectaba realizar varios días más tarde.
Consta en la declaración formulada por el contraalmirante don Aníbal O. Olivieri ante este tribunal superior, que poco después del lamentable episodio de la plaza del Congreso, en ocasión de un acuerdo de gabinete, el ex presidente refiriéndose a la quema de la bandera expresó: “como éste es un juego de vivos, yo lo aprovecho políticamente.”
El ex vicepresidente de la Nación, contraalmirante don Alberto Teisaire, en declaraciones que son de público conocimiento, ha expresado: “Es mi convicción más profunda que dicha felonía se ejecutó no sólo con la autorización de Perón, sino bajo su inspiración.”
En conclusión: si bien no es posible declarar probado que la orden de quemar la bandera emanó del propio presidente, puede afirmarse, en cambio, que conoció la verdad de los hechos a poco de producidos, a pesar de lo cual no tuvo escrúpulos en valerse de lo que sabía una falsedad, para enfrentar a un amplio y respetable sector de la población, ni adoptó medida alguna para que los responsables materiales y morales del insólito atentado sufrieran el condigno castigo.
A la precedente afirmación debe agregarse que, como es de pública notoriedad, el general Perón aprovechó de inmediato el incidente de la bandera para desatar una nueva ola de violencias verbales, al tiempo que imponía, o por lo menos permitía, que tanto las instituciones armadas como la casi totalidad de la administración pública del país realizaran actos de desagravio a la enseña de tal manera escarnecida.

C. – Incumplimiento del juramento de respetar la Constitución Nacional

Las reiteradas violaciones a la Constitución Nacional imputables al ex presidente implican el incumplimiento del juramento que el mismo prestará en el sentido de respetarla y hacerla respetar.
Si bien formuló dicho juramento en su carácter de presidente de la Nación, la circunstancia de ser miembro del ejército y revistar en él con el grado más alto de la jerarquía, presentaba para el causante un doble compromiso de hacer honor a la palabra empeñada a al Nación, compromiso que, desde luego, no podía ser mas sagrado.
El incumplimiento de tan solemne juramento bastaría por si solo para señalar al causante como desprovisto de las condiciones morales que debe poseer un general de la Nación, más aún cuando dichas violaciones atacaban los principios de la Carta Magna: la forma representativa, republicana y federal de gobierno; los preceptos referentes a la religión católica; los deberes, derechos y garantías de la libertad personal y la armónica interdependencia de poderes, anulada en la práctica por el Poder Ejecutivo.

D.- Deslealtad con la institución.

Así como el presidente depuesto atacó los fundamentos mínimos de las instituciones básicas del país, a fin de favorecer la consecución de sus objetivos personales, el ejército, heredero de ilustres tradiciones y custodio de los más altos valores morales, debió soportar una intensa y persistente acción destinada a socavar los principios que lo sustentan.
Los vicios del régimen presidido por el causante hicieron que muchos integrantes del ejército afrontaran la tremenda responsabilidad de alzarse contra el poder civil, llevados por el patriótico propósito de salvaguardar los más altos intereses de la Nación al precio de su sacrificio personal y, presumiblemente, del de sus propias familias, todo lo cual importa para el causante una grave responsabilidad.
El general Perón ha explotado, con fines perjudiciales a la Nación, una de las virtudes de nuestro ejército: su espíritu de subordinación al poder civil. Este hecho configura una deslealtad al ejército y a los camaradas, así como una suerte de escarnio hacia una de las virtudes que deben caracterizar a las fuerzas armadas.
Por todo ello cabe al inculpado, sea por su acción personal y directa, sea por haber aceptado la acción desarrollada por su ministro de Ejército, responsabilidad sobre el grave daño moral inferido a la institución, tanto por los hechos mención a los precedentemente como también por los que a continuación se puntualizan y que merecen una consideración particular.

Falso adoctrinamiento

El adoctrinamiento del personal militar, desarrollado bajo el aparente propósito de fortalecer sus virtudes, procuró, mediante una acción encaminada al aplauso del ex mandatario y de los actos de su gobierno, el sometimiento de los integrantes del ejército a la voluntad del jefe del Estado y , por ende, a la ideología política representada por el mismo. Se impuso así a los cuadros la tortura moral que significaba la violación de los sabios y austeros principios en que fueron educados y que eran los pilares sobre los cuales se asentara la institución desde los albores de la Independencia.
De este modo, quien debió ser el primero en velar por la institución, introdujo en ella la política, fuerza destructiva de la disciplina y la camaradería y factor que desnaturaliza la esencia y la razón de ser de las fuerzas armadas. De esta manera se creó un ambiente de inseguridad y desconfianza, totalmente contrario a la tradición de noble caballerosidad y lealtad que ha caracterizado a nuestros cuadros, tanto de oficiales como de suboficiales.

Pase a retiro y baja de oficiales

Es conocida la forma injusta en que el Poder Ejecutivo pasó a retiro a profesionales que constituían verdaderos valores para la institución, por el mero hecho de no demostrar identificación con las ideas políticas partidarias. Por iguales motivos y sin ningún reparo, algunos oficiales fueron dados de baja, incluso encontrándose en situación de retiro.

Homenajes lesivos a la dignidad

El tribunal no puede, al examinar la conducta del ex mandatario, prescindir de hacer referencia a los actos de homenaje que permitió se le rindieran.
Al respecto debe señalarse que pueblos, barrios, calles, plazas, barcos, escuelas, museos, aulas, premios y hasta una provincia, en rasgos de servil idolatría fueron bautizados con su nombre, sin que él, desde su alta magistratura, lo impidiera, ni siquiera en razón de que ello se colocaba en un plano superior al de todos los próceres de nuestra patria.
Igualmente, en todo el país se multiplicaban los bustos levantados en su honor, algunos de los cuales él mismo inauguró siendo público y notorio que el colosal monumento que se comenzó a erigir en esta ciudad, frente a la residencia presidencial, uno de los más grandes del mundo, iba a ser coronado con su propia efigie.
Permitió asimismo que la obsecuencia de funcionarios y adictos llegara al extremo de que una canción partidaria, que proclamada sus méritos y excelencias, fuera cantada en actos públicos a la par del Himno Nacional y se convirtiera en la canción oficial del primer Estado argentino.
Esta clase de homenajes no sólo degradan a quienes los rinden, sino también a quien los recibe y auspicia con su aquiescencia, máxime cuando en su mano está poner coto a los mismos. Es de advertir que esa complacencia determinó una desenfrenada carrera que llevó a colocarlo, como antes se ha dicho, por encima de los más grandes próceres de la nacionalidad, lo que puede comprobarse en los libros de texto de las escuelas, en los cuales se deforma nuestra gloriosa y auténtica historia a fin de hacerla servir a subalternos planes políticos.
Si los oficiales de nuestro ejército han de interpretarse en la inmaculada figura del Gran Capitán, cuya proverbial modestia lo llevó a los más abnegados actos de renunciamiento, es obvio que el haber aceptado y propiciado los homenajes de referencia resulta incompatible don las tradiciones de la institución militar argentina y con las virtudes que deben distinguir a sus generales.

Menosprecio por el pasado histórico.

Al calificar de “guardia pretoriana” al ejército de tiempos anteriores a su gobierno, en discursos difundidos por radiotelefonía, el causante ha inferido al glorioso pasado del mismo una ofensa gratuita, lesiva al prestigio legítimamente ganado en una Acción sacrificada y patriótica por el viejo ejército de la patria, que integrado por quienes fueron ejemplos de virtudes realizó las campañas de la Independencia, defendió la soberanía en cruentas guerras internacionales, conquistó el desierto para la civilización y el progreso y luchó por la organización nacional.
Igualmente, al englobar en el término tan usado por él de “vendepatria” a quienes formaron parte de gobiernos anteriores, olvidó que, por el contrario, nuestra historia es rica en ejemplos de quienes lo dieron todo en beneficio del país.

Agravio a la marina de guerra

No debe dejar de señalarse la falta de consideración observada por el imputado con respecto a la marina de guerra, al expresarse en la forma como lo hizo, luego de los sucesos del 16 de junio próximo pasado, agraviando a todos sus miembros sin reparo de ninguna especie.

Desnaturalización del servicio militar obligatorio

El decreto 14.834, del 16 de septiembre último, emanado del ex mandatario y cuya finalidad importaba una desnaturalización inaceptable de la ley de conscripción militar, es un ejemplo que ilustra elocuentemente acerca del grave daño que su acción entrañaba para el ejército.
Según constancias debidamente acreditadas, el decreto en cuestión tenía las dos finalidades siguientes:
1ª Reunir a los opositores políticos en unidades destinadas a la construcción de caminos, etcétera, que serían alejadas de la Capital hacia el interior del país.
2ª Reforzar ciertas unidades con adictos políticos.
Si bien el artículo 2ª establece que “…la convocación prevista en el presente decreto podrá hacerse efectiva sobre clases, especialmente técnicas e individuos aislados según… mejor convenga…”, la intensión visible fue aplicar solamente la forma individual (por designación aislada). Dicho decreto fue entregado pas su aplicación al ministro de Ejército, quien dicto la resolución el 18 de septiembre de 1955, ordenando hacer la convocatoria por medio de “cédula de llamado al servicio”.
A tal efecto, por orden del ex presidente, la CGT (Confederación General del Trabajo) preparó listas de voluntarios que se incorporarían al ejército para defender al gobierno. Dichas listas fueron entregadas al ministro de Ejército, quien a su vez las remitió a los organismos correspondientes para su ejecución.
Es evidente que las comprobaciones referidas configuran una desnaturalización inaceptable de la ley de conscripción, convirtiéndola en un medio de persecución política y en un recurso ilícito tendiente a asegurar la incondicionalidad del ejército.
El hecho de ser un general de la Nación el promotor de un procedimiento que atenta contra el prestigio del ejército al falsear el fundamento orgánico de las fuerzas armadas, revela en él una falta de escrúpulos absoluta en cuanto a la elección de los medios y un desprecio total de los intereses vitales de la institución.

E.- Falsedad en el vivir.

Es notorio que aparte de los valiosos objetos adquiridos personalmente por el causante, éste aprovecho su encumbrada situación para beneficiarse con regalos fastuosos, hallados en sus distintas residencias y exhibidos en público en la ciudad de Buenos Aires.
Aunque se alegara que aquellos han sido obsequios voluntarios de sus admiradores y partidarios, esta acumulación ilícita de riqueza y de fastuosidad llevada por el causante, totalmente incompatible con la austeridad militar, de la que hizo gala al afirmar que vivía con trescientos pesos mensuales, constituye, además de un falseamiento de la verdad, una burla para el pueblo a quien iban dirigidas y que lógicamente podía creer en ese aserto, siendo pronunciadas por quien investía el doble carácter de general del ejército y presidente de la Nación.

F.- Relaciones con una menor.

Este tribunal superior ha comprobado fehacientemente, como lo atestigua la documentación agregada a las presentes actuaciones, que el general Perón ha hacho vida marital con una menos (7) –de hogar modesto- cuya declaración, fotografías y copia de la partida de nacimiento se acompañan, conviviendo con ella durante casi dos años en la residencia presidencial, hecho conocido por el personal de servicio de la casa, así como por ciertos altos funcionarios que frecuentaban la misma.
El imputado se ha exhibido con dicha menor en los actos oficiales de carácter público a los cuales asistían también funcionarios de elevada jerarquía, conviviendo con ella en el Hotel Provincial de Mar del Platas, en ocasión de realizarse en esa ciudad un festival cinematográfico.
Asimismo la hizo objeto de valiosos regalos, consistentes en una casa valuada en ciento cuarenta mil pesos, numerosas alhajas, algunas con dedicatoria a su extinta esposa Eva Duarte de Perón, y la cantidad de trescientos nueve mil pesos en dinero efectivo, que el imputado le entregó poco antes de refugiarse en una embajada extranjera.
El tribunal ha comprobado mediante la pertinente pericia caligráfica la autenticidad incontestable de las cartas que el prevenido dirigió desde su lugar de asilo a la citada menor y cuyo texto fue reproducido en los diarios de esta capital el día 30 de septiembre último.
Que el inculpado inició su amistad con dicha menor en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), institución de la cual es secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo), en su discurso del 25 de noviembre de 1954 dijo: “…no voy a hablar de la UES porque todos saben lo que es. Es raro un trabajador que no tiene la felicidad de contar con un hijo o una hija educados física y espiritualmente en los clubes de la UES y nos molesta porque tocan a nuestros propios hijos las apreciaciones difamantes…”
El hecho en cuestión, que por la edad de la menor (14 años cuando el causante inició su vida intima con ella) cae bajo las sanciones del Código Penal ordinario, pone de manifiesto una desviación moral inadmisible, máxime tratándose de quien, prevalido de su alta investidura y al tiempo que pretendía erigirse en rector de la juventud, no ha vacilado en mancillar la honra de una criatura.
Resulta obvio desde luego señalar el estupor de este tribunal ante la comprobación del hecho cometido, precisamente por quien tantas veces proclamara a la niñez como la única privilegiada bajo su gobierno y que defraudara así la confianza que depositaron tantos hogares en una institución que reiteradamente calificó como educadora de la juventud.

G.- No afrontar la responsabilidad

Corresponde por último señalar la actitud asumida por el causante al recurrir al derecho de asilo en las circunstancias que son de pública notoriedad, evidenciando con ello su decisión de eludir las consecuencias que pudieran resultar del examen de su conducta.
Tal proceder aparece calificado por sus propias palabras, pronunciadas el día 28 de septiembre de 1951, las cuales contradicen totalmente la referida actitud del causante. A este respecto corresponde recordar que uno de los pilares en que se apoya la autoridad moral de cuantos ostentan un grado militar, consiste en la exacta conciencia de los principios que se predican con los que rigen la propia conducta.
Por otra parte, desde el punto de vista castrense correspondiente al ánimo de este tribunal superior, resulta evidente que dicha actitud no coincide con la investidura de general, en quienes el amor a la responsabilidad debe ser llevado hasta las más extremas consecuencias.

En resumen:
El análisis precedente, que se ha referido sólo a los cargos que las probanzas actuales ponen de relieve como de mayor trascendencia, define la conducta observada por el señor general de ejército don Juan D. Perón.
El incalificable episodio de la quema de la bandera nacional; el sacrílego incendio de las iglesias, con la destrucción de tesoros religiosos, históricos y artísticos; la constante incitación a la violencia; la prédica de odios encaminada a disociar la familia argentina y crear una división de clases, y las reiteradas ofensas a diversos sectores de la ciudadanía, escudándose en la impunidad emergente de su alta investidura, constituyen algunos de los cargos examinados.
A ello se suma que vulneró los principios constitucionales que había jurado respetar; que suprimió arbitrariamente la libertad, bien supremo del individuo y de los pueblos, y que socavó los fundamentos mismos del ejército introduciendo la política en sus filas; menoscabó la disciplina; falseó la ley de conscripción militar con miras a sus conveniencias partidarias, y que descendió, por último, rodeado de una fastuosidad producto de su enriquecimiento ilícito, a la comisión del delito privado previsto y penado en la Código Penal ordinario.

Resolución definitiva

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre del año mil novecientos cincuenta y cinco, siendo las trece horas, y estimado este tribunal superior de honor que se encuentran suficientemente aclarados los hechos que motivaron su constitución y que fueron analizados detenidamente en la diligencia que antecede, se procede a votar las siguientes cuestiones, de conformidad con lo establecido en el Nº 54 del reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70):
a) ¿El general del ejército don Juan Domingo Perón ha incurrido en algunos de los actos comprendidos en el Nº 23 del reglamento de los tribunales de honor? El tribunal superior de honor por unanimidad considera que si, por ser los actos examinados contrarios al honor y a la tradición de las fuerzas armadas.
b) ¿Los hechos que se le imputan constituyen faltas de honor? El tribunal superior de honor considera, por unanimidad, que si, dado las conclusiones a que arribara precedentemente.
c) ¿Los hechos que se le imputan son actos aislados o constituyen por el contrario su conducta habitual? El tribunal superior de honor considera por unanimidad, que el número y la diversidad de los hechos cometidos por el causante configuran una conducta habitual de su parte.
d) ¿Los hechos que se le imputan han afectado a las fuerzas armadas, al cuerpo de oficiales y a cada oficial en particular? Este tribunal superior de honor considera, por unanimidad, que los hechos, por su relieve y trascendencia, afectan no solo a cada oficial en particular, al cuadro de oficiales todo y a la institución misma, sino también a la Nación entera, hondamente afectada por los hechos cometidos.
e) ¿Tiene atenuante? Este tribunal superior de honor considera que no tiene asu favor atenuante alguno.
f) ¿Tiene agravante? Este tribunal superior de honor considera, por unanimidad, que tiene los agravantes de su elevado grado militar y de haber cometido los hechos cuando ejercía la primera magistratura del país.
Es mérito de los resultados de las votaciones que anteceden, el tribunal superior de honor aprecia por unanimidad, que el señor general de ejército don Juan Domingo Perón se ha hecho pasible, por las faltas cometidas de lo dispuesto en el Nº 58, apartado 4º, del reglamento de los tribunales de honor, “descalificación por falta gravísima”, resultando incompatible con el honor de la institución armada que el causante ostente el título del grado y el uso del uniforme; medida ésta la más grave que puede aconsejar el tribunal.
Con lo que terminó el acto, firmando todos sus miembros para constancia. – Tenientes generales Carlos von der Becke. – Juan Carlos Bassi. – Víctor Jaime Maó. – Juan Carlos Sanguinetti. – Basilio D. Pertiné.

Decreto

“Visto el presente expediente letra V, Nº 262/55 (M.E.), lo resuelto por el tribunal superior de honor, lo prescrito por el número 75 del reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70) y teniendo en cuenta, por lo demás, que la conducta del general de ejército don Juan Domingo Perón, en razón del alto cargo que ha desempeñado y de la gravitación que ha tenido en los destinos del país, trasciende del ámbito de la institución militar, lo que hace necesario, en un régimen republicano de gobierno, que sea conocida por toda la ciudadanía y, atento a los propuesto por el ministro secretario de Estado de Ejército, e presidente provisional de la Nación Argentina decreta:

Artículo 1º: Apruébese la resolución del tribunal superior de honor que declara al señor general de ejército don Juan Domingo Perón, encuadrado en el Nº 58, apartado 4º, del reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70) “Descalificación por falta gravísima”, quedando por consiguiente prohibido al causante ostentar el título del grado y el uso del uniforme, por la indignidad que con su conducta ha puesto de manifiesto.
El artículo 2º es de forma.

Lonardi
León J. Bengoa.

NOTAS:

(1) “Piola” cuerda, soga. (Nota del Transcriptor).
(2) “leña” paliza, castigo violento. (Nota del Transcriptor).
(3) Del año 1955. (Nota del Transcriptor).
(4) El Pundonor: Amor propio, sentimiento que lleva a una persona a quedar bien ante los demás y ante sí mismo. (Nota del Transcriptor).
(5) Perón, luego de huir del país, tal como se relata posteriormente, dio varios reportajes, grabaciones y escribió un libro. Esta prensa hizo que aún muchos crean en sus mentiras y fue lo que en definitiva le permitió volver a una tercera presidencia. (Nota del Transcriptor).
(6) Del año 1955. (Nota del Transcriptor).
(7) Se trata de Nelly Haydee Rivas. La sentencia no hace mención de su nombre ya que al ser menos de edad, debía protegerse su identidad. (Nota del Transcriptor).

Politica Social: La Legislación social Agentina anterior a 1943

2010-01-03T14:32:00.000-08:00

La legislación social argentina anterior a 1943

Muchas veces hablo el dictador Perón sobre la situación en que se hallaban los trabajadores argentinos antes de 1943. De continuo les expresaba que habían vivido bajo un régimen oligárquico “de explotación y esclavitud”, hasta que se liberaron merced a la justicia social enunciada por su doctrina. “De una carencia absoluta de leyes de trabajo y previsión que nos colocaba en el último lugar, hemos pasado en sólo diez años a estar en la cabeza del mundo en la materia”, ha escrito después de su caía.
¿Era verdad todo eso? Tantas veces lo dijo, que acabaron por creerlo los ingenuos y los mal informados.
Es necesario por consiguiente, recordar lo que en nuestro país se hizo, antes de 1943, en lo que respecta a legislación laboral.
Desde sus primeros momentos de país libre encararon sus gobernantes los problemas derivados de la injusticia social.
El primero fue el de los esclavos, es decir, el de los seres humanos que eran propiedad de otros seres y carecían en absoluto de libertad. Habían sido traídos de África por tratantes autorizados por la corona de España y vendidos luego como piezas de ganado. Los había en toda América, incluso en la que había sido conquistada por británicos, franceses, holandeses y portugueses, porque era una brutal práctica de la época, a la que ninguna nación colonizadora había hecho excepción.
Cupo a nuestro país la honrosa prioridad de iniciar su liberación. “Este bárbaro derecho del más fuerte que ha tenido en consideración a la naturaleza desde que el hombre declaró la guerra a su misma especie –expreso la Asamblea de 1813- desaparecerá en lo sucesivo de nuestro hemisferio, y sin ofender el derecho de propiedad, si es que éste resulta de una convención forzada, se extinguirá sucesivamente hasta que regenerada esa miserable raza iguale a todas las clases del Estado, y haga ver la naturaleza nunca ha formado esclavos, sino hombres, pero que la educación ha dividido la tierra en opresores y oprimidos”
En virtud de tan altos principios, la misma Asamblea que nos dio el Himno, suprimió los privilegios de sangre, destruyó los instrumentos de tortura y abolió la inquisición, declaró la libertad de quienes naciesen de vientres esclavos y aún de aquellos que, teniendo tal condición, pisasen tierra argentina.
Cuarenta años después ya casi no quedaban esclavos en nuestro país, y los pocos que aún podían existir fueron declarados libres por la Constitución de 1853.
Igual determinación tomó la Asamblea con respecto a los “miserables indios” que hasta entonces, según afirmaba, habían “gemido bajo el peso de su suerte”. Derogó la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio de los indígenas, a quienes desde entonces se tuvo en las Provincias Unidas “por hombres perfectamente libres y con igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan”
No corresponde hacer menuda referencia de las ideas sobre problemas económicos y sociales expuestos antes de nuestra organización nacional por los más ilustres argentinos. Basta recordar que las mismas fueron concretadas en la Constitución que durante un siglo rigió nuestro desarrollo nacional y nos llevó al privilegiado lugar que hasta 1943 ocupábamos entre los más jóvenes países de la tierra.
En el preámbulo de la Constitución se mencionan sus objetivos de afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para los argentinos de todos los tiempos y para los hombres del mundo que quieran habitar en nuestro suelo. Consecuente con tales propósitos establece los derechos de trabajar, de asociarse con fines útiles, de enseñar y aprender.
No era necesario decir más para hacer posible la igualdad social y económica en la Argentina. Ya vendrían las leyes que reglamentaran el ejercicio de los derechos y garantías que reconocía la Constitución, a medida que aparecen las necesidades.

Entre éstas se hizo evidente, a principios de este siglo (1), la de legislar sobre los derechos de los trabajadores. Había comenzado la industrialización del país y su comienzo se había desarrollado prodigiosamente. La vieja Argentina criolla y pastoril desaparecía ante la nueva de acentuado carácter cosmopolita. Las ideas sociales difundidas en los grandes centros fabriles de Europa tuvieron su entrada en nuestra tierra; se organizaron los primeros centros obreros y, a la vez, se produjeron los primeros conflictos entre patronos y trabajadores.
De inmediato se buscaron soluciones. Dos fueron las principales: una, represiva; previsora, la otra. La primera se concretó en la “ley residencia”, que autorizó al Poder Ejecutivo a expulsar a los extranjeros peligrosos. La otra solución –a la que ya nos hemos referido- fue dada mediante el proyecto de ley nacional del trabajo, enviado al Congreso en 1904, al término de la segunda presidencia del general Roca. Era su autor el ministro del Interior doctor Joaquín V. González, eminente estadista que comprendió y estudió con hondura la realidad de los nuevos fenómenos sociales.
El proyecto recogía la experiencia de las naciones más importantes de la tierra, que en virtud de su desarrollo industrial había padecido los más agudos conflictos entre el capital y el trabajo. Pero a diferencia de aquellas, que solo habían dado soluciones parciales y sucesivas a algunos aspectos del vasto problema, el proyecto González lo consideraba en su totalidad, a fin de evitar en nuestro país las conmociones sociales ya previsibles.
Tratábase en el del contrato de trabajo y de los intermediarios en el mismo, o sea de las agencias de colocaciones entonces existentes. Referíase luego a los accidentes del trabajo y a la duración y suspensión del mismo. Seguía con el trabajo a domicilio y con el de menores y mujeres. Más adelante disponía sobre el trabajo de los indios, como también sobre el contrato de aprendizaje, las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de labor y las asociaciones industriales y obreras. Y finalizaba con el establecimiento de la Junta Nacional de Trabajo y de los tribunales de conciliación y arbitraje.
El cambio de gobierno impidió la sanción legislativa del magnífico proyecto, pero en sus disposiciones se inspiran casi todas las leyes que se promulgaron posteriormente.
Entre 1903 y 1943 emanó de los diversos sectores políticos de nuestro Parlamento la legislación de trabajo y previsión social anterior a la revuelta del 4 de junio (2). Hecha sin ruido ni alharaca por quienes tenían conciencia de su deber, no sirvió para la propaganda de ningún hombre, sino para los trabajadores, que son, todavía, sus beneficiarios inmediatos.
¿Cuáles son esas leyes? Nadie las ignora, pero conviene recordarlas. Helas aquí:

Ley 4.235 del 28-9-1903: Pensiones a las clases y agentes de Policía y Bomberos de la Capital Federal y territorios nacionales.
Ley 4.349 del 10-9-1904: Creación de una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios y agentes civiles de la administración.
Ley 4.661 del 31-8-1905: Obligación del descanso semanal en la Capital Federal y territorios nacionales.
Ley 4.707 del 25-9-1905: Disposiciones a pensiones (régimen orgánico del ejército).
Ley 4.856 del 29-9-1905: Disposiciones relativas a pensiones (régimen orgánico de la armada).
Ley 8.999 del 30-9-1912: Ley orgánica del Departamento Nacional del Trabajo.
Ley del 12-8-1913: Sobre descanso en las fiestas nacionales (25 de Mayo y 9 de julio)
Ley 9.148 del 25-9-1913: Establecimiento de agencias públicas y gratuitas de colocaciones. (3).
Ley 9.511 del 29-9-1914: Sobre inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones.
Ley 9.653 del 21-6-1915: Creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los empleados ferroviarios.
Ley 9.661 del 25-8-1915: Reglamentación de agencias particulares de colocaciones.
Ley 9.675 del 25-9-1915: Ley de cuadros y ascensos del ejército.
Ley 9.688 del 29-9-1915: Reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Ley 10.505 del 8-10-1918: Reglamentación del trabajo a domicilio.
Ley 10.650 del 24-4-1919: Organización de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados ferroviarios.
Ley 10.917 del 30-9-1919: Pensiones de las viudas e hijas de expedicionarios al desierto.
Ley 10.988 del 30-9-1919: Pensión de viudas e hijas de guerreros del Brasil, Paraguay y expedicionarios al desierto.
Ley 11.110 del 28-1-1921: Creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de empleados de empresas particulares que prestan servicios públicos.
Ley 11.127 del 8-6-1921: Sobre represión del fosforismo.
Ley 11.232 del 1-10-1923: Creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de empleados de empresas bancarias.
Ley 11.264 del 25-10-1923: Se extienden a los deudos de militares fallecidos con anterioridad a la ley 10.656 los beneficios acordados en el inciso 4’, artículo 12, título IV de la ley 4.856.
Ley 11.278 del 30-10-1923: Forma y condiciones del pago del salario.
Ley 11.293 del 24-11-1923: Liquidación de pensiones a viudas e hijas de guerreros del Brasil, Paraguay y expedicionarios al desierto, cuyos causantes murieron con anterioridad a la ley 9.675.
Ley 11.317 del 30-9-24: Sobre trabajo de menores y mujeres.
Ley 11.338 del 1-9-1928: Prohibición del trabajo nocturno en las panaderías.
Ley 11.412 del 18-9-1928: Pensión a hijas y nietas, solteras y viudas, de guerreros de la Independencia.
Ley 11.471 del 24-9-1928: Jubilación a las obreras que trabajan a domicilio para reparaciones del Estado.
Ley 11.544 del 29-8-1929: Limitación de la jornada de trabajo.
Ley 11.575 del 2-12-1929: Organización de la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias.
Ley 11.591 del 21-7-1932: Autorización al Poder Ejecutivo para expedir pasajes gratuitos a los trabajadores desocupados.
Ley 11.640 del 29-9-1932: Descanso obligatorio en la tarde del sábado.
Ley 11.672 del 29-12-1932: Destino del importe de las multas impuestas por violación de las leyes de trabajo.
Ley 11.729 del 26-9-1933: Reforma de los artículos 156 y 160 del Código de Comercio (indemnización por despido).
Ley 11.837 del 5-7-1934: Cierre uniforme de los establecimientos comerciales en la Capital Federal y territorios nacionales.
Ley 11.868 del 9-8-1934: Censo de desocupados.
Ley 11.898 del 21-9-1934: Junta nacional para combatir la desocupación.
Ley 11.933 del 29-9-1934: Prohibición de empleo de mujeres antes y después del parto y organización del seguro obligatorio de maternidad.
Ley 12.102 del 29-9-1934: Completa la ley 9.661.
Ley 12.111 del 30-9-1934: Régimen legal especial para las empleadas y obreros del Estado Nacional.
Ley 12.205 del 23-9-1935: Sobre el uso de asientos con respaldo.
Ley 12.383 del 9-8-1938: Prohibición de despido por causa de matrimonio.
Ley 12.579 del 25-1-1939: Jubilación de magistrados y cuerpo diplomático.
Ley 12.581 del 27-6-1939: Creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas.
Ley 12.583 del 28-7-1939: Se incluyen en los beneficios del artículo 1º de la ley 11.293 a los pensionistas de guerreros del Brasil, del Paraguay y Expedicionarios al Desierto, cuyos causantes fallecieron entre la sanción de la ley 9.675 y el 1º de julio de 1920.
Ley 12.601 del 28-9-1939: Jubilación de empleados de policía.
Ley del 30-9-1939: Creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Retiros de la marina Mercante nacional.
Ley 12.637 del 4-9-1940: Estatuto de los empleados de bancos particulares.
Ley 12.651 del 24-9-1940: Estatuto de viajantes a domicilio.
Ley 12.789 del 29-9-1942: Braceros para las tareas agrícola, ganadera, minera y forestal.
Ley 12.821 del 30-12-1942: Pensiones graciables o favores pecuniarios.

Se omiten en la enumeración precedente las leyes modificatorias de otras anteriores, como también las que ratifican acuerdos y convenciones internacionales sobre trabajo.
Tal era la legislación social antes de 1943.
A ella debe agregarse la asistencia social privada –religiosa y laica-. Por medio de muchos centenares de sociedades benefactoras y mutualistas con hospitales, sanatorios, salas-cuna, consultorios gratuitos, asilos, talleres, escuelas, campos de deportes, colonias de vacaciones, etcétera, diseminados en toda la extensión del país, acción admirable, realizada sin otro propósito que el muy noble de la solidaridad humana, carente de intención política y vanagloria personal.
¿Pudo ser más abundante aquella legislación? Acaso. No debe, sin embargo, juzgarse con criterios actuales el ritmo legislativo del pasado. Las circunstancias económicas, sociales y jurídicas de nuestro país en las cuatro primeras décadas de este siglo difieren de las presentes, como éstas, sin duda, no serán iguales a las del año 2000. No faltarán entonces, sin embargo, quienes nieguen la existencia o el valor de la legislación social anterior, porque estará en su juego político el decir que el mundo empieza con ellos. Y tampoco faltarán los simples que lo crean.
En 1943 la segunda gran guerra mundial no había terminado y teníase por cierto que, como sucedió después de la primera, se producía a su término cambios fundamentales en la estructura política, económica y social del mundo.
Aunque nuestro país no había intervenido en la contienda, sus efectos repercutirían necesariamente en él. “El golpe de timón hacia la izquierda”, que uno de nuestros políticos conservadores señaló como necesario algunos años antes, parecía ineludible a esa altura de los acontecimientos. Lo hubiera dado cualquier gobierno de origen auténticamente democrático y sentido progresista. Lo que sin duda no hubiera hecho es crear antagonismos sociales, sembrar el odio y dar estructura totalitaria a las fuerzas sometidas del capital y del trabajo.

NOTAS:
(1) se refiere al siglo XX.
(2) del año 1943.

(3) Esto es: agencias de empleo.

Difusión del Peronismo en el exterior: ATLAS

2010-01-01T05:31:00.000-08:00

La Agrupación de trabajadores Latino Americanos Sindicales (ATLAS)

A fines de 1951 se realizó en Méjico, con asistencia de catorce países americanos, una conferencia obrera internacional que proyectó crear una entidad que contrarrestara en nuestro continente la influencia de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), dirigida por el licenciado Vicente Lombardo Toledano y afiliada a la Federación Sindical Mundial con sede en Praga, Checoslovaquia.
De aquella conferencia se originó la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), con sede en Méjico, a la cual se afilió la American Labour Fedetation (Federación Americana del Trabajo AFL), que a su vez integró la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), fundada en 1949 y establecida en Bruselas.
Los delegados obreros argentinos ante la referida Conferencia de Méjico –entre los cuales estaban los mayores jerarcas de la CGT- plantearon en seguida la constitución de otra central obrera americana, con fin de difundir en el continente la “doctrina justicialista” a otros dirigentes y seudos dirigentes uruguayos y paraguayos y acordaron realizar una conferencia internacional en Asunción, para llegar más tarde a la formación de una central obrera que cumpliera el propósito de la hegemonía continental justicialista.
A principios del año siguiente se efectuó esa conferencia con gran ayuda del gobierno argentino y bastante del paraguayo. Concurrieron a ella 133 delegados que decían representar a 19 países latinoamericanos. Desde Buenos Aires se enviaron máquinas, aparatos de radio, artículos eléctricos, personal, etcétera, proporcionados por la CGT. En esta organización se cumplieron directivas y órdenes de Perón. De la Primera Conferencia Sindical de la Cuenca del Plata, como se denominó a esa reunión, se originó el Comité de Unidad Sindical Latinoamericana (CUSLA), con el propósito de “sostener la justicia social, la independencia económica y la independencia política”, vale decir la “doctrina” peronista. Al advertir esta tendencia, la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) hizo pública una declaración en la que expresó que “el justicialismo argentino, practicado pura y exclusivamente en la Argentina, no debía traspasar los límites de la frontera nacional por ser considerado un imperialismo”.
En seguida CUSLA se dedicó a la formación de la central obrera continental. Luego de destacar emisarios en los países de América, preparó el ambiente para la realización de una conferencia en la ciudad de Méjico en noviembre de 1952. A ella concurrieron 131 delegados que decían representar a 14 países. No concurrieron Paraguay, Haití, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia. La delegación argentina estaba dirigida por José G. Espejo, miembro del consejo directivo de la CGT, secretario general del CUSLA y representante del sindicato de la alimentación.
De esa conferencia de Méjico nació la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), cesando el CUSLA.
En enero de 1953 se reunió por primera vez en Buenos Aires el comité ejecutivo de ATLAS. Anunció Espejo en ese acto que era deseo del mismo llevar la “justicia social” a todos los pueblos de América. Los diarios argentinos destacaron el hacho, especialmente “La Prensa” entregada a la CGT. Se crearon comités nacionales o delegaciones en los países adheridos: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú y Puerto Rico; y delegaciones en Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela. A los primeros se agregó Brasil a comienzos de 1955. No se formó nada en Bolivia, Uruguay y República Dominicana. Luego, se logró una afiliación “moral” del dirigente máximo de la Federación de Obreros Gráficos Canadienses, a lo que se dio amplia publicidad, desnaturalizando el acto, para hacer creer que ese país había entrado en la organización ATLAS.
Los componentes de los comités nacionales eran elegidos a veces por las entidades sindicales de cada país, y en otras ocasiones desde Buenos Aires, directamente. Las delegaciones eran ejercidas por representantes, elegidos también en esta ciudad.
El nacimiento y expansión de ATLAS eran temidos por los organismos sindicales libres, ya que bajo la apariencia de loables enunciados se proponía la difusión del peronismo en este continente.
Los agregados obreros en la embajada argentina tuvieron la misión de captar a las entidades de trabajadores de cada país de América. Los gobiernos de algunos de éstos vigilaban la pretensión peronista en los medios sindicales.
Los fondos manejados por la agrupación provenían exclusivamente de la CGT argentina, y totalizaron $ 4.235.000.- moneda nacional provenientes de la Empresa Periodística Argentina (EPASA), editora de “La Prensa” sometida. Solo en una ocasión, la Conferencia Regional Obrera Mexicana (CROM) aportó $ 50.000 mejicanos para los gastos del congreso en ese país, cantidad de que no se hizo uso y quedo íntegramente a disposición de la entidad mencionada. En el extranjero los fondos para difusión del ATLAS provenían de las embajadas de nuestro país, por medio de sus agregados obreros.
La propaganda de toda clase era remitida por valija diplomática, para facilitar su entrada en los países americanos. Lo mismo se hacía con los pagos y sueldos de dirigentes en el extranjero, quienes con loas al régimen peronista no cesaban de pedir ayuda económica.
Se ha dicho por parte de sus dirigentes que ATLAS representó a dieciocho millones de afiliados, obreros de América latina. De la investigación realizada resulta que sólo la Argentina pudo considerarse adherida con 2.333.333 obreros cotizantes de la CGT y no 6.000.000 como aseguraban sus dirigentes.
De Bolivia no hubo adhesión verdadera, puesto que la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a la totalidad de los sindicatos, no podía adherirse a ningún organismo internacional. Lo mismo aconteció con Brasil por parecidas razones.
En Canadá los obreros se mostraron cautelosos porque presumían que ATLAS estaba dominada por el dictador argentino Juan Domingo Perón.
Algo logró de Colombia, donde el gobierno fue indiferente a la formación de esa entidad y pudo el agregado obrero argentino obrar libremente. Su base fue la Confederación de Trabajadores (CNT), considerada como anticatólica.
La Confederación Nacional de trabajadores de Costa Rica, se adhirió a ATLAS con 1.600 afiliados. Su fuerza es escasa.
En Cuba (1) se logró la adhesión de unos cuantos dirigentes activos, a quienes se enviaban fondos desde buenos Aires. Uno de aquellos formó el Partido nacional Justicialista y publicó un manifiesto de adhesión a Perón preconizando la unión de los pueblos latinoamericanos bajo la bandera del justicialismo. Cuba ha sido foco peronista en el Caribe. Sus leyes acogen todo lo extranjero y de tal libertad se aprovecharon los peronistas. Pretendieron imponer la idea foránea y tal vez lo hubiesen logrado si a ella no se hubiese resistido la mayoría de los trabajadores de la isla.
Intensa fue la actividad del peronismo en Chile donde la subvención peronista fue abundante. Se creó con doble intensión un Comité de Acción de Defensa de la Economía Popular, organismo dirigido por los sindicatos de ATLAS con evidentes fines políticos. Cuando sus dirigentes no respondían a las instrucciones impartidas desde Buenos Aires, se les reemplazaba de inmediato. Uno de ellos declaró que se le había sugerido hacer espionaje peronista en contra de su patria. Como en todos los países, la embajada argentina prestó gran ayuda a esa infiltración. Se crearon varios periódicos y revistas para la propaganda peronista, tales como “Confederación”, “Basta” y “Justicia Vista”.
En Ecuador, ATLAS tiene un comité nacional sin personería jurídica, desconocida por el gobierno y sin importancia en el campo sindical.
En El Salvador funcionaba clandestinamente un comité de ATLAS, pues la constitución no permite la existencia de organizaciones extranjeras de ese carácter. No consiguió “entrar” en las masas obreras.
La introducción del peronismo en Guatemala fue considerable. A tal punto llegó que, cuando en 1954 aviones de la fuerza aérea argentina fueron en busca de un grupo de obreros que habían apoyado al presidente depuesto Arbenz, se creyó que se trataba de una invasión de Perón.
En Haití hubo bastante penetración, gracias a la indiferencia del gobierno. Hasta llegó a establecerse una Fundación Madame Paul E. Magloire, a ejemplo de la ex fundación (2) de nuestro país, y como aquí se usó el nombre de la esposa del entonces presidente.
En Honduras el movimiento “pro Perón” no tuvo ninguna importancia.
Al constituirse en Méjico el comité de ATLAS, se rindió homenaje a Eva Perón, considerándola más grande que Isabel la Católica y comparándola con Jesús de Nazareth. No pudo sin embargo adquirir ascendiente sobre los trabajadores.
Poco es, asimismo, lo que ATLAS obtuvo en Nicaragua, aunque la Confederación General de Trabajadores, con 15.000 afiliados, se adhirió a ella.
En Panamá se desconfiaba de esa entidad por considerarla al servicio de uno de los tantos imperialismos.
No obstante haber sido Paraguay sede del congreso obrero de Asunción en febrero de 1952, no hubo allá comité nacional de ATLAS, sino un simple representante a quien se envió dinero desde Buenos Aires. Nunca llegó este a lograr algo efectivo, pues hubo seria resistencia, aunque la infiltración peronista se hizo en otros círculos y sectores, facilitada por la vecindad de ambas naciones.
En Perú se afiliaron a ATLAS cuatro federaciones y 17 sindicatos, mencionándose como 7.600 adherentes. Al gobierno le resultó indiferente la actuación de aquella por su poca envergadura.
Los portorriqueños no llegaron a constituir una célula peronista fuerte, si bien hubo algunos dirigentes entusiastas.
En la República Dominicana, fue nula la infiltración peronista.
En el Uruguay los organizadores del ATLAS debieron actuar en semiclandestinidad. Para lograr infiltraciones en el campo gremial, los agregados obreros crearon la Casa Argentina. Mucho dinero se mando a seudodirigentes sindicales, que nunca fueron más que simples obreros con pretensiones de encaramarse en posiciones públicas, al extremo que fundaron una especie de partido político denominado Movimiento Nacional Revolucionario La Escoba, con un periódico así llamado, que hacía propaganda contra el gobierno y a favor de Perón. Se sabe que los elementos adictos a ATLAS sólo alcanzaban a unos 24.000 afiliados, teniendo las organizaciones adversarias unos 150.000 adherentes. De cualquier modo, Uruguay fue el país donde más intensamente se efectuaron los trabajos de penetración.
En Venezuela no logró nada, aunque en ella actuaron elementos decididos.
El minucioso informe presentado por el interventor en ATLAS, del cual hemos tomado los datos precedentes, termina diciendo que en el exterior se afiliaron a ATLAS 2.358.000 obreros, “siendo generosos en las cifras”, aunque sus dirigentes afirmaban que alcanzaban a 18.000.000, lo que era un disparatado bluff. También sus dirigentes en el extranjero son de poca representación, en su gran mayoría. Si alguno tiene más importancia, la debe a su actividad política más que a la sindical. Todos fueron servidores pagos del régimen peronista, mancomunados para desquiciar y destruir los movimientos democráticos de los países de América.
Como conclusión expresa el referido informe:
“Todos los regímenes totalitarios de estos últimos tiempos en el mundo, han proyectado e intentado proyectar fuera de sus fronteras nacionales, su pensamiento y su conducta desquiciante, con el propósito de extender su dominación económica, social y política, sobre aquellos pueblos que ellos consideran atrasados o menos evolucionados, y a los cuales, mediante una propaganda engañosa y taimada, pretenden hacer creer que son los abanderados de ideales que a esos pueblos les son caros. Y como en este siglo XX todas las corrientes de opinión política totalitaria han puesto el acento sobre la cuestión social, en la intención de captar a la clase obrera para hacerle servir a sus planes reaccionarios e imperialistas, esa propaganda intencionada está dirigida fundamentalmente al sector del pueblo constituido por los trabajadores. El peronismo, como brote de ese tipo en nuestro medio, no podía constituir excepción a la regla. En efecto, no conforme con estafar a la masa obrera argentina en sus más caras y legítimas aspiraciones y respondiendo a esa intención imperialista que constituye la esencia de toda la corriente totalitaria, puso la mirada y sus garras sobre las masas obreras de Latinoamérica.
“Para cumplir ese propósito, creó dos instrumentos de penetración que actuaban complementariamente: los agregados obreros a las embajadas argentinas acreditadas ante los países hermanos del continente y ATLAS. Este último nació por decisión exclusiva del dictador Juan Domingo Perón, sin intervención inicial de ninguna organización de trabajadores de los países de América latina. Apenas excluida la CGT de los congresos obreros internacionales en razón de ser un apéndice político de la tiranía en argentina, y carecer de autonomía e independencia como central sindical, y dejada de lado deliberadamente en oportunidad de constituirse CIOSL, que agrupa a las organizaciones de trabajadores de los países democráticos del mundo, los jerarcas de la CGT recibieron la orden de la dictadura peronista de constituirse en central sindical latinoamericana y cumplir dos objetivos inconfesados: 1) Exportar por vía sindical las ideas y propósitos de hegemonía o dominación económica, social y política, y 2) Oponerse a la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores), filial del CIOSL para este trabajo en las masas obreras, y que prepara las condiciones que posibilitan su emancipación, mediante el esclarecimiento de su conciencia sindical y de clase.
“ATLAS se integró con la CGT argentina y con algunos sindicatos cuyos dirigentes, de poca monta, eran conocidos en el ambiente obrero americano por sus ideas antidemocráticas. Los jerarcas de ATLAS se convirtieron en servidores pagos del régimen peronista, para desquiciar y destruir las bases de los movimientos gremiales democráticos de sus respectivos países. Recibían y difundían la propaganda que en cantidades les remitía personalmente la CGT; la oficina de prensa y propaganda del régimen peronista depuesto (Subsecretaría de Difusión) y ATLAS Central. Fomentaban, alimentaban y financiaban conflictos gremiales, creados artificialmente para provocar dificultades a los gobiernos democráticos y antiperonistas de Latinoamérica, como se puede probar.
“Realizaban una sistemática campaña de intriga en el campo sindical del continente. Recurrían a maniobras de todo tipo para impedir que la ORIT se expandiera y comprendiese a todas las organizaciones obreras de Iberoamérica, haciendo creer a los trabajadores poco informados que dicha central estaba al servicio y era inspirada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con lo que servían también los planes comunistas, a quienes también decían combatir. Agitaban, por fin, frases hachas, tratando de desunir a los pueblos o gobiernos que no se avenían a someterse a la degradante tutela del imperialismo peronista.”

NOTAS:

(1) Recordamos que es la Cuba anterior al régimen castrista y su tiranía comunista. Nos referimos a tiempos anteriores al año 1955. (Nota del Transcriptor).
(2) “Eva Perón”. (Nota del Transcriptor).

Los grandes crimenes del peronismo: El delito de genocidio

2009-12-28T12:41:00.000-08:00

El delito de genocidio

La mayor parte de los delitos narrados en este capítulo tienen un nombre internacional: genocidio.
Establecido por la asamblea general de las naciones Unidas en sesión plenaria del 9 de diciembre de 1946, con el voto unánime de 56 miembros, inclusive la República Argentina fue calificado como “ultraje a la conciencia universal” y como “la negación del derecho de existencia de los grupos humanos”.
Se entiende como tal –según expresa el artículo 2º de la convención respectiva- “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial, etcétera.
“Por otra parte, y como lo explica el profesor Rafael Lemkin, de la universidad de Yale, ex consejero del fiscal norteamericano en los juicios de Núremberg y gestor principal de la convención antedicha –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 2- también constituye genocidio, en el campo político, la destrucción de instituciones de gobierno propio; en el campo cultural, la prohibición o destrucción de instituciones o actividades culturales y la distorsión de la educación racional a fin de impedir un pensamiento humanístico, que se considera peligroso por cuanto conduce a la independencia de juicio; y en el campo religioso, la interferencia con las actividades de la Iglesia, por cuanto pudieran contribuir a condenar los actos y fines de la tiranía gobernante.
“La definición contenida en el artículo 2º de la convención parece haber sido inspirada por las persecuciones de los nazis contra los judíos, pero es evidente que cuadran en ella de modo perfecto los procedimientos criminales aplicados por los estados policiales a cuantos no se someten con docilidad a los despóticos caprichos de sus autoridades; persecución, cárcel, tormentos, mutilación, confinamiento en campos de concentración, muerte, destrucción de la familia, etcétera, más la negativa sistemática a cuanto signifique libertad de cultura, de religión, de opinión, etcétera, poara los componentes del grupo indócil.
“La República Argentina votó a favor de la convención mencionada pero la dictadura peronista, secundada por un parlamento complaciente y servil, nunca ratificó aquel voto ni explicó la causa de tal actitud, a pesar de haber sido planteada la respectiva cuestión por el diputado Nudelman. Y menos aún, jamás propició ante el Congreso nacional la sanción de leyes de prevención y de castigo que la convención estatuye”.
Agrega la mencionada comisión: “Para la debida apreciación del caso que consideramos, es preciso tener en cuenta que la falta de la ratificación argentina de la citada convención internacional y la concordante ausencia en el país de la legislación punitiva y preventiva, recomendada en el artículo 5º de aquella, privan al gobierno de la Revolución Libertadora de los recursos y resortes jurídicos creados por dicho instrumento internacional”. A pesar de ello, considera la comisión que “quien abrigara las monstruosas ideas de asesinato en masa de un numeroso grupo de compatriotas y extranjeros indóciles a su despótica autoridad” y realizó “una intencionada y prolija campaña previa de profunda perturbación espiritual del país, mediante la mentira, la amenaza, la persecución, la cárcel, las torturas y el despojo, con uso y abuso de la fuerza, de la coacción y de la venalidad, que quebrantó la dignidad, destruyó la honra, estimuló la sevicia de los esbirros, anuló los derechos humanos, resquebrajó la economía general y se burló del pueblo, de su soberanía, de su buena fe, de sus tradiciones, de sus leyes, de sus creencias, de su orden social y de su moral más arraigada”, merece ser declarado incurso en el delito de genocidio.
La única declaración que hasta ahora ha sido formulada contra el responsable de los gravísimos hechos de las noches del 15 de abril de 1953 y 16 de junio de 1955, que no “pudiera realizarse sin la complicidad del ex presidente, es la del Tribunal Superior de Honor, que en su fallo ha dicho:
“Este Tribunal de Honor tiene la intima convicción de que en la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe constitucional es el presidente de la República, quien en ambas noches se encontraba en ella, no han podido realizarse tales actos sin su orden expresa, o por lo menos, sin su anuencia o su tácita aprobación. No se puede suponer que en un régimen de las características del que acaba de caer, funcionario alguno, por encumbrado que fuere, asumiera por si la iniciativa de ordenar o permitir, sin el consentimiento del presidente de la República, actos criminales de tanta trascendencia. Tampoco es admisible que de no haber mediado la orden o el beneplácito del presidente, hayan sido mantenidos en sus puestos, después de los hechos, los funcionarios a cuyo cargo directo estaban las custodias del orden público y que hayan quedado en la más absoluta impunidad quienes realizaron la parte material de los atentados”.

Los grandes crimenes del peronismo: Torturas, vejaciones y otros apremios ilegales

2009-12-26T12:38:00.000-08:00

Torturas, vejaciones y otros apremios ilegales

A los hechos que hemos narrado debemos agregar otros igualmente odiosos y terribles: las torturas, vejaciones y otros apremios ilegales que la policía del régimen dictatorial peronista realizó sistemáticamente contra sus opositores.
Algunas de las víctimas han perdido la vida; otras han sufrido lesiones graves; la moral de muchas ha sido afectada. Bastaba para el horrible tratamiento la simple sospecha de actuar en cualquier grupo de resistencia, o de encubrir a quienes estaban en ella. Lo temieron todos los detenidos por razones políticas y lo sufrieron indistintamente hombres y mujeres de los más diversos grupos sociales.
No intentaremos dar todos los nombres de quienes han sido víctimas de esos delitos. Son tantos, que omitiríamos muchos. Ni siquiera podríamos mencionar a cuantos han perdido la vida, pero dos de ellos no han sido olvidados: el obrero Carlos A. Aguirre, torturado y muerto por la policía en los sótanos de la Casa de Gobierno de Tucumán, y el doctor Juan Ingalinella, a quien le cupo igual fin en la ciudad de Rosario. En ambos casos, procuraron los agentes de la dictadura ocultar y luego negar los hechos que la opinión pública tuvo por ciertos desde el primer instante; pero tan grande fue el clamor del pueblo, que acabose por saber que ambos habían sido cruelmente asesinados.
Desde los castigos corporales múltiples producidos por puñetazos y puntapiés, hasta las torturas físicas realizadas mediante descarga eléctricas, con el propósito de quebrar la voluntad y arrancar declaraciones preconcebidas, desde los salivazos en la boca cuando los torturados por el peronismo, sedientos, pedían agua, hasta la arrancadura de dientes y muelas, y desde las heridas profundas con leznas preparadas adrede hasta las vejaciones en los órganos sexuales, todo lo más cobarde, repugnante y vil que la maldad y el sadismo han imaginado para dañar a los semejantes, ha sido hacho durante la dictadura peronista.
En el Departamento Central y en varias seccionales, sobre todo en la 3ª, la 17ª, la 30ª y la 46ª de la ciudad de Buenos Aires, las torturas fueron particularmente crueles. Los gritos y quejas de las víctimas llegaban a veces al exterior, a pesar del cuidado que se ponía en acallarlos y disminuirlos. La 3ª estuvo instalada hasta hace poco (1) en la vieja casa que habitó Sarmiento.
Inútil era que la oposición parlamentaria denunciara tales atrocidades y solicitara investigaciones. Los diputados oficialistas no creían o fingían no creer, en esos hechos. “Era el caballito de batalla de la oposición”, ha declarado Delia Degliuomini de Parodi. A pesar de ello se designó una comisión especial, pero en seguida se desvirtuaron sus fines encargándola de investigar las “actividades antiargentinas”, a raíz de una presunta conspiración tramada por ciudadanos exiliados en Montevideo. Presidida esa comisión por el diputado José Emilio Visca, nada investigó sobre las torturas denunciadas, y sólo se redujo a clausurar diarios y periódicos. Visca ha declarado posteriormente que “el supuesto complot no era tal, ni tenía ningún asidero, siendo por el contrario un simple pretexto para adoptar algunas medidas políticas contra la oposición” (2).

Notas:
(1) Hacia 1958. (Nota del Transcriptor).
(2) Declaraciones del ex diputado peronista José Emilio Visca, en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general., fojas 238.

Los grandes crimenes del peronismo: Incendio de los Templos católicos

2009-12-25T12:34:00.000-08:00

Incendio de los templos católicos (16 de junio de 1955)

El espíritu revolucionario alentaba ya en el pueblo argentino. Encendía a los católicos de todo el país, cundía en las fuerzas armadas, movilizada a los estudiantes, apasionaba a las mujeres, preocupaba a los obreros y tenía alarmado al dictador Juan Domingo Perón.
La inmensa manifestación religiosa del día 11 había dado la certeza del extraordinario vuelco de la opinión pública. Se había dicho “basta”; el tiempo diría cuando se entraría en acción.
El 14 la CGT, sometida a la dictadura peronista, realizó uno de sus muchos actos de adhesión a su jefe. Esta vez en la plaza del Congreso, suponiéndose que la concurrencia sería tanta que requeriría más amplio espacio que el de la plaza de Mayo. Pero fue menos numerosa que otras veces, y también menos entusiasta.
La magnitud de la manifestación católica obligaba a una réplica extraordinaria, pero ahora dudaban los trabajadores. Creyentes o no, pertenecían casi todos a familias católicas y no se explicaban el absurdo conflicto con la Iglesia, extraño a la causa por ellos perseguida y opuesto a cuanto el propio dictador había sostenido hasta entonces. Intuían, por lo demás, que el gobierno se debilitaba y presentían la proximidad de decisivos acontecimientos.
Desde la tribuna vociferó el dictador como de costumbre. Sabíase en peligro y quería prevenirse atemorizando a los opositores. Y, presuntuoso y “sobrador” como todo falso criollo, pidió a la multitud que ese “partido” se lo dejaran jugar a él.
Entretanto, se preparaba el alzamiento armado. Dos días después, apenas comenzada la tarde del 16 de junio, los aviones de la marina de Guerra y algunos de Aeronáutica atacaron la Casa de Gobierno, a la vez que la Infantería de Marina intentó ocuparla. La operación ofensiva debió retardarse a causa de la espesa neblina que envolvía a la ciudad e impedía ver el objetivo señalado. La demora permitió también que el gobierno se enterara del inminente ataque, huyera el dictador al edificio del Ministerio de Ejército y desde allí se tomaran medidas de defensa.
Apenas comenzó el bombardeo, la CGT dispuso el cese del trabajo en la ciudad y la inmediata concurrencia de sus afiliados a la plaza de Mayo. Esta determinación absurda fue la principal causa de la crecida cantidad de víctimas que cayó esa tarde.
La rebelión de la Marina de Guerra fue sofocada pocas horas después por el ejército. No corresponde analizar en estas páginas las razones del fracaso.
El dictador atribuyó a los católicos la instigación a la revuelta y por medio de sus agentes quiso castigar a los presuntos culpables.
En realidad, el plan de ataque a las iglesias estaba preparado antes del 16.
Los discursos pronunciados desde la Casa de Gobierno y en las cámaras legislativas, la agresividad de los diarios oficialistas, los expedientes, prontuarios, informes y procesos realizados para dañar a la ciudadanía, las declaraciones de cientos de testigos y de responsables de los incendios, la observación de los destrozos, los careos parciales y la confrontación general permitieron el conocimiento amplio y la apreciación de los hechos. De ellos resulta que los responsables del incendio de los templos actuaron en virtud de una organización planteada en las altas esferas del gobierno.
El ministro Méndez San Martín ejecutó su parte en la etapa inicial de persecución al clero y de ataques a la religión católica, mediante medidas preventivas que alcanzaron a la juventud estudiosa. La Policía Federal fue movilizada el 11 de junio, según queda referido, para realizar daños que horas después se comunicaron al país y al mundo como producto de una agresión católica. El 12 se atacó a los fieles frente y dentro de la iglesia catedral. Ese mismo día el jefe de policía ordenó a las comisarías seccionales que se abstuvieran de prestar ni la más pequeña protección en caso de ataque a las iglesias. El 14 del mismo mes de junio se movilizaron todos los organismos que debían realizar una tarea criminal y calumniosa. Dos empleados de Salud Pública, vinculados al vicepresidente Teisaire, transportaron en un automóvil del ministerio citado una horca de la que se hizo pender el cuerpo de un sacerdote, hecho de estopa y cubierto con vestimenta religiosa, en un local del partido oficialista de la calle Carcas.
En las primeras horas del 15 fueron allanados en Buenos Aires y en el interior, parroquias, asilos, colegios, seminarios, monasterios y todos los locales en que funcionaban centros o círculos de la Acción Católica y clausuradas las sedes de la junta central, consejos femeninos y consejos de hombres.
El 16 de junio se cumplió la orden de incendiar los templos de la ciudad de Buenos Aires, y otros del interior. La agresión fue realizada por diversos sectores del peronismo, y muy particularmente por las fuerzas de choque existentes en varias reparticiones públicas.
En automotores oficiales los incendiarios, con los jefes de grupos a la cabeza, salieron en distintas direcciones. Los jefes de bomberos, reunidos por su director antes de que se procediera a la quema, recibieron órdenes como dos años antes en el caso de las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club, de “no preocuparse mayormente por la extensión del incendio” (1), y de “dejar quemar”; “únicamente evitar la propagación del fuego a las casas vecinas” (2). La guardia de infantería y los comisarios de seccionales fueron avisados de no actuar contra el fuego. Es así como a la vista de los bomberos, los incendiarios acumularon bancos, maderas y tapices, con los cuales hicieron las pilas al pie de los altares. Cortinados y manteles se colocaron sobre los maderos cruzados, a los que se roció con nafta extraída de los camiones que la trasportaban. Los jefes de los diversos grupos disponían el desalojo de los sacristanes y del reducido número de sacerdotes omitidos en la “razzia” de religiosos dispuesta ex profeso antes de los incendios.
La Curia Eclesiástica, primera en la orden de fuego, fue saqueada y totalmente destruida al promediar la tarde, siendo de señalar que los bomberos estaba frente a ella en guardia de prevención desde las 8:30 de ese día 16 de junio, es decir horas antes de que se hubiese sobrevolado la Casa de Gobierno. En la catedral fue violentado el Sagrario, quemados los confesionarios, destrozadas las imágenes, dispersadas las reliquias y destruida totalmente la sacristía.
La siguieron la iglesia y convento de Santo Domingo, la Iglesia y convento de San Francisco, la capilla de San Roque, las iglesias de San Ignacio, San Juan, San Miguel Arcángel, la Merced, Nuestra Señora de Las Victorias, San Nicolás de Bari, casi todas del barrio más próximo a la plaza de Mayo y Casa de Gobierno, históricas muchas de ellas, y en particular la de Santo Domingo, por los memorables hechos producidos dentro de sus muros y en las inmediaciones.
No sólo se quemaron en ellas los altares e imágenes religiosas, sino los archivos y bibliotecas, los coros con sus valiosos órganos, las celdas y dependencias interiores. En varios se violentaron las cajas de hierro y se robaron sus contenidos.
Además, fueron detenidos por policías armados obispos, párrocos y sacerdotes, a quienes se trató como a delincuentes comunes. Lo mismo se hizo por orden de Borlenghi (3) y Aloé (4) con los diputados y políticos de la oposición.
Al caer la noche de esa horrible jornada, se elevaron en la ciudad, oscura y triste, las hogueras que destruían sus más antiguos templos. En los hogares católicos se rezaba con profunda congoja; en muchos se lloraban a los queridos seres muertos en torno a la Casa de Gobierno, por culpa de la dictadura peronista que había desatado el odio entre argentinos.
Durante varias semanas las multitudes doloridas desfilaron por los templos incendiados. Apènas podían expresar con palabras su indignación profunda. Besaban algunos las paredes destruidas, las imágenes mutiladas y caídas, los pisos destrozados. El demonio exterminador había pasado por Buenos Aires. No había que olvidarlo.
Tres meses después se cumplió la promesa que ese día hicieron muchos corazones.

Notas:

(1) Declaración del comisario Alfredo Der (expediente “Incendio de Templos”, fojas 59).
(2) Declaración de Rómulo Alberto Pérez Algaba, del cuerpo de bomberos (expediente citado, fojas 432).
(3) Declasración del ex jefe de policía, Miguel Gamboa en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general, fojas 234.
(4) Declaración del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Vicente Carlos Aloé, en el mismo expediente, fojas 242. No hizo excepción con los legisladores, porque a su juicio “el estado de sitio suspende las inmunidades legislativas”.

Los grandes crimenes del peronismo: Ataque a la Catedral persecusión a la Iglesia Católica

2009-12-24T12:31:00.000-08:00

El ataque a la Catedral (12 de junio de 1955) y la expulsión de dos prelados (14 de junio de 1955)

La imponente manifestación católica del día 11 inquietó al dictador Juan Domingo Perón. Después de la marcha del 19 de septiembre de 1945, precursora del movimiento que lo forzó a renunciar a los múltiples cargos que entonces desempeñaba –vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y Presidencia del Consejo de posguerra-, no había visto nada semejante. Érale necesario, por consiguiente, obrar con rapidez a fin de aplastar a la oposición por cualquier medio, sobre todo a la de los católicos que con tanta valentía se habían alzado.
El 12 de junio de 1955 se realizó en la Catedral de Buenos Aires una misa vespertina. Temeroso el gobierno de que diera motivo a otra gran concentración de fieles que caldeara más el ambiente, se dispuso a molestarla por medio de sus grupos de choque. Reunidos éstos frente al templo comenzaron a proferir gritos intimidatorios, a los cuales siguió una salvaje pedrea que hirió a varias decenas de personas. Poco después intervino la policía para detener a los que estaban dentro de la iglesia y disolver a sablazos a quienes circulaban por las inmediaciones.
Mientras esto se hacía públicamente, otra determinación se tomaba en sigilo.
A raíz de la denegatoria del ministro Borlenghi de permiso para celebrar el 11 en la plaza de mayo, la procesión de Corpus, monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa habían reiterado ante él la solicitud formulada. Como el ministro insistiera en su determinación y se realizara la manifestación ya narrada, el gobierno responsabilizó a esos dos prelados de los hechos acaecidos (1) y decidió, en consecuencia, expulsarlos del país, a pesar de ser argentinos.
Llamado el jefe de la policía a la Presidencia de la República, Perón, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Remorino, le ordenó dispusiera la detención inmediata de aquellos (2). A tal efecto Gamboa los llamó al departamento de policía, de donde poco después fueron conducidos a la comisaría de orden político. Diez o doce horas más tarde se los condujo, fuertemente custodiados, al aeropuerto de Ezeiza. El avión en que debían partir al exilio se demoró un rato a la espera de los fotógrafos de la Secretaría de Prensa que debían tomar notas de la salida. Como los prelados carecían de equipaje y convenía informar al público que partían por su voluntad, se creyó necesario proporcionarles unas valijas ajenas y fotografiarlos con ellas, sin custodia alguna, a fin de “simular que se iban lo más contentos” (3).
Nadie, por supuesto, creyó la burda superchería que aumentó la indignación del país. Apenas llegados a Roma los dos prelados, la Congregación Consistorial decretó la siguiente excomunión mayor del dictador y de cuantos funcionarios habían intervenido en la detención:
Dado que recientemente han sido conculcados de muchas maneras en la República Argentina los derechos de la Iglesia y se ha usado violencia contra personas eclesiásticas y últimamente no solo se ha osado poner las manos violentamente en la persona del excelentísimo señor don Manuel Tato, obispo titular de Aulón, auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires, sino también se le ha impedido el ejercicio de su jurisdicción y se le ha expulsado del territorio argentino, la Sagrada Congregación Consistorial declara y advierte que todos aquellos que han cometido tales delitos, o sean funcionarios de todo tipo y categoría y los cómplices necesarios que hicieron que se realizasen los mismos, y aquéllos que han inducido a su comisión, que de otro modo no hubiera sido ejecutada, han incurrido en la excomunión “latae sententiae” reservada a la Santa Sede, de conformidad con los cánones 2343, párrafo 3; 2334, Nº 2; 2209, párrafo 1, 2 y 3 del Código de Derecho Canónico, y son pasibles de las demás penas establecidas por los Sagrados Cánones.
Dado en Roma, en la sede de la Congregación Consistorial, 16 de junio de 1955.
Firmado. Cardenal Piazza, secretario; José Ferreto, asesor” (4)
Desde el estallido de la segunda guerra mundial, sólo las autoridades de Hungría, Checoeslovaquia, Polonia, Yugoslavia y Albania han sido tan severamente sancionadas por la Iglesia. Pero esas autoridades pertenecían a países comunistas. Ningún gobernante católico había sido excomulgado desde 1850. (5).

Notas:

(1) De las pintadas y quema de la bandera que ordenara Perón y ejecutara, entre otros, el mismo Borlenghi. (Nota del Transcriptor).
(2) Declaración del jefe de policía Miguel Gamboa, expediente “Incendio de templos”, fojas 516.
(3) Declaración del jefe de Orden Político comisario Camilo Aníbal Racana, en el mismo expediente a fojas 516.
(4) “Osservatore Romano”, junio 16 de 1955
(5) A tal punto que Winston Churchill llegó a decir: “Perón es el único soldado que ha quemado su bandera y el único católico que ha quemado sus iglesias".

Los grandes crimenes del peronismo: La quema de la bandera Argentina

2009-12-22T12:25:00.000-08:00

La quema de la bandera (11 de Junio de 1955)

Dos años transcurrieron desde los incendios a las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club.
El dictador, cada vez más ensoberbecido, había perdido todo freno. Preveía el derrumbe de su régimen y aún confiaba en apuntalarlo con medidas de rigor. La situación económica era cada vez más difícil, el descontento crecía y la oposición se fortificaba.
Dos hechos precipitaron los acontecimientos: el conflicto con la Iglesia y el proyectado convenio con una empresa petrolera norteamericana por el cual se le entregaba una extensa región de la Patagonia.
Esos dos hechos aceleraron la preparación revolucionaria. En junio de 1955, el ambiente estaba ya formado. Solo faltaba el alzamiento popular, juntamente con el de gran parte de las fuerzas armadas.
El 9 de ese mes la Iglesia celebraba la festividad de Corpus Christi, una de las más importantes del catolicismo y de las más tradicionales de nuestro país. Desde la época que precedió a la Independencia era costumbre en Buenos Aires que la procesión se realizara en la Plaza de Mayo. Pero la dictadura peronista había prohibido las reuniones públicas y suprimido casi todas las festividades religiosas. Autorizada excepcionalmente la procesión de Corpus Christi las autoridades eclesiásticas resolvieron realizarla en la tarde del sábado 11, con objeto de reunir la mayor cantidad de fieles y de evitar los inconvenientes que hubiera producido su concentración en la vía pública en día laborable. Apenas conocida esta decisión, el ministro hizo saber que la procesión solo había sido autorizada para el día 9 y por lo tanto no podía realizarse el 11.
Los católicos estaban, sin embargo, dispuestos a efectuarla. De persona a persona, por todos los medios a su alcance, se trasmitió la consigna.
Conocida por el gobierno, pensaron, sus jefes en cómo podían impedirla. Luego de meditar cuidadosamente, dispusieron dos servicios policiales: uno de seguridad, al que se afectaría gran número de efectivos, con el fin de imposibilitar en forma total y absoluta la concentración y desplazamiento de manifestantes; el otro se cumpliría con personal de investigaciones, encargado de vigilar y observar.
Preveíase que, de aplicar el primer servicio, el choque con los católicos podía tener consecuencias de gran responsabilidad para el gobierno. En virtud de ello se decidió dejarlo sin efecto y organizar el otro, al que se encargaría la comisión de desmanes en lugares previamente señalados (1).
Recibidas las instrucciones en la mañana del 10, el jefe de policía. Miguel Gamboa, informó al subjefe inspector general Ángel Luis Martín y al inspector general Justino W. Toranzo, que durante el acto religioso proyectado para el día siguiente “había que hacer algunos desórdenes y producir algunos destrozos”, a cuyo efecto requirió personal de absoluta confianza (2). Elegido éste, se recogió el material necesario para la siniestra tarea. Los fotógrafos de la repartición preparándose para obtener el elemento documental que debía entregarse al periodismo esa misma noche.
Aún quedaba por disponer la ejecución de la parte más diabólica del plan trazado: la de quemar una bandera argentina, atribuir el hecho a los católicos, provocar la indignación pública y motivar los consabidos actos de desagravio.
Mientras en la Casa de Gobierno y Jefatura de Policía se tramaba todo esto, los católicos se apresuraban a concurrir a la Catedral o a reunirse frente a ella en la plaza de Mayo.
La prohibición de concentrarse no los atemorizaba, ni les detenían las múltiples trabas puestas a su transporte por los medios públicos.
De toda la ciudad y sus alrededores fueron llegando silenciosamente a la plaza histórica inmensas multitudes. Niños, ancianos, religiosos, hombres y mueres de toda edad y condición, enfervorizados por la fe y por el civismo, ocuparon rápidamente el vasto templo, la plaza y las grandes avenidas y calles que de ella parten.
Los primeros en llegar se sorprendieron de la aparente ausencia de policía. ¿Cómo era posible? La dictadura peronista cuidaba con recelo y ánimo represivo cualquier concentración pública de los opositores. ¿Cómo era que esa tarde no estaban ahí sus agentes para impedir la reunión prohibida? ¿Por miedo, acaso, o por prudencia? Las miradas de los circunstantes se dirigían, desconfiadas, a todas partes. Unos pocos sujetos sospechosos, que parecían observar atentamente, andaban por la plaza. Pero no les concedieron importancia. Sin embargo…
Durante la ceremonia realizada en la Catedral, transmitida por altavoces al importante concurso de fieles reunidos en las inmediaciones, ningún episodio desagradable hizo presumir lo que acaecería poco después.
Terminado el acto, comenzó la desconcentración. La mayor parte de la inmensa multitud se dirigió por la avenida de Mayo hacia la plaza del Congreso. No profería ningún grito hostil; entonaba cánticos religiosos y daba vivas a Cristo y a la Iglesia. Al desfilar frente al Palacio Legislativo, alguien enarboló en el mástil esquinero una enseña papal junto con una bandera argentina. Luego siguió la multitud por la avenida Rivadavia y, ya llegada la noche, cada uno de los muchos miles de manifestantes empuñó una antorcha improvisada con papeles de diarios. Continuó la columna por la avenida Pueyrredón hacia Santa Fe, y luego por ésta hasta la plaza San Martín. De las aceras y balcones llegaban a los manifestantes flores y aplausos entusiastas. Jamás se había visto nada parecido. La multitud había perdido el miedo que durante largos años había infundido la dictadura peronista y expresaba su anhelo de libertad con serena decisión. Las campanas de la basílica de San Nicolás se echaron a vuelo al paso de los fieles, y una emoción profunda conmovió a todos. La revolución ya estaba en las calles.
Entretanto, los agentes del dictador cumplían el plan trazado. Mientras a la zaga de la manifestación salida de la plaza de Mayo unos cuantos facinerosos apedreaban el frente de “La Prensa” (3) y rompían varios cristales, otros manchaban los frentes de varias embajadas y las bases de algunos monumentos (4).
Eso podía ser visto por la gente que circulaba por las proximidades; lo que no podía serlo era lo que muy secretamente se hacía para quemar una bandera y colocar cenizas al pie del mástil del Congreso.
La tarea fue encomendada por el comisario Nardelli al agente Lapeyre. Quemó éste secretamente una bandera y algunos trapos en el baño de la comisaría, y una vez obtenidas las cenizas las condujo al lugar indicado, cuidándose de no ser visto en esa tarea. Luego de dejar en el Congreso la bandera parcialmente quemada, comunicó a Nardelli el cumplimiento de su misión. Aún se dispuso que un agente de apellido Pisani, a cargo de la parada de la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, hiciera de consigna a la bandera y las cenizas.
Enterado el jefe de policía del cumplimiento de la orden impartida, lo hizo saber a sus superiores y en seguida se dirigió al Congreso Minutos después llegaba al mismo lugar el dictador, acompañado de sus ministros Borlenghi y Méndez San Martín, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Aloé; su ayudante, Máximo A. Renner; el mayor Cialceta y Atilio Renzi. Todos pusieron caras compungidas y posaron para las fotografías destinadas a la publicidad (5).
Al día siguiente los diarios y periódicos del régimen peronista, es decir, la casi totalidad de la prensa argentina, dirigida y orientada desde la subsecretaría dependiente de la presidencia de la República, inició su campaña contra los presuntos autores e instigadores del “horrendo crimen”, se organizaron en todo el país forzadas manifestaciones de desagravio y una vez más se envenenó a la crédulas mentalidades de pueblo.
El 14 de junio, el jefe de policía dio la siguiente “orden del día”: “Hoy su texto está destinado a registrar el estupor infinito y la indignación incontenible de todos los integrantes de esta gran repartición ante el ignominioso vejamen inferido a nuestra enseña nacional por quienes, en un incalificable extravío, parecieron olvidar que lo más sagrado que tiene la patria es la bandera. Para reparar tamaña ofensa, henchidos nuestros corazones de unción patriótica y orgullosa argentinidad, haciéndose eco del unánime sentimiento de pena que nos embarga ante el hecho inaudito, sin precedentes en nuestra historia, quiere esta jefatura realizar una solemne y sentida ceremonia, un desagravio a la gloriosa enseña que ayer flameó triunfante en los campos de batalla de todo el continente, como símbolo de libertad y heroísmo y que hay cobija bajo sus pliegues generosos a argentinos y extranjeros que buscan paz y trabajo en esta maravillosa tierra, que es la nueva argentina justicialista, que marcha confiada al genio político y al patriotismo de nuestro líder, el excelentísimo señor presidente de la Nación…”, etcétera, etcétera.
Muy pocos, en realidad. Creyeron en el infundio de la policía. Se conocían sus procedimientos bajo el régimen dictatorial peronista, y el hacho que se atribuía a los católicos era demasiado burdo.
El comisario Nardelli, entretanto, no estaba tranquilo. Reunió al personal de oficiales en un despacho, les aconsejó calma, condenó toda posible infidencia y expresó que se haría responsable de lo que pudiera pasar. Como temía la imprudencia de alguien, advirtió que si lo descubría “lo iba a agarrar a patadas”
La orden de Gamboa había trascendido hasta los empleados de investigaciones de cuya reserva, lealtad o confianza se dudaba. El miedo que había manifestado al recibir las instrucciones y la vacilación advertida en algunos para decidirse a cumplirlas, hizo temer a los altos jefes de la policía que tenían conocimiento de los hechos. Por otra parte, cada uno de los empleados comisionados para efectuar daños en monumentos y embajadas, era un testigo peligroso.
No es necesario detallar en este libro cómo se instruyó el sumario por el comisario Nardelli, o sea por el mismo que cumplió la orden infame. Baste decir que el acta de iniciación la dictó personalmente el oficial principal Bonanno, consignando en la misma la comprobación del hallazgo de la bandera antes de haberse efectuado. A esto debemos agregar que días después de los hechos se detuvieron dos jóvenes manifestantes, uno de los cuales también se apellidaba Nardelli, y era por tal circunstancia muy apropiado para la coartada siniestra a fin de confundir y desviar a la opinión pública ya advertida de la culpabilidad de la policía.
Terminado el sumario con todas las formalidades, fue elevado al Comando Politico Social, de donde pasó al juez doctor Gentile. Su conducta vacilante muestra al hombre manejado, incapaz de liberarse de las ataduras que lo unían al dictador Juan Domingo Perón. Tenía clara conciencia de las falsedades del sumario policial, pero no se resolvía a disponer lo necesario para que surgiera toda la verdad de la infamia cometida.
Tampoco referiremos por lo menudo las constancias del sumario administrativo que se instruyó a raíz del hecho. De éste como del otro surge la evidencia de la culpa de los funcionarios policiales que en aquél intervinieron cumpliendo las órdenes recibidas de la Casa de Gobierno.

Notas:

(1) Tal como actualmente sucede con el gobierno peronista de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner en donde un grupo se infiltra en la multitud para generar caos y disturbios. (Nota del Transcriptor).
(2) Declaraciones de Martín y Torazo (expediente “Quema de la bandera”).
(3) Recordamos que después de la incautación por el gobierno, “La Prensa”, había sido entregada a la CGT peronista. Los atacantes pertenecían a los grupos de choque de la dictadura peronista; sus desmanes debían ser atribuidos a los católicos, con quienes andaban mezclados esa tarde.
(4) “Perón me llamó a una hora que podía ser, calculo, las diez de la noche. Me preguntó qué novedades había con respecto a la marcha de la columna y si tenía conocimiento de si se habían producido algunas manchas en las embajadas. Le dije que no. Me expresó que tenía que saberlo porque era importante y que ne iba a hablar el mayor Cialceta. Me llamó éste y me dijo que inmediatamente había que verificar si se habían realizado una serie de episodios de manchas de bleque. Agregó que era posible que se encuentren algunos frentes manchados: “donde no lo estén se puede manchar un poquito, Total una mancha no hace nada. Nosotros necesitamos tener la documentación de esos hechos hoy mismo”. El ministro Borlenghi me preguntó que noticias tenia de los daños provocados y me dijo que “donde no hay manchas se pueden hacer, pero hay que andar rápido porque tenemos urgencia”. El subcomisario del Ministerio del Interior, Krislavin, me habló dos veces para preguntarme qué noticias teníamos con respecto a esas cosas y me dijo que existían lugares que estaban manchados y otros que se podían manchar aunque no lo estuvieran, porque una mancha más no hacía nada. También me dijo que llamara a los muchachos del Político para que fueran a verificarlo o llamaran a la policía de seguridad, y ya saben –agregó-, una mancha más no es nada. Puede llamar la gente que ayude allí” (Declaración de Gamboa en expediente “Incendio de templos”, fojas 288 y siguientes).
(5) Vuelto a la Residencia, Renzi oyó a Méndez San Martín que decía: “Mañana van a agarrarse la cabeza los curas”. (Declaración de Atilio Renzi ante la Comisión Investigadora Nº 7).

Los grandes crimenes del peronismo: Incendio del Jockey Club

2009-12-20T12:20:00.000-08:00

Incendio del Jockey Club

Después de quemar las sedes de los partidos políticos los criminales se dirigieron al Jockey Club.
Este centro social era uno de los más famosos del mundo, orgullo de nuestra capital y admiración de cuanto extranjero eminente llegara a ella.
Se le tenía por sede de la llamada “oligarquía”, aunque solamente lo era de las gentes de diversos grupos que daban formas elevadas al trato con sus semejantes. Lo había fundado un ilustre argentino, Carlos Pellegrini, en la época en que “la gran aldea” (1) se convertía en pujante ciudad, ansiosa de alcanzar en todo a las tres o cuatro más importantes de Europa. Tenía una riquísima biblioteca, en cuyo salón principal disertaron hombres de prestigio universal y destacados argentinos. Entre sus colecciones bibliográficas poseía la que perteneció a Emilio Castelar, el gran repúblico y celebérrimo orador español, además de las muy nutridas sobre arte, historia, literatura, derecho, etcétera, al alcance de cuantos estudiosos, fueran o no socios del club, quisieran consultarlas. Famosa era, asimismo, su galería de cuadros y esculturas, en la que figuraban obras de Goya, Vanloo, Corot, Monet, Raffaeli, Carriere, Harpignies, Falguiere, Soroll, Anglada Camarasa, Figar, Fader, Bermúdez, Lagos, etcétera, cuyo valor actual, según estimaciones de la casa Wildenstein, alcanzaría a más de ocho millones de pesos (2).
En ningún país del mundo había acontecido nada semejante. Ni en Francia, durante los días revolucionarios; ni en Rusia, cuando cayó la monarquía; ni en Alemania, cuando se impuso el nacionalsocialismo; ni en España. Durante la guerra civil el pueblo destruyó obras de arte. Tampoco lo hizo el pueblo argentino. Realizó esa infamia un centenar de asalariados de la tiranía peronista.
El Jockey Club tenía que ser arrasado, y así lo fue en esa noche espantosa.
¿Qué faltas había cometido contra el régimen imperante? No era un centro político ni en momento alguno habíase expresado en oposición al gobierno. Entre sus socios había de todos los partidos, inclusive del que seguía al dictador Juan Domingo Perón, aunque la mayoría era de independientes y gran parte de extranjeros. En él no se conspiraba ni se hacía prédica adversa al oficialismo. A él se llegaba para olvidar las preocupaciones de la diaria labor, para distraerse en tertulia de amigos y conversar sobre las cosas amables de la vida.
En la Casa de Gobierno se lo detestaba y en toda forma se lo quería avasallar. El ministro Subiza le tenía particular inquina y repetidamente había dicho que el Jockey Club “debía ser quemado con todos sus socios dentro” (3). Desde mucho antes tenía preparado y organizado su incendio y saqueo (4). Durante algún tiempo se puso junto a su puerta principal, sobre la calle Florida, una maloliente venta de pescado, luego se le quiso imponer la adquisición de cien mil ejemplares del libro “La razón de mi vida” y forzarlo a contribuir para el Partido Peronista de Buenos Aires y otras agrupaciones protegidas por el gobierno. La comisión directiva consiguió que el sucio mercado se quitase y se negó a la compra y contribución solicitadas. Tampoco dio curso a las solicitudes de ingreso de Juan Duarte y Jorge Antonio, cuyos escandalosos negociados señalaba la opinión pública (5). ¿Acaso eran éstas sus faltas? En todos esos casos el club estaba en su derecho, pero el déspota y sus secuaces no entendían que algo pudiera haber que no se les sometiese. El club, por lo tanto, tenía que desaparecer.
Cuando la turba criminal llegó a su frente, las puertas estaban cerradas. Los episodios de la Plaza de Mayo y el incendio de las sedes de los partidos políticos opositores hacían prever los desmanes que lo amenazaban. Los últimos socios concurrentes lo habían dejado al oscurecer y sólo quedaban en su interior algunas personas de servicio.
Poco antes de medianoche comenzó el ataque de los forajidos por el lado de la calle Tucumán. Violentadas la puerta y ventanas, comenzaron las depredaciones. Cayeron a la calle, arrojados desde el interior, cuantos objetos hallaron a su paso. Luego, en pocos minutos, y validos de elementos incendiarios de extraordinario poder, pusieron fuego en los principales salones y dependencias del suntuoso edificio. Las llamas asomaron por la calle Florida, alimentadas por las admirables telas que eran, más que propiedad del club, patrimonio de la cultura argentina. La Diana de Falguiere traída de París por Aristóbulo del Valle, cuyas graciosas líneas daban encanto a la imponente escalera, caía destrozada por los bandidos. Los tapices del gran comedor, los muebles, las colecciones de diarios y revistas, todo cuanto era difícil llevarse consigo, fue arrojado a las llamas para hacerlo más destructor. Un azar salvó del incendio gran parte de la biblioteca, de la que sin embargo se perdieron seis mil volúmenes (6).
A la bodega no llegó el fuego, pero llegaron pocos días después los emisarios de quienes lo habían ordenado. Su valor era muy considerable, y según lo ha declarado el encargado de la misma, podía valuarse en cuatro millones de pesos “para hacer negocio”. Los vinos y demás bebidas de más calidad y precio fueron retirados con destino a las más altas autoridades de la Nación; los comunes fueron vendidos en distintos lugares. Algunos cuadros, esculturas y armaduras fueron llevados, en gran parte, a San Nicolás por orden de Subiza y del inspector general de justicia Rodríguez Fox. Otros se destinaron a la UES y a la Confederación de Deportes.
Mientras se estremecía el corazón de los espectadores del crimen absurdo e injustificable, el ministro Borlenghi se comunicó con el jefe de la policía Miguel Gamboa. No le dio órdenes para que evitara las horribles depredaciones. Solo le dijo textualmente: “Che, incendiaron el Jockey Club”. Estas palabras, según declaró Gamboa, “las formuló en forma un tanto interrogante, aunque denotaba conocimiento de este suceso y que no le disgustaban tales hechos” (7).
Durante varias semanas las multitudes silenciosas y doloridas contemplaron las ruinas del club. Si alguien no podía contener su indignación y la expresaba, así fuera con palabras prudentes y mesuradas, era inmediatamente detenido. El dictador estaba en todas partes. Oídos suyos eran los de sus agentes delatores y nadie escapaba a su implacable vigilancia. Meses más tarde se demolió el hermoso edificio. El lugar que ocupaba es todavía un amplio baldío en la calle más famosa de la ciudad… (8)
El grupo criminal no había terminado su faena. Intentó, esta vez por propia iniciativa, llegar al diario “La Nación”, pero el dictador, que tenía noticia de los movimientos de los bandidos, pensó que tal ataque podía malquistarle la opinión periodística universal, tan severa después de la incautación de “La Prensa”. La policía, que no defendió las casas de los partidos políticos y del Jockey Club, impidió que se incendiara el diario de Mitre.
Hasta la madrugada los facinerosos continuaron; cansados y ebrios, sus fechorías contra algunos comercios.
El déspota Juan Domingo Perón podía darse por satisfecho. Sus “muchachos” de la Alianza habían trabajado bien. En muy pocas horas destruyeron todo lo que se les había ordenado, pero no lo que aquel más odiaba: los partidos opositores y la cultura.
Esa noche el tirano comenzó su rápida caía hacia el abismo.
Al día siguiente de los hechos producidos. Lo escucharon con tranquilidad e indiferencia, y no se interesaron en conocer a los responsables. De ello dedujo Gamboa que no debía ahondar en la investigación. (9). Y ésta no se hizo.
Días después Borlenghi decía regocijado: “Ha sido un gol de Subiza” (10).

Notas:

(1) “La Gran Aldea” se refiere a la Ciudad de Buenos Aires, toma esta expresión del libro homónimo de Lucio V. López en el que el autor recrea la Buenos Aires que deja de ser aldea colonial para convertirse en la gran capital de un país pujante y que llegó a ser el séptimo del mundo hasta que la tiranía peronista lo llevó a ocupar una mediocre ubicación en la lista de las naciones.
(2) La estimación corresponde al año 1958 aproximadamente y son pesos moneda nacional, hoy desaparecida pero, de todas formas, constituía una colección de mucho valor económico pero por sobre todo artístico. Es sabido que el peronismo y la cultura no se llevaron jamás como no se pueden llevar bien la educación y la barbarie. La horda peronista ha destruido a lo largo de la historia muchas colecciones, bibliotecas, pinacotecas, documentos, de gran valor histórico y cultural tal como se ha visto hasta ahora y se verá a continuación.
(3) Declaración de la señorita Olga Ana Castaing, secretaria de Román A. Subiza (expediente Jockey Club s/ saqueo e incendio, fojas 114).
(4) Declaraciones de la señora María Luisa Subiza de Llantada (expediente citado) y de su madre señora María Rioboo de Subiza (expediente “Farro de Vignoli, Norma Elida s/ presunta infracción de la ley penal”.
(5) Declaración del ex presidente del Jockey Club, doctor Urbano de Iriondo (expediente “Jockey Club”, fojas 23).
(6) Durante el incendio muchos libros no se quemaron gracias a su compacta ubicación en las estanterías. (Nota del Transcriptor).
(7) Declaración de gamboa (expediente “Jockey Club”)
(8) En la actualidad dicho solar lo ocupa la “Galería Jardín”. (Nota del Transcriptor).
(9) Declaración de Gamboa (expediente “Casa del Pueblo”, ya citado, fojas 164).
(10) Declaración de la señora Zoe Martínez (expediente “Jockey Club”, ya citado).

Los grandes crimenes del peronismo: Incendio de las Sedes de los partidos políticos

2009-12-19T12:11:00.000-08:00

Incendios de las sedes de los partidos políticos

Mal se había iniciado para el dictador Juan Domingo Perón el mes de abril de 1953. Los negociados ya no se podían ocultar. La oposición parlamentaria los señalaba con energía y la opinión pública se hacía cada vez más severa con el círculo de sus parientes, protegidos y cómplices. La podredumbre del grupo gobernante era tanta que el propio presidente debió, contra su voluntad, ordenar la investigación que hemos referido. La muerte de Juan Duarte, voluntaria o no, revelaba el propósito de impedir el total conocimiento de lo que todos sospechaban acerca de la corrupción oficial.
El dictador pretendió sofocar enérgicamente a sus enemigos antes de que la oposición creciese. Luego de atribuir a presuntos agiotistas y especuladores la escasez y encarecimiento de algunos artículos de primera necesidad y de anunciar que los obligaría “a culatazos” a cumplir con su deber, dispuso como otras veces la concentración de los trabajadores en plaza de Mayo, a fin de disciplinarlos en la obsecuencia y de escuchar sus amenazas a la oposición.
Como siempre, tenía un plan trazado: sólo que esa vez era mucho más terrible. Comenzaría con tales amenazas, pero visto, a su parecer, que eso no era suficiente para amedrentarla, pensó en destruir las sedes de los principales partidos políticos que la constituían. Hitler le había enseñado cómo se hacían esas cosas. El ejemplo del incendio del Reichtag no había desaparecido de su memoria. En la nueva circunstancia bastaba con mucho menos para justificar la represión; por ejemplo, con el estallido de unas bombas durante la realización del acto preparado. Sus fuerzas de choque harían el resto apenas se diera el motivo y él impartiera la orden.
La policía tenía instrucciones precisas: por lo pronto, dejar sin guardia a las víctimas previamente señaladas, y luego no molestar “a los muchachos”. Todos los funcionarios de esa repartición sabían por anticipado “que algo iba a ocurrir esa tarde” (1). Los bomberos sabían, además, que se producirían incendios, y que la orden de la Casa de Gobierno era la de dejar quemar y evitar solamente la propagación del fuego a las casas vecinas (2).
Los criminales estaban listos y disponían desde mucho antes de elementos incendiarios y vehículos de transporte. Descontaban la impunidad, porque detrás de ellos estaba el dictador Juan Domingo Perón.
A poco de iniciado el acto estallaron dos bombas: la primera en un restaurante; la segunda en la estación del subterráneo. El presidente no se inmutó.
Eso bastaba para poner en ejecución el plan preconcebido. Desde el balcón dijo entonces: “Compañeros: vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo.”
La insinuación quedaba hecha. De inmediato la recogieron los elementos preparados para la acción. “leña… leña”, gritaron estentóreos y delirantes. El tirano aprovechó entonces para impartir la orden ya pensada. “Eso de la leña que ustedes aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?... Todo esto nos está demostrando que se trata de una guerra psicológica, organizada y dirigida desde el exterior, con agentes en lo interno. Hay que buscar a esos agentes y donde se los encuentre colgarlos de un árbol…” Luego de referirse a los “malos peronistas”, de los cuales debían depurarse la República y su propio partido, expresó el dictador: “Si para terminar con los malos de adentro y los malos de afuera, si para terminar con los deshonestos y los malvados es menester que cargue ante la historia con el título de tirano, lo haré con mucho gusto”.
Terminado el discurso, la multitud se desconcentró tranquilamente. Compuesta en gran parte de trabajadores y empleados públicos, forzados por sus sindicatos y jefes a concurrir a esas manifestaciones, no odiaba a nadie. Había creído o querido creer en quien acababa de hablar, lo había seguido y votado, y si todavía no había renegado de él, en él ya no confiaba. Solo algunos neuróticos y energúmenos mezclados en la multitud podían dar gritos de exterminio. Los demás querían volver antes a la tranquilidad de sus hogares.
La parte más numerosa se dirigió por la avenida de Mayo hacia el oeste, y pasada la plaza del Congreso, siguió por Rivadavia.
En esta avenida, entre las calles Rincón y Pasco está la Casa del Pueblo, y en ella tiene su sede el Partido Socialista. Hasta poco antes habían funcionado en ese local los talleres del diario “La Vanguardia”, que la dictadura peronista había clausurado. Una biblioteca de sesenta mil volúmenes estaba instalada en el vasto edificio. Varios millares de lectores, en su mayoría obreros, empleados y estudiantes, concurrían anualmente. En sus salones de conferencias era dado escuchar las disertaciones que acerca de los más diversos temas de política, economía y cultura pronunciaban miembros del partido. Representaba esa casa el esfuerzo de las clases laboriosas por elevar su nivel intelectual y económico, y, a la vez, las formas de la vida cívica argentina. Respetada por todos sus adversarios políticos, contaba con la simpatía de la población.
Pero el dictador la había condenado a desaparecer. En casi diez años de vocear a los trabajadores, de destruir los sindicatos libremente organizados, de forzarlos a agremiarse en torno a la CGT manejada a su arbitrio, no había domeñado al partido que desde medio siglo antes luchaba por la justicia social y había obtenido la sanción de la mayoría de las leyes que hasta ahora la protegen.
Confundidos con los manifestantes que se desconcentraban, llegaron frente a la Casa del Pueblo quienes estaban señalados para destruirla. Su cantidad apenas pasaría de un centenar. Disponían de armas de fuego y elementos incendiarios, además de palos, hierros y piedras. Al comenzar el ataque, en medio de gritos e insultos, hicieron varios disparos. Luego de forzada la puerta del edificio, penetraron en él y en pocas horas lo destruyeron por las llamas.
De acuerdo con las órdenes impartidas, no había guardia policial en las inmediaciones. Los cinco o seis agentes de la comisaría 6ª se retiraron apenas vieron llegar a los manifestantes, y así pudieron los incendiarios obrar con toda libertad. Los bomberos no acudieron sino dos horas después. Sus instrucciones eran claras y debían cumplirlas: “obrar sin apuro, pasivamente” (3).
Una autobomba, que durante largo rato estuvo estacionada en las inmediaciones, volvió a su sede sin actuar. Solo cuando se tuvo la certidumbre de que la destrucción era total, comenzaron las tareas de extinguir el incendio.
El terrible episodio había conmovido a los espectadores. Tal vez muchos se sentían avergonzados. Habían consentido con su inactividad que un pequeño grupo de forajidos cometiera el vandálico hecho. Pero sabían que ese centenar de miserables tenía la protección del Estado. Comenzaba para el país, en esos momentos, una de sus épocas más trágicas.
De la Casa del Pueblo el grupo criminal se traslado a la Casa Radical, Tucumán 1660, sede de un partido popular de honde raigambre argentina (4). De sus filas habían desertado algunos dirigentes de segundo orden cuando el coronel revolucionario de 1943 reclutaba a cuanto resentido hubiere en cualquier parte, pero la mayoría de sus afiliados permanecía fiel a sus principios.
Desde 1946 los diputados radicales habían hecho con valiente decisión la denuncia del proceso del gobierno demagógico que no tardaría en acentuar su tendencia totalitaria y su espíritu dictatorial. Algunos habían sido expulsados de la Cámara por la mayoría oficialista, y ya privados de sus fueros, se habían expatriado a fin de escapar a las persecuciones del dictador. Los radicales, como sus adversarios socialistas, estaban condenados desde entonces. La ocasión esperada para destruir su sede había llegado y era preciso aprovecharla.
El método de ataque fue igual que el ejecutado con la Casa del Pueblo, como que eran los mismos sus actores. Forzaron la cortina metálica que cerraba la amplia portada, penetraron en el edificio y luego de arrojar desde sus ventanas muebles, bustos, libros, banderas y cuantos objetos hallaron en sus dependencias, le pusieron fuego. Lo mismo hicieron con aquellos en medio de la calzada.
Desde media hora antes de iniciarse el ataque se había desviado el tránsito por la calle Tucumán (5). La policía estaba ausente a pesar de que a una cuadra funcionaba la seccional 5ª. Si algún agente de las inmediaciones comunicaba a éste la noticia del incendio, se le ordenaba permanecer en su sitio y desenterarse de él (6). Los bomberos demoraron más de una hora en llegar, y cuando acudieron quedaron sin actuar durante largo tiempo, con el pretexto de que carecían de apoyo policial o de que el público agujereaba las mangueras. Sólo cuando los incendiarios terminaban su criminal faena y mucha parte de la Casa Radical quedó quemada, actuó la policía y aquellas funcionaron.
Lo mismo hicieron en la sede del Partido Demócrata, ubicada en la calle Rodríguez Peña 525, a pocos metros de distancia de la Casa Radical. Pertenecía a una agrupación política que había gobernado el país durante largo tiempo, y aunque no tenía ya representación parlamentaria, su acción opositora no había cejado, razón suficiente para que no se salvara en esa noche trágica. También allí los incendiarios violentaron la puerta, arrojaron a la calle cuanto pudieron, y con todo hicieron una hoguera.
Varias horas habían transcurrido desde el comienzo de los incendios. A la jefatura de policía, a la dirección de bomberos, a las seccionales de aquella, llegaban los requerimientos angustiosos de los vecinos. Las respuestas eran siempre iguales: que no tuvieran miedo, que a ellos no les iba a pasar nada, que ya irán las dotaciones…
Mientras todo esto acontecía, el ministro Borlenghi llamó a Gamboa para ordenarle no interferir a los manifestantes y dejarlos realizar los incendios y actos vandálicos (7). El jefe de policía obró en consecuencia. Si alguno de sus subordinados le pedía instrucciones para contener a los grupos de forajidos, le contestaba que tenía orden de la Casa de Gobierno “de dejar que los muchachos anden por la calle” (8).

Notas:

(1) Declaración del comisario inspector Juan Fernando Cevallo en el expediente “Casa del Pueblo s/ saqueo e incendio”, foja 74.
(2) Declaraciones de los comisarios de la Dirección de Bomberos Severo Alejandro Toranzo y Alfredo Der y del subcomisario Eduardo Omar Olivera (expediente citado, fojas 272, 216 y 219, respectivamente).
(3) Declaración del inspector general José Subrá 8expediente citado, fojas 65).
(4) Se refiere a la U.C.R. Unión Cívica Radical. (Nota del transcriptor).
(5) Declaración del inspector general José Subrá (expediente citado, fojas 65).
(6) Declaración de los agentes Amadeo López, Julio Furno y César Horacio Guzman (expediente citado, fojas 29, 30 y 33).
(7) Declaración del jefe de policía Miguel Gamboa (expediente “Casa del Pueblo” foja 162 y 175).
(8) Declaración del comisario Ángel Luis Martín (expediente “Casa del Pueblo”, foja 35).

Los grandes crimenes del peronismo: La muerte de Juan Duarte

2009-12-18T12:06:00.000-08:00

Un hecho oscuro: la muerte de Juan Duarte.

En las primeras horas de la tarde del 9 de abril de 1953 circuló `por el país una noticia sensacional: inesperadamente había fallecido Juan Ramón Ibarguren (Duarte), cuñado y secretario privado del dictador Juan Domingo Perón. Según las informaciones oficiales se halló sin vida en el interior de su departamento, en el 5º piso de la finca Callao 1944 y su deceso había sido causado por propia determinación. Los diarios dieron posteriormente detalles del hecho y publicaron un facsímil de la carta encontrada cerca del cadáver. Estaba dirigida al dictador y en ella acusaba a quienes, con el propósito de separarlo de él, lo “llenaron de vergüenza”. Afirmaba, además, haber sido honesto y, como era de rigor, exaltaba la figura de su amo.
Esa muerte se había producido en circunstancias muy particulares. Las referiremos de acuerdo, ante todo, con la declaración escrita formulada por el comandante mayor de Gendarmería Nacional, Manuel V. Scotto Rosende.
A fines de marzo de 1953, la actriz Malisa Zini (1) detuvo al dictador en los pasillos del teatro Colón durante un acto que allí se realizaba. Antes de que la custodia reaccionase, le expresó que era engañado por varias personas de su confianza, entre ellas por su secretario privado Juan Duarte. El presiente se separó del grupo que lo y se introdujo con la señora Zini en una dependencia privada. Media hora duró la entrevista y durante su transcurso la actriz detalló lo que conocía. Sus palabras debieron interesas al dictador porque la invitó a que lo visitara en la residencia presidencial el siguiente día.
La sorpresiva actitud de la señora Zini no tardó mucho en llegar al conocimiento de los denunciados. Uno de ellos le remitió de inmediato un ramo de flores con una tarjeta amenazante. La actriz no se inmutó, y ratificó al presidente, en la residencia, cuanto le había expresado la víspera.
Poco después dispuso éste que el jefe de Control de Estado, general Dalmiro J. Adaro, citara a la señora Zini, y en base a los cargos por ella formulados iniciara una discreta investigación. El general Adaro designó su colaborador inmediato al comandante Scotto Rosende, de quien tenemos la narración de tales hechos. Interrogaron a la denunciante, y lo mismo hicieron para después con la actriz Fanny Navarro (2).
“En el interín –dice la declaración de Scotto Rosende- un conjunto de jefes militares, encabezados por el mayor Cialceta y el teniente coronel García Althabe, entre los que se encontraban los vice comodoros French y Villa, los capitanes de fragata Noguera Isler y Lascano, los tenientes coroneles Marcelino Martínez, García, Gonzalez y Tuya (3), consideraron que la actuación del citado secretario privado menoscababa el prestigio del general Perón, en razón de las versiones circulantes sobre los negociados que habría realizado y el empleo discrecional que hacía del nombre del señor presidente, todo lo cual se veía agravado por el círculo que habrían tenido alrededor de éste y del que formaban parte Cámpora, el coronel Balloffet, teniente coronel Passicot, Margueirat, comandante mayor Solveyra Casares, Gómez Morales, etcétera.
“El lunes 6 de abril, a primera hora, ambos jefes se apersonaron al general Perón y le hicieron conocer los cargos que existían contra Duarte, procediendo el señor presidente a ordenarles ratificar la denuncia por escrito y asegurando que haría justicia, y que de ser exactos los cargos castigaría inflexiblemente a su secretario privado, pero que en caso contrario deberían estar dispuestos a asumir la responsabilidad de la denuncia.
“De inmediato el general Perón ordenó la instrucción de un sumario, para rodearlo de mayores garantías dispuso que lo hiciera un general de prestigio, designando para ello al general León Justo Bengoa, quien se abocó a sus funciones el mismo día, aproximadamente a las diez.
“Se noto de inmediato –prosigue la declaración- que el personal perteneciente a la Secretaría Privada de la Presidencia trataba, por todos los medios, de evitar pudiese avanzar la investigación, y horas después de iniciado el sumario, pese al carácter secreto del mismo, empezó a notarse el interés de algunos de impedir que el mismo tuviese éxito, lo que coincidía con la aparición en la Casa de Gobierno de oficiosos colaboradores, desplazados anteriormente de la función pública.
“Transcurren las primeras investigaciones en este ambiente los días lunes 6 y martes 7 de abril, teniéndose conocimiento este último día que Bertolini había presentado su renuncia al presidente, el cual violentamente se la rechazó, echándolo de su despacho.
“El día 7 de abril el señor general Bengoa (que se mantuvo noche y día en el juzgado durante los seis días que duró la instrucción del sumario, creo que sin retirarse para nada a su domicilio), poseía ya elementos de juicio que le permitirían llevar en horas de la tarde una primera impresión al presidente, a la vez que solicitó la comparecencia de Juan Duarte, a la que accedió el general Perón, haciéndole saber al señor juez que él mismo iba a decirle que concurriese a declarar.
“Vuelto el general Bengoa a su despacho, nos hizo conocer esta novedad, circunstancia en la cual se inició la investigación directa del subscrito en el sumario, a raíz de los siguientes hechos, de los cuales doy fe por ser parte.
“Aproximadamente a las 17 y 30 se supo en el servicio de informaciones de Control de Estado (división H, a mis órdenes), que el día anterior, y luego de retirarse el general Perón, Duarte, al parecer acompañado por Bertolini, había retirado papeles de su caja de hierro; que lomismo habría hecho Bertolini, pero que aún quedaban muchas cosas en el escritorio de este último, elementos que pensaría retirar esa tarde.
“Ante esta información se ordenó vigilar discretamente las dependencias de la secretaría privada con personal del servicio de informaciones de Control de Estado y con el fin de no comprometer al señor general Bengoa en una revisión sin éxito de la secretaría privada, que no se justificaría sin un fundamento serio. Un grupo de jefes resolvimos fraguar la versión de que se estaban quemando papeles de la secretaría privada en el incinerador de la Casa de Gobierno, y que en las oficinas de Duarte ya estaban preparados otros paquetes de papeles para igual fin.
“Ante lo serio de este seudo informe, el general Bengoa ordenó al subscrito constituirse en las dependencias de la secretaría privada y con personal de mi servicio asegurar la documentación existente y evitar cualquier atentado a la misma. Se señaló, sin embargo, la mesura, corrección y seriedad que debía privar en el procedimiento, dado que eran oficinas de dependencia directa del señor presidente de la Nación.
“Teniendo presente esta lógica advertencia, procedí a constituirme en la secretaría privada y solicitar al señor Mollo, empleado de mayor jerarquía de la misma, mje acompañase a recorrer las diferentes habitaciones.
“Comprobé así que en el que fuera despacho de Juan Duarte, tanto la caja de hierro como los cajones del escritorio y demás inmuebles se encontraban vacios, con vestigios en el interior de algunos papeles rotos.
Inquirí al señor Mollo por que y desde cuándo estaban vacios lo0s muebles señalados, y me manifestó que desde el día anterior, en que al retirarse Juan Duarte se había llevado sus papeles personales.
“En el despacho de Bertolini el escritorio y la caja de hierro del mismo estaban cerrados.” Conseguidas las llaves, se abrieron.
“En los cajones del escritorio, en completo desorden –continúa la declaración del comandante Scotto Rosende- se encontraban mezclados perfumes extranjeros con zapatos y corbatas de hombre, publicaciones pornográficas y cartas sin archivar de puño y letra del presidente (los borradores) a personalidades extranjeras (Getulio Vargas, general Franco, Pio XII, general Ibáñez, entre otras) y las contestaciones, también manuscritas, en algunos casos hasta de diez fojas, todas de carácter secreto.
“Existían asimismo algunas alhajas, libretas de cheques, dinero suelto, papeles comprometedores para Juan Duarte, como ser cartas-documentos, extendidos la mayoría con letra a mano y en papeles comunes con membretes de hoteles, por los cuales se le reconocían la propiedad de diversos caballos de carrera, o bien participaciones que variaban entre el 50 y el 75 por ciento, título de propiedad de su parte en le estancia de Monte; duplicado de órdenes impartidas al presidente del Banco Industrial para activar o conceder permisos o créditos, planos de un proyecto de construcción de un edificio en el barrio norte de varios pisos y de un valor de varios millones de pesos, y otros documentos que no recuerdo por el tiempo transcurrido, pero que se secuestraron y fueron agregados al sumario.
“En la caja de hierro, entre otras cosas, un cuadro sinóptico completo, confeccionado por Control de Estado, en base a investigaciones del organismo, sobre el negociado de bananas, y que había sido pedido invocándose orden del señor presidente.”
Dejamos la narración del comandante Scotto Rosende para ver cómo el dictador procedió por otro lado mientras se realizaba la peligrosa investigación.
Utilizó, según su costumbre, a los dirigentes de la CGT. Había escasez de carne en la Ciudad de Buenos Aires a causa de los negociados de sus colaboradores inmediatos, la vida se encarecía, el descontento aumentaba. De todo eso era necesario sacar provecho antes que lo aprovechara la oposición.
El día 8 anunció que la CGT le había planteado “muy seriamente” el problema producido por la especulación comercial. Expresó que, según aquella, los gremios no podían seguir como hasta entonces y que “antes de tomar ninguna otra determinación” lo exponían al gobierno, “porque si éste no actúa en contra de los especuladores, se van a ver en la obligación de tomas medidas por su cuenta”. Y agregaba lo increíble: “Es la primera vez que la Confederación General del Trabajo me ha puesto el cuchillo en la barriga.”
No se limitó a eso el dictador Perón. Dijo, además, que “de cada cien personas que llegaban a su despacho, noventa y cinco iban a proponerle “cosas deshonestas” o a pedirle “porquerías”. Anunció que terminaría con ello. “He de terminar también con todo aquel que esté coimeando o esté robando en el gobierno. He ordenado una investigación en la Presidencia de la República para establecer la responsabilidad de cada uno, empezando por mí.”
Expresó también que no perdonaría a nadie, fuese quien fuese. “Ni a mi padre dejaría sin castigo”, agregó. Pero al mismo tiempo dijo algo que a los investigadores les llenó de zozobra: “que no iba a tolerar que hubiera alcahuetes a su lado” (4).
El dictador, que había soportado la proposición de deshonestidades y porquerías”, en tan alta proporción por sus visitantes, repentinamente se había tornado peligroso para quienes habían incurrido en ellas. Y éstos se atemorizaron.
En esos momentos de inquietante expectativa llegó al despacho del ministro de Asuntos Políticos, su hija señora María Luisa Subiza de Llantada. Lo encontró muy preocupado destruyendo papeles. Tal era, además, su estado de nerviosidad, que en el término de media hora tres veces ingirió calmantes. De pronto, cuidando de que nadie lo oyera, le expreso: “No creas nada si te dicen que yo estoy preso o que me han muerto a mí o a Duarte. No creas nada de eso” (5). Y le pidió de se retirase inmediatamente.
¿Era el de Subiza el miedo de quien siempre temió ser asesinado, o tenía la certeza de que los acontecimientos de esos días podrían producir su desaparición violenta? No es posible saberlo. Lo cierto es, sin embargo, que no él sino Juan Duarte, murió pocas horas después.
En la mañana del 9, Duarte tenía que prestar declaración ante el general Bengoa en Control de Estado, al tenor de un interrogatorio preparado la noche anterior. Estábase a su espera, cuando una comunicación telefónica del “valet” de Duarte hizo saber que éste se había suicidado.
“Mientras Mollo –prosigue la declaración de Scotto Rosende- se dirigía a informar al general Perón, yo subí a poner dicha novedad en conocimiento del general Bengoa, quien se trasladó de inmediato al despacho del señor presidente. Tengo entendido que en esta circunstancia el general Bengoa expresó al general Perón el deseo de revisar la casa de Duarte antes que pudieran retirarse elementos que existiesen en la misma, contestándole que posteriormente hablarían de ello.”
En horas de la tarde, el presidente ordenó al general Bengoa suspender el sumario, y dos días después una nueva orden dispuso que se le entregaran las actuaciones y los elementos obtenidos.
La investigación no sólo tenía el propósito de inquirir la responsabilidad de Duarte, sino de todo el personal de la presidencia, empezando por el mismo jefe de Estado. El cadáver de Duarte evitó todo esclarecimiento. Nada se pudo saber de ella. El propio general Bengoa “solicitó, una vez entregado el sumario, a quienes intervinimos en el mismo, la mayor reserva”, a pesar de la cual, “teniendo en cuenta la gravedad e importancia de estas actuaciones”, el comandante mayor Scotto Rosende ha expresado que la substanciación del sumario ha permitido acumular ciertos cargos y pruebas que hubieran encuadrado a Juan Duarte en el terreno delictual.
La información oficial sobre el suicidio de Duarte no convenció a nadie, ni siquiera a los más adictos elementos del dictador. Los más benévolos lo atribuyeron a la presión moral que sobre aquel se había ejercido; la mayoría, en cambio, creyó que había sido asesinado (6).
El juez instructor sobreseyó definitivamente en la cusa, con lo que cerró la posibilidad de continuarla o reabrirla.
La investigación realizada dos años y medio después de ese hecho no ha podido llegar al esclarecimiento total de la verdad, pero ha recibido declaraciones y ordenado pericias que hacen presumir que Duarte no murió por su propia voluntad.
Por lo pronto cabe señalar que no fueron oídos por ninguno de los ocupantes del edificio Callao 1944 estampidos de arma de fuego en la noche del 8 de abril de 1953 y primeras horas del día siguiente, como tampoco por las personas al servicio de Juan Duarte. En cambio, de acuerdo con las manifestaciones de una señora que reside en un departamento ubicado frente a la entrada de la casa en la que aquél vivía, oyó, en las primeras horas de la madrugada del 9, dos ruidos que provocaron su atención porque temía que hubieran chocado al automóvil de su propiedad dejando junto a la acera. Asomada a una ventana que da a la calle, verificó que no había ocurrido tal cosa, pero al dirigir su vista hacia la casa de Duarte observó que dos personas descendieron de un automóvil llevando entre ellas a otra imposibilitada, hecho que atribuyó a un exceso de bebida, alcanzando a ver qué penetraban en esa casa, cuya puerta se abrió desde el interior. Otra testigo, moradora de un departamento ubicado justamente sobre el que éste ocupaba, declaró que al entrar en el edificio a las 2 y 30 tuvo miedo porque, contra lo habitual, el vestíbulo de entrada hallábase a oscuras. Inmediatamente de trasponer el umbral observó que había en el interior de la casa cuatro hombres con linternas, que estaban maniobrando sobre una consola.
Asustada aún, se apresuró a tomar el ascensor, y ya éste en movimiento, vio sobre el piso una mancha de sangre de aproximadamente quince centímetros de diámetro. Mientras subía vio, a través de las puertas plegadizas, que el departamento de Duarte se hallaba abierto.
A esto se debe agregar que la carta del “suicida” fue corregida antes de ser publicada en la Secretaría de Prensa y Difusión, y no se practicó sobre ella ninguna pericia caligráfica que la hiciera indubitable. Los médicos legistas han opinado que el disparo que causó la muerte de Duarte “fue hecho a cierta distancia no menor a veinte centímetros” y que las heridas que tenía en la cabeza fueron “producidas más posiblemente por cuerpo duro aplicado con fuerza y movimiento, que contra cuerpo duro por caída”.
Sea como fuere, lo cierto es que Duarte debía morir para que la investigación Bengoa no prosiguiera. A pesar de ello quedó evidenciado que en torno al dictador actuaba un grupo cuyas actividades él no quiso descubrir.

Notas:

(1) María Luisa Zambrini (Malisa Zini), actriz argentina, nació en 1921 y falleció en 1985. Entre otras actuó en varios films: El sátiro (1970) como “Doña Rosa”; La cautiva de Alí Babá (1954) como “Matilde Pérez”; Los ojos llenos de amor (1954); Marido de ocasión (1952); Mujeres en sombra (1951); volver a la vida (1951); La culpa la tuvo el otro (1950) como “Nelly”; Arroz con leche (1950); Cuando besa mi marido (1950); Piantadino (1950); El extraño caso de la mujer asesinada (1949) como “Raquel”; Tierras hechizadas (inédita 1948); Cumbres de Hidalguía (1947); Nunca te diré adiós (1947); Lauracha (1946); La pródiga (1945); nuestra Natacha (1944); Las sospechas del divorcio (1943); Los hijos artificiales (1943); Ceniza al viento (1942); Corazón de Turco (1940); Huella (1940); …Y mañana serán hombres (1939) como “Ana”; Alas de mi patria (1939); Madreselva (1938); Con las alas rotas (1938); Viento Norte (1937); ¡Segundos Afuera! (1937); Fuera de la Ley (1937) como “la niñera”; Los muchachos de antes no usaban gomina (1936) como extra; Don Quijote del Altillo (1936). (Nota del transcriptor)
(2) Fanny Navarro, actriz argentina, nació en 1920 y falleció el 18 de marzo de 1971. Filmografía: Desnuda en la arena (1969) como Esther; La Calesita (1963); Allá donde el viento brama (inédita 1963); Marta Ferrari (19569; El grito sagrado (1954); Deshonra (1952) como “Flora María Peralta”; Suburbio (1951); Marihuana (1950) como “Marga Quiroga”; Morir en su ley (1949) como “Natalia”; Mujeres que bailan (1949) como “Graciela Méndez”; El Capitán Pérez (1946); Dos ángeles y un pescador (1945); La suerte llama tres veces (19539; Sinfonía argentina (1942); Hogar, dulce hogar (1941) como “Lucia Vidal”; El susto que Pérez se llevó (1940); El solterón (1940); El hijo del barrio (1940); Ambición (1939); Doce mujeres (1939); Cantando llegó el amor (1938); Melodías porteñas (1937) como “Chica en fiesta”. (Nota del transcriptor).
(3) Todos o casi todos formaban parte de la Casa Militar del presidente.
(4) Declaración del comandante de aeronáutica Haroldo Héctor Andrés Ferrero.
(5) Declaración de la señora María Luisa Subiza de Llantada en el expediente “Jockey Club s/ saqueo e incendio”.
(6) Juan Ramón Duarte fue enterrado en el cementerio de la Recoleta, junto a su hermana María Eva, en un acto donde la madre de ambos Juana Ibarguren gritó a los cuatro vientos que le habían “matado a dos hijos”. (Nota del transcriptor).

Los grandes crimenes del peronismo: El miedo del dictador

2009-12-17T12:02:00.000-08:00

El miedo del dictador

El miedo hace crueles a los déspotas.
Todo lo preparan para ser obedecidos y temidos, pero cuando sus arbitrariedades despiertan a los pueblos, no aciertan sino a dominarlos por el terror. Al tiempo que esto acontece, aquellos ya están atemorizados. No confían en la ley ni en los hombres, y tampoco en quienes los rodean. Saben que sólo se sostienen por la corrupción y la mentira, y que han de ser abandonados apenas estén en peligro. Llegados a este punto, no conciben otra defensa que la represión desproporcionada con la causa que los acobarda. Y así cometen los grandes crímenes.
No llegan a ellos de inmediato. Organizan previamente su sistema de intimidación individual y colectiva, disponen el espionaje, la delación, la formación de bandas armadas, la represión policial, las torturas. Retardan de tal modo la reacción del pueblo, pero a la vez contribuyen a hacerla más decidida. Cuando ésta estalla y comprueban el fracaso de sus métodos preventivos, se resuelven por los otros, los violentísimos, por el 2caiga quien caiga”, de triste recordación.
Nunca será olvidada la tremenda amenaza que el dictador Juan Domingo Perón hizo desde el balcón de la Casa de Gobierno el 31 de agosto de 1955. Sabía que su régimen estaba condenado y presentía el alzamiento triunfal de la ciudadanía. Los hechos del 11 y 16 de junio de ese año le habían dado clara noción del cambio operado en la opinión pública y dudaba acerca de la resolución que debía tomar. En abril de 1953 se había referido a la caída de Hipólito Yrigoyen. “Pero a mí –dijo entonces- no me va a pasar lo de Yrigoyen, porque me voy a ir un año antes de que me volteen.” Los graves acontecimientos producidos en junio le hicieron prever la posibilidad de una nueva e inminente rebelión armada. Pensó entonces en la renuncia, pero se resistía a la idea de abandonar el poder. Optó por simularla, y a ese efecto escribió la que en la mañana de ese 31 de agosto se hizo conocer al país. Sabido es que, como de costumbre, la CGT fue convocada de inmediato y que ésta dispuso, tras de la paralización de las actividades laborales, la reunión de los trabajadores en la plaza de Mayo a fin de requerir el retiro de aquella. En esas circunstancias el dictador, olvidado del tono sereno de su dimisión (1), que a nadie había engañado, incitó a las masas a matar no sólo a quienes intentaren alterar el orden sino a aquellos que conspirasen.
De fracasar la revolución del 16 de septiembre siguiente, barrios enteros de toda las ciudades argentinas se hubieran incendiado, y no cinco por cada uno de sus adictos hubieran muerto, sino millares, en “la más grande hoguera que haya encendido la humanidad hasta nuestros días” (2).
En 1955 el pueblo había perdido el miedo, quien entonces lo tenía, y tremendo, era el dictador.
El crimen premeditado no llegó a consumarse. Pero nuestra historia no olvidará algunos otros de su dictadura, cuya crónica pasamos a hacer.

NOTAS:

(1) “Modelo de hipocresía y simulación”, la calificó el ex vicepresidente Teisaire en su declaración pública del 4 de octubre de 1955.
(2) Discurso del 1º de mayo de 1953.

Difusión del peronismo en el exterior: La propaganda del "justicialismo"

2009-12-16T11:58:00.000-08:00

La propaganda del “justicialismo”

En uno de los artículos que el dictador Juan Domingo Perón publicó en 1951 en el diario “Democracia” con el seudónimo de “Descartes”, se ha referido al “empleo perturbador de la inteligencia al servicio de la mala fe internacional”, que “ha creado en las relaciones internacionales de los países un estado latente de guerra sórdida y solapada”.
A fin de contrarrestar esta acción se estableció, a mediados de ese año, la Subsecretaría de Difusión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cuyo frente se puso al comodoro Arturo Pons Bedoya, con la finalidad aparente, expresada en una de los “considerandos”, de “propender al mejor conocimiento de los valores de la argentinidad, difundir los principios de la cultura universalista, contribuir al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del hombre”, pero, en realidad, con el fin señalado en el artículo 2º, que dice: “En particular le concierne a la misma la difusión de la doctrina justicialista.”
Conocida es la inquietud que en algunos países vecinos produjeron los intentos de penetración peronista. En uno de ellos, Chile, funcionó una comisión investigadora de esas actividades; en otros se sospechó el apoyo demasiado efectivo de Perón a ciertas candidaturas presidenciales. No nos detendremos en esos aspectos. Chile ha publicado algunos documentos interesantes sobre el particular y su prensa ha juzgado a los políticos de uno y otro lado de los Andes que en tales hechos tuvieron participación. En los demás países ha sucedido poco más o menos lo mismo.
En este capítulo nos referiremos solamente a la infiltración del peronismo mediante la propaganda y las organizaciones obreras dirigidas por la dictadura argentina.
“El principal instrumento de esa nueva fase de la acción –expresa la memoria de la Comisión Investigadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1)- era la unidad básica que funcionaba en la sede de cada una de las representaciones diplomáticas en el exterior y que, como la define la propia subsecretaría, “es un sindicato intelectual y de trabajo, con un ejecutivo a su frente al cual, por razones obvias, se subordinan todos los restantes que lo constituyen”. La integraban los respectivos funcionarios técnicos, agregados de prensa y obrero y radio operador, quienes además de las instrucciones emanadas de la cancillería, las recibían de la CGT y sus organismos.
“Actuaba, además, una vasta organización subsidiaria que, mediante todos los recursos y medios de la publicidad, servía claramente al fin de la penetración. De ella formaban parte la Agencia Latina de Noticias, las publicaciones subvencionadas, el Servicio Internacional Radiofónico Argentino (SIRA) y las delegaciones de la CGT, ATLAS, etcétera.
“La Agencia Latina de Noticias (AL) se había constituido como sociedad anónima en Rio de Janeiro, en 1949, en torno a un notorio agente de la dictadura peronista. Dos años después cayó en la órbita de la Subsecretaría, pasando la mitad de sus acciones a uno de los jerarcas del régimen peronista. Su objeto, como se expresa en la directiva de operaciones Nº 3, consistía en “penetrar en los órganos y las radiodifusoras para su utilización a los fines de la Subsecretaría”.
“Cumple su misión –agrega la memoria referida- mediante corresponsalías y agencias en todo el continente, realizando el tráfico de noticias falsas, tendenciosas, deformadas, que juega a favor o en contra de determinadas situaciones locales o internacionales, según los intereses del momento y las instrucciones que recibe a través de la Dirección General de Planificación y Asesoría. Su fuente noticiosa la constituye el “Boletín Radiotelegráfico”, del que recibe dos transmisiones diarias.

“La Agencia, establece la circular reservada Nº 2/1952, se comunicará normalmente por la vía cablegráfica ordinaria, pero “Cuando ese medio resulte inseguro o inconveniente, los textos respectivos se transmitirán por cable cifrado de la representación diplomática argentina”.
“El Servicio Internacional Radiofónico Argentino (ISIRA), dependiente de la Subsecretaría, orienta y realiza la acción radial “por medio de audiciones tipo” en castellano, inglés, francés, italiano, alemán y sueco.”
La principal de las publicaciones subvencionadas –“Verdad”- se concibió y actuó “como arma formidable de propaganda argentinoperonista, como órgano periodístico de agitación, penetración y choque en el exterior”.
“Todos estos componentes de la disociadora organización subsidiaria simulaban ser ajenos entre si y de movían necesariamente en el plano de lo subrepticio, la intriga y el fraude.
“Los elementos materiales de la acción de la Subsecretaría, en la que concierne a publicaciones, abarcaron desde el libro que pretende ser doctrina, hasta la literatura de agresión destinada a la doble finalidad de agitación y penetración.
“Esta última comprendía una infinita gama de medios y tonos: el libro, estudiadamente preparado para impresionar por su objetividad y sorprender así la buena fe de los lectores; el opúsculo o folleto que, explotando determinados hachos o situaciones desafortunadas, agrede y ultraja; el libelo o el anónimo que, desaprensivamente, difama y destruye. El material impreso por orden de la Subsecretaría en forma de libro o folleto confirma la distribución precedente. En efecto, por una parte se realiza la propaganda del régimen peronista y la glorificación de su creador, con una literatura que pretende ser meramente informativa, mientras que por la otra se desata una campaña impresa de franca hostilidad y agresión a países con los que Argentina mantiene relaciones amistosas. Este tipo de libro tiende a todas las capas de la sociedad y aún por medio de gráficos y dibujos a los sectores más atrasados de la población.
“Al tercer grupo pertenecen los sueltos fabricados en la Secretaría de Difusión con los elementos periodísticos remitidos por sus agentes en el exterior. Las unidades básicas (2), en distintos países, elaboraban con esas matrices notas y comentarios sobre hechos o episodios ocasionales, siempre ingratos y, generalmente, adaptándolos al ambiente local y al momento psicológico, de tal manera que, aunque dispares en forma, todos tenían simultáneamente un leit motiv común que traducía un complejo de resentimientos, alentando siempre un sentimiento de encono y de venganza.
“En otros órdenes, el conjunto de los elementos y recursos de que se echaba mano constituye un capítulo indigno en el que se conjugan, con matices sádicos y mórbidos, el espionaje, el soborno, la delación, la dádiva. La intriga, para explotar la credulidad, la debilidad y las fallas humanas, utilizando a ciudadanos de ortos países como medios en la prosecución del fin inconfesable que se proponían.
“La directiva número 5 ordenaba: “circular cartas anónimas”, “organizar campañas de rumores que tomen por blanco a autoridades locales norteamericanas y sus respectivas actividades, desprestigiándolas por todo los medios, aún los de apariencia más deleznable”, “oponer intereses de unos a otros”. “despertar recelos y envidias”, “suscitar el temor por la permanencia de beneficios”, “inventar negociados e indignidades”, etcétera.
“Nada inhibía o repugnaba a la Secretaría. Ni el desprestigio de la reacción contra el país, ni la bajeza de la acción, ni uno de los frenos morales que contienen o limitan aún a los más desaprensivos, ni las consecuencias materiales, ni el temor al ridículo.
“Agitando abiertamente las banderas del imperialismo y del capitalismo con que se identificaba de manera exclusiva a Estados Unidos., sobre el que se deseaba polarizar el odio, se creaba un espíritu de rebelión contra todo lo que –real o imaginario- se opusiera a sus falsos dogmas, a su mentido “humanismo”.
“Encubiertamente, comprando la voluntad de los venales, ganándose la adhesión o la gratitud de los necesitados, comprometiendo la complicidad en intereses electorales de grupos políticos, afines o no, pero siempre substancialmente antidemocráticos, se obtenían, en el propio país, los elementos indirectos de la penetración.
“Asombra que en este cuadro, que en algún momento pudo impresionar por las proyecciones de su aberrante concepción, cupiera, en plena vigencia del plan Marshall, la idea de distribuir ropas de la Fundación a los menesterosos de Washington.
“El medio ambiente, en todo este plan, impuso las características y los alcances de la acción.
En los países limítrofes, donde se pretendía imponer su programa definido de implicancias políticas, la técnica, los recursos y la intensidad del esfuerzo se fueron adecuando y adaptando a las alternativas cambiantes y a las exigencias de la finalidad propuesta. Así, en Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. En los países donde existían fermentos sociales, es decir, en aquellos con preponderantes poblaciones indígenas y agudos problemas económicos, la directiva de la circular Nº 5 hallaron campo propicio para su cruda aplicación. El espejismo del justicialismo ofreció una falsa esperanza a sus legítimos anhelos de mejoramiento.
“En Estados Unidos, considerado eufemísticamente “Zona de exploración”, la acción oficial de propaganda se limitaba a la “difusión del material informativo”. La persistencia y la profusión de la campaña y el propio material –que se distribuía especialmente en las universidades, colegios, institutos de especialización, etcétera-, se consideraban y estudiaban, como manifestaciones de una nueva y confusa forma de totalitarismo híbrido, sin futuro, de estado policial sólo posible, en su modalidad, el Latinoamérica.
“Del otro lado del continente, la acción se concretó primeramente en España e Italia a favor de la miseria de la posguerra y el mayor esfuerzo se hizo con la visita –que tanto costó al país- de la difunta consorte (3); más tarde, en Siria, por causas distintas. La enorme cantidad de material impreso, lastimosamente inadecuado a la cultura europea, no salió de los sótanos de las representaciones diplomáticas-consulares.
“Donde la acción de propaganda fue más inoperante pero quizás más lesiva para la tradición de seriedad del país, ha sido en el seno de los organismos internacionales. Allí, las delegaciones del régimen, con frecuencia ajenas a los problemas y diferendos sometidos a su consideración, brillaban por su ausencia en los debates de las comisiones. Pero si cobraban relieves espectaculares en las sesiones públicas, especialmente las plenarias, para hacer a destiempo, sin tasa ni medida, el panegírico de las doctrinas y “realizaciones justicialistas” que ofrecían como fórmulas de salvación a los demás países concurrentes.
“¿Cuánto costó al país este grotesco calco de los ministerios de propaganda de los países totalitarios? En la medida en que a esta Comisión le ha sido posible determinarlo, el presupuesto visible de la Subsecretaría de Difusión, por los años 1952 y 1953, exclusive de los cuantiosos gastos por igual concepto, directos e indirectos, visibles e invisibles del Ministerio de Relaciones Exteriores como tal de los organismos conexos, de las organizaciones subsidiarias de prensa y de la CGT, ascienden a m$n. 150.918.019.- Esta cifra incluye, para no citar sino algunos rubros, m$n. 11.000.000.- para comunicaciones; m$n. 27.000.000 gastos reservados y 70.000.000 de pesos moneda nacional en propaganda y publicidad. Solo la elocuencia de las cifras puede dar una idea de la falta de equilibrio y sentido de responsabilidad de quienes manejaban esos fondos. Tres de los más inofensivos y menos costosos folletos –los que llevan por título “Policlínico Presidente Perón”, “La Casa de la Empleada” y “Hogar para Ancianos”- impresos en un total de 255.000 ejemplares -85.000 de cada uno- contaron al país m$n. 1.800.000.- ¿Cuál fue el destino final de esa valiosa propaganda? Contra toda lógica, la destrucción en su mayor parte. En el exterior destrucción cuando por su tono, provocaba indignada reacción a sus destinatarios; destrucción cuando por su inutilidad ocupaba lugar en las embajadas; destrucción en las aduanas al término de larga espera, sin que la retiraran; y finalmente, en los mismos depósitos de la Subsecretaría, destrucción. Aún hoy (4) esperan el mismo fin dos millones y medio de ejemplares.
“El mantenimiento de la Agencia Latina costó anualmente 214.572 dólares para las agencias del exterior y 2.581.800 pesos moneda nacional para la pretendida sucursal de Buenos Aires.
“Su liquidación repentina exigió los siguientes desembolsos: dólares 35.100; cruzeiros 609.800; o$u. 16.000; m$n 822.730. Todo ello con la agravante de que la conversión de las divisas se hizo al cambio preferencial, en un momento en que faltaban para satisfacer necesidades primordiales.
“La forma en que se invirtió y administró esa impresionante cifra, el oscuro manejo de los fondos reservados, contabilizados –para no dar sino dos ejemplos- fue de la manera siguiente: “Entregado al señor subsecretario dólares 19.000 con destino a ESP”; “Entregados al secretario general 47.000 dólares, sin otro comprobante de inversión”, “por no haber sido posible conseguirlos”; simples vales o declaraciones juradas tratándose en algún caso de “2 máquinas de escribir y útiles de escritorio”, son sobradamente indicativos de la discrecionalidad en la aplicación de fondos públicos.
“¿Cuáles fueron los resultados de la acción internacional de esta penosa creación de la dictadura peronista?
“Las actividades de difusión en este país –dice uno de los diplomáticos del régimen que intervino en ella- contribuyeron a la intensificación de la campaña periodística a nuestros intereses”. Luego agrega: “ellas despiertan un sentimiento de encono aun en los sectores del pueblo que demuestran simpatía hacia nuestro gobierno”.
“Otro jefe de misión, transcribe textualmente las expresiones vertidas en un acto público por un colega de América sobre “la ola de material impreso que se ha vaciado sobre Chile”. “Todos sabemos –precisa- que este material no tiene su inspiración o su origen en Chile, ya que no es otra cosa que una importación de nuestros enemigos. Es un obsequio que hace a Chile desde afuera y por mucho que se le examine no conduce a satisfacer las necesidades del país, a levantar plantas de acero, o contribuir al bienestar general.”
“Otro señala “que mucha de la propaganda impresa contradice quizás en forma evidente los sentimientos políticos de las personas a quienes sería destinada”.
“Y así los propios agentes encargados de la ejecución de las directivas contenidas en las circulares citadas más arriba y otras de tenor análogo, en una serie de informes que integran un legajo de centenares de páginas. Tal era el fracaso.
“pero si se hubiera reducido a ello el daño se habría limitado al inútil despilfarro de los dineros públicos en una mala empresa frustrada para bien El verdadero fracaso, el daño real silenciado por los agentes materiales de la acción consistió en que el régimen peronista, en sus espurias maniobras de hostilidad divisionista, en su embozado intervencionismo para levantar los pueblos hermanos contra el orden constituido a expensas de la libertad, traficando con el hambre y el analfabetismo, comprometió la tradición invariable de moralidad internacional del país y lo rodeó de recelos y lo colmó de oprobio.
“Agrava, si cabe, esa acción, el hecho de que el angustioso anhelo de convivencia pacífica había llevado en ls posguerra a los pueblos de América a concretar en instrumentos jurídicos internacionales –de los que la Argentina es parte- la proscripción y represión, no solamente de la agresión armada, sino de todas las otras formas de agresión: “Los Estados americanos procuran, por todos los medios a su alcance, difundir los ideales pacíficos y el principio de respeto que mutuamente se deben y reprimirán toda actividad o propaganda que directa o indirectamente tienda a sembrar el odio o la separación entre sus respectivos pueblos” (artículo 1º, resolución XLIII, Chapultepec, 1945).
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente a la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de “injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen” (Artículo 15 de la Carta de los Estados Americanos, Bogotá. 1948).
“Violando sistemáticamente esos instrumentos que definen el sistema de penetración indirecta con fines de perturbación y de agresión ideológica y quebrantando por todos los medios las normas de la decencia internacional, el gobierno depuesto se identificó plenamente en la conciencia mundial con las peores prácticas de las potencias agresoras.
“El mandatario depuesto (5) hizo anticipadamente su propio enjuiciamiento y definió con rara exactitud para estigmatizarlo, el género de acción en que estaba empeñado: “La preparación de la opinión pública de un país soberano –expresa en 1951 bajo el seudónimo de “Descartes”, (6) el inspirador de la política de agresión ideológica-, es parte de la soberanía que ejerce el gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse incurso en el delito de alta traición.” “Toda interferencia foránea presupone un acto desleal y de hostilidad inadmisible, aunque se trate de salvar las formas, disfrazando tal intervención con la libertad de prensa o de las fuentes de información, con empresas comerciales, con agregados al servicio diplomático u otros engaños semejantes” “No se borra el fondo de una ofensa con el acicalamiento de la forma.”
“Meses después agregaba: “La responsabilidad en esos casos no recae en tales irresponsabilidades, sino en el país y en el gobierno que los dirige.” “los pueblos no olvidan nunca semejantes atropellos y tales afrentas a la dignidad nacional, que constituyen motivo de odios justificados y permanentes.” “En esto, como en todas las cosas de la vida, los que proceden mal sucumben víctimas de su propio mal procedimiento.”
“Ni el mandatario derrocado ni los ejecutores directos, según se ve, pueden invocar como atenuante el desconocimiento de las nefastas consecuencias que su acción ocasionó al país.”

NOTAS:

(1) Se trata de la Comisión Investigadora Nº 45. (Nota del Transcriptor)
(2) “Unidad Básica” es el nombre que el Partido peronista –hoy “Partido Justicialista”- da a sus locales partidarios. (Nota del Transcriptor).
(3) Se trata de la “Señora”, María Eva Ibarguren (Duarte) de Perón. (Nota del Transcriptor).
(4) Hacia el año 1958. (Nota del Transcriptor).
(5) Juan Domingo Perón. (Nota del Transcriptor).
(6) Con este seudónimo, apodo o Nick; Juan Domingo Perón publicó durante su tiranía en el diario “Democracia” una serie de notas que suman más de 150. (Nota del Transcriptor).

Corrupción y desorden: Aeropuerto de Ezeiza

2009-12-11T07:03:00.001-08:00

Aeropuerto de Ezeiza

Apenas comenzó a acrecentarse el tráfico aéreo nacional e internacional se planteo la urgencia de resolver el problema de dotar a la ciudad de Buenos Aires de un amplio aeropuerto, que no sólo considerara las necesidades presentes sino las que en el futuro derivaran del normal y rápido desarrollo de ese tipo de comunicaciones.
A tal fin se dictó en 1935 la ley número 12.285, que dispuso la construcción y habilitación de un aeropuerto dentro de los límites de la Capital Federal y litoral fluvial adyacente, y autorizó al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda interna o externa de la nación hasta la suma de $ 10.000.000.- moneda nacional.
Una comisión integrada por representantes de la Municipalidad de Buenos Aires y de los ministerios del Interior, Obras Públicas, Guerra y Marina (1) debía proponer en el término de noventa días la ubicación, área y reserva del aeropuerto, sus instalaciones y obras indispensables, los planos generales, bases de licitación, límites de la zona circundante y la servidumbre de orden aeronáutico que debía crearse. Declaraba finalmente, sujetos a expropiación por causa de utilidad pública, determinada por el Poder Ejecutivo, los terrenos necesarios para la formación, construcción y habilitación del aeropuerto.
Después de estudiar las posibles soluciones, la comisión designada señaló los servicios que debía prestar ese aeropuerto y los que expresamente correspondía excluir, a la vez opinó que era insuficiente la cantidad prevista por la ley para la construcción del mismo.
Aprobadas por el decreto Nº 99.235/1937 las conclusiones a que aquella arribaba, se dispuso que los ministerios de Guerra y Marina, no sólo completaran las bases, planos, presupuesto y especificaciones para tal construcción, sino que determinaran su ubicación exacta, de acuerdo con lo establecido por la ley y lo aconsejado por la comisión.
Como la solución propuesta por ésta afectaba al trazado del Canal Costanero, se originaron nuevas actuaciones en los ministerios de Guerra y Obras Públicas, que determinaron la construcción de una segunda comisión.
Analizados los proyectos que habían considerado la precedente y las nuevas soluciones propuestas separadamente por sus miembros, se expidió en junio de 1941 aconsejando que se emplazara el aeropuerto en la zona del litoral fluvial del Rio de la Plata, situada en la prolongación de la avenida General Paz, por satisfacer las condiciones técnicas, aeronáuticas y meteorológicas y permitir la solución integral del aeropuerto terrestre y marítimo.
Advertía la comisión que el emplazamiento del aeropuerto en el extremo de la avenida Costanera y arranque de la avenida General Paz constituiría, a la vez que un magnífico exponente en el orden edilicio, un punto de atracción y esparcimiento público en una zona acerca de la cual se estudiaba entonces, por las autoridades de la comuna, la apropiada terminación de aquellas arterias. Calculaba la comisión, finalmente, que la construcción del aeropuerto requeriría la utilización de unas 250 hectáreas y la inversión total de $ 60.000.000 m/n. Por decreto Nº 99.132/1941 se aprobó este informe y se fijó el emplazamiento definitivo del futuro aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires en el lugar que aquella aconsejaba.
Los estudios de ambas comisiones habían sido realizadas con extrema seriedad pro técnicos especializados, y entre ellos por dos eminentes pioneros de nuestra aviación militar y naval: Ángel María Zuloaga y marcos A. Zar. Otros estudios se agregaron posteriormente, y sus conclusiones concordaron con las de tales comisiones.
En eso de estaba cuando se produjo la revolución del 4 de junio de 1943.
Un año después, sin efectuar nuevos estudios y sin considerar los ya realizados que había dado solución al problema de la ubicación definitiva del aeropuerto, se dictó el decreto Nº 13.240/1944, por el cual se designó a los ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas para proponer tal ubicación.
Apenas transcurridos cuatro meses, un nuevo decreto ley –el que lleva el Nº 26.966, de 2 de octubre de 1944- consideró, en mérito de “lo informado y propuesto por los señores ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas, asesorados por el comando en jefe de Aeronáutica y por la dirección de Aviación Naval”, que era inapropiada la ubicación escogida anteriormente para la construcción del aeropuerto, por lo que se la establecía en Ezeiza, cuyos terrenos en extensión de 6.800 hectáreas, presentan excelentes condiciones topográficas y geográficas y pueden comunicarse directa y fácilmente con el centro de la Capital Federal, mediante una carretera de tránsito rápido”
Mucho era, en verdad, que en tan breve espacio de tiempo se hicieran estudios sobre el particular por tres ministerios y dos reparticiones técnicas, y mucho más, que coincidieran en sus conclusiones o armonizaran las divergencias.
Pero nada era verdad de cuanto expresaba tal decreto ley en sus “conclusiones”.
La Subcomisión Investigadora en el aeropuerto de Ezeiza ha comprobado plenamente que jamás se reunió la comisión de ministros ni hubo acuerdo “consciente”, acerca de la ubicación del mismo ni sobre la extensión requerida para su construcción.
Cierto es que el decreto-ley 26.966/1944 estaba firmado por el presidente general Edelmiro J. Farrell y por los ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas, pero sólo éste –general Pistarini- sabía lo que hacía y quería sobre el particular. Se lo había redactado de acuerdo con sus instrucciones y se lo subscribió sin ningún análisis, y posiblemente sin leerlo.
El ex presidente Farrell declaró que por la información oportunamente dada por el ex ministro, estimó que lo que se expropiaba era solamente lo necesario para la construcción del aeropuerto.
El ex ministro de Marina, Teisaire, expresó ente la Subcomisión que ni en forma personal, ni en el carácter que envestía, se requirió su juicio sobre la ubicación del aeropuerto y que en absoluto indicó o aconsejó su instalación en Ezeiza, pues al respecto compartía la opinión del personal especializado de la Marina que lo ubicaba en el litoral de Buenos Aires (Rio de la Plata). Añadió que desconocía que el Ministerio de Guerra hubiera producido informe sobre el particular y que tampoco se produjeron actuaciones conjuntas ni reuniones en el Ministerio de Marina para tratar la instalación del aeropuerto de Ezeiza y la expropiación de las tierras que se adquirieron.
Ampliamente interrogado por la Subcomisión Investigadora, el ex ministro Pistarini declaró que la ubicación escogida “se debe a los reconocimientos que realizaron personas calificadas de la Aviación Naval y Militar que sobrevolaron los alrededores de Buenos Aires y que por las múltiples ventajas que ofrecía esa ubicación tuvo su aprobación”. Pero el caso es que el contraalmirante Gregorio A. Portillo manifestó ignorar en absoluto lo informado y propuesto sobre el particular, y lo mismo ha expresado el brigadier general Bartolomé de la Colina, añadiendo que no ha aconsejado ni indicado la solución de Ezeiza.
El ex ministro Pistarini no conoció ni ponderó, según así lo ha declarado, las actuaciones que se originaron en cumplimiento de la ley 12.285, y, a su decir, solo recordaba que la comisión nombrada al efecto resolvió hacer un aeropuerto mixto en la prolongación de la avenida General Paz. A pesar de ello, se dictó por su iniciativa el decreto-ley que fijó la ubicación en Ezeiza, luego de desechar en uno de los “considerandos” la establecida en la ribera del Rio de la Plata, porque “desde el punto de vista constructivo presenta dificultades insalvables”.
Dictado en decreto Nº 26.966/1944 se le puso en ejecución inmediata. No existían estudios, proyectos ni presupuesto –los que, por otra parte, nunca fueron formal y reglamentariamente establecidos, y por lo tanto aprobados-, pero era necesario cumplirlo sin demora.
Para ello se dictó un decreto-ley extraordinario (Nº 4671/1945) por el cual se autorizó al Ministerio de Obras Públicas “para que cualquiera sea el monto, contratar directamente, o como mejor convenga, y para convenir, llevar a cabo por administración o encomendar la ejecución de las obras o trabajos necesarios para la construcción del Aeropuerto Nacional de Buenos Aires. Dispuesto por acuerdo 26.966 del 2 de octubre de 1944”. A la par, se dejaron sin efecto prescripciones de las leyes de Obras Públicas y de Contabilidad, que llevan implícitas las mayores garantías fiscales.
Y rápidamente se tomó posesión de las 6.800 hectáreas en el lugar elegido.
Para un aeropuerto comercial de primera categoría con carácter terminal como es el de Buenos Aires, -expresa el informe de la Subcomisión Investigadora- sólo se requiere disponer de 800 a 1.000 hectáreas, para desarrollar la infraestructura máxima indispensable y para satisfacer no sólo las mayores previsiones que pueda exigir el incremento del tráfico aéreo, sino también toda otra exigencia de orden aeronáutico.
“Justifica tal concepto la superficie que tienen los mayores aeropuertos del mundo, en especial aquellos que por su carácter de aeropuertos de tránsito deben responder al más variado e intenso tránsito aéreo, transito que Buenos Aires está muy lejos de alcanzar.
“Basta señalar que los súper aeropuertos actualmente en construcción (2), en los cuales las dimensiones de las pistas responden a las más amplias previsiones, tienen: Idlewild (Nueva York, Estados Unidos) –cuya planta funcional sirvió de base para el de Ezeiza, 1.800 hectáreas; Orly (París, Francia), 1.500 hectáreas; London Airport (Londres, Gran Bretaña), 1.500 hectáreas; Ciampino (Roma, Italia) del mismo orden; Barajas (Madrid, España), 800 hectáreas. Es decir que prácticamente lo expropiado en Ezeiza casi supera la suma de la superficie de los cinco aeropuertos más importantes de Europa y Estados Unidos.
“A título ilustrativo y solo a efecto de dar una idea de la magnitud de lo expropiado, basta señalar que la superficie adquirida para el aeropuerto de Ezeiza representa casi en 35% de la que tiene la Capital Federal.
“El aeropuerto de Carrasco (Montevideo, República Oriental del Uruguay), que prácticamente debe responder a necesidades del mismo orden que el de Ezeiza, tiene una superficie de 800 hectáreas; cuatro pistas, una de 2.350 metros y dos de 2.300 metros con posibilidad de ampliación a 3.000 metros, y una cuarta con idéntica previsión.
“Como por decreto ley 26.966/1944 se expropiaron 6.000 hectáreas (que luego resultaron 6.800), surge claramente que no ha existido ponderación de medida al resolver tal expropiación con destino al aeropuerto de Ezeiza.
Por otra parte, ninguno de los funcionarios que por sus cargos, conocimientos y actuación, les correspondía haber intervenido o serles requerido su asesoramiento al respecto, fueron consultados, como se desprende de las manifestaciones del brigadier general De la Colina, de los contralmirantes Teisaire y Portillo, de los brigadieres Ojeda, Díaz Bialet y Muratorio, quienes declaran en autos que en absoluto no han intervenido en la determinación de dicha superficie y consideran que la misma debió ser del orden de las 500 a 1000 hectáreas.
“Por lo tanto, ninguna razón de orden aeronáutico justifica que se haya expropiado una superficie mayor de 800 a 1.000 hectáreas, y como máximo de 1.500 hectáreas.”
“El 82% de la superficie adquirida –añade el mencionado informe- “no era, no es, ni será necesaria para la construcción de la planta funcional del aeropuerto de Ezeiza y en especial las 2.000 hectáreas, adquiridas con pleno conocimiento de que eran anegables”.
“Se exageró sin razones atenuantes la extensión a expropiar –ha declarado el ingeniero José Garralda, director de las obras del aeropuerto-, pues bastaba, aún sin proyectos previos, enterarse de las que se estaban recabando los más modernos aeropuertos comerciales del mundo para no incurrir en el disparate de expropiar 6.800 hectáreas.”
En definitiva, sólo se utilizaron 1.217 hectáreas, en las cuales pueden desarrollarse las máximas previsiones de tráfico aéreo de la ciudad de Buenos Aires, inclusive la construcción de pistas de 3.500 metros.
La zona expropiada tiene grandes desniveles, oscilando su altimetría de costas inferiores a cinco metros a otras que alcanzan a veinte, lo que exigió grandes movimientos de tierra.
La superficie utilizad para la parte funcional representa una cuarta parte del total; las tres restantes han sido invertidas en expropiación de tierras sin destino preciso y sin requerirlo la construcción del aeropuerto, con lo que se violaron las disposiciones de la ley12.285 y del decreto ley 26.966/1944 que solo autorizaban a expropiar los terrenos necesarios para la formación, construcción y habilitación de aquel.
Sin tener en cuenta el movimiento a servir ni su posible evolución normal, y sin proyecto integral previo, se comenzaron las obras. Las directivas las daba el ministro Pistarini; los demás acataban. “No hubo más remedio que ir desarrollando casi independientemente los proyectos parciales correspondientes a los edificios, pistas, hangares y demás implantaciones escalonando las adjudicaciones de obra a medida que se aprobaban dichos proyectos parciales”, ha declarado el ingeniero Garralda. Y agregó que “como es evidente, el presupuesto total de las obras del aeropuerto no pudo nunca tener la forma reglamentaria exigida por las leyes de Contabilidad y Obras Públicas. Fue una cifra fluctuante, no sólo a medida que se iba terminando cada proyecto parcial sino también en función de las modificaciones que se introducían y de las continuas variaciones de costos de los materiales y de la mano de obra, cuyos crecimientos vertiginosos debían reconocerse y pagarse por efectos de la ley 12.910.”
Pistarini quiso hacer un aeropuerto monumental que impresionara a sus visitantes y sirviera a la perpetuación de su nombre, como que con ése se le designó, sin escrúpulo de modestia.
Pero ese aeropuerto que por ahora, entre los de su categoría, el más incómodo y absurdo del mundo.
Emplazado a 31,5 kilómetros del centro comercial de Buenos Aires, el traslado desde el mismo exige, por lo menos, de 43 a 50 minutos. Si se tiene en cuenta que no hace mucho se cubrió la distancia entre Santiago de Chile y Ezeiza en 1 hora 55 minutos, se advierte que las ventajas de la mayor velocidad de vuelo se anulan en gran parte por el tiempo requerido por el traslado terrestre.
Para cubrir la distancia, medida en tiempo, entre el aeroparque y laspartes vitales de la Capital, se ha construido una autopista de unos 15 kilómetros, debiéndose seguir luego por la ruta nacional 205. El tramo, cuya construcción se consideró en primer término es el comprendido entre el aeropuerto y la intersección de las calles Lafuente y avenida del Trabajo (Capital Federal). El resto, entre este punto y la plaza del Congreso, plantea un problema sumamente complejo que aún no ha sido resulto. Tampoco ha sido posible establecer el monto que demandará la terminación de la autopista dentro de la Capital, por cuanto la Administración General de Vialidad Nacional, que tiene a su cargo los trabajos, no ha establecido una estimación de los mismos. Probablemente superará a los $ 200.000.000.- moneda nacional.
Sin entrar en detalles prolijos sobre las que pueden denominarse construcciones “fundamentales”, “complementarias” y auxiliares”, correspondientes todas a la parte funcional del aeropuerto, cabe señalar algunas de sus principales características y deficiencias.
En un principio se pensó que para el año 1950 debía disponerse de 4 espigones con 6 pistas, lo que importa contar con instalaciones para satisfacer 240 movimientos por hora, o sea 120 aviones. Pero sólo se construyeron dos espigones, uno con destino a los vuelos internacionales y otro a los nacionales. En la práctica no fue así, pues sólo el espigón internacional tuvo debida aplicación, mientras que el otro se utilizó como taller de reparaciones para las compañías extranjeras y el servicio que debía realizar se cumple, en parte, en el aeroparque de Morón y el resto en el espigón internacional.
De los seis hangares previstos y necesarios, sólo se construyeron dos, lo que ha creado un verdadero problema para las compañías que deben efectuar el mantenimiento de sus máquinas.
Cuando se comenzaron las obras no se tenía clara idea ni proyecto definido respecto a la cantidad y distribución de los edificios a construir, y tanto es así que en el primer esbozo se agruparon en un solo edificio todos los servicios que más tarde se desconcentraron, distribuyéndose en tres grandes edificios llamados aeroestación, hotel y correo-aduana.
El edificio construido para aeroestación, de 19.000 metros cuadrados aproximadamente, se utiliza en un 40% de su capacidad total. Los principales servicios que debía prestar se realizan en una aeroestación provisional.
En el hotel se preveía alojar, con todo el confort moderno, a pasajeros, pilotos y tripulación de los aviones. No bien terminado su construcción y aún antes de completarse sus instalaciones, fue transferido sin motivo aceptable a la ex Fundación (3).
En cuanto al edificio de correo-aduana, donde también instalarían sus oficinas la gendarmería –que actúa como policía de aeropuerto-, los bomberos y la administración, su grado de utilización se reduce a un 50 por ciento.
Algo inusitada y realmente absurda es la construcción de una pileta de natación en la parte funcional entre espigones, tan disparatada como si se construyera entre andenes de una estación ferroviaria.
Ajenas a las obras de la parte funcional del aeropuerto, se realizaron en la vasta extensión expropiada para el mismo, trabajos de forestación, construcción de balnearios, de villas olímpicas y colonias infantiles.
Los trabajos de forestación se iniciaron sin contar con autorización legal, ni con recursos arbitrados ni presupuesto previo. Se destinó a esa obra el 21% aproximadamente de aquella extensión. Para tal fin se adquirieron o se utilizaron de los viveros del aeropuerto y de la Tablada 4.797.000 árboles, de cuya cantidad solo se lograron 1.108.111 –según lo ha establecido la Administración Nacional de Bosques- mientras que la intendencia del campo, por iniciativa de la Subcomisión Investigadora, calculó, en base a distintas densidades, que el total alcanza a 1.374.650 árboles. Sea como fuere, resulta que se ha logrado aproximadamente del 23 al 28% de los árboles plantados. ¿Cómo fue esto? Porque el ex ministro Pistarini se mostraba en todo momento reacio a cualquier asesoramiento respecto de las tareas de forestación y que en ninguna circunstancia apoyó la realización de las mismas en base a estudios previos (4). Parte de la forestación se realizó en terrenos salitrosos, no aptos para la misma, por haberlo exigido Pistarini (5).
Es de señalar, asimismo, que sin haber sido expropiadas ni iniciado actuación alguna para ello, el ex ministro Pistarini ordenó forestar 33 hectáreas pertenecientes a Transradio. Además, algunas partidas de árboles provenientes del aeropuerto se remitieron sin cargo a la estancia de Juan Duarte (6), en Monte.
También sin autorización legal ni recursos aprobados se inició la construcción de balnearios, que afectó la prosecución de una obra trascendental y urgente como la de rectificación del Riachuelo, dispuesta por dos leyes nacionales. Prescindiendo de los proyectos que a tal fin existían, Pistarini impuso su voluntad, de modo que si se quisiera reanudar aquella obra en la actualidad, sería sumamente onerosa (7).
También se comenzó sin previa autorización legal y sin contar con partidas específicas, la construcción de las llamadas villas olímpicas.
Todas estas construcciones e instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Hacienda, al que a su vez, por determinación de la esposa del ex presidente, lo hizo a la ex fundación.
A los muchos hechos ilegales realizados por directas órdenes de Pistarini en el aeropuerto de Ezeiza y tierras expropiadas para ese fin, debemos agregar el arrendamiento y pastaje realizado durante los años 1946, 1947 y parte de 1948 en ese campo. Se lo realizó sin comprobación contable, recaudándose los importes en efectivo y en especie, sin ingresar los mismos al fisco. Parte de ellos fue depositada en el Banco de la Nación Argentina (sucursal Monte Grande) en una cuenta a la orden del intendente del campo de Ezeiza, teniente coronel Juan Gregorio Morillas, quien lo destino –según así lo ha declarado- a pagar compras ordenadas por Pistarini. En cuanto a los pagos en especie (310 animales), fueron utilizados en homenajes políticos y en asados con cuero, que convenientemente empaquetados, se distribuían casi semanalmente entre amigos del ex ministro, funcionarios de la CGT, dirigentes de sindicatos, etcétera.
Con posterioridad –en 1948- se dictó un decreto por el que se autorizaba al Ministerio de Obras Públicas a explotar en arrendamiento, pastaje u otra forma, el campo de Ezeiza, cuyo producto debía destinarse a atenderlos gastos de las colonias infantiles, sin ninguna intervención de la Contaduría General de la Nación. Se lo invirtió discrecionalmente por el ministro Pistarini.
Otras irregularidades comprobadas por la Subcomisión Investigadora son las referentes a las obras realizadas en el barrio Esteban Echeverria (ex barrio Nº 1), destinado a viviendas para el personal con tareas dentro del aeropuerto. Se las realizaron, como todas las demás, por orden diercta del ex ministro y sin sujetarse a un plan previo, lo que originó la necesidad de demoler la denominada Nº B. 51, al encararse l proyecto completo del barrio. El objetivo inicial no fue cumplido, y en la actualidad (8) sólo alcanza a un 30% el personal que vive en ese barrio y trabaja en el aeropuerto.
En la vasta extensión del aeroparque, en el cual Pistarini se sentía señor y amo, necesitaba tener residencia gratuita. Ocupó así, el casco de la estancia El Descanso, expropiada a la señora María Luisa Estrugamou de Blaquier. La adaptó a sus necesidades y gustos, y en ella tuvo a su servicio personal pagado por la intendencia del campo.
Lo mismo hicieron los ex ministros Cereijo, Gómez Morales, Barro y Nicolini. Para los dos primeros no sólo fueron refaccionadas dos viviendas existentes, sino que, les fueron construidas piletas de natación, canchas de pelota y usina eléctrica.
¿Cuánto ha costado el aeropuerto de Ezeiza, que tan insuficientemente cumple su destino?
Difícil le ha sido establecerlo a la Subcomisión Investigadora, pues el ex ministro Pistarini resistió en todo momento la creación de cualquier organismo contable, por minúsculo que fuera (9). De acuerdo con la documentación que ha podido hallarse, esa Subcomisión ha comprobado que la inversión aproximada hasta 1955, en los trabajos realizados en el aeropuerto y los que fuera de él se efectuaron en la zona de Ezeiza, excede la cantidad de $ 668.279.000.- moneda nacional.

Notas:

(1) Actualmente los ministerios de Guerra y Marina están reunidos en uno solo bajo el nombre de “Ministerio de Defensa”. (Nota del Transcriptor).
(2) Se refiere a los aeropuertos en construcción hacia 1958. (Nota del Transcriptor).
(3) Se refiere a la ex “fundación Eva Perón”. (Nota del Transcriptor).
(4) Declaración del ingeniero agrónomo señor Carlos Alberto Bellón.
(5) Declaración del señor José Guillermo Limberti.
(6) Juan Ibarguren (Duarte) hermano de Eva Perón y secretario privado de su cuñado; el dictador Juan Domingo Perón. Falleció trágicamente como se relatara posteriormente. (Nota del Transcriptor).
(7) Declaraciones de los ingenieros José Negri y Arturo Massera, ex directores de Estudios y Obras del Riachuelo.
(8) Año 1958. (Nota del Transcriptor).
(9) Declaración del ingeniero Garralda

Corrupción y desorden: La Comercialización de la producción agrícola

2009-12-11T06:12:00.001-08:00

La Comercialización de la producción agrícola.

La comercialización de los granos y subproductos con destino a la exportación, es la fuente principal que tiene nuestro país para el ingreso de divisas.
Con el mentido propósito de defender sus intereses, el Estado dispuso realizar y fiscalizar las adquisiciones y ventas en el mercado, tanto externo como interno, en función de la comercialización exterior.
Estas tareas fueron de competencia del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) y de la Dirección General de Granos y Elevadores hasta diciembre de 1954. A partir del 1º de enero de 1955 quedaron a cargo del Instituto Nacional de Granos y Elevadores (INGE), de acuerdo con la ley 14.378.
Tanto el IAPI como el INGE operaban en forma directa, es decir, comprando a los productores y vendiendo con destino al consumo interno, o a la exportación cuando existían excedentes.
Operaba, además, con el sistema de diferenciales, consiguiente en que el organismo percibía o tomaba a su cargo las diferencias de los precios entre la comercialización interna y externa, realizando directamente por empresas privadas.
Otro sistema de operaciones era el de compraventa calzado, que consistía en comprar y vender a la misma firma interviniente, quedando con ello a cargo o favor del Instituto las diferencias entre los precios internos y los de operaciones de los productos comercializados. Este sistema se aplicó preferentemente al tanino, fibra de algodón, harinas, etcétera.
Las de mayor significación eran, indiscutiblemente, las operaciones directas, es decir, aquellas en las que el Instituto adquiría la producción a un precio fijo determinado por el Estado y vendía a los exportadores a los precios de mercado internacional (1).
Un cúmulo de errores, improvisaciones y maniobras en abierta violación de las disposiciones, normas y costumbres mercantiles, impuesto por la dictadura peronista a la colocación y movimiento de los productos destinados a la exportación, produjo grandes pérdidas para el Estado y a la economía del país. (2)
Las investigaciones realizadas por la Comisión Nº 14 han llegado a determinar que al amparo de la complicidad oficial se han creado ingentes fortunas particulares, substraídas a la economía pública y depositadas en el exterior para seguridad de los jerarcas de la dictadura peronista y sus más próximos allegados.
Diversas fueron las maniobras para posibilitar la radicación de esos capitales fuera de nuestro país, desde la creación de grandes compañías en los países tradicionalmente compradores de nuestra producción, previa conformidad de las autoridades en el otorgamiento de concesiones especiales, y principalmente en los precios bajos de los productos, hasta las facilidades tácitamente concedidas para modificar las condiciones de compra en los casos en que las especulaciones internacionales con nuestra producción agrícola no resultaran plenamente satisfactorias.
Las utilidades de la comercialización de la producción agrícola provenían de la diferencia entre los precios de compra y los de venta, pero principalmente de la radicación de tales utilidades en el exterior, ya que, de ingresarlas en el país, debían negociarlas por el mercado oficial de cambios, que por cada dólar entregaba cinco pesos moneda nacional, en momentos en que el dólar valía treinta pesos, aproximadamente, en los mercados mundiales.
Una de las muchas irregularidades cometidas en la comercialización de los cereales, con el consiguiente perjuicio para el Estado, es la constituida por el pago de bonificaciones a causas de incumplimiento de entrega de mercaderías por el Instituto. Se convenían con él operaciones que de antemano se sabía imposibles de ejecutar por el mismo, para luego reclamar aquellas.
Los perjuicios emergentes de esa práctica alcanzaron aproximadamente a 11.000.000 de dólares, o su equivalente de m$n. 300.000.000, suma que en un 70% benefició a las empresas Tricerri y Fabar.
Debemos señalar aquí el enriquecimiento de prodigiosa rapidez, producido en virtud del favor oficial, de Silvio C. R. Tricerri.
En 1947 Tricerri era un joven de veinticinco años, y según resulta de sus propias declaraciones, su patrimonio alcanzaba a unos ciento cincuenta mil pesos. En la actualidad sería difícil estimar su fortuna, radicada totalmente en el extranjero; pero en 1952 él mismo la estimaba en más de cien millones de pesos.
¿Cómo se ha producido tal incremento?
En 1947 se vinculó con Miguel Miranda, presidente por ese entonces del Banco Central, y luego del Consejo Económico, con cuyo favor obtuvo permisos de importación que le dejaron cuantiosos beneficios, inmediatamente extraídos del país en divisas fuertes.
Paralelamente emprendió operaciones de trueque de considerable volumen, cuyas ganancias disimuló a objeto de esquivar el pago de los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios.
Cuando Miranda abandonó, en 1949, su importante cargo, Tricerri lo acompañó al extranjero y cesó en sus negocios dentro del país. Tres años después decidió probar suerte en el negocio de exportación de la producción agrícola argentina, al que consideró “el único realmente interesante, pues cada cosecha produce beneficios que llegan a sumar centenares de millones de pesos, de los cuales una parte, la menos, se obtiene en pesos moneda nacional, y la otra parte, la mayor, en dólares u otras divisas fuertes que se radican en el extranjero sin el menor control por parte de la Argentina” (3).
Para ello consideró necesario desplazar a las firmas cerealistas tradicionales. La realización del ambicioso proyecto requería el apoyo del dictador Juan Domingo Perón, y de inmediato procuró obtenerlo.
Su amigo Raúl Mendé, secretario de Asuntos Técnicos en aquella época, lo puso en relación con Jorge Newton, director entonces de la Escuela Superior Peronista, a quien Tricerri obsequió y cultivó generosamente para lograr su finalidad. De las conversaciones entre ambos resultó la fórmula a aplicarse: se daría al negocio el carácter de una iniciativa de beneficio nacional, suplantando a las empresas extranjeras especializadas por sociedades argentinas, con lo cual, según se afirmaba, el beneficio quedaría “para el país”. La realidad era otra, pues se convino que los beneficios que arrojare el negocio quedarían fuera de él en divisas extranjeras, presumiblemente a disposición del dictador, con quien Tricerri se vinculó en junio de 1953, apartándose de Newton, razón por la cual éste manifestó desconocer la suerte ulterior de la negociación, en la que originalmente intervino. Pero la actitud posterior de Perón permite asegurar que el acuerdo se realizó plenamente. En efecto, durante el mismo mes de junio de 1953 tuvo lugar una reunión en la residencia presidencial (4), durante la cual el dictador ordenó al ministro Cafiero de atender con preferencia a Tricerri y Jorge Antonio en todo lo relacionado con la adquisición de granos, “por tratarse de firmas argentinas”. Mendé, por su parte, recibió la orden, según lo ha declarado, de convertirse en gestor de los mismos ante los ministerios y reparticiones públicas, allanándoles las dificultades que se les presentaran en la concertación de sus negocios con el IAPI y el INGE (5). Más tarde, el mayor Renner sucedió a Mendé en su función de gestor de dichas empresas.
Así fue cómo, con toda la gravitación del poder presidencial, Tricerri y Jorge Antonio aparecieron súbitamente operando en gran escala en nuestro mercado de granos. Al comienzo actuaron en combinación con la organización mundial Najar, excluida del mercado argentino por la sanción impuesta a su agente Contimar, cuyo lugar ocuparon hasta que cada uno creó su propia organización en el extranjero: Jorge Antonio la empresa Argencer en Francfort, Grandil en Montevideo y una serie de filiales en todo el mundo, y Tricerri las sociedades de su nombre en Lausana, Milán, Roma, Londres y sus correspondientes filiales y agencias.
Ha señalado la Comisión Investigadora Nº 38 “que el sistema para el rápido aprovechamiento del mercado frente a otras firmas poderosas y experimentadas, ha sido, principalmente, el ofrecimiento de precios altos, a veces superiores a los vigentes en el mercado internacional, desplazando así a la competencia y revistiendo a las operaciones de inobjetable seriedad. Esa manera de operar de aparente importancia, no comprometía en éxito del negocio, porque siguiendo el proceso de cada contrato, el precio pagado en definitiva resultaba sensiblemente inferior al ofrecido por la competencia, mediante la obtención de descuentos y bonificaciones en base a reclamos por falta de entrega, demoras, diferencias de calidad, etcétera, aceptados por la administración con criterio sólo explicable por la influencia de órdenes superiores, reguladoras de las relaciones con las firmas de referencia.
“También habrían mediado otras maniobras sobre la base de operaciones ocultas relativas a los medios de pago, o sea la posibilidad de solventar la operación, no en las monedas “fuertes” que las licitaciones exigían, sino en monedas “blandas”, lo que se traducía en un beneficio para el comprador y, consecuentemente, en un perjuicio para el país.
“Nada más elocuente –agrega ese informe- que la parte final de la declaración prestada por el ex secretario de Asuntos Técnicos, Raúl Mendé, que dice así: “Los privilegios que pudieron obtener las empresas Tricerri y Jorge Antonio, preferentemente tratadas por el ex presidente de la nación, representaron una substracción de dinero al pueblo mismo, en contra de la doctrina predicada, según la cual debía haber menos pobres y menos ricos.” Y agregó: “Autorizó a que estas declaraciones sean puestas en conocimiento del público.”
A fin de hacer evidente el favor de que gozaban Tricerri y Jorge Antonio (FABAR S.A.), basta el siguiente cuadro:

Notas:

(1) En definitiva, tal como en la época colonial en que solo se podía comercializar con la corona española, comprar y vender solamente a ella, durante la tiranía peronista solo se podía comercializar con la “corona tiránica” quien se llevaba grandes sumas de dinero por no hacer nada, sin haber contribuido en absoluto a su producción y, como veremos, derrochando esas sumas en banalidades estatistas y dirigistas propias de toda tiranía. (Nota del Transcriptor).
(2) Por harta experiencia ya a esta altura de la historia mundial y de la República Argentina deberíamos entender que cada vez que el Estado se mete a dirigir la actividad privada, a pretender modificar las leyes de mercado creara este tipo de desastres cuyas consecuencias son pagadas por muchas décadas. (Nota del Transcriptor).
(3) Manifestación de Tricerri según memorándum de Jorge Newton, hallado entre los papeles de Perón en su casa de la calle Teodoro García.
(4) Declaraciones de Raúl Mendé, Máximo Renner y Antonio Cafiero ante la Comisión Investigadora Nº 38.

(5) Declaración de Mendé.

Declaracion de Alberto Teisaire 4 de octubre de 1955

2009-12-09T11:08:00.000-08:00

DECLARACIONES DEL EX VICEPRESIDENTE TEISAIRE
EL 4 DE OCTUBRE DE 1955
El porqué de su actitud
La conducta de Perón como gobernante, su deslealtad para los que en él creyeron, su cobarde y vergonzosa deserción frente al adversario, abandonando al gobierno y a sus colaboradores (y no digo a sus amigos, porque jamás abrigó sentimientos de amistad para nadie), me habilitan para la actitud que asumo. No tengo por qué guardar consideraciones para quien no las tuvo con nadie, ni aun con el país, de cuyos destinos dispuso a su antojo.
Algunos podrán preguntarse cómo fue que advirtiendo a mí alrededor tanta podredumbre moral e infamia no acusase en su momento al responsable directo de ese estado de cosas. Pero el sistema creado por Perón cerraba toda posibilidad de rebeldía, a crítica o disentimiento para los que no comulgaban incondicionalmente con sus ideas y sus planes. Porque quien lo hiciera, quien se atreviese a levantar su voz contra las directivas impuestas o servirlas con tibieza, era instantáneamente marcado como traidor, vendepatria u otras infamias por el estilo y perseguido en todos los terrenos juntamente con toda su familia. No importa que el disidente tuviese un prontuario limpio; no importa que su vida pública y privada resplandecieran de honor y pureza. Presentar las cosas al revés fabricando las pruebas difamatorias para demostrar que el “alzado” era un delincuente, un corrompido, un traidor, era cosa fácil en un régimen sin escrúpulos ni conciencia. Adviértase que no solo estaba en juego el riesgo físico, que cualquier hombre que se precie de tal afronta con entereza; no, era algo mucho más grave y tremendo: era quedar expuesto a la cárcel y el deshonor, y desencadenar la persecución más despiadada sobre amigos y familiares. El dar, pues, un paso así, comprometía la libertad, el honor y los bienes propios y familiares. Discrepar con Perón fuera del peronismo implicaba sus riesgos; pero disentir con él dentro del partido o del gobierno era exponerse a todos los males y perjuicios que la razón humana puede imaginar. Cuando se lucha contra un adversario leal, por duro e implacable que sea, rigen leyes de juego que se respetan. Pero frente a Perón, que sólo sabe utilizar golpes prohibidos, valiéndose de recursos de maldad, la lucha dentro de sus propias filas, resultaba una empresa sucia. Se explica así que muchos hombres que ocuparon posiciones prominentes en el régimen y fueron arrojados por la borda sin explicaciones, guardasen prudente y cauteloso silencio acerca de sus experiencias del gobierno, sin atreverse a abrir la boca frente a los ataques e insinuaciones injuriosas de los voceros oficiales.

Una presentación espontánea
Por los conceptos que dejo expuestos es que, al hacerse cargo de la presidencia de la Nación el señor general don Eduardo Lonardi, en la Capital Federal, me presento voluntariamente para ponerme a sus órdenes y ser sometido –si así lo estimara conveniente el nuevo gobierno- a la investigación que se deseara realizar sobre mis actos, ya que no tenía nada que ocultar.
Fui detenido e incomunicado, y dejo constancia que durante los días que permanecí en esa situación, fui tratado con tosa consideración, por lo cual expreso mi agradecimiento. Pude ausentarme del país o asilarme en cualquier embajada extranjera, para lo cual recibí sugestiones e invitaciones, pero yo he preferido quedarme aquí y no seguir el desgraciado ejemplo dado por Perón en ese sentido, quien después de utilizarnos, engañarnos y entregarnos, se fuga en un barco de guerra extranjero, lo que equivale a una traición a sus partidarios, a sus compatriotas y al país.
Me considero obligado a denunciar la conducta de Perón, que hizo derramar sangre argentina de obreros, soldados y ciudadanos, para huir en el momento más álgido de los acontecimientos y cuando todavía las cosas no estaban decididas. Huyó mientras los trabajadores gritaban y daban “la vida por Perón”; pero Perón no supo, no fue capaz, tuvo miedo de exponer la suya por los obreros. Abandonó al Partido Peronista, su propio partido que siempre le acompaño con lealtad y sacrificio, pero él no supo ser leal ni sacrificarse por su partido. También abandonó a las mujeres partidarias, que tanto creían en él; pero él nunca creyó en ellas.

Asilado bajo bandera extranjera
Se ha asilado bajo bandera extranjera, hecho único en la historia nacional, puesto que los dos únicos presidentes constitucionales derrocados por revolución, Yrigoyen y Castillo, no obstante su avanzada edad, afrontaron la situación con entereza y asumieron la responsabilidad de su magistratura frente a quienes encabezaron aquellas sediciones. Perón, en cambio, contra todas sus manifestaciones de hombría, de coraje, de valor, no ha sido capaz de afrontar la responsabilidad que le correspondía; ha tenido miedo. Bonito ejemplo nos ha dejado el famoso “conductor”, el “líder”, el “libertador”, a quien nosotros hemos idealizado y ensalzado con un candor y buena fe increíbles. Digo todo esto para que no existan en el futuro, en un pueblo sano, puro y bien intencionado como el nuestro, ídolos tan falsos como Perón.
Frente al silencio y la deserción de Perón considero que hablar es para mí un deber inexcusable. No eludo ninguna responsabilidad, ni busco atenuar las que puedan alcanzarme. Pero tampoco eludiré manifestar la verdad aunque las cosas que se digan resulten duras y amargas.
Para someter al pueblo, las instituciones y los hombres a su arbitrio. Perón creó e impuso –valido de su preponderancia de jefe de Estado- un sistema que está calcado de los peores regímenes totalitarios, organizando un aparato de represión de alcances inauditos. Es decir, que fingiendo ideales democráticos y bajo la apariencia de una estructura, construyó un sistema de dominación personal que no tiene precedentes. La verdad es que Perón no compartió con nadie y, por lo tanto, las responsabilidades de su gobierno son exclusivamente suyas y de los que puedan haberse prestado –por sumisión, ignorancia o complicidad- a fraudes o dolos administrativos.

El único responsable: Perón.
Pero nadie puede llamarse a equívocos, hay un solo responsable de todo: Perón. Hay uno solo que inspiraba y ordenaba: Perón. No consintió ni admitió a nadie que lo aconseje o ayudase y, por lo tanto, a nadie puede culparse del desastre sino a él.
Mucha gente humilde y de buena fe creyó en su lealtad hacia el pueblo, en su sinceridad, en su honradez. Es a esa gente a la que me dirijo para advertirles del error en que vivían, de la mentira en que creyeron, del engaño de que han sido víctimas. Algunos ya lo saben, lo han percibido a través de su fuga, de su traición cuando estábamos en medio de la batalla, defendiéndolo a él, a costa de nuestra reputación y de nuestras vidas. Pero todavía puede haber quienes duden, porque la comedia ha durado varios años, y en tan largo plazo cualquier mito, cualquier cuento, prende en el espíritu siempre crédulo e inocente del pueblo.
Es para esclarecer la conciencia de ese pueblo, para que sepan la verdad sobre Perón, dicha por quien siente un imperativo la obligación de abrir los ojos y la mente de sus compatriotas.
Comenzaré por referirme a mi retiro de la dirección partidaria, impuesto por Perón, que se resistía a comprender que la falta de fervor en sus adictos obedecía a los desaciertos de su gobierno, atribuyéndola, en cambio, a la falta de adhesión a su persona. Pensaba, seguramente, que la política de “brazos caídos” de sus amigos era obra de un “sabotaje” mío, cuando era la simple consecuencia de la pérdida de fe por los descalabros de su gestión política.
La crisis partidaria fue, como es lógico, una consecuencia de la crisis política argentina. Se origina principalmente en la inmoralidad administrativa y culmina con la agresión contra la Iglesia, cuya iniciación nace del despecho que le produjeron a Perón los éxitos de público en los actos estudiantiles secundarios de Córdoba, frente al fracaso de los mítines organizados por la UES, creada por él como instrumento político. Pero como Perón no podía arrastrarnos a la lucha anticatólica con ese pobre argumento, fabricó la leyenda de la intromisión clerical en la política, a cuyo efecto inventó hechos imaginarios, exhibiéndonos elementos de juicio totalmente falsos. Embaucados de esa manera, se produjo el acto en el Luna Park, donde algunos oradores –haciendo fe en su palabra y en sus afirmaciones- censuramos esa intromisión de la Iglesia en la política, sin advertir –hasta días después- que todo era un fraude cuidadosamente preparado por el ex presidente, cuya fingida indignación era parte de la comedia representada.

Quiso expropiar la Catedral
Posteriormente, Perón intentó arrancar de las Cámaras legislativas una ley de expropiación del templo de la Catedral, a cuyo efecto le hizo presentar un proyecto a su ministro Méndez San Martín que, se empeño personalmente en prestigiarlo. Pero varios nos opusimos terminantemente a ese propósito, evitando que se consumara otro atropello contra la Iglesia. Ya estábamos en antecedentes de la verdad del problema y esta vez Perón no pudo sorprendernos con otro engaño.
En lo referente a su desaprensión por la vida democrática, basta mencionar la circunstancia de querer eliminar al Partido Conservador y al Partido Socialista del panorama cívico argentino, por el solo hecho de no haber concurrido a las elecciones de 1954. Su entusiasmo por este cercenamiento cívico fue enorme y tan solo por la intervención mía y de otros integrantes del Poder Ejecutivo, tal propósito no se llevó a cabo.

La quema de la bandera
Con respecto al caso de la bandera quemada, verdadero estigma del gobierno ejercido por Perón, debo claramente determinar las siguientes circunstancias: las banderas del Congreso Nacional no se encuentran izadas mientras no hay sesiones, por lo tanto dichas banderas se encontraban a buen recaudo. Las banderas argentinas y del vaticano izadas eran evidentemente llevadas a tal fin, y luego de izadas fueron retiradas, encontrándose actualmente en mi poder y en el del doctor Benítez (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación). En consecuencia, la verdadera bandera quemada fue otra llevada de ex profeso al lugar de los hechos y luego quemada. Considerando el cúmulo de circunstancias existentes, es mi convicción más profunda que dicha felonía se ejecutó no solo con la autorización de Perón, sino bajo su inspiración. Este hecho de por si incalificable, se vio agravado por el verdadero sacrilegio de tener que rendirle homenajes de desagravio en todos los organismos, instituciones y reparticiones nacionales, constituyendo actos una verdadera tortura espiritual para la ciudadanía que presentía esa patraña de Perón.
Con respecto a la dedicación de Perón a las funciones de gobierno, debo expresar que desde hace un año había prácticamente abandonado los asuntos de Estado para dedicarse a pintorescas actividades deportivas, artísticas, etcétera. Además, desde el año 1952, prácticamente se extinguió el impulso de gobierno, decayendo la conducción del Estado.

La Alianza Libertadora Nacionalista y la CGT
En cuanto a la Alianza Libertadora Nacionalista, constituía una verdadera fuerza de choque, totalmente ajena en su naturaleza y finalidad a lo que debe ser una agrupación o partido político. Tal organismo o fuerza de choque era utilizada para emplear la violencia, no sólo contra sus adversarios políticos, sino como tribuna insolente contra sus propios correligionarios. Dicha Alianza Nacionalista era subvencionada y dirigida por el propio Perón. Además, debo agregar, en este orden de ideas, que era verdadera intensión de Perón armar a la CGT, y no solo eso, sino convocar a una movilización militar no por clases, sino por llamados individuales, eligiendo, por supuesto, a ciudadanos totalmente incondicionales a su persona.
En cuanto a la forma en que Perón ejercía el poder, debo significar que él conocía absolutamente todo y manejaba todo, hasta cosas muy chicas, y generalmente de mala fe. Nada de lo que el gobierno de Perón ha ejecutado, sea cual fuese la naturaleza de los hechos ocurridos, se ha llegado a concretar sin el consentimiento directo de Perón. En consecuencia, hemos asistido a un ejercicio del poder con el que no se gobernaba, sino que se ordenaba. Por lo tanto, al dedicarse Perón a la UES, el deporte, los artistas, etcétera, nadie se ocupaba de los asuntos trascendentales de gobierno, nada se resolvía, todo se atrasaba, todo se dejaba para luego, ya que nada podía resolverse sin su visto bueno.
Es homenaje a la más estricta verdad, por muchos presentida pero por mi bien conocida, debo destacar que Perón carecía absolutamente de sentimientos. Sin sentimientos para la madre, para la esposa, para el hermano, para nadie, solo tenía el sentimiento del odio, sentimiento sensualista y codicioso. No quería al país.

La más grande estafa a su pueblo
Por lo tanto, Perón ha cometido la más grande estafa a su pueblo: lo ha estafado en sus sentimientos, en sus ilusiones y hasta en su decoro. Cuando tuvo todo, no fue capaz de defender nada, y el pueblo puede tener la seguridad de que Perón no volverá.
Todas estas verdades deben ser tenidas muy en cuenta por la ciudadanía, y en lo referente a los obreros, deben estar persuadidos de que las mejoras obtenidas constituyen un derecho que todo gobierno reconocerá, no fueron favores de Perón, sino conquistas merecidas y legítimas de la clase trabajadora.
Los permisos de importación y de exportación, por ejemplo, estaban casi exclusivamente en manos de un monopolio de tres personas: Jorge Antonio, Tricerri y Amar, cuya investigación conducirá sin duda alguna al verdadero culpable, a través de un intrincado dédalo de complicidades concordantes y coincidentes. También se premiaba con permisos de exportación o gente totalmente ajena al comercio y la industria: actores o actrices; deportistas y paniaguados del ex presiente, que recibían esas órdenes en pago de sus elogios a Perón, revendiéndolas a los verdaderos interesados, que debían luego recargar los precios de sus mercaderías para resarcirse de los gastos, en perjuicio del pueblo consumidor.
Cuando los acontecimientos estrechan su cerco alrededor de Perón y siente los impactos de la opinión pública, agraviada por la quema de la bandera y de los templos proyecta su penúltima farsa: el ofrecimiento de su renuncia al partido y a la CGT, en un documento que es modelo de hipocresía y simulación. Su actitud precipitó la mía y de otros altos funcionarios y magistrados, que advertimos que con ello se evitarían al país los trágicos días subsiguientes y creíamos en la sinceridad de su resolución, de la que nos dio cuenta por anticipado y con aparente lealtad.

Perón el 31 de agosto (de 1955)
Horas más tarde y en medio del estupor, Perón rectificaba su actitud y pronunciaba la vociferante arenga del 31 de agosto, desde los balcones de la Casa Rosada. Nos había hecho creer que iba a decir otra cosa, a justificar su renuncia y declarar que si la gente estaba de acuerdo, iba a continuar. Pero nos quedamos fríos cuando habló, cuando dijo que había “que matar cinco adversarios por cada uno de nosotros” y pensamos: esto. ¿Qué es?
En esa circunstancia, preparé y redacte mi renuncia indeclinable dispuesto a sostenerme en la actitud públicamente asumida. Declaraba en ese documento –que no llegué a presentar porque el pudor me impedía abandonar un gobierno en plena bancarrota- que si Perón se desdecía de su ofrecimiento, yo mantendría lo dicho. La intervención de algunos amigos, su insistencia en advertirme las circunstancias poco propicias para una resolución de esta naturaleza, que sólo agravaría las cosas, me disuadieron, a última hora, de esta decisión.
No he de terminar estas palabras sin formular un llamado de advertencia a aquellos espíritus fanáticos que se empeñan aún en seguir aferrados a un ídolo. A ellos deseo dirigirme, especialmente, para que luego de estas palabras mediten, reflexionen y arriben a la conclusión de que nadie puede ser superior a la patria misma y que todos los argentinos, como exponentes de una ciudadanía sana, deben extraer de esta dura lección la firme decisión de mirar hacia el futuro feliz de la Nación sin idolatrías de ninguna especie.
Finalmente, estas declaraciones involucran mi renuncia a formar parte del Partido Peronista, renuncia que ha sido enviada por la vía correspondiente.

Politica Interna Peronista: Otros planes de acción

2009-11-18T11:15:00.000-08:00

Otros planes de acción

Además del plan transcripto, el partido peronista difundió otros con igual advertencia sobre su carácter “personal” y “secreto confidencial”. Cada ejemplar estaba numerado a fin de facilitar su identificación. Hemos visto el que lleva el número 42.
Se refiere a varios asuntos. En cuanto a la “información”, dicen algunos de sus puntos:

“4. – Los servicios de informaciones propondrán la explotación de noticias en el momento oportuno, para lo cual se mantendrán al día.
“5. – proponer la explotación de antecedentes políticos o personales en el momento oportuno, para neutralizar o ridiculizar al individuo que interese.
“6. – Determinar las conexiones y vinculaciones de los enemigos del gobierno con elementos extranjeros.
“10.- Neutralizar en el extranjero la acción de elementos opositores que nos hacen una campaña sistemática.
“11. – Dificultar hasta anular las actividades comerciales de los consorcios, monopolios y/o personas enemigas del gobierno.”

Respecto a “lo político”, dice entre otras cosas:
“2. – Intensificar la acción de dividir a los partidos políticos anulando los dirigentes y atrayendo las masas.
“5. – Preparar núcleos de obreros dentro de cada gremio, quienes tendrán la misión específica de actuar en la “acción directa” en todos los terrenos que el comando respectivo ordene, de acuerdo a las circunstancias y establecimiento preestablecido.”

Otros puntos se refieren a la represión del comunismo (1).

En cuanto a los funcionarios y personal del Estado, las prevenciones eran severísimas.
Tenemos a la vista las “disposiciones especiales para el Ministerio de Economía”, firmadas por el dictador, presumiblemente semejantes a las que deben haberse tomado para otros departamentos.
Luego de referirse al plan de rumores y difamaciones que atribuía a los presuntos revolucionarios, decía: “Es menester que todo el personal conozca que el movimiento está dirigido desde los Estados Unidos contra el país y que los que se enrolen en sus filas caen bajo la calificación de traidores a la patria y que como tales serán tratados… hay que terminar con la campaña de desaliento que se sigue con los funcionarios leales. Ella se caracteriza por una acción insidiosa de detalle, disimulada en la acción de sus tareas. Es una persecución disimulada y desleal que si bien no puede probarse en todos los casos, debe ser severamente sancionada ante la sola sospecha… No puede aceptarse que un funcionario o empleado no sea un decidido partidario del gobierno…Recordar al personal que el país se encuentra en “estado de guerra interna” por lo tanto existe la obligación de todo agente del Estado de informar a sus superiores de toda novedad de carácter subversivo. Hay que mantener una estricta vigilancia y control sobre los clubes y lugares de reunión dependientes del ministerio, para que no se conviertan en lugares de murmuraciones, rumores o conspiraciones (2).
¿Cómo puede juzgarse una política interna como la ejercida por la dictadura peronista?
Nada hay que se le parezca, en nuestro país, después de la caída de Rosas. El terror, el espionaje, la delación, el sometimiento, la obsecuencia, no son medios de que se valen los gobiernos de la democracia. La nuestra tuvo muchos defectos en el pasado, pero no tuvo esos vicios tremendos, propios de las tiranías.

NOTAS:
(1) Expediente 5870 – 55 - Compendio 2.
(2) Expediente 5880 – 55 – Compendio 2.

Politica Interna Peronista: Comando Estraégico y Comando táctico

2009-11-15T11:11:00.000-08:00

Comando estratégico y comando táctico

Antes de impartir las ordenes minuciosamente elaboradas sobre el plan político de 1952, el dictador explicó a los gobernadores la organización estratégica y táctica del “movimiento”.
Dijo:
“El comando estratégico, que toma la dirección conjunta de todo nuestro “movimiento”, ya sea en su acción gubernamental como en su acción política, está constituido por el presidente de la República, por el comando superior del Partido Peronista masculino, la comisión nacional del Partido peronista Femenino y el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo.
“Esa persona y esos tres organismos forman lo que llamaríamos el consejo superior o el comando estratégico de todo el “movimiento” en el país. Ese organismo da la directiva general para la acción política. En cada provincia debe funcionar un comando táctico, que está formado, a la vez, por el señor gobernador de la provincia, por el representante del partido masculino, por el representante del partido femenino y por el representante de la Confederación General del Trabajo. Vale decir, que tomamos en esta conducción cuatro agentes de los organismos políticos y de gobierno, en forma de poder conducir el gobierno siempre coordinadamente con la acción política, para que el gobernador no solamente en su acción táctica tenga su dirección, sino que tenga el apoyo persuadido de las organizaciones políticas que funcionan en su provincia. El hace su gobierno y la política la hace el organismo, pero los dos marchan totalmente de acuerdo. En las decisiones de gobierno se fortalece la política de los organismos, y en la acción de los organismos se facilita la acción del gobierno.”
Después de varias consideraciones explicativas, agregó:
“El comando táctico, en posesión del plan que yo le entrego, debe inmediatamente elaborar también allá su propio plan. Este plan político ha sido elaborado en el comando estratégico con la intervención del gobierno, del consejo superior, de la comisión nacional de mujeres y de la Confederación General del Trabajo. Los cuatro de acuerdo hemos elaborado este plan que entregamos a los señores en líneas generales.”
Luego de señalar la necesidad de hacerlo conocer a quienes debían ejecutarlo, prevenía que la difusión debida estar bien calculada. “No hay que decir más de lo que se debe. Hay muchas cosas que no se pueden decir, porque sería entregar armas a nuestros adversarios para que ellos mismos nos combatan con eficiencia. En este sentido, pues, habrá cosas del plan que solo habrá que decirlas confidencialmente a algunas personas, a quienes sea necesario decirlas y que sean de la confianza indispensable” (1).
No conocemos el plan “en líneas generales” entregado por el dictador a los gobernadores, pero sí el remitido por el presidente del consejo superior del Partido Peronista a los interventores del mismo en el interior. Presumiblemente es igual.
No haremos sobre él ningún comentario. No lo necesita.
Dice así:

Plan político año 1952
Organización para anular, aniquilar la acción de los revolucionarios dentro de esa provincia o territorio
El plan de los revolucionarios debe ser contestado con otro que contemple:
a) La anulación. Mediante la formación entre los funcionarios y empleados del verdadero concepto de la disciplina y del trabajo, subordinación de las autoridades constituidas, defensa de las instituciones y de la ley, apoyo al gobierno, unidad con las fuerzas armadas y las instituciones justicialistas;
b) El aniquilamiento. Mediante la acción de un frente sólido, activo y enérgico, para así enfrentar el trabajo disociador de los enemigos internos y externos, y aniquilar las fuerzas de los antipatrias que pretenden destruir la unidad nacional, desafiando la declaración del estado de guerra interno en el país.
De acuerdo con lo dispuesto este gobierno, procederá:
A que el “comando técnico” planifique y dirija la acción preventiva y ejecutiva. Será integrado por representantes del Partido Peronista Masculino y femenino y la delegación local de la CGT. Dependerá del comando general para las realizaciones preventivas y las ejecuciones.
En este “comando técnico” se llevará al día la situación en lo que respecta a las actividades de los opositores, registro de los mismos. Se intercambiaran informaciones.
Las fuerzas armadas y la gendarmería nacional, prestarán a este comando la colaboración y protección, que, en cada oportunidad, le fuera solicitada.
Se planificará:
a) Como medida preventiva:
-Contacto e intercambio con los servicios de informaciones de las fuerzas armadas.
-Estimular el servicio de informaciones propio del gobierno y de la Oficina de Prensa.
-Intensificar la información y vigilancia sobre actos de sabotaje o contrabando de armas.
-Prever las comunicaciones con el gobierno nacional mediante las propias de la delegación de la Policía Federal de esa provincia.
-Registro de los antecedentes de los agentes, asimismo de las organizaciones nacionales o extranjeras opositoras o indiferentes al gobierno.
b) Como medidas ejecutivas:
-Para el caso de un atentado al presidente de la Nación, ese “comando táctico” preparará para poner en ejecución en todo el territorio de su jurisdicción un plan que responda al concepto: “Al atentado contra el presidente de la nación, hay que contestar con miles de atentados.”
Para ello se preparará lo siguiente:
Objetivo:
-Lista de dirigentes opositores.
-Lista de instituciones reconocidas como desafectas al gobierno.
-Lista de firmas o de casas comerciales dirigidas y ligadas a los opositores.
-Lista de las representaciones cuyos gobiernos realizan campañas opositoras al nuestro.
Personal:
-Serán empleados grupos previamente instruidos y seleccionados de las organizaciones dependientes de la CGT y del Partido Peronista Masculino.
Misión:
-Atentados personales.
-Voladuras.
-Incendios.
Los comandos tácticos remitirán a este “comando general” copia de la distribución de objetivos, personal y misión previstos para sus respectivas jurisdicciones.
-El empleo de todos los medios de la provincia o territorio, debiendo tenerse presente que las fuerzas policiales deben ser utilizadas en primer término, y que el éxito depende de la perfecta coordinación de los esfuerzos; coordinación que debe ser hecha en tiempo y espacio.
-Los servicios públicos deben ser asegurados en todo momento teniendo a mantener su normal funcionamiento.
Adoctrinamiento:
Como primer objetivo se adoctrina a la totalidad de los agentes y funcionarios, es menester afianzar la cohesión y la lealtad de los mismos en todas las zonas, para lo cual es imprescindible:
a)Defensa de la Constitución Justicialista, de la propia, de los objetivos nacionales, provinciales y locales:
-Adoctrinar a los empleados y funcionarios en el nuevo concepto de la Constitución justicialista, ya que, habiéndola jurado, cada uno debe ser un defensor decidido y enérgico.
-Cada funcionario y empleado debe ser un defensor consciente y a fondo, de los objetivos fijados por la Nación; la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
-Trabajar intensamente en el sentido de inculcar la Doctrina Nacional hasta despertar una verdadera mística en todo el personal y obtener así hombres decididos a defender, a toda costa, contra el enemigo interno y externo lo que más convenga al país. Hombres entusiastas, leales y sinceros servidores construyen las victorias.
-hay que destruir el falso concepto de que el funcionario o empleado es neutro en su acción y función. El funcionario o empleado es un órgano del Estado, y, en consecuencia, no puede ser neutral cuando la existencia y el orden estatal están en peligro. La autoridad y existencia del funcionario o empleado emanan del Estado; por ello, antes que nada, es su servidor. El estado son el gobierno y sus instituciones; por ello es que el empleado, funcionario y obrero son servidores del gobierno; de aquí entonces, se infiere que cuando éstos no son de la confianza del gobierno pueden ser separados de sus puestos sin otro requisito que la disposición discrecional del Poder Ejecutivo.
-hacer una prédica constante entre todo el personal, del verdadero concepto del servicio.
-En este momento de crisis pone a prueba y en peligro a todas aquellas instituciones que, enfrentadas a la voluntad nacional, están amenazadas en su propia existencia. Por ello es que es patriótico luchar por impedir desviaciones que pueden ser funestas para dichas instituciones y para el país (2).

Preguntado Teisaire sobre este plan, quiso eludir toda responsabilidad, y dijo que en diversas oportunidades se lo giró a las provincias y territorios por la CGT y las dos ramas del partido oficialista, “de acuerdo a las órdenes recibidas en forma verbal y personal del ex presidente de la Nación”. Agregó que esos planes, según era de su conocimiento, “eran confeccionados y entregados en propias manos a las autoridades de cada organismo por parte del ex mandatario”. Con respecto al plan político en que se ordena contestar con miles de atentados a uno probable contra el presidente, “atentados que se materializarían en incendios, depredaciones y otros estragos por parte del personal debidamente instruido al efecto”, según rezaba, y a cumplir por personal debidamente instruido al efecto”, según rezaba, y a cumplir por la rama masculina del partido y la CGT, Teisaire manifestó que “procedió a su oportuna remisión a pesar de que no estaba de acuerdo con el método que se ordenaba en el mismo, y exclusivamente por la orden que recibió del entonces mandatario de la República de hacerlo así”. Agregó que “dicho desacuerdo surgía del clima de violencia que se sustentaba en ese plan, situación que no admitía ni podía nunca admitir bajo ningún concepto”. También expresó “que nunca estuvo de acuerdo con los métodos preconizados por el ex mandatario”.
Al considerar el episodio de la quema de las iglesias dijo que “se debía a la obra pura y exclusiva del entonces primer mandatario de la nación”, y que tampoco pudo estar de acuerdo con ella, a pesar de que firmó una nota oficial dirigida al entonces presidente y que los términos de la misma eran la expresión y voluntad del bloque, por lo que la firmó sin modificarla (3).
Este inocente personaje, que parecía obrar en estado de inconsciencia permanente –según quiere hacerlo creer- fue elegido vicepresidente de la Nación en las elecciones de 1954- Cuando cayó en septiembre de 1955 hizo la declaración que figura en el Apéndice.

NOTAS:
(1) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 325.
(2) Expediente “Alberto Teisaire s/ intimidación pública”, fojas 2.
(3) Expediente “Alberto Teisaire s/ intimidación pública”, fojas 7 vuelta.